Cuentas pendientes (Los cómplices económicos de la dictadura), de Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, es un texto que llega a las librerías a partir de septiembre.

Cuentas pendientes Adelanto El libro esta elaborado junto a un equipo, Eduardo Basualdo, Jorge Taiana, Mario Rapoport, Alfredo Zaiat, Héctor Recalde, Damián Loreti y Alfredo F. Calcagno, entre otros. Verbitsky desenmascara a personas, empresas e instituciones que se beneficiaron con el terrorismo de Estado. Hasta hoy la justicia argentina tuvo el mérito de investigar los delitos de sangre cometidos durante la última dictadura, pero dejó fuera del radar a los actores económicos que interesadamente la promovieron y/o facilitaron, es decir, a las personas, instituciones y empresas que suministraron bienes y servicios al gobierno o que obtuvieron beneficios a cambio de apoyar la ejecución del plan criminal. Muchas de ellas son en la actualidad actores civiles y económicos de peso, integrados al juego democrático, y sus vínculos con la dictadura son en gran medida desconocidos. Coautores, socios, instigadores, conspiradores, ejecutores, cómplices, beneficiarios son algunos de los posibles formatos de estos vínculos, que deben ser esclarecidos. En lo que constituye una investigación pionera que logra reunir información sustancial pero dispersa hasta ahora, Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, junto con un equipo de prestigiosos autores, sacan a la luz los casos de complicidad civil y económica con la dictadura. Esos casos involucran empresas como Ledesma, Ford, Acindar, Techint o Mercedes Benz, cuyos directivos están acusados o sospechados de entregar trabajadores que luego fueron desaparecidos, así como organismos creados para extorsionar empresarios poco afines y expropiar sus bienes, como sucedió con Papel Prensa y con los hermanos Iaccarino. La trama se completa con corporaciones patronales agropecuarias o industriales, como la Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas; el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; los grandes prestamistas internacionales, como el Citybank y el Lloyd’s Bank, que colaboraron con el descomunal endeudamiento del país en ese período; los think tanks como FIEL o CEMA, que aportaron hombres e ideas a la dictadura; sectores de la cúpula sindical; operaciones mediáticas de diarios como La Nueva Provincia, Clarín o La Nación, o la impactante actitud de la cúpula de la Iglesia católica, que, mientras bendecía la represión, aprovechaba los cuantiosos beneficios que recibía de los militares. Al ofrecer la primera investigación sólida y sistemática sobre un tema que ha comenzado a instalarse en la agenda del derecho local e internacional, este libro abrirá sin duda una nueva etapa, además de contribuir a una narrativa más completa de los años del llamado “Proceso”. Clic para adquirir el libro en Librería Santa Fe Adelanto del libro Introducción "En 2013 se cumplen treinta años consecutivos sin golpes de Estado que interrumpan el proceso institucional democrático. Esto no había ocurrido nunca antes en dos siglos de existencia republicana. Por eso, más que la recuperación de la democracia, como era la fórmula preferida en 1983, se conmemora hoy su experiencia fundacional. El reclamo de memoria, verdad y justicia fue uno de los hilos conductores de ese proceso, que sufrió avances y retrocesos hasta que, en 2001, la justicia declaró nulas las leyes y decretos de impunidad y se reabrieron los procesos interrumpidos luego de los alzamientos castrenses de 1987 a 1990. A marzo de 2013, en los juicios realizados en todo el país, se pronunciaron 404 condenas y 45 absoluciones, proporción demostrativa de su carácter de verdaderos actos de justicia, en los que nadie ha sido condenado sin pruebas. En todos los casos se trató de los autores directos o de escritorio de los crímenes de lesa humanidad cometidos en las décadas de 1970 y 1980. Entre ellos, fueron condenados militares, policías, agentes de otras fuerzas de seguridad, un ministro civil del Estado terrorista y un sacerdote católico.Si bien desde el comienzo de la democracia ya habían sido objeto de atención y de estudio las causas económicas estructurales de la dictadura, la represión de los trabajadores y las consecuencias de las políticas económicas implementadas durante ese período, recién en los últimos años se ha comenzado a focalizar también en el rol y en la eventual responsabilidad (ya sea