Foto: TELAM
El fiscal federal Federico Delgado solicitó al juez federal que se investigue el rol del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el financiamiento de la última dictadura cívico-militar (1976-1982). En especial, “si algunos miembros de aquel organismo participaron del plan criminal que la Justicia argentina tuvo por probado en la causa Nº 13/84 de la Cámara Federal, conocido como ‘juicio a las juntas’”; y si el FMI es “responsable en tanto institución de esa relación genética entre el terror y la reforma económica”. Ya nos hemos referido en Miradas al Sur reiteradas veces a la dictadura, la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional; pero ante este nuevo planteo vale la pena recordar y vincular los acontecimientos. No sólo porque se trata de un saludable ejercicio de memoria, sino por que las mismas políticas asoman de nuevo en la prédica opositora.
Por cierto, este requerimiento no sería viable si rigiera la antigua jurisprudencia que aplicó el juez Jorge Luis Ballestero en julio de 2000, quien reconoció la ilegalidad de esa deuda (comprobó 477 irregularidades), pero declaró que se había prescripto la acción penal. Pero ahora la situación es muy diferente: la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecieron que los delitos de lesa humanidad no están sometidos ni a la prescripción liberatoria ni a la excepción de cosa juzgada. Por eso, si se comprueba que los delitos cometidos forman parte de un plan global que cometió delitos de lesa humanidad, los responsables nacionales e internacionales, personales e institucionales, podrían ser juzgados.
En 1976-1983, en la Argentina se cambió por la fuerza a la política, la economía y la sociedad. Cada sector de la alianza cívico-militar que gobernaba cumplía con su función: unos reprimían; otros gobernaban; un grupo manejaba la economía y las finanzas; el FMI gerenciaba el financiamiento externo y fijaba las condicionalidades; la prensa monopólica aprobaba con mansedumbre o complicidad; y hubo quienes se dedicaron a desarticular los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones sociales. La represión física libraba de obstáculos políticos y sociales a la ejecución del modelo neoliberal; pero más que una expresión del sadismo de sus ejecutores, era el cumplimiento de un plan de acción coherente, programado y conjunto.
Por cierto, este requerimiento no sería viable si rigiera la antigua jurisprudencia que aplicó el juez Jorge Luis Ballestero en julio de 2000, quien reconoció la ilegalidad de esa deuda (comprobó 477 irregularidades), pero declaró que se había prescripto la acción penal. Pero ahora la situación es muy diferente: la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecieron que los delitos de lesa humanidad no están sometidos ni a la prescripción liberatoria ni a la excepción de cosa juzgada. Por eso, si se comprueba que los delitos cometidos forman parte de un plan global que cometió delitos de lesa humanidad, los responsables nacionales e internacionales, personales e institucionales, podrían ser juzgados.
En 1976-1983, en la Argentina se cambió por la fuerza a la política, la economía y la sociedad. Cada sector de la alianza cívico-militar que gobernaba cumplía con su función: unos reprimían; otros gobernaban; un grupo manejaba la economía y las finanzas; el FMI gerenciaba el financiamiento externo y fijaba las condicionalidades; la prensa monopólica aprobaba con mansedumbre o complicidad; y hubo quienes se dedicaron a desarticular los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones sociales. La represión física libraba de obstáculos políticos y sociales a la ejecución del modelo neoliberal; pero más que una expresión del sadismo de sus ejecutores, era el cumplimiento de un plan de acción coherente, programado y conjunto.
El plan económico de la dictadura fue el del establishment y del FMI. Los militares cometieron la represión; pero la autoría intelectual del proyecto político y económico aplicado entre 1976 y 1983 pertenece al establishment, no a los ejecutores militares. Y es evidente que contó con colaboración extranjera, en especial del FMI. Basta corroborar las coincidencias de las medidas preconizadas por el FMI y las efectivamente adoptadas. Además, fue protocolizado en las publicaciones oficiales del FMI y en los acuerdos específicos firmados con el gobierno argentino.
El gobierno militar que asumió el 24 de marzo de 1976 aplicó de inmediato esas recetas: congeló los salarios, eliminó los controles de precios y devaluó el tipo de cambio. Los salarios reales cayeron alrededor del 30%, se disolvió la CGT, se suprimieron las actividades gremiales, el derecho de huelga, las reformas a la ley de contrato de trabajo y las convenciones colectivas salariales.
