Por Alejandra Dandan
“Nos llevaron de Loma Negra directo a la cárcel de Azul”, declaró Eustorgio Rodolfo Arenzo ante la Justicia de Instrucción. También llevaron a esa cárcel a otros tres compañeros de la cementera de los Fortabat. “Nos encontramos en la puerta. Entramos a una sala grande, estaban todos con armas largas, eran penitenciarios. No había ningún militar. Había una oficina y nos ponen a los seis contra la pared con las manos levantadas para revisarnos. En ese momento sale el jefe de la cárcel, lo agarra a Peralta y le dice: ¿vos sos Pichirica? Y lo lleva para adentro y le pregunta qué había pasado. Peralta le cuenta que no podían enchufar una bolsa, que habían pedido hablar con el jefe de personal para arreglar el problema y se negó al pedido y nos denunció al Ejército. Entonces el jefe de la cárcel le dice: “Vos sabés que tenemos orden de matarlos, directamente Loma Negra dio orden de matarlos”.
Este es uno de los nuevos testimonios que se agregaron en la causa sobre la responsabilidad de la empresa Loma Negra en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Al concluir el juicio oral por el secuestro y asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno, el Tribunal Oral ordenó una investigación más amplia sobre la empresa. El expediente sumó nuevas víctimas. Además de Moreno, el fiscal Walter Romero de Azul investiga el secuestro de seis trabajadores detenidos el 20 de julio de 1976. Romero pidió al juez federal de Azul Martín Bava indagatorias de 18 personas por estos casos. Entre ellos, a los jefes militares de la zona, como el entonces teniente Ignacio Aníbal Verdura, jefe de la guarnición militar de Olavarría, pero también sobre personal civil de Inteligencia infiltrado en la empresa. En tanto, el fiscal dejó dicho en el escrito que también deberían ser convocadas las personas más emblemáticas de la cementera, como Amalia Lacroze de Fortabat, Ernesto Cladera y Bernardo Miretzky, responsables del área de personal y ejecutivos que fallecieron y “por lo tanto la responsabilidad penal a su respecto se encuentra extinguida”.
Para la fiscalía, el cúmulo de documentos permite sostener como hipótesis la responsabilidad de Loma Negra en estos hechos. “Sin hesitación alguna –sostiene– (se puede decir que) los responsables de la empresa solicitaron a sus socios en el poder tanto la eliminación física de Carlos Alberto Moreno como también la detención de los obreros y del abogado Mario Gubitosi, quien salvó su vida al exiliarse durante largos años en el exterior.” En su teoría señala que “la empresa Loma Negra tenía un especial interés en la reducción de los conflictos gremiales debido a los costos que debía afrontar para el pago de los reclamos laborales, como también el resto de las constancias permiten afirmar que la empresa constituía uno de los soportes empresariales que contribuyeron al mantenimiento de la dictadura”.
Esa conclusión que aún debe evaluar el juez federal Bava es uno de los aportes más singulares a la causa. Es la línea de argumentos que impulsan las querellas, entre otras los hijos de Moreno y su viuda. Una línea que se intuye en cada una de las causas que trabajan la dimensión económica de la dictadura. Pero el mérito aquí es haber llegado al pedido de indagatorias con los papeles bajo el brazo.
Los documentos
Uno de esos papeles es el informe varias veces mencionado en este diario de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero de la Procuración. “A pedido del Ministerio Público, la Ofinec realizó un relevamiento de los 118 libros contables de la empresa Loma Negra que se encuentran en esta fiscalía correspondientes al período 1975-1983.” El escrito hizo hincapié en la evolución de los ejercicios contables y la rentabilidad y costo laboral.
El estudio demuestra que entre el 1º de abril de 1975 y el 31 de marzo de 1976 se registró el nivel más alto de participación de los trabajadores en los ingresos de la empresa, llegando al 19 por ciento. A partir del ejercicio siguiente esa participación cayó abruptamente, hasta alcanar el 9 el 31 de marzo de 1983. “Esta abrupta caída de los ingresos de los trabajadores, que se ve reflejada en los estados contables al analizar el costo laboral en comparación con los ingresos facturados, es la que permite un incremento de la ganancia empresaria”. Durante ese período, “la facturación de la empresa aumenta en forma sostenida”, pero no es acompañado por un incremento de costos general ni laboral. Sobre la cuenta que preveía las indemnizaciones agrega que “se observa la abrupta caída en el importe reservado a partir del año 1976”, del orden de un 72 por ciento, y vuelve a caer durante los dos períodos siguientes “es decir, aquel en el que ocurrió el asesinato del abogado laboralista que llevaba a cabo los juicios contra la empresa Loma Negra SA”.
