Demandan el certificado de defunción del modelo Por Alberto Dearriba

Dado el resultado de las urnas, los poderes fácticos le piden a Cristina mano dura y ajuste ortodoxo. La presidenta Cristina Fernández dio ayer una rápida respuesta a las demandas por el incremento del delito expresadas en las urnas de las elecciones primarias, al lanzar por decreto un plan nacional de seguridad, pocas horas después de expresarle a dirigentes empresarios y sindicalistas que no piensa modificar los ejes centrales del modelo de crecimiento establecido en 2003 por Néstor Kirchner, que consiguió casi duplicar el Producto Bruto Interno (PBI). El virtual reconocimiento de la inseguridad que afecta a buena parte de los argentinos contrasta con la resistencia presidencial a las demandas de empresarios y economistas ortodoxos para controlar la inflación mediante una reducción del consumo y del gasto público, así como el reclamo por liberar el tipo de cambio y tomar deuda en el exterior al solo efecto de aliviar la estrechez del sector externo. El ministro de Defensa y Seguridad, Arturo Puricelli, advirtió que el nuevo plan de seguridad nacional no implica que el gobierno kirchnerista haya desatendido un problema que afecta a buena parte de la población, ya que desde 2003 a la fecha los recursos presupuestarios destinados a la seguridad interior se triplicaron, al pasar de unos ocho mil millones a unos 25 mil millones de pesos. El gobierno nacional fue acusado reiteradamente de desentenderse de la inflación y de la inseguridad, cuando en realidad lo que desatiende expresamente son las demandas de "mano dura" y las de aplicar el ajuste ortodoxo que plantean quienes se montan en ambos problemas para proponer recetas mágicas en las que supuestamete sólo existen beneficios. Cualquier dirigente serio sabe que las propuestas de terminar con el delito en un santiamén pueden dar resultados en las urnas como acaba de ocurrir en las primarias con el candidato a diputado nacional del Frente Renovador, pero son ineficientes a la hora de reducir realmente la inseguridad. Tampoco para la inflación existen recetas mágicas. Los precios dejarían de crecer si se suspenden las convocatorias a negociaciones paritarias, se reduce la inversión pública financiada con emisión y se despiden empleados públicos. Con aquel desempleo del 25%o existente en el 2001, la única demanda sindical era mantener la fuente de trabajo, con lo cual las presiones salariales sobre las empresas eran nulas. Pero con algo más del 7% y una inflación sensible, los trabajadores reclaman ajustes periódicos. Por efecto contrario, un mayor desempleo terminaría siendo también un límite para la inflación. Si se recorta la demanda y se aplasta el consumo, los precios encontrarían obviamente un tope. Para hacerlo haría falta obviamente mayor impunidad policial, ya que no sólo debería acabar con el delito a los tiros, sino también con las demandas sociales que generaría el ajuste. Pero esto no puede hacerlo el kirchnerismo sin desaparecer como razón de ser de la política nacional, ya que su advenimiento se vincula precisamente al fortalecimiento del mercado interno, despreciado durante el período neoliberal. Los opositores políticos presionan para que el gobierno se desdiga impúdicamente de su vocación industrialista, de la substitución de importaciones que el secretario Guillermo Moreno defiende a capa y espada, y de una política de seguridad que contemple centralmente el empleo y la educación. Podría decirse que piden ajuste y palos. Tratan de obtener en la práctica el certificado de defunción del modelo. Pero más allá de las correcciones –como podría ser la reducción de la presión fiscal sobre el salario– la presidenta está dispuesta a sostener los ejes centrales de una estrategia que produjo prosperidad, pese a desarrollarse en un mundo que enfrenta una de las mayores crisis del capitalismo. El gobierno está dispuesto a subir el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias siempre y cuando se encuentre una alternativa que no desfinancie al Estado, porque no se puede pedir que se reduzca la emisión monetaria por un lado y que se achique el ingreso fiscal por el otro. La presidenta se muestra también dispuesta a estudiar la posibilidad de gravar la renta financiera, pero se niega a espantar la inversión en plazos fijos porque eso desviaría mayor presión hacia el dólar paralelo. Tampoco rechaza totalmente la posibilidad de regresar al mercado de capitales internacional, pero sólo para financiar inversiones genuinas y no para cubrir gastos corrientes, ya que tras el default del 2001, los centros financieros mundiales sólo asistirían a la Argentina con tasas usurarias. En suma, es fácil batir el parche con los efectos no queridos del modelo para obtener rédito político, pero pocos están dispuestos a explicarles a los argentinos que el remedio puede ser peor que la enfermedad. El menemismo dio un claro ejemplo de ello al trocar hiperinflación por hiperdesempleo, mediante un ajuste que en aquel momento resultó sumamente novedoso, como lo fue la convertibilidad. Del mismo modo, los opositores que medran con la inseguridad no le dicen a los atribulados habitantes del Gran Buenos Aires que si se habilitara el gatillo fácil para combatir el delito en ese extenso territorio, probablemente las principales víctimas serían jóvenes y no necesariamente delincuentes. No advierten que un intento por controlar violentamente los asesinatos que conmueven a la sociedad, podría culminar en mayores muertes de inocentes. Después de tres décadas de democracia, la Argentina no ha logrado contar con cuerpos policiales honestos y eficaces en los cuales confiar. Entregar a los agentes policiales la posibilidad del juicio sumario en las calles, implicaría más dolor que el que se intenta erradicar a los tiros. El gobierno se encuentra apestillado por las circunstancias que le exigen "dar una respuesta a las urnas". Según una medición oficial, los medios destinan un 30% de sus espacios a difundir hechos delictivos que agregan una sensación de inseguridad mayor que la inseguridad real. No existen en cambio mediciones sobre el espacio que se destina a señalar el flagelo inflacionario, pero está claro que no pasa un día sin que se bata el parche. De todos modos, si los medios fueran más piadosos o aun cómplices con el gobierno, estarían los hechos delictivos reales y las góndolas para recordar los dos flagelos. Estarían las remarcaciones que los empresarios realizan sin cansancio en los productos de primera necesidad y los asesinatos o asaltos, para recordárselo a la sociedad.No es sólo Clarín, sino la realidad de las góndolas y los delincuentes nacidos con la exclusión social. El gobierno, víctima y no victimario, no puede admitir que no tiene un remedio mágico para frenar la inflación y la inseguridad, porque eso implicaría un mayor castigo en las urnas y mayor desasosiego. Intenta aplacar el alza con un control de precios que puede atenuar el problema, pero no arroja los resultados esperados. Ni Juan Domingo Perón, con toda su autoridad pólitica, pudo ganarle al alza de precios con controles. Lo más que se ha atrevido a explicar la presidenta Cristina Fernández, es que este gobierno "no tiene metas antinflacionarias", sino de crecimiento. Dicho de otro modo, para los economistas que acompañan la política oficial, el precio de la industrialización y el desarrollo no es otro que la inflación. En cambio, quienes se inclinan decididamente por la estabilidad, dejan en un segundo plano el desarrollo y la mejor distribución del ingreso. Se bancan la recesión con tal de obtener la paz de los cementerios. Tienen para ello el remedio del garrote. No hay más alternativas: o se vota por el crecimiento con alza de precios o por una estabilidad sin desarrollo, más pobreza y más marginalidad. Todo lo demás es cháchara electoral. Infonews