Después de estas medidas coyunturales de represión, comenzaron los cambios estructurales. En agosto de 1976, desregularon la inversión extranjera. A fines de 1976, unificaron el tipo de cambio, eliminaron regulaciones y subsidios a las exportaciones y redujeron los aranceles de importación (con una caída de la protección del 40%). En junio de 1977, entró en vigencia la ley de entidades financieras, que le otorgaba al sector una posición hegemónica y disminuía la acción del Estado (Mario Rapoport,Historia económica, política y social de la Argentina, 1880-2000, págs. 789 y ss.). Se cumplía cada una de las prescripciones del FMI.
Más adelante, con el programa de diciembre de 1978 y la tablita cambiaria, se favoreció la especulación financiera y el endeudamiento externo, se desfinanció a las empresas públicas, se desmanteló la industria y se financió una gigantesca fuga de capitales privados. Cuando estalló la crisis financiera y luego cambiaria, el Estado se hizo cargo de las pérdidas bancarias y de las deudas privadas. Además, se suprimieron las instituciones básicas del derecho del trabajo y se deprimieron los salarios.
Todo ello requería una violenta represión; de otro modo no se hubiera aceptado que el producto bruto interno por habitante (a precios constantes), en 1983 fuera 9 puntos menor que en 1975. Usaron al Estado para perpetrar sus crímenes, reprimieron a la Nación y empobrecieron al pueblo argentino (Véanse Eric Calcagno y Alfredo Eric Calcagno, Miradas al Sur, varios números y El Rumbo Argentino, donde se desarrollan estos temas).
El gobierno militar que asumió el 24 de marzo de 1976 aplicó de inmediato esas recetas: congeló los salarios, eliminó los controles de precios y devaluó el tipo de cambio. Los salarios reales cayeron alrededor del 30%, se disolvió la CGT, se suprimieron las actividades gremiales, el derecho de huelga, las reformas a la ley de contrato de trabajo y las convenciones colectivas salariales.
Después de estas medidas coyunturales de represión, comenzaron los cambios estructurales. En agosto de 1976, desregularon la inversión extranjera. A fines de 1976, unificaron el tipo de cambio, eliminaron regulaciones y subsidios a las exportaciones y redujeron los aranceles de importación (con una caída de la protección del 40%). En junio de 1977, entró en vigencia la ley de entidades financieras, que le otorgaba al sector una posición hegemónica y disminuía la acción del Estado (Mario Rapoport,Historia económica, política y social de la Argentina, 1880-2000, págs. 789 y ss.). Se cumplía cada una de las prescripciones del FMI.
Más adelante, con el programa de diciembre de 1978 y la tablita cambiaria, se favoreció la especulación financiera y el endeudamiento externo, se desfinanció a las empresas públicas, se desmanteló la industria y se financió una gigantesca fuga de capitales privados. Cuando estalló la crisis financiera y luego cambiaria, el Estado se hizo cargo de las pérdidas bancarias y de las deudas privadas. Además, se suprimieron las instituciones básicas del derecho del trabajo y se deprimieron los salarios.
Todo ello requería una violenta represión; de otro modo no se hubiera aceptado que el producto bruto interno por habitante (a precios constantes), en 1983 fuera 9 puntos menor que en 1975. Usaron al Estado para perpetrar sus crímenes, reprimieron a la Nación y empobrecieron al pueblo argentino (Véanse Eric Calcagno y Alfredo Eric Calcagno, Miradas al Sur, varios números y El Rumbo Argentino, donde se desarrollan estos temas).
La dictadura, el FMI y la deuda externa. Creemos que los crímenes de lesa humanidad y el plan económico estuvieron indisolublemente unidos. La principal tarea del FMI fue gestionar el endeudamiento externo y, sobre esa base, elaborar la política económica que se aplicaría. Eran el ajuste y las condicionalidades que rigieron durante ese período.
