Los amicus de mis amicus: el caso ADEPA

Uno de los “amigos” que Clarín acercó a la Corte en la audiencia pública por la LSCA fue ADEPA. Su vinculación con los miembros de la familia Massot, de La Nueva Provincia, acusados de participar en el plan criminal de la última dictadura. Por Diego Kenis I La Corte Suprema de Justicia escuchó este miércoles 28 a los amigos que al Tribunal acercaron las partes del Estado nacional, cuyos poderes legislativo y ejecutivo están favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y el Grupo Clarín, que desde hace casi cuatro años impide su aplicación en base a medidas cautelares concedidas por el tercero de los poderes estatales. Uno de los amigos que llevó el monopolio, cuyo emblema en papel cumplió años el mismo día de la audiencia pública, fue la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). El año pasado, la Asociación celebró su primer medio siglo de existencia. Surgió entre el invierno y el verano del mismo 1962 que vio caer a Arturo Frondizi y enfrentarse a los tiros a azules y colorados, de la mano de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP): en su Asamblea de ese año, realizada en Chile, los editores argentinos estrecharon lazos y determinaron la creación de la entidad que los congregó. Una de las fundadoras de ADEPA fue la directora del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Diana Julio de Massot. Hace casi cuatro meses, los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani concluyeron su investigación y formalizaron sus acusaciones contra Julio, sus hijos Vicente y Federico Massot y su ex secretario de redacción Mario Gabrielli por participar en la ejecución del plan criminal de la última dictadura desde sus roles directivos en el principal diario de la región del sudoeste bonaerense, donde sus dueños también controlan la radio LU2 y supieron contar entre sus propiedades al Canal 9 de televisión abierta. El diario primero reclamó abiertamente el golpe, que finalmente se produjo en marzo de 1976, y la consecuente profundización de la represión. Más tarde, colaboró con el engranaje de terror a través de operaciones psicológicas que desde sus páginas contribuían a la estigmatización del sector de la población que resultó víctima del genocidio. Y, hasta nuestros días, se ha dedicado a justificar lo actuado, caracterizándolo como una guerra de la que no deberían pedirse cuentas. Durante la primera mitad de la dictadura, Julio era miembro de la Junta Directiva de ADEPA, que integró desde su fundación y hasta 1980. Nueve años más tarde, Héctor Magnetto festejó en el programa “Tiempo Nuevo” de Bernardo Neustadt la eliminación de la prohibición legal de contar al mismo tiempo con un diario y una licencia de televisión, lo que le permitió desembarcar en el privatizado Canal 13 como parte de un presente inaugural de amistad del recién asumido Carlos Menem. A su lado se encontraba Alejandro Massot, quien también había sido favorecido y se aprestaba a tomar el control de Televisión Federal (Telefé). Cuatro años más tarde, su hermano Vicente sería fugaz funcionario del gobierno del presidente riojano: debió renunciar a su cargo de viceministro de Defensa luego de hablar a favor de la tortura. El tercero de los hermanos Massot Julio, Federico, falleció en 1990 y actualmente da nombre a la Comisión de Premios de ADEPA, que preside el representante de La Nueva Provincia ante la entidad, Carlos Rago, quien a su vez forma parte de su Junta de Directores. Junto a su hermano Vicente y su madre Diana Julio, Federico Massot formó parte del cuerpo directivo del diario al que Tribunal Oral Federal que dictó sentencia en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca ordenó investigar por su “posible participación en delitos de acción pública”. Los fiscales Nebbia y Palazzani se abocaron a cumplir lo ordenado, investigaron y acusaron. Federico Massot, en nombre de quien ADEPA otorga hoy sus premios, trataba de “cagones” a los militares genocidas porque se negaban a blanquear los asesinatos que cometían, lo que –les advertía- “traerá problemas futuros”. Como solitario superviviente del grupo de acusados que integra junto a su madre y uno de sus hermanos, Vicente Massot es al menos de momento el único de los acusados de la causa a que puede caberle la persecución penal. La decisión está actualmente en manos de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Para los ya fallecidos cabe esperar la determinación de su responsabilidad histórica, que los recuerde de un modo más correcto que aquel que eligen para los homenajes sus amicus: cuando Julio murió, en 2009, un orador la despidió realzando su “carácter enérgico” y sus “convicciones profundas”, que expresaba “con claridad y vigor inusuales” para despertar “la admiración de los cófrades en las ideas”. Era José Claudio Escribano, cuñado del Supremo Carlos Fayt y por entonces subdirector de La Nación, que habló en representación de ADEPA.