Tres jueces en línea directa con los buitres

FALLOS DE RAPIñA > LA CAMARA DE NUEVA YORK CONFIRMO EL FALLO DEL JUEZ GRIESA, PERO LO DEJO EN SUSPENSO La esperada sentencia de la Cámara de Apelaciones de Nueva York fue favorable para los acreedores, que tendrían “derecho” a cobrar lo que reclaman. Sin embargo, el tribunal frenó la aplicación del fallo hasta que resuelva la Corte Suprema. Por Tomás Lukin El fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en la disputa de fondos buitre contra la Argentina no fue el esperado por el Gobierno, pero el escenario podría haber sido peor. La decisión difundida ayer convalidó la polémica fórmula de pago que propusieron los mismos fondos al juez Thomas Griesa a fines del año pasado: una cuota de 1330 millones de dólares en efectivo. Mantiene, además, condicionado el pago de la deuda a la cancelación de ese fallo ya que los intermediarios como el Bank of New York no podrían canalizar los fondos de los bonistas que entraron al canje si la sentencia no se cumple. Sin embargo, frente a la complejidad y relevancia del caso, la Cámara determinó que la implementación de su decisión quedará en suspenso hasta que la Corte Suprema decida si acepta tratar o no la apelación de este nuevo fallo que “oportunamente presente Argentina”. El país tiene 90 días para llevar al máximo tribunal el pedido de revisión –writ a certioriari– de la sentencia. Esa situación despeja, por lo menos, hasta principios de 2014 el escenario de “default técnico”. En su crítico y, por momentos, irónico y provocativo fallo los magistrados Daniels Barrington Parker, Rosemary Pooler y Reena Raggi convalidaron el pedido buitre al pie de la letra. Desecharon la propuesta argentina de abonar en las mismas condiciones del canje aceptado por el 92,4 por ciento de los dueños de bonos en default: quita de capital, reducción de la tasa de interés y extensión de los plazos de vencimiento. “Argentina no presentó ninguna propuesta productiva”, sostienen los jueces que confirmaron la polémica interpretación de la cláusula de tratamiento igualitario en beneficio de los fondos especulativos e ignoraron los argumentos de Argentina sobre la inequidad del fallo, el impacto sobre el país, el riesgo sistémico que implica y el impacto que podría tener sobre futuras reestructuraciones de deuda. “Argentina es un deudor particularmente recalcitrante”, sentencian los magistrados. El desenlace de esta etapa de la disputa legal con los buitre no fue el esperado por el Gobierno. El único aspecto “favorable” que rescataban en el equipo económico es que no genera problemas en el corto plazo. La conclusión del fallo suspende su ejecución hasta que el máximo tribunal decida si acepta o no la futura apelación que deberían presentar los abogados del país. De mínima, esa decisión desplaza el escenario de un posible “default técnico” –la imposibilidad de pagar en tiempo y forma por trabas judiciales a pesar de contar con los recursos y voluntad de pago– hasta fines de noviembre. A ese plazo se le debe añadir el tiempo que efectivamente demore la Corte en expresarse. Argentina ya presentó otro pedido de revisión del fallo inicial de la Cámara ante la Corte Suprema. Esa solicitud realizada en julio está basada en el argumento de que la decisión de la Cámara de Apelaciones violó la ley de inmunidad soberana. Posiblemente, el máximo tribunal norteamericano informe en octubre si acepta analizar ese caso. Para esa fecha, los supremos estadounidenses suelen precisar qué casos tratan durante el período siguiente. Si accede a estudiar el tema, mejoran las posibilidades para el segundo planteo sobre la validez de la interpretación buitre del pari passu, un escrito que debería llevar Argentina en los próximos tres meses. El escenario no es alentador, advierten fuentes diplomáticas y abogados especialistas. En abril, durante la presentación del “plan para democratizar la Justicia”, CFK remarcó que la Corte Suprema de los Estados Unidos resuelve aproximadamente entre 80 y 90 causas por año, una cifra insignificante ante los miles de casos que trata el máximo tribunal local. En 1994, por ejemplo, la Corte estadounidense