Por Miguel Jorquera
El festejo se vivió en las gradas del recinto de la Cámara de Diputados. Decenas de ex trabajadores de YPF, sus hijos y nietos, que desplegaron viejas banderas de la empresa, celebraron la aprobación por unanimidad de la ley que indemniza a los ex trabajadores de la petrolera nacional que fueron marginados del programa de propiedad participativa tras su privatización en 1992. La reparación económica alcanza a 36 mil ex empleados, sus herederos y derechohabientes, y consiste en la suma de valor en pesos de 956 acciones de YPF de acuerdo con la cotización del mercado de valores a la fecha de la promulgación de la ley en el Boletín Oficial: hoy serían 350 mil pesos.
Todas las bancadas de la Cámara baja votaron a favor del proyecto del diputado oficialista Roberto Feletti, que unificó criterios de diversas iniciativas de la mayoría de los bloques políticos. No obstante, tampoco faltaron algunos cruces entre oficialistas y opositores, más ligados a la campaña electoral que a diferencias sobre la iniciativa. “Quiero recordar a los que no están y que estuvieron con su cuerpo en la lucha por el futuro que se les cercenó hace 25 años. Más allá de los matices, nos une hoy este reclamo, en una votación para reparar” a los ex trabajadores de YPF, dijo la jefe del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, al cerrar cuatro horas de debate, antes de la votación que por unanimidad transformó en ley el proyecto que había sido modificado en el Senado.
Los miembros informantes del oficialismo fueron el chubutense Mario País y el santacruceño Mario Metaza, que preside la comisión de Energía y Combustible. País recordó que la intervención del ingeniero José Estenssoro en la década menemista redujo con “retiros, despidos voluntarios, tercerización” a diez mil trabajadores la planta de personal de YPF, dejando a más de 30 mil afuera, para facilitar su privatización. “Los 10 mil agentes que cobraron en el ’95 no están incorporados en esta ley, sino los que fueron estafados por el Estado”, concluyó. La ley alcanza a todos aquellos ex trabajadores de YPF que hayan pertenecido a la compañía petrolera hasta el 1º de enero del ’91 y establece un piso mínimo de 311 pesos por acción para la indemnización, que tampoco estará alcanzada por el Impuesto a las Ganancias.
Metaza cargó contra su comprovinciano radical Eduardo Costa, de quien recordó que, como miembro informante de la UCR durante la sesión en que Diputados dio media sanción a la iniciativa, había afirmado que “les vamos a pagar primero a los fondos buitre que a los ypefianos y con bonos que no van servir para nada”. “A los buitres no les vamos a pagar un carajo y a los ex ypefianos les pagamos con esta ley”, soltó Metaza.
Costa volvió al recinto para insistir en que las modificaciones que introdujo el Senado en marzo de este año sólo eran “una maniobra dilatoria” para estirar el pago, y su jefe de bancada, Mario Negri, respaldó sus palabras.
En cambio, Néstor Pitrola, del FIT, sostuvo que su proyecto proponía un pago de 90 mil dólares, similar a los 90 mil pesos-dólares que percibió solo una porción de ex trabajadores en el ’95 en épocas de la Convertibilidad cavallista. Sin embargo, consideró que el oficialismo accedió a mejorar considerablemente el proyecto.
Feletti salió al cruce de las críticas. “Nos disponemos a reparar una larga injusticia de 25 años a las víctimas de las reformas de mercado”, dijo. Sostuvo que fueron los gobiernos kirchneristas “los que se hicieron cargo de darles respuesta a los reclamos populares” y que quienes “afirman que harían mejor las cosas, a la hora de presentar alternativas vuelven a instalar al mercado en el centro de la escena con críticas al papel regulador del Estado”.
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