Por Alejandra Dandan
El cartel peregrino de los juicios a las empresas cómplices de la dictadura esta vez se detuvo en la plaza Lavalle. A las doce y media abogados y abogadas de las causas de lesa humanidad se concentraron para entregar un petitorio a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El documento repudia las últimas resoluciones de distintos tribunales del país que obstaculizan el juzgamiento a los responsables civiles de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. El texto lleva unas 60 firmas de abogados, y está acompañado por firmas de víctimas, querellantes y organizaciones sociales y políticas. También expresa una vuelta simbólica a la calle, un terreno que permite sacar afuera lo que sucede en los tribunales. Los y las abogadas dejaron el texto en la Mesa de Entradas y cuando intentaron pedir una entrevista con el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, les salieron al encuentro custodios de la Secretaría General de la Corte.
“Estamos en un punto de inflexión que considero que está poniendo en peligro la continuidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad”, explicó Hugo Cañón, ex fiscal e integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. “Hay un juego de pinzas realizado por los grupos de poder real, me refiero al poder económico, el poder periodístico monopólico y también sectores de la Iglesia que pueden aparecer involucrados y desde ese lugar se busca una vuelta de página para cerrar la historia por caminos diversos, desde una ley de amnistía o terminación de los juicios. Y creo que esto hay que replantearlo porque es una política de Estado que debe darse permanentemente.”
Jorge Auat, coordinador de la Procuraduría por Crímenes contra la Humanidad, escuchaba al lado. “A la luz de la última reunión de abogados, se vio una preocupación creciente a raíz de los últimos fallos –dijo–. Sobre todo el fallo de Casación por (el dueño del Ingenio Ledesma Carlos) Blaquier, Papel Prensa, el caso (del director del diario La Nueva Provincia, Vicente) Massot, lo que nos está pasando en Bahía Blanca”, señaló en relación con la decisión de la Justicia local que primero fue contra el juez que abrió el camino para dar los primeros pasos en esa causa que investiga el asesinato de dos trabajadores del diario Nueva Provincia y ahora cuestiona la legitimidad de los fiscales. “Esto formó parte de la agenda de la última reunión de abogados y creo que es legítimo extender a la Corte esta preocupación, que es el lugar al que tenemos que acudir. Las únicas herramientas que hay es golpear las puertas a cada agencia que tiene responsabilidad para asegurar esto que el propio presidente de la Corte dijo que es política de Estado y no tiene vuelta atrás. Si esto es así, es legítimo que los organismos, los abogados que advierten este cambio de escenario, vayan a la Corte a instalar esta preocupación y comprometerlos en su propio discurso.”
El cartel tenía los nombres iconos de algunas de estas demandas. Mercedes Benz, Ford, Astilleros Astarsa. Entre los que se acercaron hubo ex trabajadores de las empresas, víctimas de los secuestros. Estuvo Beinuz Szmukler, titular de la Asociación Argentina de Juristas, que señaló “que se han prendido las alarmas”. También acompañaron Elizabeth Gómez Alcorta, del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia; Carolina Varsky de la Procuración; Ana Oberlín y Ciro Annicchiarico, de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación; Eduardo Tavani y Victorio Paulón, entre los muchos de la CTA, Genoveva Ares, de la Comisión del Vesubio, Mirta Mántaras, Pablo Llonto, Adriana Taboada y Graciela Rosenblum, Pedro Dinani y José Schulman por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
“Los últimos fallos más resonantes, prácticamente la liberación de culpas de personajes siniestros como Massot, Blaquier, la muerte impune de Alcides López Aufranc, muestra la persistencia de una cultura represora que viene de lejos pero se potenció durante el terrorismo de Estado. Creo que durante un tiempo la presión del movimiento popular y la carga del gobierno nacional crearon un clima social que obligó a un Poder Judicial siempre remiso a avanzar en los juicios. Creo que hoy hay una combinación de cambio de humor social y de llegar a un límite en que el poder no admite para nada superarlo. Eso hace que volver a la calle sea el camino jurídico más inteligente que tengamos”, dijo Schulman.
El documento tiene dos partes. La primera vincula el freno a este tipo de juicios con la morfología que persiste en el sistema de justicia. “Impugnamos –dice–, con igual fuerza, a los sectores reaccionarios y antidemocráticos enquistados en el Poder Judicial que intentan frenar el juzgamiento de esos crímenes.” Y exige a la Corte Suprema, “una profunda autocrítica del rol cumplido por los jueces y funcionarios del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado, muchos de los cuales nada investigaron y sólo se limitaron a rechazar los miles de hábeas corpus que inundaban los tribunales del país en ese período”.
La segunda parte es programática. La autocrítica debe incluir, señalaron: pedido de perdón y “una investigación sobre el rol del Poder Judicial en la dictadura que concluya en un documento y la identificación de quienes con sus fallos impidieron las investigaciones de los crímenes y ahora alientan la impunidad mediante injustificados dictados de falta de mérito, son reticentes a llamar a indagatoria, requieren de estándares probatorios diferenciales e imponen trabas procesales que imposibilitan el debido juzgamiento de los estamentos del poder económico, judicial, mediático y eclesiástico, que contribuyeron y se beneficiaron con los asesinatos, desapariciones, secuestros y torturas de miles de hombres, mujeres y niños”.
Este último párrafo es un resumen exacto de lo que sucede con las causas. En un documento adjunto, la presentación recuerda que hay 57 integrantes del Poder Judicial investigados en la Justicia, entre ellos jueces, secretarios de juzgados, asesores de menores y fiscales de los cuales 23 están con procesamientos.
Con los papeles en la mano, la cosa siguió en procesión hacia el Palacio. Los abogados intentaron dejar el documento en la Mesa de Entradas planta baja. No los dejaron. Los mandaron al cuarto piso, uno por escalera. Subieron todos. En el estrecho pasillo, cuyas salidas dan a los suntuosos patios de la Corte, les salieron al encuentro tres enormes custodios, de traje de buen corte.
–Yo voy a ir a hablar con el secretario de la Corte –dijo uno–; pero a todos no los va a recibir. Yo les pediría que bajen y se organicen en la planta baja, este lugar está restringido.
–¿¿¡Pero este no es un espacio público!?? –preguntó uno.
–No, y no puede estar acá.
–Perfecto –dijo Mántaras–: que entre el grupo y esperamos acá.
–¡¡Acá no se puede, señora!! –dijeron y se sumaron dos policías.
–¡Es el Palacio de Justicia! –dijo Tavani– ¡Es la primera vez que me entero que es un espacio restringido!
–Esto es por una disposición nueva del doctor Lorenzetti.
En esa Corte, ahora, custodiada como si fuera un signo de los tiempos, los y las abogadas finalmente lograron que un secretario los atendiera. Un grupo entró. Otro bajó. Los que quedaron arriba pidieron la entrevista con Lorenzetti.
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