recibió 6996 presentaciones a certioriari y sólo emitió 95 sentencias. Las expectativas para que el juicio sea discutido en el máximo tribunal son bajas, pero la disputa entre Argentina y los fondos buitre posee los condimentos geopolíticos básicos para ser analizada. El pedido de revisión que ya fue presentado a fines de julio recibió el apoyo –amicus curiae– de la República de Francia a fines de julio a la posición argentina y las advertencias de las autoridades del Fondo Monetario Internacional sobre las implicancias globales que tendría el fallo sobre futuras reestructuraciones de deuda en el actual escenario de crisis internacional, pueden influir sobre la decisión de la Corte. No obstante, fuentes diplomáticas que siguen de cerca el caso afirman que es el gobierno de Barack Obama el que tiene los instrumentos para impulsar su tratamiento. Las autoridades norteamericanas anticiparon el mes pasado que sólo presentarán un escrito formal si la Corte Suprema lo requiere porque evaluaron que ésa es la mejor estrategia para favorecer un fallo en contra de los intereses de los buitre. Una arista para que intervenga la administración Obama en la futura apelación son las limitaciones que impone el fallo sobre el funcionamiento del Bank of New York. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, ya anticiparon que Argentina no convalidará una sentencia que beneficie a los buitres en deterimento del 92,4 por ciento de los bonistas que ingresaron al canje (un elemento que remarcan con molestia los magistrados en su fallo, ver aparte). Pero, si la Corte Suprema rechaza tratar el caso y se ejecuta la decisión de la Cámara de Apelaciones, Argentina se verá en una situación de “default técnico”. A pesar de contar con los fondos y la voluntad para pagar a sus acreedores, no podría hacerlo en la forma acordada, ya que el Bank of New York no podría canalizar esos pagos. En ese escenario, el Gobierno debería modificar la ingeniería para realizar los pagos en otro lugar y con otro agente. En Economía reconocen que no se trata de un proceso legal y técnico sencillo. El equipo del Ministerio de Economía comenzó a analizar ayer los alcances del fallo. Hernán Lorenzino se enteró de la noticia en un avión hacia Santiago de Chile, donde participó de la reunión binacional de ministros. El funcionario estuvo en contacto con los abogados de Economía y también con el estudio Clearly Gottlieb Steen & Hamilton que representa al país en Nueva York donde analizaron diferentes hipótesis y plazos. “No vamos a hacer comentarios hasta que no leamos el fallo con detenimiento y analicemos sus implicancias”, se limitaron a señalar desde su equipo, donde no ocultaron su malestar con las “provocaciones” que tiene el escrito. BAJAS DE BONOS Y ACCIONES Impacto financiero El fallo adverso de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en el litigio que enfrenta el país con los fondos buitre castigó a los bonos nominados en dólares y legislación extranjera. Estos papeles retrocedieron en promedio entre 2 y 3 por ciento, interrumpiendo una seguidilla de subas que los ubicaban como los preferidos por los inversores en las últimas semanas. La caída se explica por el temor a que el fallo complique el normal pago de los servicios de estos papeles, ante un posible embargo de los fondos destinados a tal efecto. Los cupones PIB se llevaron la peor parte, con una caída del 3,1 por ciento, cuando se trató del instrumento en moneda extranjera y bajo legislación neoyorquina, mientras que la emisión en pesos cedió 2,71. Ese ajuste se replicó, aunque en menor cuantía y volumen de negocios, en otros títulos. Las acciones también se vieron afectadas. Los papeles líderes operaron en positivo casi toda la rueda, pero sobre el cierre se registraron importantes recortes en los precios. El saldo fue una baja del MerVal de 1,1 por ciento. De todos modos, el indicador mantiene una ganancia en lo que va del mes de 16,2 por ciento. El volumen de negocios ascendió a 98,5 millones de pesos, frente a una media de 48 millones del mes pasado. Las bajas estuvieron lideradas por los papeles de Siderar, con un rojo de 3,8 