La “guerra antisubversiva” en Tucumán: motivos y pretextos Por Marcos Taire. Periodista sociedad@miradasalsur.com

La instrucción en el monte de los futuros guerrilleros. La infiltración. Los operativos del comisario Villar y el general Menéndez. La toma de Acheral. La Ley 20.840 de Seguridad Nacional, antesala de la Operación Independencia y de la decisión política que reclamaban los “duros” del Ejército. El motivo y pretexto esgrimido por las Fuerzas Armadas, fundamentalmente el Ejército, para arrancar al gobierno de Isabel Perón el decreto que ordenó la Operación Independencia fue la instalación de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez en las montañas del suroeste tucumano. El análisis de la importancia de ese grupo insurgente, su envergadura y el método que aplicaron las autoridades estatales para combatirlo es una discusión abierta, que hasta ahora se ha mantenido en límites muy estrechos. Los militares conocían perfectamente la verdadera composición y fuerza del grupo guerrillero. Sabían que, en el marco de lo estrictamente bélico, no representaba un peligro militar. La Compañía de Monte fue infiltrada por los militares desde su instalación, lo que les permitió conocer en detalle la cantidad de combatientes que la integraban, su armamento y su equipamiento. Estaban al tanto de sus movimientos y de la logística prevista. También pudieron conocer de antemano, gracias a la acción de ese “filtro”, la realización de algunas acciones de los guerrilleros. El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) había iniciado varios años antes la preparación de militantes para el lanzamiento de un frente rural. Los primeros, esporádicos campamentos, fueron instalados en 1968. La caída, en 1969, de un gran número de dirigentes y militantes de la agrupación, episodio conocido como “el desastre de Tucumán”, frustró ese primer intento, que fue retomado en 1973, coincidentemente con la reinstauración democrática. En su corta existencia, la Compañía de Monte nunca tuvo más de 35 combatientes permanentes. Es decir, ése fue el número más elevado de guerrilleros instalados en el monte. En un par de oportunidades, ese grupo fue reforzado por otros contingentes para llevar a cabo acciones de importancia que, paradójicamente, terminaron en derrotas. Desde mediados de 1974, fecha en que comenzó la instrucción en el monte, hasta que los últimos combatientes fueron retirados de la zona, a mediados de 1976, la guerrilla rural prácticamente no combatió. Algunos de sus integrantes, no todos, participaron en algunas escaramuzas que de ninguna manera pueden llamarse combates, como pomposamente dicen los apologistas militares. La realidad es que el Ejército nunca se propuso buscar y combatir a la Compañía de Monte. En cambio, utilizó su presencia en la zona para descargar una brutal represión contra el pueblo tucumano. Un importante dirigente de la organización guerrillera reveló que menos de diez combatientes de la Compañía de Monte cayeron en enfrentamientos directos con el Ejército. El resto de las bajas fueron el fruto de detenciones y secuestros en el llano, en los poblados y ciudades. Instrucción en el monte. El V Congreso del PRT, realizado en junio de 1970 en las islas Lechiguanas, en el Delta del Paraná, había resuelto la creación del ERP y designado a Joe Baxter, “encargado de acelerar los plazos” para la fundación de un frente rural en Tucumán. Baxter, un histórico del nacionalismo y el peronismo revolucionario que se había integrado en fecha reciente al PRT, hizo todo lo contrario y hasta se negó a viajar a la provincia norteña, un lugar emblemático para la militancia de la organización. El PRT había intentado realizar la formación de sus combatientes en el exterior, pero sus gestiones en tal sentido fueron un fracaso total. Tanto los cubanos como otros probables aliados se negaron a brindar asistencia para la instrucción de los futuros guerrilleros. Los motivos centrales esgrimidos fueron la existencia de un gobierno elegido democráticamente y la presencia de Perón en el poder. El voluntarismo de Santucho y sus camaradas los llevó a encarar la preparación en el mismo terreno donde se desarrollarían las acciones, a pesar de todo. Y fue el propio Santucho quien se echó al monte con un grupo de futuros combatientes. Santucho había leído a los mejores exponentes de la teoría de la guerra de guerrillas. Tenía una voluntad a toda prueba y una decisión inquebrantable para encarar el desafío. Su ejemplo de vida y militancia eran fundamentales en la formación del primer grupo de guerrilleros rurales. Pero nunca había tenido instrucción militar, es decir, lo suyo fue un aprendizaje en el terreno, junto al grupo que integraría la Compañía de Monte. Los testimonios que se han podido recoger destacan que el grupo inicial estuvo compuesto por cordobeses, rosarinos y porteños. De Tucumán había muy pocos y no eran de la zona donde se instaló la Compañía de Monte. Alrededor de medio centenar de reclutas participaron en la etapa de formación. La improvisación caracterizó todo su accionar. A la presencia de gente sin experiencia en la vida en el monte se le sumó la falta de organización y la indisciplina derivada de la desmoralización a la que llevaron el cansancio, las precarias condiciones