Convocan a marchar frente a Tribunales por la Ley de Medios La Coalición por una Comunicación Democrática pidió defender la normativa atacada por Clarín el 28 de agosto a partir de las 10.

Por: Gustavo Montiel La Coalición por Una Comunicación Democrática anunció oficialmente una convocatoria abierta al Palacio de Tribunales para el 28 de agosto próximo a las 10, día en que se concretará el llamado a audiencia pública de la Corte Suprema de Justicia para profundizar el análisis de la Ley 26.522, paso previo al fallo de fondo que determinará o no la constitucionalidad de los artículos de la norma suspendidos a raíz de la Causa Clarín. "En defensa de la ley que el pueblo escribió" es el lema de esta convocatoria, que volverá a unir a organizaciones sociales, sindicales, de Derechos Humanos, de pueblos originarios, entre muchas otras, que desde 2004 conformaron la coalición y alcanzaron uno de sus puntos más altos con una multitudinaria marcha en abril de 2010, ocasión en que solicitaron a la Corte Suprema que se expida en la Causa Clarín "devolviendo al pueblo argentino, el derecho humano de la comunicación". "La Corte Suprema de Justicia debe estar a la altura que la democracia exige, y declarar la constitucionalidad de la Ley (…) en su totalidad, incluyendo por supuesto el 'fondo de la cuestión' que se tramita en Tribunales, que no es otra cosa que la desmonopolización mediática", remarcó la CCD en un comunicado. En diálogo con Tiempo Argentino, Néstor Piccone integrante de la Mesa de Coordinación de la CCD enfatizó: "Para nosotros, esta convocatoria es la continuidad de una pelea que, como Coalición, iniciamos en el año 2004, cuando en agosto lanzamos los 21 Puntos Básicos por Una Nueva Ley de Radiodifusión. Igual, la historia ya había empezado cuando se privatizaron los canales (de televisión abierta) en los '90'", recordó. En ese marco nació la COSIMETCOS, organización multigremial que daría origen, años después, a la Coalición. "Los ejes de los 21 Puntos Básicos fueron dos: uno, la multiplicidad de voces, y el otro, desmonopolizar", subrayó. Después de nueve años de lucha, Piccone analizó crudamente las etapas judiciales por venir, el rol de la Corte y el costo político de una eventual inconstitucionalidad. "Obviamente, ahora las condiciones las pone (el presidente de la Corte Suprema Ricardo) Lorenzetti. Nosotros hicimos movilizaciones a Plaza de Mayo, al Congreso, en 2010 una marcha a Tribunales para que nos devolvieran la Ley (…) Ahora la Corte define la constitucionalidad de cuatro artículos, que son los que hablan de la desmonopolización. Pero esto tampoco nos tiene que llevar a sentir una derrota, así la Corte Suprema falle en contra. Porque tenemos 162 artículos que hablan de multiplicidad de voces, que aplicándolos también avanzaremos. Obviamente, también vamos por la desmonopolización, por eso convocamos a la marcha", explicó Piccone. Para el dirigente de la Coalición, "no era necesario que la Corte convocara a una audiencia pública". Pero sobre los hechos consumados, diferenció: "Si había alguna duda, debería ser una audiencia pública en serio como las que nosotros logramos en las cámaras de senadores y diputados, donde todo el mundo se podía presentar". Piccone advirtió cuál es el desafío que asume el máximo tribunal. "Acá hay que tomar una decisión, y Lorenzetti va a tener que pagar el costo político de decir 'se puede desmonopolizar en la Argentina, o no se puede desmonopolizar'. Si no permite desmonopolizar, se va a quedar para toda la vida con un atraso a nivel mundial tan grande, como si no se hubiera aprobado el matrimonio igualitario. No desmonopolizar es volver atrás", concluyó. « fijan requisitos para la audiencia pública ante la corte Al menos medio centenar de personas protagonizará el próximo 28 de agosto la audiencia pública convocada por la Corte Suprema para comenzar a decidir sobre la validez constitucional completa de la Ley de Medios Audiovisuales. Así se desprende de la disposición firmada ayer por el secretario de la Corte Suprema Cristian Abritta, especificando las condiciones en que se desarrollará el encuentro, en la Sala de Audiencias del máximo tribunal, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. La Corte autorizó la presencia de un máximo de diez asistentes por cada una de las partes (el Estado nacional y el Grupo Clarín), de los cuales habrá sólo un orador por cada uno. La identidad de cada concurrente deberá ser informada al tribunal hasta el 27 de agosto, y además deberán acompañar un "resumen escrito" en "soporte magnético". En cuanto a los "amicus curiae", los terceros convocados para aportar puntos de vista que "coadyuven en la defensa de sus derechos", cada uno podrá presentar "hasta un máximo de tres asistentes por cada presentación". En todos los casos, el número máximo de personas incluye a los abogados y al expositor de la postura de cada uno. La Corte celebrará dos reuniones preparatorias, ambas el 23 de agosto. A las 10, "con quienes alegarán ante el tribunal, o sus letrados respectivos, a fin de evacuar todas las consultas que se formulen con respecto a la audiencia". Una hora más tarde, hará lo propio con los "amicus". El tribunal también estableció quiénes serán los peritos que deberán estar presentes en la audiencia "provistos de todos los elementos necesarios que les permitan responder fundadamente a las aclaraciones que, de considerarlo, les requieran" los jueces que estarán presentes. Los peritos serán Débora Liliana Romero, Néstor Rubén Alessandría y Rodolfo Pedro Giunta, quienes ya intervinieron en distintas etapas del largo trámite judicial por la Ley de Medios. Sólo con esos participantes, más los jueces, la cuenta supera el número de 60 asistentes. Diez por cada parte, más 15 por cada grupo de cinco amicus, más los tres peritos, más los siete jueces de la Corte y los secretarios del tribunal. Con todo, no serán ellos los principales destinatarios de la audiencia. El carácter de "público" de la audiencia fue decidido "ante la trascendencia de las cuestiones planteadas en estas actuaciones para ser decididas por esta Corte". Los jueces consideraron "apropiado habilitar los instrumentos especialmente previstos para permitir la participación ciudadana en el debate constitucional y, a la par, favorecer 'la difusión pública del modo en que el Tribunal conoce en los asuntos de esta relevancia". Aún no está claro de qué manera será habilitada la presencia del público en esa instancia decisiva para el futuro de la ley.