por ciento, seguidos por Grupo Financiero Galicia (3,1) e YPF (1,9). El dólar sumó un centavo y cerró la semana en 5,63 pesos. El Banco Central vendió unos 18 millones de dólares para equilibrar los precios y el stock de reservas se ubicó en 37.003 millones de dólares. El volumen negociado en el mercado de cambios ascendió a 245 millones de dólares, mientras que se operaron otros 85 millones en contratos a futuro. En el segmento informal, los precios para operaciones con clientes habituales se mantuvieron en 8,60 pesos, mientras que para compras pequeñas –hasta 10 mil dólares– se pidió 8,99, seis centavos por debajo de la jornada anterior. FALLOS DE RAPIñA > DEL DEFAULT DE LA DEUDA AL FALLO DE LA CAMARA DE APELACIONES DE NUEVA YORK La pelea, capítulo a capítulo En marzo de 2005, Néstor Kirchner negoció la mayor quita de deuda de la historia con una adhesión del 76 por ciento. Un segundo canje elevó ese porcentaje al 93 por ciento, pero el 7 por ciento restante pone en jaque ese acuerdo. Por Fernando Krakowiak La Argentina logró en 2005 la quita de deuda soberana más grande de la historia. Sin embargo, el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York podría hacer fracasar ese acuerdo si la Corte Suprema de Estados Unidos no lo revisa. El juez de primera instancia Thomas Griesa dictaminó el 23 de febrero de 2012 que el país le debe pagar la totalidad de la deuda a un grupo de fondos buitre que no aceptaron ninguna quita y litigaron en su juzgado. El 26 de octubre la Cámara ratificó ese fallo y ayer desestimó la apelación del gobierno argentino. La totalidad de la deuda que reclaman los buitres en esa demanda es de unos 1330 millones de dólares, pero el problema no es sólo el monto. Si la Argentina les paga a esos acreedores el ciento por ciento de lo reclamado, todos los que ingresaron al canje estarán en condiciones de reclamar lo mismo. Entonces la reestructuración que negoció Néstor Kirchner se habrá caído. En diciembre de 2001, el efímero gobierno de Adolfo Rodríguez Saá declaró un default por 81.200 millones de dólares, el 62 por ciento de un total estimado entonces en 132.000 millones de dólares. En ese momento, la Argentina atravesaba la peor crisis económica y social de su historia. Por lo tanto, era imposible seguir pagando toda la deuda. Los primeros contactos para regularizar la situación comenzaron recién durante el gobierno de Néstor Kirchner. El 25 de septiembre de 2003, cuatro meses después de haber asumido, el mandatario pidió colaboración en la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconstruir la economía y recuperar la capacidad de pago. “Sin una concreta ayuda internacional, sin medidas que promuevan el crecimiento y el desarrollo sustentable, el pago de la deuda se torna una verdadera quimera”, sostuvo. Al mismo tiempo, advirtió que no se dejaría asfixiar por los acreedores. “Nunca nadie les pudo cobrar una deuda a los muertos”, agregó. Lo que vino después fue una dura negociación que cerró su primera etapa el 3 marzo de 2005, cuando el Gobierno concretó el primer canje de deuda con una quita nominal de 65,6 por ciento, la más grande de la historia. La adhesión fue del 76 por ciento. Los que quedaron afuera incrementaron la presión contra el Gobierno con diversos pedidos de embargo ante tribunales internacionales. Varias demandas se radicaron en Nueva York porque parte de los bonos fueron emitidos bajo legislación estadounidense. A raíz de esa presión, en abril de 2010 la Argentina reabrió el canje con una nueva oferta, levemente mejor que la de 2005. El porcentaje de adhesión se elevó entonces al 93 por ciento, pero el 7 por ciento restante, en su gran mayoría fondos buitre, siguió litigando, logró embargar temporariamente algunos activos argentinos en el exterior, como la Fragata Libertad, y ahora puso al Gobierno en una nueva encrucijada. Para lograrlo, los buitres contaron con el respaldo del juez Griesa. En febrero del año pasado, el magistrado emitió un fallo donde ordenó a la Argentina pagarle a los fondos Elliot, NML Capital, Dart, Aurelius, AC Paster y Blue Angel la totalidad de la deuda que reclaman, sin quita. El