DESDE MAñANA, LOS BONISTAS PODRIAN RECLAMAR COBROS ANTICIPADOS DE DEUDA Más vueltas en el laberinto

A partir del viernes, grupos de acreedores que tengan al menos el 25 por ciento de una serie de títulos estarían en condiciones de demandar la “aceleración” de los pagos. El equipo económico lo considera improbable y avanza con Nación Fideicomisos.

Por Tomás Lukin

Mañana se cumple el plazo de gracia para que los tenedores de bonos reestructurados reciban los pagos de intereses correspondientes al vencimiento de los títulos Par del 30 de septiembre. Desde el equipo económico confirmaron a Página/12 que Nación Fideicomisos, el nuevo agente de pago de la deuda, está trabajando con distintos fondos de inversión que participaron del canje. Busca definir el mecanismo que permita transferirles sus acreencias. Sin embargo, a partir de pasado mañana existe la posibilidad –agitada desde el sector financiero– de que un grupo de bonistas consideren que los pasivos están en una situación en default y reclamen la “aceleración” de todo el capital adeudado. En esa situación hipotética, si se reúne la voluntad del 25 por ciento de los bonistas para un tipo particular de títulos Par, en lugar de esperar al vencimiento de esos papeles en 2038, sus propietarios estarían habilitados a reclamar en forma adelantada todos los vencimientos.

No se trata de un proceso automático e irreversible. Tampoco son claros los incentivos para avanzar por esa vía. El camino desembocaría en otra compleja discusión legal que, como mínimo, afectaría el valor de los bonos sin asegurar que sus propietarios cobren algo. El único efecto garantizado es la profundización de las tensiones financieras y políticas asociadas a la disputa con los buitres. Por eso, en el Palacio de Hacienda no descartan que los mismos fondos carroñeros favorecidos con la sentencia del juez Thomas Griesa intenten inducir ese escenario.

El artículo 4.1 del contrato de fideicomiso –el texto que rige el funcionamiento de los bonos– establece que existe un “evento de default” si Argentina incumple un pago de los bonos y no corrige la omisión dentro de los 30 días. En segundo lugar, el ítem 3.5 dispone que el país complete el pago cuando transfiere los fondos necesarios a la cuenta del fiduciario el día previo a la fecha prevista para el vencimiento.

A fines de junio, el Ministerio de Economía depositó 539 millones de dólares correspondientes a los vencimientos de los títulos Descuento en las cuentas del Bank of New York Mellon en el Banco Central. Con esa operación el país cumplió con sus obligaciones. Como enfatizan en el equipo de Axel Kicillof: “Argentina no está en default, sino que fueron las cuestionadas decisiones de Griesa las que bloquearon el cobro”. De hecho, ningún bonista intentó/logró reunir al 25 por ciento de los propietarios de esos papeles para cobrar anticipadamente todo lo adeudado por una serie.

Desde que se desplazó al BoNY como agente fiduciario y se depositó el último vencimiento en Nación Fideicomisos, la contundencia de ese argumento legal se debilitó. El nuevo responsable de pagar la deuda elegido para eludir el corset del tribunal e intentar canalizar los vencimientos no cumple, por esas mismas razones, con las condiciones establecidas en el contrato original.

Nación Fideicomisos mantiene intensas conversaciones con diferentes tenedores de los bonos reestructurados interesados en cobrar cuanto antes. De todas formas, a partir del 1º de noviembre, un 25 por ciento de los dueños de una serie de bonos Par –buitres o quien tenga en su poder cualquier tipo de papeles emitidos en la reestructuración– podría reclamar la aceleración por la existencia de un incumplimiento: Argentina no depositó en el fiduciario original. La misma atribución estaría disponible para el resto de los bonistas que consigan reunir el 25 por ciento de las voluntades de la serie de títulos que hayan comprado. El primer paso que tomarían es enviar una nota al Palacio de Hacienda reclamando el cobro anticipado.

En ese hipotético escenario, Argentina tiene, por lo menos, tres respuestas. La primera posibilidad consiste en depositar todo y cancelar definitivamente ese pasivo. Eso es improbable, no sólo por su magnitud potencial, sino por las decisiones tomadas hasta ahora por el Gobierno.

Un segundo escenario es rechazar legalmente, como sucedió, la existencia de un default. En ese caso la pelota vuelve a los tenedores. Deberían pedirle al BoNY que haga juicio de aceleración en su nombre. Para eso, los bonistas y el mismo banco que mantiene congelados sus pagos de junio tendrían que ponerse de acuerdo (si esa vía no prospera, los acreedores estarían habilitados a iniciar las demandas por su cuenta). Otra posibilidad es que el 50 por ciento de los tenedores de la serie que se pretende acelerar rechacen el pedido y desactiven la operación.

El escenario de aceleración, por supuesto, no es el deseado por el equipo económico. Pero aseguran que no existen incentivos materiales para que una parte del 92,4 por ciento de los acreedores que participaron del canje acelere la deuda y, por el contrario, las implicancias podrían afectar su posibilidad de cobrar. Sin embargo, como ya demostró el sistema judicial de Estados Unidos y el accionar carroñero, ninguna posibilidad puede ser descartada.


