Los temores de la derecha ¿Por qué conspiran contra la Ley de Medios?

El entramado corporativo pasó de las cautelares a las vacilaciones de un tribunal resistente a la democracia real. Por Víctor Ego Ducrot Porque es hija de una militancia profunda, de formas no arquetípicas de hacer política; "del compromiso de los cuerpos con una democracia con volumen y espesor de nuevo tipo, del diálogo entre multitudes, en las calles y con quienes tienen la responsabilidad de gobernar y de legislar, con quienes en esa relación es más lo que oyen que lo que enuncian", como coinciden en señalar quienes fueron los principales hacedores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, norma de distribución de cultura, de bienes simbólicos de producción social, con tanta densidad inclusiva, equitativa y pluralista que aunó los apoyos de multitudes que se expresan en las plazas y de instituciones con los más diversos atributos, como lo son, entre otras, la Iglesia Católica y la ONU. Y escribía recién, "como coinciden en señalar su principales hacedores"; ellos son entonces Gabriel Mariotto, el conductor político de la trama de gestión y militancia que desembocó en su sanción por parte del Congreso Nacional y promulgación por el Ejecutivo; Damián Loretti, el mismo que tuvo a su cargo la sistematización filosófica del proyecto, heredero este de años de compromiso por una comunicación democrática por parte de innumerable actores, y Graciana Peñafort, de alguna forma la mirada fina desde lo jurídico, que posibilitó ese verdadero mecanismo de relojería en lo legal y administrativo que el Grupo Clarín aun intenta desmontar para mantener sus privilegios monopólicos, con cuatro años de complicidad por parte de la corporación judicial y con las prácticas de terrorismo mediático que sólo puede poner en acción un grupo como el orquestado por Héctor Magnetto, entre las tinieblas de los crímenes de lesa humanidad. A ese tridente que el otro día en Plaza Lavalle un militante de la comunicación comunitaria calificaba de "mariottismo al palo, al que tanto le debemos sobre todo las más jóvenes generaciones, las que tenemos hoy un país por el que pelear, todos de alguna manera 'hijos' de Néstor Kirchner y de Cristina"; a ese tridente se le sumaron otros actores fundamentales, tanto para la elaboración teórica de la Ley como para su militancia durante meses en cientos de Foros, recogiendo experiencias e iniciativas que finalmente fueron volcadas al texto de la misma: ellos son Analía Elíades y Miguel Julio Rodríguez Villafañe. Tres hechos en distintos ámbitos y de distintas dimensiones, registrados cada uno de ellos a escasas horas de diferencia, pueden darnos pistas acerca de cómo aquella experiencia por la democracia de la palabra sigue atemorizando a los poderes corporativos, y, en definitiva, sobre qué se debate en esta Argentina de nuestros días: la Corte Suprema de Justicia es interpelada por multitudes para que cumpla con la Constitución y no sea sirvienta de Magnetto; un senador provincial de poca monta (Jorge D’Onofrio) es usado por un ex "servicio" y en la nómina de los responsables políticos por los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán (Juan José Álvarez) , para que, en ancas de una elección de medio término que aun no tuvo lugar, un intendente asociado a las mafias del llamado "corredor de Norte" (Sergio Massa) apunte contra las instituciones y la gobernabilidad de la provincia de Buenos Aires, la de mayor volumen económico y político del país; y un tribunal penal se lleva puestos a testigos y pruebas, con jueces que se duermen en la sala y asesoran a voces de "la Bonaerense", para exculpar en forma escandalosa a siete efectivos de ese cuerpo que es más "para" que policial por el crimen de un joven cuyo cuerpo apareció en un zanjón (¿y van cuántos?, y al mejor estilo del siniestro terrorismo de Estado). El primer caso es la resultante de un modus operandi del entramado corporativo, que pasó de las cautelares a las vacilaciones de un tribunal mayor resistente a la democracia real: no quiere que los magistrados paguen impuestos, se niega a que el principio de soberanía popular sea válido también para la justicia y esta semana llegó a equiparar a un empresa de diarios y TV con el Estado nacional, por supuesto dejando fuera del recinto al conjunto de la sociedad civil. El segundo desnuda el que hasta ahora parecería ser el paso táctico mejor logrado de la derecha variopinta, asesorada por cierto desde los mismos rincones que en otras épocas no lejanas asesoraron a golpistas y terroristas de Estado (las silenciosas oficinas de "la Embajada"): poner por fuera a un cacique menor (Sergio Massa) y por dentro a algunos dirigentes de primera línea cuyos sarampiones kirchneristas no convencen a nadie; y disparar no sólo contra la gobernabilidad de la provincia de Buenos Aires sino, y muy especialmente, sobre una experiencia de política legislativa inédita en el país, como lo es la protagonizada desde el Senado bonaerense, a partir de Foros Sociales para darle la palabra a los vecinos de distintas localidades acerca de los temas centrales en la agenda púbica, como seguridad, por ejemplo; de proyectos de leyes para democratizar el Consejo de la Magistratura y la justicia misma y sus procedimientos, y para transparentar y hacerles ganar en eficacia a los instituciones policiales; como así también el permanente caminar del territorio por parte de senadores y el propio titular de la Cámara –el mismo Gabriel Mariotto cuyo ejemplo al frente de la creación de la Ley de Medios fue agradecido el miércoles ante una multitud por el actual titular de la AFSCA, Martín Sabbatella -, en diálogo con instituciones de las más diversas incumbencias. El tercero da cuenta, una vez más, (¿y van cuántas?) de cómo la trama de complicidades entre elementos policiales, del Poder Judicial y del tablero político, la misma que Mariotto viene denunciando desde su primer día de gestión como vicegobernador, encierra la explicación última de los problemas de seguridad, que se solucionan desarticulando esa circuito perverso y no con cámaras televigilantes, tan fuertemente auspiciadas por el crimen organizado y los intendentes, fiscales, jueces y agentes a su servicio; de una trama que en definitiva sólo le sirve a la derecha política y económica, la única beneficiada por el accionar delincuencial de la compleja red que intento referir, espero que con cierto éxito en término de síntesis. Y si de síntesis se trata, pues entonces por qué no ensayar la siguiente: los atentados contra le Ley de Medios, las conspiraciones sobre los mismos bordes de la gobernabilidad, y el mantenimiento de las tramas más siniestras, como lo es la de policías, políticos, jueces, fiscales y medios dominantes de comunicación – con prácticas tan bien desarticuladas conceptualmente por un juez de la propia Corte Suprema (Raúl Eugenio Zaffaroni)–, son todos esos los factores de una misma ecuación, aquella por la que apuesta el poder corporativo concentrado, para destruir los instrumentos que crean y distribuyen cultura democrática, destruir al orden constitucional mismo si les hace falta; y sobre todo, y porque les temen, para combatir a los militantes y dirigentes más comprometidos con los haceres republicanos, que tanto aprendieron en términos de producción social de políticas cuando atravesaron las luchas en búsqueda de la tan temida Ley (temores de la derecha), la de Servicios de Comunicación Audiovisual. 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