Gobierno apeló a la Cámara. En su escrito argumentó que esa medida discriminaba a los que entraron a los canjes de 2005 y 2010, poniendo en riesgo toda la reestructuración. El 26 de octubre de 2012, la Cámara de Apelaciones de Nueva York respaldó el fallo de Griesa y le ordenó al juez que defina con más precisión cómo hacer efectiva su resolución. “Jamás vamos a pagarles a los buitres”, respondió entonces el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. El 1º de noviembre de 2012 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habló de una campaña anti Argentina y cuestionó a la Justicia estadounidense: “La verdad es que cuando uno ve lo que pasó con la Fragata Libertad y con las decisiones de la Justicia de Nueva York, recomiendo como Presidenta, por favor, a todos los que tengan que reestructurar deuda, no vayan más a Nueva York. No cometan el error de ir a un Estado o a una Justicia que evidentemente desconoce su propia legislación”, sentenció. Griesa se mostró molesto con la reacción del Gobierno y el 22 de noviembre de 2012 sorprendió al ordenarle que les pague a los buitres 1330 millones de dólares en efectivo el 15 de diciembre de ese año. Incluso exigió que la Argentina depositara esa cifra en una cuenta de garantía para los buitres, junto con el pago del Cupón PBI. De otra manera, los bonistas que sí entraron al canje no podrían cobrar. La decisión provocó una fuerte caída en los bonos de la deuda. “Lo único que le faltó a Griesa es ordenar que manden a la Quinta Flota”, respondió Lorenzino. Además, el ministro dijo que el fallo de Griesa era “colonialismo judicial”. Cuando parecía que la Argentina se encaminaba a un default técnico, la Cámara de Apelaciones de Nueva York ordenó suspender el fallo. La decisión la tomó el 28 de noviembre. Ese día fijó además un cronograma de presentaciones para ambas partes que finalizó el 27 de febrero. Cuando le tocó su turno, el gobierno argentino flexibilizó su posición e informó a la Cámara de Apelaciones que estaba dispuesto a reabrir el canje de deuda. La Cámara pidió más detalles y el 29 de marzo el Gobierno le acercó una propuesta donde replicó las condiciones de la oferta que realizó en 2010. Los buitres ratificaron luego que no aceptarían quita y ahora la Cámara ratificó su postura inicial y se inclinó por los acreedores, dejando a la Argentina al frente de una nueva crisis financiera. Además, sentó un precedente que dificultará todas las renegociaciones de deuda futuras a nivel mundial ya que, a partir de ahora, mientras haya un acreedor que no acepte, todo el proceso quedará pendiendo de un hilo. El impacto del fallo no es automático porque la orden de pago quedó en suspenso hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos decida si interviene. Igual el panorama no es alentador, porque son muy pocos los casos que revisa la Corte. fkrakowiak@pagina12.com.ar REACCION DE BONISTAS Veredas opuestas Un grupo de bonistas que ingresó al proceso de reestructuración de deuda advirtió que la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York “pasa por alto el impacto no equitativo de la apelación en trámite, en los derechos de propiedad protegidos constitucionalmente del Grupo de Tenedores de Bonos (Exchange Bonholders Group, en inglés)”, afirmó Sean O’Shea, abogado que representa a la agrupación. De todos modos, el letrado sostuvo que el stay (medida que impide que la orden sea ejecutada hasta que el caso se defina en la Corte Suprema) “refleja su comprensión de las cuestiones de peso y su complejidad”. Por su parte, la organización Jubileo, con sede en Washington y dedicada a luchar contra la pobreza, explicitó ayer su desacuerdo con la decisión. “Nuestros ojos están puestos en la Corte Suprema de los Estados Unidos”, señala la organización, que recuerda que el gobierno de los Estados Unidos tiene previsto presentar otro documento “similar” si la Corte Suprema acepta tratar el caso. En contraposición, la American Task Force Argentina (ATFA), que nuclea a los bonistas que rechazaron los canjes de deuda de 2005 y 2010, celebró el fallo, que, sostienen, “sustenta el estado de derecho”. 24/08/13 Página|12