Ofensiva brutal Por Andrea Recúpero

Pretenden acorralar al Gobierno para condicionar sus dos próximos años de mandato. El rol del Grupo Clarín y sus espadas mediáticas. Los motivos políticos y económicos de una estrategia que no sólo apunta a las elecciones legislativas de octubre, sino al 2015. Al ataque. Héctor Magnetto y José Aranda, directivos del Grupo Clarín. La ofensiva mediática va en aumento y se quiere instalar que los dos próximos años pueden ser “un caos”. Qué te pasa Clarín, estás nervioso?”. La frase, acuñada por el ex presidente Néstor Kirchner poco antes de las elecciones legislativas de 2009, en medio de la crisis por las retenciones agropecuarias, cobró esta semana plena vigencia. A dos semanas de las PASO, el grupo de medios que comanda Héctor Magnetto lanzó una nueva ofensiva contra el gobierno nacional que tiene más de un punto de contacto con la campaña de prensa que se orquestó entonces desde las páginas del diario Clarín contra la resolución 125 y que amplificaron los medios satélites. Entonces como ahora, sorprende la premura por decretar el fin del kirchnerismo, aun cuando la representación parlamentaria del oficialismo –si se mantienen los porcentajes de las internas del pasado 11 de agosto– no sufrirá grandes cambios. Resulta llamativo releer y subrayar en varias notas publicadas por el diario de Ernestina Herrera de Noble la misma frase: “...pero aún faltan dos largos años para el 2015”. Como en 2009, los intereses económicos que se esconden detrás de la fachada de periodismo independiente del Grupo Clarín motivan la ofensiva, ya que se espera para antes de los comicios legislativos del 27 de octubre el fallo de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios. Desde el año pasado, la usina de ideas de la ofensiva del Grupo Clarín contra el modelo K es el programa PPT, que conduce Jorge Lanata. El domingo pasado, desde la pantalla de Canal 13, el periodista cubrió con el manto de la sospecha una escala de dos días de la presidenta Cristina Fernández, en las Islas Seychelles, consideradas por la Argentina y otras naciones como un paraíso fiscal. Sin más pruebas que la publicación de esa parada en el Boletín Oficial y una serie de conjeturas sobre el supuesto destino final de fondos provenientes del lavado de dinero, Lanata echó a rodar una vez más una denuncia contra la Casa Rosada. La diferencia, en esta ocasión, fue que la Presidencia respondió con virulencia –mediante un comunicado firmado por Oscar Parrilli, secretario y mano derecha de CFK en la tarea cotidiana– a las denuncias del Grupo Clarín. “La mentira, la infamia, el agravio y el invento de situaciones y hechos con el fin de desprestigiar y descalificar a la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, por parte del sicario mediático de Magnetto y Clarín señor Jorge Lanata ya no sólo no respeta husos horarios, disposiciones internacionales de vuelo, o giras OFICIALES Y PUBLICAS de la Presidenta. También viola las más elementales normas de sentido común y razonabilidad”, comienza el descargo en el que se aclara que la mandataria estuvo 13 horas en ese destino al regresar de una gira oficial que comenzó en La Habana (Cuba), siguió en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), luego en Jakarta (Indonesia), Ho Chi Minh y Hanoi (Vietnam) en enero de este año. Como bien apunta el comunicado, el “sentido común y la razonabilidad”, en este caso bajo la forma de simples sumas y restas, bastan para derribar la hipótesis de las 48 horas en Seychelles. En otras palabras, un par de cuentas y revisar todos los diarios de esos días alcanzan para desbaratar la “investigación” de PPT: la Presidenta partió de Hanoi el lunes 21 de enero a las 23.30. En Buenos Aires eran las 10.30. Llegó a la Argentina el miércoles a las 5 de la mañana. Entre la salida y la llegada mediaron, en total, 43 horas. “A su amenaza democrática del domingo pasado, cuando expresó que si la Sra. Presidenta no se allanaba a las demandas de su patrón Magnetto para el período del 2013 al 2015, venía una ‘transición violenta’, le agrega hoy este informe con el fin de generar odio en su contra a través de una bastarda, cruel y baja mentira”, repudió Parrilli en el comunicado. Al día siguiente, en “el living de Canal 13”, Lanata y otros referentes del Grupo Clarín ningunearon la desmentida y persistieron en cubrir de sospechas la gira presidencial. Según un estudio realizado por el Centro de Estudios de Opinión Pública (Cedop) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, realizado a boca de urna el 11 de agosto a 1.203 ciudadanos, en 15 comunas porteñas, arrojó un resultado que, aunque previsible, es insoslayable. El 43,9% de los consultados considera que los medios de comunicación son el sector con “más poder” frente al gobierno nacional, seguidos –muy lejos– por los sindicatos (14,4%), los empresarios (13,7%), el pueblo (10,2%), la Justicia (4,5%) y la Iglesia (2,4%). Apenas un 3,8% dijo no saber. Desde esa zona de influencia salen, una tras otra, las denuncias de Clarín y sus satélites. Consciente de tal influjo en la opinión pública y de su impacto en los resultados de las PASO, la Presidencia salió al cruce sobre la escala en Seychelles y sobre otras denuncias de PPT. “Parece haberse olvidado que hace muy poco tiempo atrás montó un también hipócrita show mediático que movilizó a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad en busca de bóvedas, cajas fuertes y cajas de seguridad ubicadas en Santa Cruz, donde supuestamente se guardaban miles de millones de dólares y euros de la mediática ‘corrupción K’. Denunciantes en sede mediática, que se desdecían al día siguiente en otro canal de televisión y más tarde en sede judicial. Testigos que declaraban una cosa ante periodistas y exactamente lo contrario ante jueces y fiscales o simplemente no aportaban nada”, subraya el comunicado oficial. Tras la respuesta de la Casa Rosada, casi todo el arco opositor avaló las denuncias de PPT y rechazó lo que el Grupo Clarín tituló como “otro violento ataque oficial a Clarín y a Lanata”. Ricardo Alfonsín dijo que “si (los miembros del Gobierno) tienen alguna prueba de una conspiración en su contra, que vayan a la Justicia. Yo creo que nadie les cree”. El candidato a diputado por el Frente Renovador, el ex Coalición Cívica Adrián Pérez, apuntó que “en lugar de dar explicaciones, el Gobierno agrede y acusa de golpistas a quienes ejercen el derecho de investigar al poder”. Desde el socialismo, el diputado Roy Cortina afirmó que es “inaudito que funcionarios públicos pretendan descalificar una denuncia de estas características, tildando de sicario mediático a quien la realizó y definiéndola como una amenaza democrática, en vez de dar explicaciones serias y precisas”. Y Eduardo Amadeo, del PJ disidente, fue más allá al responsabilizar a Parrilli y a CFK de la “seguridad personal” de Lanata. Es más, un grupo de senadores encabezados por el radical Gerardo Morales presentó un proyecto para citar a Parrilli a dar explicaciones “sobre una posible amenaza democrática”. Lo cierto es que la oposición no sólo reaccionó, como en otras ocasiones, asumiendo como propia la agenda de Clarín, sino que planteó que después de las legislativas de octubre disputará con el oficialismo la presidencia de la Cámara de Diputados, hoy a cargo del kirchnerista Julián Domínguez. Es más, mientras Sergio Massa aclaraba que no aspira a ese puesto, desde su entorno ya deslizaban el nombre de Felipe Solá para liderar la oposición en el Congreso. El radical Oscar Aguad dijo que “hay que ir por la presidencia de la Cámara si la oposición consigue los 129 diputados y se pone de acuerdo”. Ya lo había planteado el cordobés José Manuel de la Sota cuando afirmó tras las PASO que el resultado electoral “permitirá a quienes pensamos distinto pero podemos estar juntos tomar el control de la Cámara de Diputados para forzar el diálogo con la Presidenta”. Francisco de Narváez y Margarita Stolbizer también se sumaron a la idea. El único que rechazó de plano ese escenario fue el socialista Hermes Binner, quien lidera las preferencias