El primer eje de la acción del FMI fue facilitar el endeudamiento externo. Existió una acción concertada de los civiles del establishment, los bancos, los militares y el FMI. Para comprobarlo, basta con recordar cómo fue el reparto de los fondos del endeudamiento de 1976-1983: primero, se colmó la avidez del establishment económico, con el 44% del total de la deuda aplicado a financiar la evasión de capitales; segundo, los militares tuvieron su parte, con el 23% destinado a importaciones no registradas, que según el Banco Mundial eran en su mayor parte compra de armas; tercero, se satisfizo la voracidad especulativa de la banca extranjera, con el 33% asignado al pago de intereses (las estimaciones son del Banco Mundial,Economic Memorandum on Argentina, Washington D.C., 22 de junio de 1984, págs. 17 a 19). El FMI, quedaba como el mentor del ajuste económico y el administrador de la deuda. Fue ese cogobierno el que cometió los delitos de lesa humanidad, cada uno en su esfera de acción.
La deuda contraída en el período 1976-1983 tiene además una característica especial: no era necesaria desde el punto de vista económico, pero sí para satisfacer las aspiraciones de los principales componentes del régimen gobernante. Les daba financiamiento a los militares que querían gobernar y comprar armas, se satisfacía a los civiles del establishment que evadían capitales y cogobernaban, y a la vez se nutría a los especuladores financieros.
El primer eje de la acción del FMI fue facilitar el endeudamiento externo. Existió una acción concertada de los civiles del establishment, los bancos, los militares y el FMI. Para comprobarlo, basta con recordar cómo fue el reparto de los fondos del endeudamiento de 1976-1983: primero, se colmó la avidez del establishment económico, con el 44% del total de la deuda aplicado a financiar la evasión de capitales; segundo, los militares tuvieron su parte, con el 23% destinado a importaciones no registradas, que según el Banco Mundial eran en su mayor parte compra de armas; tercero, se satisfizo la voracidad especulativa de la banca extranjera, con el 33% asignado al pago de intereses (las estimaciones son del Banco Mundial,Economic Memorandum on Argentina, Washington D.C., 22 de junio de 1984, págs. 17 a 19). El FMI, quedaba como el mentor del ajuste económico y el administrador de la deuda. Fue ese cogobierno el que cometió los delitos de lesa humanidad, cada uno en su esfera de acción.
La deuda contraída en el período 1976-1983 tiene además una característica especial: no era necesaria desde el punto de vista económico, pero sí para satisfacer las aspiraciones de los principales componentes del régimen gobernante. Les daba financiamiento a los militares que querían gobernar y comprar armas, se satisfacía a los civiles del establishment que evadían capitales y cogobernaban, y a la vez se nutría a los especuladores financieros.
El pedido del fiscal federal Federico Delgado es viable. A nuestro juicio, el pedido del fiscal federal Federico Delgado imputando al FMI es viable desde el punto de vista jurídico, porque una institución puede ser juzgada por crímenes de lesa humanidad. En el Proceso de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, fueron procesados 6 militares y 18 civiles y fueron declarados criminales el mando político del Partido Nazi, la SS, la Gestapo y el Servicio Secreto de Seguridad.
Además, ahora existen condiciones políticas como para plantear el caso. Primero, porque ya no rige más la prescripción y la cosa juzgada para los procesos de lesa humanidad. Y segundo, porque en el plano internacional hay un resurgimiento de los países emergentes y potencias medianas, que ahora intervienen en áreas que estaban reservadas para las potencias hegemónicas. Una prueba es la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas por la que se comenzaron a reglamentar las reestructuraciones de deuda soberana, que era coto de caza del sector financiero.
En los procesos que castigaron a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, al cabo de los años, se castigó a los represores físicos; pero quedaron impunes todos los otros grupos que eran partícipes necesarios para la ejecución del plan que los financistas (incluyendo al FMI) y los empresarios y políticos habían elaborado, con la aquiescencia de los militares. Es hora de que se los haga comparecer.
Además, ahora existen condiciones políticas como para plantear el caso. Primero, porque ya no rige más la prescripción y la cosa juzgada para los procesos de lesa humanidad. Y segundo, porque en el plano internacional hay un resurgimiento de los países emergentes y potencias medianas, que ahora intervienen en áreas que estaban reservadas para las potencias hegemónicas. Una prueba es la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas por la que se comenzaron a reglamentar las reestructuraciones de deuda soberana, que era coto de caza del sector financiero.
En los procesos que castigaron a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, al cabo de los años, se castigó a los represores físicos; pero quedaron impunes todos los otros grupos que eran partícipes necesarios para la ejecución del plan que los financistas (incluyendo al FMI) y los empresarios y políticos habían elaborado, con la aquiescencia de los militares. Es hora de que se los haga comparecer.
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