Por Sebastián Premici
El Estado nacional invertirá durante el primer trimestre del año 450 millones de pesos destinados al desarrollo de la agricultura familiar, que incluye a campesinos y pueblos originarios. Estos recursos son parte de los 1500 millones comprometidos para llevar adelante los lineamientos de la reciente Ley de Reparación histórica de la Agricultura familiar sancionada en diciembre del año pasado. El pasado 15 de enero, las distintas organizaciones del sector, junto al Ministerio de Agricultura, trabajaron en comisiones para definir en conjunto los pasos a seguir. Desde el Frente Nacional Campesino le reclamaron al secretario del área, Emilio Pérsico, una definición sobre cómo se distribuirán los recursos.
La actividad realizada en Parque Norte hace diez días estuvo dividida en cinco comisiones dedicadas a salud y educación rural, regularización y acceso a la tierra, infraestructura (caminos rurales, electrificación rural, acceso al agua, vivienda), aspectos sociales y comunitarios (fortalecimiento de las organizaciones, Monotributo Social y Corresponsabilidad Gremial), comercialización, industrialización de la ruralidad y acceso a las tecnologías.
“Con más de 100 compañeros de las distintas organizaciones se discutieron los puntos centrales de la ley, para que pueda ser implementada de manera rápida y ágil”, explicó a Página/12 Ramiro Fresneda, subsecretario de Fortalecimiento Institucional de la cartera que conduce Pérsico. El objetivo es finalizar la reglamentación en la primera quincena de febrero, para remitirla a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia.
“Hay que destinar el 40 por ciento del presupuesto asignado al desarrollo de la infraestructura productiva, con la construcción de frigoríficos modulares, transporte de animales y productos, galpones y plantas de procesamiento”, indicó el Fonaf a través de un comunicado difundido ayer.
El tema de los recursos fue eje de una disputa por parte de las organizaciones. En la redacción original del proyecto no había sido incluida ninguna partida presupuestaria, pero durante el debate en Diputados el Frente para la Victoria había aceptado incorporar, a pedido de las organizaciones, una partida de 1500 millones de pesos. Al momento de la votación, ese artículo fue removido a instancias del oficialismo. Previo a la votación en el Senado, el Poder Ejecutivo, vía el jefe de Gabinete, estableció su compromiso de destinar los 1500 millones para la implementación de esta ley. Con esa promesa, las organizaciones campesinas, de pueblos originarios y agricultura familiar saldaron la discusión. Al menos hasta ahora, en que el debate interno de cada sector pasa por cómo se distribuirán dichos recursos.
La norma define la tierra como un bien social y promueve la creación de un banco de tierras para distribuir entre campesinos, agricultores y pueblos originarios. A su vez, con el objetivo de llevar adelante un reordenamiento territorial, suspende los desalojos por el período de tres años. Esto último ha sido un reclamo unificado de todas las organizaciones campesinas.
La norma crea en el ámbito de la Jefatura de Gabinete el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar. Las adjudicaciones de parcelas se realizarán en unidades económicas familiares, que deberán definirse según los tipos de explotación, la infraestructura regional, la capacidad productiva de la tierra, la cantidad de integrantes del grupo familiar y la situación jurídica dominial de cada uno de los agricultores. La reglamentación de la norma deberá dar más precisiones sobre esta implementación.
También serán impulsadas las ferias locales para acercar al productor con el consumidor y se creará el Centro de Producción de Semillas Nativas (Cprosena), con colaboración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de Semillas para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de los argentinos.
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