política, penal o civil) de aquellas personas, instituciones y empresas que suministraron bienes y/o servicios a la dictadura u obtuvieron de ella beneficios mientras le brindaban apoyo político, consolidando el régimen y facilitando la ejecución del plan criminal. La denominación “dictadura militar” va cayendo en desuso, a favor de otras más complejas y aproximadas a la realidad de lo que fue un bloque cívico, militar, empresarial y eclesiástico. Empresarios que son procesados penalmente por contribuir a desaparecer a sus operarios, víctimas que demandan a los bancos que financiaron a la dictadura, reclamos económicos en el fuero laboral por detenciones en el lugar de trabajo que se convierten en desapariciones y son declarados imprescriptibles, sentencias que instruyen investigar la complicidad editorial de diarios, pedidos efectivos de procesamiento contra empresarios de medios por haber implementado campañas de manipulación de la información en connivencia con los planes represivos, procesamientos por extorsión de empresarios y usurpación de bienes, la investigación estatal sobre el caso “Papel Prensa”, la creación de una unidad especial de investigación de los delitos de lesa humanidad con motivación económica en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos y de una oficina de coordinación de políticas de derechos humanos, memoria, verdad y justicia dentro de la Comisión Nacional de Valores10 son algunas muestras de esta nueva tendencia. ¿Qué cambió en la Argentina que explique este reciente y asombroso crecimiento del interés y del esfuerzo por responsabilizar a los cómplices económicos? La respuesta contiene factores tanto globales como domésticos. En el plano internacional, la jurisprudencia del Tribunal Militar de Núremberg fue clara en cuanto a la responsabilidad de los empresarios que habían facilitado bienes y servicios a la maquinaria estatal nazi: Aquellos que ejecutan el plan no evaden su responsabilidad demostrando que actuaron bajo la dirección de la persona que lo concibió […]. Esa persona debió tener la cooperación de políticos, líderes militares, diplomáticos y hombres de negocios. Cuando, con conocimiento de los propósitos de aquella persona, le prestaron cooperación, ellos mismos formaron parte del plan que esta había iniciado. Ellos no pueden ser considerados inocentes […] si sabían lo que estaban haciendo. Sin embargo, luego de los juicios de la inmediata posguerra las cuestiones asociadas a la responsabilidad de los sujetos no estatales por violaciones de los derechos humanos ingresaron en un cono de silencio en el derecho internacional. El motivo de ello fue el paradigma dominante acerca de que la bestia de los derechos humanos estaba en el mismo Estado, no fuera de él. También incidió el comienzo de la Guerra Fría, con su invitación a olvidar las responsabilidades de sectores de peso en las nuevas alianzas. La finalización de la Guerra Fría y el ingreso en lo que se conoce como proceso de globalización, al compás del crecimiento de las empresas transnacionales, pusieron en evidencia el poder y la capacidad inmensa de daño a los derechos humanos. Esto explica, en gran medida, por qué en los últimos diez años la comunidad internacional ha avanzado en acuerdos graduales sobre la aplicación de los estándares de los derechos humanos a las empresas. La aprobación en 2011 por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Informe Ruggie) fue la cristalización formal de ese proceso. Asimismo, las comisiones de la Verdad más modernas han comenzado a considerar tanto los problemas económicos que subyacen a los conflictos armados y regímenes autoritarios como el comportamiento asumido por los empresarios durante esos períodos. Es el caso de las comisiones de Kenia, Liberia, Sierra Leona, Sudáfrica y Timor Oriental. Esa tendencia del derecho internacional se vio exacerbada por los cientos de demandas judiciales entabladas en decenas de países tendientes a responsabilizar a las empresas por su participación o facilitación en la violación de los derechos humanos. La jurisprudencia de los Estados Unidos, aplicando el llamado Alien Tort Claims Act,14 ha desempeñado un papel de referencia en esta materia, pues ha condenado a empresas por violar derechos humanos en el extranjero. La academia también se ha hecho cargo de su parte, de modo que empresas y derechos humanos pasó a constituir uno de los grandes temas de debate contemporáneo del derecho internacional".