de vida, etc. El grupo contaba con buen armamento, probablemente mejor que el que tuvieron en sus comienzos los grupos guerrilleros rurales que se habían conocido hasta entonces, tanto en nuestro país como en el exterior. La mayoría tenía fusiles FAL, provenientes de una “expropiación” efectuada al Ejército Argentino. El apoyo logístico que debía brindar la regional tucumana del PRT fue insuficiente desde el comienzo de la preparación de los guerrilleros. Eso ocurrió por la debilidad de la organización en la provincia, lo que fue subestimado por Santucho. Éste creía que esa debilidad se subsanaría justamente con la presencia y el accionar de la propia Compañía de Monte. El descubrimiento. Los militares supieron de la presencia de la Compañía de Monte apenas se instaló en el monte. Un informante se había infiltrado en el grupo inicial. De alguna manera se las ingenió para comunicar a sus superiores la presencia de los guerrilleros. Los militares, que entonces estaban en Tucumán a las órdenes de Luciano Benjamín Menéndez, enviaron a rastrillar la zona a dos policías. Acompañados por un baqueano, se echaron a andar por las sendas al oeste de Famaillá. Una patrulla guerrillera se topó un día con el baqueano y los policías vestidos de paisanos. Los guerrilleros vestían ropa verde oliva y estaban armados. No fue necesario que se dieran a conocer para que los policías comprobaran que el dato enviado por el “filtro” era cierto. Los guerrilleros conversaron con los paisanos y los dejaron marchar. Cuando fue lanzada la Operación Independencia los militares difundieron la versión de que un peón de la finca del entonces gobernador Amado Juri, en Sauce Huascho, había sido quien alertó sobre la presencia del grupo guerrillero. Probablemente esa versión fue obra de la inteligencia militar destinada a proteger al “filtro” y de paso mostrar un rechazo campesino a los insurgentes. En los primeros días de mayo el gobierno nacional dio la orden de actuar a la Policía Federal. Hubo algunos cabildeos entre los militares, los policías federales, las autoridades provinciales y la Justicia federal. Había renuencia de parte de los tucumanos en encarar la búsqueda de los guerrilleros con participación de una fuerza federal. El 13 de mayo la Federal comenzó los preparativos para una acción de envergadura. Organizó una fuerza de tareas integrada por medio millar de hombres especializados en “lucha antisubversiva”, contando además con importantes elementos de apoyo. El 19 fue establecido como el día D. Las fuerzas policiales contarían con una docena de helicópteros (aportados por el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, la Federal y el Ministerio de Bienestar Social de la Nación), camiones del Ejército, tanquetas y vehículos livianos y mulas. Además, desde el aeropuerto de Santiago del Estero operarían dos aviones Mentor. El plan consistía en ejecutar un procedimiento de “yunque y martillo” sobre una zona perfectamente delimitada, de la cual tenían abundante información sobre el movimiento de los guerrilleros. La táctica consistía en bloquear el accionar de los insurgentes (yunque) y presionar con los elementos helitransportados (martillo). El domingo 19 las condiciones meteorológicas impidieron el accionar de aviones y helicópteros, tal como estaba previsto en el plan original. Sobre la marcha cambiaron los planes y ejecutaron otro, improvisado aunque también de envergadura. Su jefe fue el comisario Alberto Villar, fundador de una de las ramas de la Triple A. Durante una semana los policías federales sembraron el miedo en Tucumán, ejecutando allanamientos ilegales y detenciones masivas. No hubo enfrentamientos y la fuerza de tareas se retiró sin haber hecho contacto con los guerrilleros. La toma de Acheral. En el momento en que las autoridades descubrían y comprobaban la existencia del grupo guerrillero, Santucho y su gente evaluaban la posibilidad de abandonar el monte y dejar para otras circunstancias el inicio de la guerrilla rural. Inexplicablemente, su descubrimiento y el operativo policial obraron en contra de esa decisión. La embrionaria Compañía de Monte evitó todo contacto con los policías federales, internándose en el monte en zonas que era imposible rastrillar. Cuando se suponía que se cumpliría con lo acordado, es decir desactivar la guerrilla rural hasta mejor oportunidad, Santucho tomó la decisión de dar a conocer su existencia. Y se organizó la toma de Acheral. Menos de una semana después del retiro de los federales, la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez copó la localidad de Acheral. Pequeño poblado ubicado a la vera de la ruta 38 –la principal de la provincia–, a 40 kilómetros de San Miguel de Tucumán, es el portal de entrada a Tafí del Valle y los Valles Calchaquíes. Acheral había tenido su momento de esplendor años atrás, cuando era estación de trenes del principal ramal ferroviario y funcionaba el vecino ingenio Santa Lucía. Pero en 1974 era un fantasma del pasado, sin trenes, desactivados por Frondizi, y sin ingenio, cerrado por Onganía. La toma de Acheral no fue una acción difícil ni arriesgada. Los guerrilleros tomaron la comisaría, donde se toparon con tres o cuatro policías asombrados y temerosos, la oficina de correos, la vieja estación abandonada