Los colorados y el fantasma de la guerrilla

A una semana de asumir, el gobierno de Horacio Cartes ya consiguió superpoderes que utilizará para combatir la amenaza de supuestos grupos guerrilleros. El temor a una revuelta campesina. Desde que el 15 de agosto, festividad de Nuestra Señora de la Asunción, asumió como nuevo presidente del país, el multimillonario Horacio Cartes vio a su gobierno, comprometido con un cambio estructural para volver solvente al país, amenazado día tras día por acciones armadas atribuidas al fantasmal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). La muerte de unos matones rurales que ejercían la violencia en el norte del Paraguay llevó a que el Ejecutivo pidiera al Legislativo, y consiguiera en la primera semana de mandato, superpoderes para combatir a la guerrilla y militarizar la lucha contra los guerrilleros. La vuelta del Partido Colorado al poder, después del breve interludio de la presidencia del ex obispo católico Fernando Lugo, se caracterizó ya por procurar la suma del poder público para el primer mandatario, pero evitado la expresión, sin duda más odiosa, de estado de sitio, cuyo ejercicio caracterizó a las largas décadas en el poder del colorado Alfredo Stroessner (1954-1989). Una guerrilla misteriosa. Si en algo coinciden los analistas, observadores y aun algunos militares paraguayos consultados por esta revista es en el carácter evanescente de toda definición completa y abarcativa del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). De una manera conservadora, podría resumirse que el EPP existe, pero que no todo lo que se le atribuye es su obra, que al menos otro grupo en acción también se hace llamar a veces EPP, y que este se encuentra integrado o por narcos o por fuerzas locales aliadas con otras del Brasil. “Hasta ahora no se ha precisado qué es el EPP –dice a Veintitrés Damián Cabrera, ganador del último gran premio nacional de novela–. El Ejército del Pueblo Paraguayo se autorrepresenta como una guerrilla de izquierda. Sin embargo, hay quienes consideran que el EPP está más bien al servicio de la derecha, puesto que suele tener más visibilidad precisamente cuando la derecha necesita algo que justifique su avance conservador, como en el caso del regreso de las fuerzas armadas a las calles, ahora durante el gobierno del empresario Horacio Cartes –quien ya manifestara su simpatía con el gobierno del dictador Stroessner–. Los medios corporativos de comunicación representan al EPP como un fenómeno aislado e insólito, pero lo cierto es que en Paraguay siempre han existido guerrillas”. En Paraguay, país de seis millones y medio de habitantes y una superficie de 407 mil km2, el 98% de la tierra está en manos del 2% de la población. Seguridad nacional. Paraguay es la nación más rural de Sudamérica y el temor de la protesta campesina sin tierra embanderada con la protesta agraria está compartido por los grandes terratenientes, muchos de ellos brasileños en el norte del país, que han forjado una nueva identidad cultural, llamada brasiguaya, resistida por los paraguayos pero no necesariamente por la oligarquía terrateniente local. “Cartes tiene mayoría parlamentaria que le posibilitó la modificación de la ley de Seguridad: evitar pasar por la burocracia de la consulta –dice a este semanario Cristino Bogado, una de las mayores voces de la cultura asuncena– en cada caso para hacer incursiones militares en las zonas donde se han ectoplasmizado los fuegos del EPP –agrupación que desata sangre y muerte en las estancias de extranjeros– sin sucumbir al estado de sitio, de triste nombre (Stroessner gobernó casi 30 años con ese artilugio constitucional). Esa tranquilidad para actuar en el Norte turbulento no la tendrá, al parecer, en su propia casa, ubicada sobre la calle 25 de Mayo, sede del partido colorado. Al llenar de tecnócratas su gabinete y dejar fuera a la clientela atávica de seccionaleros y hurreros (los que van pagados a los actos partidarios), recurso humano elemental de este partido desde el origen, veremos en cuál guerra triunfa. Una dependerá de la otra. Al final no es muy difícil vislumbrar un motín en su propia casa”. Campesinos entre narcos y paras. No deja de ser un signo que en menos de dos semanas de gobierno haya ocurrido durante el gobierno de Cartes el mayor decomiso de droga de la historia paraguaya, 2.500 kilos de cocaína y marihuana en el norte del país. “Las organizaciones campesinas y los partidos políticos señalaron que todos conocen que en el norte el poder de los narcotraficantes es evidente –explica a Veintitrés el periodista de investigación Jorge Zárate–. Hasta el propio titular de la Secretaría Antidrogas (Senad), Luis Rojas, señaló que el EPP no podría sobrevivir en la zona sin tener contactos con los malvivientes. Rojas dijo inclusive que es posible que cobren peajes en efectivo, armas y drogas para poder sostener su logística. Entendiendo esta situación, los atemorizados pobladores comienzan a preguntarse por qué la policía y el ejército no irrumpen con la misma violencia en estancias sospechadas de tener pistas aéreas de abastecimiento de avionetas y plantaciones de marihuana ocultas detrás de explotaciones ganaderas y sojeras. Este fenómeno de los narcoganaderos y narcosojeros es el preeminente en la zona y así inclusive lo admiten los políticos regionales. A pesar de ello, la hipótesis de que EPP es funcional a los intereses de este sector que necesitan territorio libre de gente para poder desarrollar su negocio, no es seguida con la misma intensidad por el Estado. Cuando Cartes asumió, anunció guerra sin cuartel a la pobreza que afecta a la mitad de los paraguayos. Antes, la violencia en estado puro se le interpuso en el camino. Bolivia pisa fuerte en Brasil Fue una semana tensa en las relaciones bilaterales entre Bolivia y Brasil, tras la salida clandestina de La Paz y llegada a la capital brasileña de Brasilia del senador opositor Roger Pinto Molina, que culminó con la renuncia del canciller brasileño Antonio Patriota. Pinto estaba refugiado en la embajada brasileña en la sede de gobierno boliviana desde el 28 de mayo de 2012. Aguardaba un salvoconducto para abandonar el país rumbo a Brasil, que ya le había concedido asilo político. El gobierno de Evo Morales se negó a conceder el salvoconducto, argumentando que el senador figuraba como acusado en varios juicios por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, corrupción pública, sedición, asesinato de campesinos en 2008, desmonte en el departamento de Pando y delitos económicos. Por eso fueron, y sonaron conciliatorias, las palabras de la presidenta de Brasil Dilma Rousseff acerca de que ha de ser deseable que su país mantenga una relación “armónica y respetuosa” con vecinos en el continente, es decir sobre todo con Bolivia. La pronunció en el discurso que ofreció en la asunción del nuevo canciller, Luiz Alberto Figueiredo Machado. Patriota había renunciado el lunes en medio de la crisis desatada en las relaciones con Bolivia por la operación clandestina organizada por la embajada brasileña en La Paz, con la anuencia del canciller renunciante. Una operación deplorada por Rousseff este martes, cuando sostuvo que Brasil “jamás podría aceptar” la salida del ex senador –que había recibido asilo político de Brasil el 8 de junio del año pasado– sin un salvoconducto del gobierno boliviano. Revista Veintitrés