en Santa Fe. Esta iniciativa es otra coincidencia con aquel escenario de inestabilidad que fogoneó el Grupo Clarín en 2009 durante el debate de las retenciones móviles, los cortes de ruta y la creación del Grupo A en el Parlamento. “Buscan un golpe institucional”, reaccionó, de inmediato, la jefa del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio. La candidata a renovar su banca por la provincia de Buenos Aires fue dura con los que “se llenan la boca hablando del respeto a las instituciones y lo primero que hacen es ser absolutamente irrespetuosos” y recordó que “es a la primera minoría a la que le corresponde la presidencia de la Cámara y la presidencia de las comisiones”. Si en octubre el FPV mantiene los votos que cosechó en las PASO conservaría su primacía en ambas cámaras legislativas. “Ante esa proyección, la oposición reacciona desesperada”, confió a Veintitrés un dirigente bonaerense, y fue más allá al afirmar que “el plan es resucitar el Grupo A para complicar la gobernabilidad y generar malestar”. En un análisis de los resultados de las PASO, Artemio López asegura que “la oposición editorializada por los grandes medios insiste en negar que a la unidad del oficialismo organizado tras el liderazgo de Cristina Kirchner le corresponde en espejo distorsionado un nivel inédito de dispersión opositora”. Más allá de la fragmentación del peronismo y de la magra cosecha de las otras fuerzas opositoras, tras las PASO, Clarín y sus satélites sólo machacaron sobre la derrota del Gobierno en la provincia de Buenos Aires y concentraron los elogios en la candidatura de Massa y su proyección para 2015. Aun cuando las internas sólo sirvieron para legitimar a los candidatos que competirán en octubre y todavía está pendiente la elección de medio término, el multimedio ya anunció “el fin de ciclo del kirchnerismo”. La pregunta es por qué tanta premura. Tal vez porque CFK ratificó el rumbo tras las PASO. “La ansiedad por los negocios y la inminencia del fallo de la Corte sobre la Ley de Medios son el verdadero motivo de la embestida de Clarín contra la Presidenta”, apuntó la fuente del FPV consultada para esta nota. El artículo 45, que fija un tope para las licencias y el área de cobertura para un mismo titular, y el 161, que fija en un año el plazo para la desinversión, continúan frenados judicialmente. Está en manos de la Corte Suprema su aplicación plena. En este punto, abundan las especulaciones sobre la decisión que tomará el máximo tribunal, pero todos coinciden en que el veredicto tendrá lugar antes del 27 de octubre. Este obstáculo y la reacción del kirchnerismo de redoblar y convocar al diálogo “a los titulares y no a los suplentes”, es decir “a empresarios, sindicatos y trabajadores”, mantiene en alerta al Grupo Clarín. “Sueño con una Argentina lo suficientemente informada como para que nadie vuelva a meterles el perro”, expresó Cristina Fernández tras sentarse a dialogar con empresarios y gremialistas en Río Gallegos. Todo contra el Gobierno Mediante tres acordadas, la Corte Suprema declaró inaplicables varios artículos de tres leyes que forman parte del paquete de la reforma impulsada por el Gobierno y aprobada en el Congreso para democratizar el Poder Judicial. Por unanimidad, los siete ministros que integran el máximo tribunal impugnaron las leyes sobre la declaración jurada de bienes de los jueces, el ingreso por concurso al Poder Judicial y la publicación de sentencias de los tribunales. Así, la Corte sostuvo que la nueva obligación de que los jueces se presenten en la Oficina Anticorrupción sus declaraciones juradas “constituye una violación de la independencia de los poderes del Estado” y señaló que la Constitución fija que es el máximo tribunal el que designa a sus empleados. Además, dejó firme una medida cautelar a favor de la Sociedad Rural en contra del decreto presidencial que ordenaba la estatización del predio de Palermo. Así el grupo empresario quedará a cargo de la explotación hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Revista Veintitrés