Por Sebastián Premici
El Estado nacional intervendrá en la puja con la multinacional Monsanto y fijará, vía decreto, que las empresas no pueden establecer contratos privados para cobrar regalías por fuera de lo estipulado en la Ley de Semillas. Así lo anunciaron ayer el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, ante representantes de acopios, exportadoras, semilleros, entidades técnicas y de productores. Monsanto había implementado una serie de contratos para cobrarle a los productores un canon extra por su nueva variedad de soja llamada Intacta. A partir de la nueva normativa, cuya letra específica no fue definida aún, los productores abonarán con la semilla todos los conceptos biotecnológicos. Por otro lado, el Estado reactivará el registro de semillas para determinar cuánto de lo que se comercializa es legal, como la semilla para uso propio, y cuánto ilegal, lo que se conoce como Bolsa Blanca. Además, se fomentarán las inversiones en biotecnología a partir de la creación de un fondo específico que le permitirá al Gobierno orientar las inversiones en el sector.
“Hay que destacar el consenso alcanzado entre el Estado y los diversos actores. Esto será la modernización del sistema de pago, que establece que no haya dos derechos de propiedad sobre el mismo bien”, destacó el ministro Casamiquela. En Estados Unidos, la comercialización de semillas está regida por la ley de patentes. En su modelo de negocios, Monsanto siempre apostó por exportar esa lógica al resto de los países donde opera. Sin embargo, en Argentina la Ley de Semillas tiene mayor preminencia que la normativa sobre patentes. Al menos así lo entienden las autoridades actuales de la cartera de Agricultura.
Monsanto suele hablar de la extensión de una licencia para referirse a las semillas que son comercializadas con su tecnología. Sin embargo, la nueva normativa, que podría funcionar como una modificación a la actual Ley de Semillas, dejará en claro que lo que está en juego es la compraventa de un producto, la semilla, cuya tecnología (patente) se paga una vez consumada la transacción. De esta manera, también se limitará el concepto de “regalías extendidas”.
“Las inversiones y el desarrollo de la biotecnología y el germoplasma son fundamentales para nuestro país y el mundo. Es un camino de agregado de valor y generación de empleo que tiene que ser incentivado con reglas claras y el consenso de todos los actores”, sostuvo Gabriel Delgado, secretario de Agricultura.
Un reclamo de los comercializadores de semillas, incluido Monsanto, tenía que ver con el alto componente de informalidad en las transacciones de este bien. Actualmente se vende un 15 por ciento de semilla fiscalizada, mientras que el 85 por ciento circula como uso propio o lo que la industria denomina Bolsa Blanca. El objetivo del Estado será determinar, a partir de un Registro de Semillas, cuánto existe de uso propio. En este aspecto, la normativa buscará favorecer a los pequeños productores.
El tercer tema abordado ayer por el jefe de Gabinete y el ministro de Agricultura tiene que ver con la creación de un fondo de inversión en biotecnología, para que puedan realizarse innovaciones en áreas específicas como la horticultura. Es decir que el Estado orientará las inversiones en biotecnología en función de la soberanía alimentaria. Al menos así fue planteado en la reunión de ayer con todos los actores de la cadena.
Los recursos de este fondo podrían surgir de las retenciones o de las semillas comercializadas, excluidos los pequeños productores. El proyecto fue presentado originalmente por Federación Agraria hace seis años, aproximadamente. En Paraguay existe una experiencia similar, aunque allí es manejado por las entidades agropecuarias de ese país. Acá se buscará la participación de los actores de la cadena pero con una fuerte presencia del Estado.
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