Por Sebastian Abrevaya
El kirchnerismo se prepara para el desafío de recibir en el Congreso el proyecto de ley que disuelve la Secretaría de Inteligencia y crea en su lugar la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Hasta anoche el texto todavía no había ingresado y se esperaba que tanto la convocatoria a sesiones extraordinarias como el texto completo de la iniciativa pasaran por mesa de entradas este viernes o, a más tardar, el lunes de la semana próxima. Como su redacción continúa en análisis de la Secretaría Legal y Técnica, sólo pudieron conocerse algunos nuevos detalles a través de la conferencia de prensa matinal del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Una de las revelaciones más importantes fue sobre el proceso de designación del nuevo director y vicedirector del organismo. La Presidenta había dicho que será necesario el aval del Senado, pero no especificó con qué mayoría deberá aprobarse la propuesta. Capitanich agregó que será con mayoría simple, es decir la mitad más uno de los senadores presentes al momento de la sesión, y que, además, durarán cuatro años en el cargo. En paralelo, desde la oposición ya se pronunciaron en contra, aun cuando desconocen la iniciativa.
El dato de la eventual reforma del sistema de Inteligencia había sido anticipado ya por la presidenta de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Teresa García, en la edición del domingo de Página/12. Sin embargo, no estaba previsto que sucediera tan pronto, incluso antes de la apertura de las sesiones ordinarias, el 1º de marzo. Aunque todavía no está confirmado, fuentes parlamentarias adelantaron que el tratamiento comenzará por el Senado, donde el Frente para la Victoria tiene un escenario político más tranquilo y holgado.
Como el proyecto necesita mayoría simple para su aprobación, el oficialismo tiene que sortear primero otro obstáculo, el del quórum, que implica sentar en su banca a la mitad de los legisladores de la cámara. En el caso del Senado, el número a lograr es 37. El bloque que conduce Miguel Pichetto cuenta con entre 32 y 33 miembros propios, y el resto se completaría con aliados. A fines del año pasado, el kirchnerismo había conseguido de 38 a 40 votos para acompañar sus iniciativas. Sin embargo, en la Cámara alta se encargaron de aclarar que, si bien los senadores propios estarán al pie del cañón, habrá que contar uno por uno a los aliados para asegurar su apoyo. Quienes conocen los entretelones del Parlamento advierten que se trata de un tema sensible, que podría hasta implicar operaciones de Inteligencia en contra de quienes acompañen la reforma. “Cristina va a tener todo nuestro apoyo en el Congreso para debatir este proyecto, un tema que nos debíamos como dirigentes de la democracia”, afirmó ayer el sanjuanino Ruperto Godoy, uno de los soldados cristinistas en el Senado.
No se conocen todavía las comisiones a las que se girará el proyecto para su tratamiento. Hasta ahora el kirchnerismo venía convocando a los ministros y secretarios del área correspondiente para que participen de la comisión y respondan las preguntas de la oposición. Dado el delicado contexto político, es difícil que, como reclamaron ayer los opositores, se presente el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, y su segundo, Juan Martín Mena. Ese organismo, dependiente del Poder Ejecutivo, será disuelto y se desconoce si serán ellos los nombres propuestos para la nueva AFI. Otro punto que estará en debate en el Congreso será el destino de los agentes que hasta ahora formaban parte de la estructura de Inteligencia. “La conformación del personal de Inteligencia será motivo de la nueva constitución orgánica y los procesos de selección de su personal conforme al perfil que adquirirá la nueva agencia”, se limitó a responder Capitanich.
Entre los detalles que se conocieron ayer, el método de selección de su director y subdirector son los más importantes. Durarán cuatro años en el cargo, “plazo de mandato de Presidente”, afirmó Capitanich. Y para que su pliego sea aprobado por el Senado, será necesaria mayoría simple. Ese número fue cuestionado por la oposición, ya que el escenario político actual le permitiría al oficialismo designar al nuevo jefe de Inteligencia sin el acompañamiento de los bloques opositores. Actualmente, sólo son necesarios dos tercios para la designación de los jueces de la Corte Suprema y de la procuradora general de la Nación, cargo que hoy ejerce Alejandra Gils Carbó. A pesar de haber sido avalada en su momento por casi toda la oposición, Gils Carbó es hoy una de las funcionarias más cuestionadas por parte de la corporación judicial y de los partidos opositores. Desde el oficialismo dejaron entrever que esa mayoría calificada tampoco es garantía de que no sea fruto de cuestionamientos posteriores. Incluso, remarcaron que la oposición ya firmó un documento en el que se oponen a la designación un candidato para la Corte Suprema, cualquiera sea la propuesta de reemplazo de Raúl Zaffaroni.
Precisamente otro de los puntos que se conocieron y que estarán en debate en el Parlamento es el destino de la dirección de Observaciones Judiciales, encargada de las escuchas telefónicas. La Presidenta informó que dejará de pertenecer a la órbita del Poder Ejecutivo, y que será, en cambio traspasada al Ministerio Público Fiscal, un organismo “extrapoder”. Para la oposición, este cambio implica darle más poder a Gils Carbó.
Un punto hasta el momento desconocido es el futuro de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, si continuará existiendo o también se disolverá para crear una comisión permanente.
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