Por Julián Bruschtein
“A mí no me van a extorsionar, no me van intimidar, no les tengo miedo, que digan lo que quieran, que los jueces me citen, no me van a hacer mover un centímetro de lo que siempre he pensado”, aseguró ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de anunciar la “disolución de la ex SIDE” y la creación de una “Agencia Federal de Inteligencia”. Fue en respuesta a las internas de los organismos de Inteligencia que derivaron en la acusación en su contra por supuesto encubrimiento a los iraníes acusados por la casa AMIA, y la posterior aparición del fiscal de la causa, Alberto Nisman, muerto en el baño de su casa. CFK convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para el 1º de febrero para que el proyecto de modificación de la ley Nacional de Inteligencia sea tratado lo antes posible.
“Era una deuda que tenía la democracia, de todos los que hemos estado gobernando desde 1983”, comenzó la Presidenta al explicar el envío de las modificaciones del organismo de Inteligencia al Congreso. En un discurso grabado en la residencia de Olivos, la presidenta habló en cadena nacional por primera vez después de la fractura en su tobillo izquierdo (estaba en silla de ruedas) para anunciar la decisión de “reformular” la Ley Nacional de Inteligencia, sancionada en 1994. Fernández de Kirchner destacó que se creará “la Agencia Federal de Inteligencia, que tendrá un director y un subdirector” a cargo, pero que su nombramiento deberá pasar obligatoriamente “con acuerdo del Senado y que se mantiene en el ámbito del Poder Ejecutivo”.
La “reforma del sistema de Inteligencia”, era necesaria porque “la ex SIDE evidentemente no ha servido a los intereses nacionales”, destacó y resaltó que “hemos visto una suerte de calesita permanente de fiscales, jueces y medios de comunicación que evidentemente ha quedado al descubierto y que hay que cortar de cuajo”.
Fernández de Kirchner habló en su discurso de las políticas del kirchnerismo para combatir la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado y de los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA. Y afirmó que a partir de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán comenzaron a arreciar las denuncias “de lo más insólitas” contra ella. “A partir del año 2013 comenzamos a observar que desde ciertos organismos, más concretamente de la ex SIDE, comenzaron a bombardear este acuerdo”, denunció Fernández de Kirchner. El corolario de cadena de denuncias fue la presentación pública de Nisman apuntando a un supuesto plan del Gobierno para encubrir a los acusados iraníes. “Alguien pretendió con una denuncia sin fundamento decir que queríamos desviar la investigación y proteger a los iraníes”, señaló y agregó: “Queremos saber y para saber se necesita investigación y cooperación judicial que le reclamamos a Irán, pero la Justicia argentina considera inconstitucional el memorándum de entendimiento”.
“Porque no subestimamos la inteligencia de los argentinos es que hemos decidido la disolución de la Secretaría de Inteligencia”, anunció CFK. Fue allí cuando sostuvo que a ella no la iban “a intimidar, no les tengo miedo, que hagan las denuncias que quieran, porque no se puede manejar a la Argentina de esa manera”, y apuntó a que “el Poder Judicial en el caso del fiscal Nisman tiene un gran desafío” tal como ocurrió en el caso por el asesinato de Mariano Ferreyra”.
“Se comenzó a trabajar sobre un proyecto de reforma para hacer todo transparente”, explicó Fernández de Kirchner poniendo énfasis en que los organismos de Inteligencia volvieran a estar al servicio “de los intereses nacionales”. “El nuevo sistema de Inteligencia, que va a ser remitido antes de mi viaje a China, el fin de semana, con un decreto convocando a sesiones extraordinarias a partir del 1º de febrero”, continuó y destacó que con las modificaciones “se cambian y se establecen paradigmas totalmente diferentes”, en el que la AFI estará dentro de “un marco jurídico en que desarrollará sus actividades de acuerdo a la Constitución nacional y a los tratados internacionales”, dando a entender que así como estaba la SI había perdido el rumbo.
Inteligencia Nacional
El proyecto de ley “transfiere la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal que depende del Ministerio de Seguridad” al nuevo organismo.
La iniciativa establece que el trabajo de la Inteligencia nacional consiste en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación y sus habitantes. Y tipifica, específicamente, en qué consiste cada hecho para la prevención de amenazas internacionales provenientes del terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, los ciberdelitos y los delitos contra el orden económico y financiero, como así también toda otra forma de criminalidad organizada en forma internacional. Además, se dispone que las actividades de Inteligencia interna quedaran fijas a delitos federales graves. Se establece, también, que la Agencia será el órgano superior de estas tareas.
¡Ojota! Escuchas legales
Uno de los puntos importantes de la organización interna de la AFI será las escuchas telefónicas. El proyecto transfiere “a la Procuración nacional de lo que es el sistema de observaciones judiciales, conocido con el nombre de Ojota, que es el sistema de escuchas que ordenan jueces y que hoy están en el ámbito del Ejecutivo”. Las escuchas, así, pasan a ser controlados y administrados por “el Ministerio Público Fiscal que es el único ministerio extrapoder”.
Límites
“Se crea una limitante, que establece que toda actuación entre la agencia y funcionarios de cualquiera de los poderes públicos vinculados a las actividades de la presente ley, sólo podrán hacerlo con el director y subdirector” de la agencia. Se restringe así la manipulación de la información y “se establecen penalidades para quienes no cumplan con las disposiciones vigentes” a la vez que también “serán reprimidos funcionarios y empleados que tomen contacto con los servicios por fuera de los canales institucionales”.
Protección de datos
Se crean los bancos de protección de datos y archivos de Inteligencia que tendrán como objetivos controlar el ingreso y salida de información en las bases de datos y archivos de Inteligencia garantizando de manera prioritaria su reserva constitucional y legal; asegurar que aquellos datos de Inteligencia que, una vez almacenados, no sirvan para los fines establecidos sean destruidos y garantizar que la información no sea almacenada en las bases de datos de inteligencia por razones de raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, de derechos humanos, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier otra esfera.
Penas
Se establecen penalidades para quienes no cumplan con las disposiciones vigentes, llevándose de 3 a 10 años, o sea, a un delito no excarcelable, a toda persona que interceptare, captare, desviare ilegalmente y en contra de disposiciones de esta ley, comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o de cualquier otro envío de objeto de transmisión de imágenes, voces, paquetes de datos, archivos. Y también, serán reprimidos todos aquellos empleados o funcionarios que tomen –y aquí se crea un nuevo delito– contacto con los Servicios de Inteligencia por afuera de los canales institucionales.
La ley que entrará al Congreso por el Senado tiene por finalidad establecer el marco jurídico en el que desarrollen las actividades los organismos de Inteligencia conforme a la Constitución nacional, los tratados de derechos humanos suscriptos y los que se suscriban con posterioridad a la sanción de la ley y a toda otra norma que establezca derechos y garantías.
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