La trampa mortal de la calle Páez Por Ana Vainman

Detrás de ese entramado se esconde un fabuloso y perverso negocio: el de la trata de personas. 

Rodrigo y Orlando dormían. Estaban en el subsuelo de la casa en la que trabajaban, junto a sus papás. Era un taller de costura. En plena noche se produjo un escape de gas que generó un incendio. Las maderas que precariamente dividían los ambientes y la gran cantidad de telas y retazos que había por todos lados se convirtieron en peligrosos combustibles. Cuando llegaron los bomberos ya era tarde. Rodrigo y Orlando estaban muertos.

La familia Camacho vino de Bolivia en busca de una vida mejor. Pero terminaron trabajando en ese taller clandestino en el barrio de Flores. Allí trabajaban a destajo en la planta baja y por la noche bajaban a dormir. Salir no era fácil. Las ventanas estaban completamente tapiadas y la casa rodeada de rejas. Sólo una pequeña puerta los podía conectar con el exterior. Pero ellos no tenían la llave. Y así, la vieja casona de la calle Páez se convirtió en una trampa mortal para sus hijos de siete y diez años. El humo y las llamas los alcanzaron en sus camas mientras dormían.

Esta escena de por sí genera una angustia inconmensurable. Pero la indignación se apodera de cualquiera que sepa que ese mismo lugar había sido denunciado como un taller clandestino donde podía haber trata de personas siete meses antes. Aun después de la denuncia, nadie hizo nada.

Poco después del fatal incendio el jefe de Gabinete porteño y flamante candidato a suceder a Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, y la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, aseguraron que ese lugar no había sido inspeccionado por las autoridades porteñas dado que "no estaba denunciado como taller clandestino". Sin embargo, un documento con membrete del gobierno porteño fechado el 21 de noviembre de 2014 desmiente en forma rotunda a los funcionarios.

El 24 de septiembre de 2014 La Alameda había presentado ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que depende de la Procuración General de la Nación, una denuncia contra 30 talleres clandestinos, entre los que figuraba el de Páez 2796. El fiscal a cargo de esa procuraduría, Marcelo Colombo, ordenó a la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad –a cargo de Ezequiel Sabor– una serie de inspecciones en los lugares denunciados. En el documento difundido el martes por Gustavo Vera –y que desmiente a Rodríguez Larreta y a Vidal–, el gobierno de la Ciudad informaba al fiscal Colombo que no había realizado las inspecciones solicitadas. Sin más explicación.

El único funcionario que hizo un mea culpa de lo sucedido fue el legislador macrista Francisco Quintana, quien admitió: "Nosotros fallamos en la tarea inspectiva, hay que hacer una autocrítica." Quintana reconoció así que hubo fallas en las inspecciones que debió realizar la Agencia Gubernamental de Control, a cargo del ex militar Juan José Gómez Centurión.

La Alameda presentó denuncias penales contra Larreta, Vidal, Gómez Centurión y Sabor por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento, según el caso.

También debía actuar el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Justicia Federal por tratarse de trata de personas, un delito federal. De hecho, a raíz de las denuncias de La Alameda, se inició una causa judicial que analiza el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aseguró que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Mauricio Macri "tiene una clara responsabilidad de inspeccionar los espacios laborales. Esa es una de las facultades no delegadas de las provincias y lamentablemente ha sido clara la política de la Ciudad de Buenos Aires continuando con lógicas neoliberales como las de desmantelar la inspección del trabajo."

El Ministerio de Trabajo de la Nación intentó recuperar plenamente el poder de inspección que comparte con las provincias y con la Ciudad de Buenos Aires, pero cuando se debatió en el Congreso la ley de promoción del empleo registrado, los diputados y senadores defendieron la autonomía y las facultades de policía de cada jurisdicción. Ahora, lo que ocurre en la práctica, es que, cuando efectivamente se ordena una inspección, se convierte en un proceso dilatorio que aleja las posibilidades de dar con los responsables de los diferentes delitos relacionados con el trabajo. El inspector porteño Edgardo Castro aseguró que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires "aplica un mecanismo de protección a los talleres clandestinos" que evita su clausura. Castro se quejó porque "este taller había sido denunciado", pero "el director general de Protección del Trabajo, Fernando Macchi, en lugar de proteger a los trabajadores como su función lo indica, protege a los empleadores, y en este caso peor aun porque protegió un taller clandestino".

Así es como el titular de la CTA, Hugo Yasky, pidió la renuncia de Macchi, por ser "responsable" de la muerte de dos niños que quedaron atrapados en el sótano de un taller textil clandestino en Floresta.

En el incendio de 2006 en el taller de la calle Luis Viale –donde murieron seis personas, cuatro de ellas menores de edad– Jorge Telerman era jefe de Gobierno, renunció el director de Trabajo, Florencio "Pichi" Varela.

Pero detrás de todo este entramado de cuerpos de inspectores inoperantes y responsabilidades cruzadas se esconde un fabuloso y perverso negocio: el de la trata de personas. Este delito está previsto en la Ley 26.364 y en las modificaciones de la ley 26.842 y se configura cuando se ofrezcan, capten, trasladen, recepten o acojan personas con fines de explotación laboral o sexual.

Según el Comité Ejecutivo para la Lucha Contra la Trata de Personas, "la explotación laboral implica que las víctimas sean reducidas o mantenidas en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, o se las obligare a realizar trabajos o servicios forzados" y se aclara que "el consentimiento de la víctima jamás podrá ser tomado como una eximición de la responsabilidad" de los empleadores.

Pero además del flagelo de la trata de personas, el incendio de la casona de la calle Páez pone una vez más en agenda la problemática de los talleres clandestinos. Según La Alameda, el sector mueve 15 mil millones de facturación anuales. Y sólo tiene blanqueados a un pequeño porcentaje de los costureros. "Según el Sindicato Obreros de la Industria del Vestido y Afines (Soiva), hay bajo convenio laboral 30 mil costureros; el resto trabaja en la ilegalidad, por lo que se calcula que existen 370 mil costureros no registrados", detalló Lucas Schaerer, colaborador de Vera.

"Sin clientes no hay trata." Esa es la frase que intenta comprometer a clientes que frecuentan "whiskerías" o prostíbulos. Esa frase también podría hacerse extensiva a quienes compran ropa a manteros o en ferias irregulares. Porque la trata de personas no es solamente con fines de explotación sexual. Pero tal vez haya llegado el momento de ampliar el eslogan: "Sin clientes no hay trata." Con inspecciones y clausuras tampoco. 

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