Por Fernando Krakowiak
Los bancos China Development Bank Corporation (CDB), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China Limited (BOC) giraron ayer un primer desembolso de 287,7 millones de dólares para iniciar la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz. Cristina Fernández de Kirchner lo reveló durante la cadena nacional en la que anunció un nuevo aumento en las jubilaciones (ver página 3). “Será la obra hidroeléctrica nacional más grande de nuestra historia”, sostuvo. El desembolso se concretó horas antes de que la Presidenta emprendiera su viaje hacia el país asiático. La novedad se la adelantó el ministro de Planificación, Julio De Vido, quien desde el jueves se encuentra en Beijing.
La construcción de las represas estará a cargo de un consorcio conformado por la china Gezhouba, Electroingeniería e Hidrocuyo. El financiamiento ofrecido cubre el ciento por ciento de la inversión. En total son 4714 millones de dólares. El crédito es por quince años y contempla cinco años y medio de gracia para el capital, justo el plazo que se prevé para la construcción. Por lo tanto, el Estado recién comenzaría a pagar el préstamo una vez que las centrales estén operando. Los fondos provendrán del contrato de venta de energía. La tasa de interés prevista es de Libor+ 3,8 por ciento.
Las dos represas sumarán una potencia de 1740 megavatios y generarán 5246 gigavatios hora al año, el 4,7 por ciento de la electricidad que se consume en el país. Ambas se ubicarán terceras en potencia entre los aprovechamientos hidroeléctricos existentes, detrás de Yacyretá (3200 MW) y Salto Grande (1890 MW), aunque a diferencia de esas obras, serán íntegramente nacionales. El Ministerio de Planificación informó que la construcción demandará 5000 empleos directos y más de 15 mil indirectos. “Sé que hay descreídos y escépticos, pero las centrales NK y JC las pondremos en funcionamiento como cada obra en nuestros 37 años de historia”, afirmó ayer el titular de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra.
La adjudicación de la obra a Gezhouba, Electroingeniería e Hidrocuyo se realizó el 21 de agosto de 2013 durante un acto encabezado por Cristina Fernández de Kirchner en Río Gallegos, luego de que esas firmas se impusieran en la licitación. Desde entonces, el desembolso se venía demorando porque faltaban acordar las condiciones de financiamiento, lo que llevó incluso a especular con la posibilidad de que el proyecto no comenzara. Página/12 le preguntó el pasado 11 de mayo al ministro de Planificación, Julio De Vido, quien estuvo a cargo de la negociación, si los chinos eran reacios a poner el dinero: “No son reacios. Son 5000 millones de dólares. Son negociaciones que llevan su tiempo. Más allá de la oferta de la empresa Gezhouba, está Sinosure, que es la que asegura el crédito, y el club de bancos chinos de financiamiento. Parecía que iba a ser un banco, pero ahora seguramente va a ser más de uno porque el monto es importante”, adelantó entonces.
Finalmente, el contrato de financiamiento se firmó el 18 de julio del año pasado con los bancos CDB, ICBC y BOC, pero el desembolso siguió demorándose. Entonces surgieron versiones que indicaban que el financiamiento podía verse afectado por el default técnico declarado por las calificadoras de riesgo luego de que la Argentina se negara a cumplir con el fallo del juez Thomas Griesa a favor de los fondos buitre. De hecho, el punto 21 del artículo 7 del contrato del crédito, referido a Casos de Incumplimiento, advierte que “cualquier hecho o condición que resulta en la aceleración del vencimiento de cualquier deuda externa pública o si la Argentina deja de efectuar cualquier pago de capital o interés cuando sea exigible o declara una moratoria o suspensión de pagos en cualquier porción de su deuda externa pública” será considerado “incumplimiento cruzado”. Sin embargo, desde el Gobierno dijeron en ese momento que el fallo de Griesa era público cuando se firmó el contrato con los chinos y había sido contemplado en el punto 18.13 del contrato como parte de las acciones judiciales existentes. Por lo tanto, no hubiera podido ser esgrimido como una violación del acuerdo.
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