y cortaron la ruta. Después izaron la bandera del ERP, entonaron su himno y arengaron a unos pocos pobladores que miraron sin entender qué estaba pasando. Los motivos de Menéndez. El copamiento de Acheral generó una inmediata reacción de los militares. De esa fecha es un documento que revela que los uniformados querían a toda costa encargarse de la represión, con las fuerzas de seguridad y policiales subordinadas a su mando. Se trata de un informe elevado por el entonces jefe de la Quinta Brigada, Luciano Benjamín Menéndez a su superior, general Enrique Salgado, comandante del Tercer Cuerpo. Según Menéndez, “la Policía Federal no está instruida, ni entrenada ni equipada ni armada para efectuar operaciones sostenidas con efectivos de magnitud, pues su misión es combatir la delincuencia y obtener información y explotarla, basando su eficacia en la lucha singular de sus hombres aislados y no en la capacidad táctica de sus cuadros”. Agregaba que “la Policía Federal no cuenta con cuadros capaces de planear, conducir y ejecutar operaciones de combate”. Al describir la incursión de los federales en busca de guerrilleros, Menéndez destacaba que “los efectivos policiales no penetraron en el monte ni lo batieron, limitándose a permanecer en proximidades de los caminos, a donde eran llevados todas las mañanas y traídos todas las noches por columnas de transporte del Ejército (salvo 80 hombres que hicieron un vivac durante dos días)”. En su escrito, Menéndez reclamaba que “la operación debió y pudo haber sido realizada por el Ejército (…) explotando las informaciones existentes en la comunidad informativa local y utilizando la Policía Federal para los interrogatorios de prisioneros y explotación de la información obtenida y cuando ésta imponga, para realizar acciones en otros lugares de la provincia o del país, como ser allanamientos, detenciones, etc”. El objetivo de los jefes militares era lograr la intervención directa del Ejército, lo que a esa altura de los acontecimientos no autorizaban las leyes vigentes. Obsesivo, Menéndez desgranaba sus puntos de vista: “La lucha contra la guerrilla tiene un ciclo de tres partes: 1) información para saber dónde están los guerrilleros; 2) acción para detenerlos y 3) sanción para evitar nuevas actuaciones”. El corolario del memo de Menéndez fue un anticipo de lo que ocurrirá pocos meses después: “El Ejército debe disponer de la conducción de los tres capítulos del ciclo de la lucha contra la guerrilla (y) someter a la justicia militar a los guerrilleros para una represión rápida y efectiva”. Y el final es un reclamo que incuestionablemente fue escuchado por las autoridades, para que el gobierno nacional adoptase la decisión política de “encontrar a la guerrilla (…) y aniquilarla donde se la encuentre (para lo cual debe haber un respaldo total y definitivo a las sanciones que imponga)”. En un anexo de su memo, Menéndez se quejaba del accionar de la Justicia, al señalar que la mayoría de los detenidos por la policía durante el operativo fue dejada en libertad por el magistrado actuante, doctor Jesús Santos, lo que “produjo un efecto psicológico desfavorable”. El escrito de Menéndez pasó a integrar un voluminoso expediente que, sin lugar a dudas, fue pieza clave en la argumentación militar para arrancar al gobierno de Isabel Perón la firma del decreto ordenando la Operación Independencia. Ese “expediente de más de cincuenta páginas: el Nº U2 40298 ‘Secreto’, con fecha 17 de junio de 1974, que el general Carlos Dalla Tea, Jefe II Inteligencia del Estado Mayor, envió al jefe de Operaciones del EMGE, general Alberto Numa Laplane”. Esta documentación adquiere un valor inestimable por varios motivos: a) es la última vez que un documento oficial de los militares menciona las palabras guerrilla y guerrilleros; b) es la primera vez que hablan de la necesidad de aniquilar y c) quien difunde la documentación es un ex jefe de la SIDE, organismo rector en materia de espionaje interno, infiltración y represión. Primer operativo militar. A mediados de agosto, Menéndez plasmó en realidad un sueño: comandar tropas en una incursión al monte tucumano. Durante dos semanas más de mil efectivos rastrillaron la montaña sin encontrar guerrilleros. Apoyado por fuerzas de Gendarmería y las policías Federal y Provincial, el único resultado que pudo exhibir fueron dos centenares de paisanos detenidos en allanamientos a sus hogares o en controles camineros por no portar documentos de identidad. El operativo encabezado por Menéndez fue decidido por los jefes militares, no contó con orden ni autorización escrita del poder político, pero se realizó a la luz del día, con profusa difusión periodística en todo el país y, sin embargo, no hubo una sola queja por ello, a pesar de que se estaba violando las leyes vigentes. Días más tarde, el 28 de septiembre de 1974, el gobierno nacional hacía aprobar en tiempo récord la Ley Nº 20.840, de Seguridad Nacional, que autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas para reprimir “los intentos de alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación”. De esta manera se había completado el círculo. Los militares ya tenían la ley y, lo más importante, la decisión política que reclamaba Menéndez para aniquilar. 04/08/13 Miradas al Sur