Por Nicolás Lantos
El fiscal Alberto Nisman tenía una relación particular con sus custodios, que afectaba directamente la capacidad de ese equipo de protegerlo ante una eventual amenaza. Eso se desprende de la declaración ante Asuntos Internos del comisario Eduardo Andrés Soto, jefe de la división seguridad y custodias de la Policía Federal, en la investigación administrativa en curso por las fallas evidenciadas por los policías encargados de velar por la vida del fiscal. Más allá de ese caso en particular, la relación entre protegidos y protectores suele ser laxa en muchos casos y no es raro que los policías actúen como una suerte de mandaderos de quienes deben proteger, aun descuidando sus tareas prioritarias. Pero en el caso de Nisman esta desviación iba aún más allá, según la declaración de Soto.
El fiscal decidía quiénes formaban parte de su custodia, los horarios que cumplían y las labores que debían realizar. Además, les tenía prohibido a los agentes reportar sus movimientos ante sus superiores y él nunca les adelantaba su agenda del día, como es habitual en esos casos, informó el comisario. Por no cumplir con sus tareas, al día de hoy tres de los agentes que formaban parte de su seguridad fueron pasados a disponibilidad, entre ellos el hombre de su mayor confianza, Rubén Benítez, que trabajaba con él desde hacía una década y media. En las próximas horas podría haber más sanciones, entre miembros de la custodia o más arriba en la cadena de mandos.
“Con relación a Nisman, los servicios no seguían los lineamientos generales del resto de los servicios pues el propio fiscal era quien disponía los movimientos y los horarios en los que el personal policial debía presentarse en su domicilio y en las oficinas de la Fiscalía”, dijo Soto, jefe de la división que se encarga de brindar custodia a fiscales y defensores de la Procuración General de la Nación, en su testimonio luego de la muerte del fiscal. Allí también informó que “por expresa disposición de Nisman el personal policial no debía comunicarle a la gente de la división cuáles eran los movimientos que desarrollaba en cada jornada” para “mantener en reserva su vida privada”.
Del testimonio de Soto también se desprende que, a diferencia de otros fiscales protegidos, Nisman no adelantaba su agenda del día a las fuerzas de seguridad. Además, alrededor de las diez u once de la noche, los dejaba ir y se quedaba solo, por lo que en horas de la madrugada podía tomar su auto e ir a algún lado, sin protección, cosa que según los investigadores policiales hacía con frecuencia. Además, el comisario informó que en los últimos años no hubo ningún reporte de denuncias sobre amenazas contra el fiscal. La última, reportada por él mismo en 2008, hacía referencia a supuestas intimidaciones de origen iraní. Incluso, el viaje a Europa que realizó con su hija en las semanas previas a su muerte, lo hizo sin custodia, lo que para las autoridades policiales indica que, al menos hasta ese momento, no temía por su seguridad.
Una relación particular
Según relataron testigos del ambiente de la fiscalía, el vínculo de Nisman con sus custodios era “bastante despótico”. El fiscal les permitía el ingreso a las oficinas de la Fiscalía y a su propio despacho, pero nunca a su departamento particular en la torre Le Parc, donde fue hallado sin vida. Los policías tampoco tenían permiso para llamarlo a sus teléfonos: siempre era él quien los contactaba cuando consideraba necesario. En eso se escudan para justificar que el domingo 18 tardaron tantas horas en advertir que algo andaba mal, y que recién ingresaron a su domicilio luego de que lo hiciera su madre. Este comportamiento, contrario a los procedimientos policiales, les costó a dos de ellos, Armando Niz y Luis Miño, el pase a disponibilidad.
El caso de Benítez es más particular: su relación con Nisman se remonta a 1999, cuando se incorporó como chofer custodio al servicio del fiscal. Cinco años más tarde, al quedar al frente de la Unidad Especial AMIA, pidió su traslado para que el policía siguiera trabajando con él. El día antes de morir, Benítez ingresó por primera vez en una década y media en el domicilio de su custodiado. Según declaró, fue porque Nisman le pidió consejo para comprar un arma. El policía no informó sobre el hecho a sus superiores, motivo por el cual fue sancionado el miércoles. Además de Benítez, Niz y Miño, a otros nueve uniformados se les inició sumario administrativo: son los otros siete miembros de la custodia y los dos superiores inmediatos. Se encuentran en disponibilidad preventiva y podría haber novedades sobre su status en las próximas horas.
Según describió Soto en su testimonio, Nisman se jactaba de saber cómo conducirse con los agentes designados a su seguridad por su experiencia con autoridades nacionales e internacionales conocedoras del tema. También se opuso a cualquier incorporación, baja o cambio en el equipo que tenía asignado. Sin embargo el grupo que lo había acompañado durante por lo menos una década fue el mismo que falló a la hora de evitar su muerte o dar una alarma temprana ante la noticia.
Nada excepcional
Sin embargo, este tipo de comportamiento por parte de los custodios no es exclusivo de Nisman. “No es un caso único. Los custodios están al servicio de las personas que deben proteger y en algunos casos tienen una devoción reverencial por ellas y les rinden obediencia absoluta”, explican a Página/12 fuentes policiales con experiencia en el área. Así, aunque “deberían permanecer constantemente” junto a la persona custodiada, y rendir cuentas de ello a sus superiores policiales, “terminan volviéndose una mezcla de valet, mandadero y gestor de trámites” a las órdenes de quien debían proteger.
Esta “desviación profesional” de los agentes designados para resguardar la seguridad de funcionarios está cimentada por las costumbres pero también por la conveniencia de los custodiados, que se encuentran con un equipo “gratis” de gente a su servicio y, a la vez, al enviarlos a realizar otras tareas, mantienen un mayor grado de intimidad. “No hay que olvidar que los custodios vulneran la privacidad, por tener que estar permanentemente en contacto, y esto es algo que a no todos les causa mucha gracia”, explican desde las fuerzas de seguridad.
En total, estiman, existen más de 1500 agentes destinados a este tipo de tareas entre la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. La mayoría de ellos permanece durante muchos años al servicio de la misma persona, lo que ayuda a acentuar aún más este desequilibrio en el cumplimiento de sus tareas. En el año 2013 el gobierno nacional intentó modificar el reglamento para estipular que los policías asignados a tareas de custodia roten de asignación cada dos años, de forma tal que se eviten conductas irregulares, pero la resistencia de jueces, funcionarios y legisladores, que se benefician por igual de estas prácticas, obligó a una marcha atrás.
Una anécdota, referida a este diario por una fuente con años de experiencia en la materia, grafica el estado de situación. Ocurrió que un comisario, al visitar el despacho de un juez que tenía custodia policial asignada, encontró que el agente a cargo estaba en un lamentable estado de aseo personal y pulcritud. No guardaba las formas, tenía el pelo largo y el uniforme desaliñado, por lo que el comisario, siguiendo el reglamento policial, decidió sancionarlo. “Usted no se meta con mi custodia”, fue la respuesta airada del juez, que insistió hasta que el castigo al agente desprolijo fue retirado.
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