Todo Paraguay, una base militar conjunta Por Eduardo J. Vior. Sur en América latina internacional@miradasalsur.com parte I

El caso de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo y las enmiendas que se aprobaron para que la Ley de Defensa les dé a las fuerzas armadas las facultades extraordinarias que quiere Horacio Cartes. El Congreso paraguayo aprobó esta semana enmiendas a la Ley de Defensa que permitirán al presidente Horacio Cartes emplear al ejército para combatir contra el grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) sin necesidad de imponer un estado de excepción. El EPP atacó por última vez en el norte del país el 17 de agosto, dos días después de la asunción de Cartes, y éste resolvió de inmediato el envío de militares a la zona, para apoyar a la policía, y gestionó a toda velocidad la aprobación de las enmiendas. Una de ellas modifica el concepto de defensa nacional, al introducir el término “interna”. Otra de las modificaciones faculta al presidente a imponer el estado de excepción de forma “temporal y localizada”. El ataque mortal se registró el sábado 17 en una estancia de Tacuatí, Departamento de San Pedro. El informe policial da cuenta de que un capataz de estancia y cinco guardias privados realizaban un rastrillaje por casos de abigeato, cuando fueron atacados por el grupo armado. Los guardias fueron muertos y el capataz, liberado. Éste pidió de forma inmediata el auxilio policial, pero cuándo los policías llegaron, fueron emboscados y un efectivo resultó herido. Los medios paraguayos explicaron el ataque del EPP como respuesta al discurso de Cartes al asumir el jueves 15, cuando llamó a luchar contra “las bandas de criminales y delincuentes”. Por su parte, el ministro a cargo de la Secretaría Nacional de Lucha contra la Droga (Senad), Luis Rojas, declaró a una radio que supone el gobierno que el grupo armado se vincula con el narcotráfico mediante el “cobro” de un “impuesto patriótico por superficies de cultivo”. Así obtendría financiación. El funcionario remarcó que existen cultivos de marihuana en las zonas de influencia, aunque “no se ve presencia del grupo en la cadena de producción o transporte”, según el portal paraguayo Última Hora. El ministro advirtió que “el tráfico aéreo de cocaína y pasta base está muy vinculado con el tráfico de armamentos militares, municiones y explosivos robados de excedentes, sobre todo del Ejército de Bolivia, que están destinados a las favelas de Brasil y grupos armados”. “Todos estos escenarios soportan la figura del narcoterrorismo.” Sin embargo, en declaraciones al mismo periódico, el ex diputado colorado Magdaleno Silva señaló el pasado martes 20 que el policía Feliciano Coronel Aguilar, ejecutado por el EPP con los guardias, encabezaba un grupo de matones bajo la tapadera de una supuesta empresa de seguridad privada. De este modo Silva respondió a acusaciones que lo vinculan con el asesinato en la misma región del líder campesino Lorenzo Areco el 14 de agosto. Por su parte, el intendente de Yby Yaú, en el Departamento de Concepción, Pascual Vega (del Frente Guazú), manifestó que Areco se desempeñaba correctamente como intermediario entre los ganaderos y terratenientes de la zona, por lo que le había puesto al frente del catastro en el municipio. Para Magdaleno Silva, la muerte de Areco podría estar vinculada con el ataque del EPP en Tacuatí. Por el contrario, Guillermo Ortega, el fiscal que investiga el asesinato del dirigente campesino, aseguró que los rumores de que el líder estaría vinculado al Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP) “carecen de fundamento”. Recordó que Areco estaba trabajando en la municipalidad de Yby Yaú y que vivía en el asentamiento Reconquista, cerca de allí, en una casa junto con su hermano. Integraba la Organización Campesina Regional de Concepción (OCRC). Para el intendente Vega (hermano del dirigente campesino Vidal Vega, asesinado en noviembre pasado), el asesinato forma parte de “una persecución de dirigentes sociales, una matanza selectiva”. Según el intendente, son “los grandes terratenientes quienes están detrás de esto”. “Se mata un ganadero, las fuerzas militares salen con todo. Cuando a un dirigente se asesina, no pasa nada”, acotó. Lorenzo Areco formaba parte del comité ejecutivo de la OCRC, organización de familias campesinas de todo el departamento de Concepción, con sede en Yby Yaú (424 kilómetros al norte de Asunción). Era uno de los dirigentes principales de la comunidad campesina de Reconquista, surgida de una ocupación en 2004. Sin embargo, las familias tienen conflictos con políticos locales por su método asociativo de trabajar la tierra. Areco también coordinaba con muchas otras bases y familias sin tierras de la región medidas para acceder al derecho a la tierra. “Esto forma parte de la política de asesinato selectivo de dirigentes campesinos de la región”, señaló un referente de la organización. Como reacción a la militarización creciente la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc) rechazó el miércoles pasado la modificación de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna. Para esta organización, la reforma dará un “peligroso poder” al Ejecutivo que compara con la dictadura