La causa sumó otros documentos. Entre ellos, y a modo de muestra, dos expedientes laborales judicializados que se pudieron rescatar. En ellos puede verse qué fue pasando con ellos. Y el pase de abogados mientras caían los que los iniciaron, atemorizados, secuestrados o asesinados. Otra de las novedades es la voz en primera persona en la causa de los ex secuestrados que se acercaron finalmente a la instrucción.
Los testimonios
Leonardo Roberto Crespo trabajaba en Loma Negra y era parte de la Asociación Obrera Minera argentina (AOMA). “Don Alfredo –declaró– siempre tuvo buena relación con los militares del regimiento que concurrían a los actos y las fiestas de Loma Negra.” Antes del 24 de marzo, el gremio y los delegados tenían buen diálogo con la empresa. Crespo no se acuerda, de hecho, de medidas de fuerza. “El 24 de marzo se enrareció el clima porque prácticamente en lo gremial no nos atendían, por ahí sí en la parte social (... pero después) directamente no nos atendía porque la línea bajaba de los militares.”
Bajo ese clima “enrarecido”, la empresa hizo avances que significaron “un notable retroceso en las condiciones de trabajo y reportaron a Loma Negra enormes ganancias”, señala la fiscalía. En 1977, cambió “unilateralmente el Convenio Colectivo” de trabajo “que teníamos en cuanto a la parte salarial”, dijo Crespo. “Cambió la categoría, a algunos les rebajó y a otros aumentó. Nos sacó conquistas económicas, como adicionales dentro de las ocho horas. O teníamos dos horas de premio por realizar algún agregado de trabajo.”
Otro testimonio clave fue el de Roberto Omar Gil, miembro de la comisión directiva de AOMA y trabajador de Loma Negra. Gil habla del trabajo de visibilización de la silicosis como uno de los “principales reclamos gremiales que enfrentó Loma Negra a partir de 1974”.
Los trabajadores contrataron a Gubitosi. El los puso en contacto con un médico, hijo de un capataz general de la fábrica, que conocía todos los secretos. El médico era Carlos Alberto Bhürle. “Ahí nos enteramos de que muchos fallecían de tuberculosis, una enfermedad pulmonar, igual a la silicosis. Entonces empezamos a desconfiar y a pensar que en realidad no era tuberculosis sino silicosis. Yo creo que ponían tuberculosis pero en realidad era silicosis.”
“Yo tenía un miedo terrible –dijo Crespo–, soy peronista de cuna y tuve que sacar todos los libros de mi casa e incluso quemar alguno. Dependíamos de que la fábrica un día diga: sacame a este que me molesta, y listo. Todas las maniobras militares se hacían en el campo de Fortabat, en la pampita creo que le llamaban, tenían una relación estrechísima. El Ejército, para agradecerle el préstamo de esos lugares, un día le llevó un cañón con rueda de obsequio a la estancia que está cerca de la fábrica de calera Avellaneda.”
El 10 de junio de 1976 se inició la causa conocida como “Florencio Paniagua por indemnización por incapacidad física”. Gubitosi señaló en la demanda que Paniagua padecía una enfermedad llamada silicosis, producto de las precarias condiciones en que desarrollaba su actividad en el área rompedora de piedras. A Gubitosi lo secuestraron de diciembre de 1976 a marzo de 1977. Probadas las causas, el Tribunal condenó a Loma Negra el 21 de marzo de 1977. Para entonces, ya estaba encaminada otra causa, llamada Zabala, con Moreno en el expediente y nuevamente con eje en la silicosis. Moreno se quedó con la representación de esa causa pero lo secuestraron en abril de 1977. Los trabajadores no consiguieron otro abogado. Preguntaron a Gino Pizzorno, que no aceptó cuando supo que a Moreno lo habían matado, según lo que él mismo declaró en este expediente. Esa reconstrucción también es interesante. La causa siguió con un defensor oficial. El 4 de julio de 1977, la empresa firmó una conciliación muy favorable a sus intereses. “Resulta llamativo –dice el fiscal– que el acuerdo fue sólo por la mitad del monto solicitado y teniendo como antecedente la sentencia que el tribunal había dictado en el caso Paniagua cuatro meses antes”. En julio o agosto de 1977, Loma Negra desvinculó a Gil de la empresa. Romero presentó al juzgado de Bava todo esto a comienzos de mes. El juez no se pronunció pero ordenó una pericia de la Corte sobre el informe de la Ufico, hecho que la fiscalía ve como un avance.
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