Documentos de la propia policía santafesina demuestran que durante la última dictadura casi todos los militantes políticos morían con disparos en la cabeza. Pero cuando la fuerza actuaba en otro tipo de hechos, esa “puntería” disminuía. En los supuestos “enfrentamientos con la subversión” no hay un solo herido entre los uniformados. “Los datos demuestran que eran fusilamientos”, explicó la coordinadora María Alejandra Romero Niklison.
Los enfrentamientos fraguados fueron un recurso muy utilizado por el terrorismo de Estado para “blanquear” la muerte de militantes políticos que, en la mayoría de los casos, fueron ejecutados. “Extremistas fueron abatidos en nuestra ciudad”, “identifican a otro subversivo abatido”, fueron títulos habituales de los diarios de todo el país durante la última dictadura militar, guionados por los comunicados de prensa que distribuían las propias fuerzas represivas. En la denominada “megacausa” que se desarrolla en Santa Fe, documentos confeccionados por la propia policía dejan al descubierto esas maniobras: en los operativos “antisubversivos” la puntería de los uniformados mejoraba considerablemente, comparándola con las acciones de la propia fuerza en otro tipo de hechos. Casi todos los militantes políticos morían con disparos en la cabeza y no había detenidos, mientras que las fuerzas armadas y la policía no sufrían ninguna baja.
En la causa están detallados los registros confeccionados por los médicos forenses de la policía, que dejaron constancia de sus observaciones entre el 21 de junio de 1976 y el 21 de agosto de 1977. Se trata del Libro de Sanidad N°1, que consigna el número de orden, la fecha, el médico, el nombre y apellido de la víctima, la edad, la hora, el lugar del examen, la seccional correspondiente, el diagnóstico y lesiones evidentes. Allí están asentadas las muertes de 35 militantes, de los cuales 25 recibieron un impacto de bala en el cráneo.
En ese mismo período, la Dirección General de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de causas de lesa humanidad realizó una comparación con otras acciones de la policía, en otro tipo de hechos: sobre un total de 50 intervenciones se registraron 25 heridos y 25 muertos. Entre estos últimos, apenas 8 de ellos recibieron un disparo en la cabeza. Como se observa, la puntería de las fuerzas represivas parecía aumentar de manera considerable en los supuestos “enfrentamientos” con los militantes de organizaciones políticas.
“El Libro de Sanidad tiene los registros y los informes del ingreso de los cuerpos a la morgue. Lo que hicimos fue un análisis para entender si hubo o no enfrentamientos, si había registrado después de cada operativo alguna víctima de parte de las fuerzas de seguridad. Pudimos reconstruir que desde el lugar del operativo no los llevaban directamente a desaparecer, sino que casi siempre pasaban antes por la morgue. Y lo que los datos que recabamos demuestran es que no había enfrentamientos, sino fusilamientos”, explicó María Alejandra Romero Niklison, que coordina el equipo que funciona dentro de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe.
El juicio por la “megacausa” se denomina así porque se trata de 24 causas acumuladas que contienen la mayor cantidad de víctimas del terrorismo de Estado en Santa Fe. El expediente fue elevado a juicio en 2012. Desde entonces fallecieron dos imputados: el ex policía Héctor Colombini, condenado a 23 años en la “causa Brusa”, y José María González, primer interventor militar de la dictadura en la provincia, condenado a perpetua en 2011 por la desaparición del militante peronista Mario Osvaldo Marini.
Los imputados son cinco: Jorge Roberto Diab, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122 entre 1975 y 1979, por 34 homicidios y 4 secuestros; Juan Calixto Perizotti, coordinador del Área 212 y jefe de la Guardia de Infantería Reforzada entre 1977 y 1983, por 16 homicidios y 4 secuestros; Domingo Morales, ex jefe de la Central de Operaciones de Inteligencia por tres homicidios; y el ex juez de menores Luis María Vera Candioti, junto al coronel retirado Carlos Enrique Pavón, por la apropiación y la sustracción de identidad de Paula Cortassa.
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