de A. Stroessner (1954-1989). Nuevamente “la Triple Frontera”. Por su parte, el diputado por el Encuentro Nacional, Hugo Rubín, presentó el jueves 22 el anteproyecto de ley de creación del Sistema Nacional de Inteligencia, para combatir al EPP y el “terrorismo en la Triple Frontera” (entre Argentina, Brasil y Paraguay). Esta línea argumentativa se pliega completamente a la de la CIA en su Facts Book (actualizado al 13 de agosto pasado): “Se trata de una región inquieta en la convergencia de las fronteras entre Argentina, Brasil y Paraguay. Es una zona de lavado de dinero, contrabando, tráfico de armas y drogas, así como colecta de dinero para organizaciones extremistas.” Y continúa: “En esa región se produce una gran cantidad de cannabis, la mayor parte del cual se consume en Brasil, Argentina y Chile. También es una zona de paso para la cocaína andina. Se caracteriza por los escasos controles fronterizos, la extendida corrupción y el lavado de dinero.” En tanto, Última Hora del pasado martes 20 informó que “expertos israelíes en seguridad que trabajan para el presidente Horacio Cartes recorrieron departamentos del norte del país y zonas fronterizas”. Se trataría de agentes del Mossad que estuvieron en los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, para “reconocer y analizar” las zonas más conflictivas del país donde opera el EPP. El matutino aseguró que Cartes tiene cinco guardaespaldas israelíes, al igual que sus familiares más cercanos. Los israelíes habrían hecho para Cartes un mapeo de la situación en el Norte del país. Por su parte, Vladimir Jara, redactor jefe de Radio 1 de Marzo en Asunción, especialista en mafias y él mismo fichado por la “guerrilla”, estima que “el EPP perdió como organización revolucionaria, pero ganó como nuevo cartel”. “La deriva del EPP, añadió, parece clavada a la de grupos como el Comando Vermelho o el Primeiro Comando da Capital que nacieron en Brasil contra la dictadura militar y rápidamente se convirtieron en los capataces del narcotráfico en las favelas.” A su vez, el activista del Servicio Paz y Justicia de Paraguay (Serpaj), Abel Irala, manifestó el pasado lunes 19 que “los primeros cien días de Cartes se centrarán sobre el EPP. Esto le permitirá avanzar con medidas neoliberales”. Consultado sobre qué representa el EPP manifestó: “Sabemos que hay un trabajo de inteligencia que vienen desarrollando en la zona grupos internacionales enmarcados en la lucha contra la insurgencia. Y entre los antecedentes más cercanos está el trabajo que probablemente todavía esté realizando el Mossad.” Al respecto de la lucha contra el EPP respondió: “Por un lado Paraguay se ha venido preparando para una lucha antiterrorista con injerencia de los EE.UU. Por primera vez, un ministro del Interior califica al EPP como un grupo terrorista, es decir da una luz verde para fortalecer los vínculos con los países que luchan contra el terrorismo, habilitar el uso de la ley antiterrorista, poner en marcha la maquinaria montada desde el edificio del grupo táctico por la embajada de los EE.UU. y la entrada en acción del COR (Comando de Operaciones Rurales) entrenado por EE.UU.” Consultado sobre qué grupos se esconderían tras el EPP, expresó: “Creemos que más allá del EPP existen grupos irregulares en el Paraguay con mucho poder económico y capaces de decidir sobre la vida de los campesinos que están cometiendo los asesinatos sicarios. Estos grupos podrían estar ligados a la narcopolítica, a la narcoganadería o a la mafia nacional e internacional. Se sabe también que hay guardias armados en las propiedades de las grandes estancias haciendo justicia por manos propias. Creemos que avanzamos nuevamente hacia la militarización y la persecución de los movimientos sociales, para que el gobierno pueda profundizar ciertas medidas neoliberales.” Nadie duda de que en el norte de Paraguay se mueven varias bandas armadas ligadas al narcotráfico y al contrabando. También parece evidente que un grupo allí activo se presenta como organización revolucionaria. Sin embargo, llama mucho la atención que en cinco años de existencia oficial no haya sido detectado en el monte, a pesar del apoyo norteamericano. También resulta extraño que Paraguay no pida la cooperación brasileña, considerando la porosidad de la frontera seca común. La supuesta organización nunca se ha manifestado políticamente en las ciudades ni parece participar en movimientos sociales fuera de esa región. Todo da la impresión de un sello prêt-à-porter, utilizable por quien necesite justificar una acción violenta en cualquier sentido. Poco a poco van apareciendo claros los contornos del rompecabezas “cartesiano”: el empresario Horacio Cartes, devenido presidente del Paraguay después de haber “comprado” el Partido Colorado y de que los liberales le hayan hecho el favor de derrocar a F. Lugo, pudo llegar al máximo cargo, porque los Estados Unidos canjearon con él su libertad a cambio de la transformación de todo el país en una sola base militar conjunta para controlar los caminos de la droga, amenazar a Argentina y Brasil desde la base chaqueña de Mariscal Estigarribia y asegurarse el control del acuífero Guaraní en su centro: las Tres Fronteras entre Argentina, Brasil y Paraguay.