GRIESA NO EMBARGA LOS 539 MILLONES DE DOLARES QUE DEPOSITO EL GOBIERNO EN JUNIO, PERO TAMPOCO LOS LIBERA
Cientos de millones en la dimensión desconocida
El juez impidió a un grupo de holdouts italianos acceder a los fondos bloqueados en el Bank of New York. Argumentó que están protegidos por la ley de inmunidad soberana. Tampoco deja que el dinero llegue a los bonistas, con lo cual quedó en un limbo judicial.

Por Cristian Carrillo

“Se mira y no se toca”, continúa siendo el mensaje del juez neoyorquino Thomas Griesa sobre los fondos depositados por la Argentina en junio para pagar vencimientos de deuda reestructurada. El controvertido magistrado rechazó ayer el pedido de un grupo de tenedores italianos con deuda argentina defaulteada que pretendía acceder a una parte de los 539 millones de dólares depositados en el Bank of New York Mellon (BoNY) y que se mantienen trabados por Griesa. El juez consideró que la entrega de los fondos no está autorizada bajo la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera (FSIA, por su sigla en inglés) dado que el dinero no se encuentra físicamente en Estados Unidos, sino en cuentas de la entidad en el Banco Central argentino, tal como sucede con los pagos depositados en Nación Fideicomisos. Las titubeantes definiciones de Griesa en el litigio entre el país y los fondos buitre generaron una situación en la que el dinero se mantiene en una suerte de limbo financiero al que ni el Estado argentino, ni los bonistas, ni los holdouts, ni los buitres pueden acceder. El rechazo de Griesa convalida la posición argentina sobre el carácter inembargable de los fondos depositados en el BoNY, propiedad de los bonistas.

Luego de cuatro meses desde que el Gobierno depositara los fondos para el pago del vencimiento de capital e intereses del Discount, un título que se entregó en los canjes de deuda, el dinero sigue sin llegar a los tenedores del bono. La traba al cobro que impuso Griesa para presionar al país a aceptar una sentencia de imposible cumplimiento efectivo –legal y financiero– dejó una masa de dinero a la que fondos buitre y holdouts pretenden acceder. En este caso, se trató de un grupo de tenedores italianos con títulos públicos argentinos en cesación de pagos que presentó un escrito ante Griesa para que permita cobrarse los servicios de su deuda defaulteada de los 539 millones de dólares que –presumen– estarían en el BoNY.

El juez de Manhattan rechazó la moción de acceso a ese dinero bajo el argumento de que los fondos están fuera de Estados Unidos en las cuentas de BoNY Mellon Corp en el Banco Central. “Al tratar con lo que puede ser objeto de traspaso, la FSIA (ley de inmunidad soberana) simplemente no menciona bienes situados fuera de Estados Unidos”, justificó el octogenario juez. Este argumento en principio ampara al Estado nacional frente a un eventual reclamo similar que puedan hacer los fondos buitre.
El limbo

Desde que trabó los servicios de deuda al país, Griesa recibió distintos pedidos de parte de los tenedores de deuda y de los agentes fiduciarios para que libere los fondos. La falta de definiciones del juez de primera instancia obligó a que se apelara en la Cámara neoyorquina. La Corte de Apelaciones descartó el miércoles pasado una nueva solicitud de la Argentina, que fue acompañada, entre otros, por el hedge fund Fintech, que encabeza el magnate mexicano David Martínez, que buscaba destrabar los pagos correspondientes a los títulos regidos bajo la legislación de Inglaterra y Gales.

El panel compuesto por John Walker Jr. y José Cabranes tomó la decisión que mantiene el statu quo judicial sobre la deuda externa argentina. Esta decisión convalida una insólita situación, que las impracticables órdenes de Griesa apuntalan, en la que nadie puede acceder a los fondos. Griesa había exhortado al BoNY a que le devuelva los dólares al país, algo que no puede hacerse porque desde el momento en que el Estado abonó el compromiso el dinero ya es patrimonio de los bonistas. El BoNY mantiene el acatamiento sobre el sinsentido de la orden y los tenedores siguen intentando por la vía judicial acceder a su dinero. Por su parte, las cámaras compensadoras y bancos encargados de distribuir los pagos también buscan una salida. El rechazo de la Cámara de Apelaciones de la semana pasada evapora la posibilidad de que los tribunales norteamericanos puedan restringir el alcance de las decisiones del juez Griesa, quien se excedió en su jurisdicción al impedir el cobro a bonistas con legislación de otros países.

Los tenedores de esos títulos también aguardan que la Justicia británica responda las apelaciones que fueron presentadas en Londres por grandes fondos de inversión, como Quantum, de George Soros, e Hyman Capital, de Kyle Bass. El único reclamo que hasta el momento recibió una respuesta parcialmente favorable fue el encabezado por el Citibank. La sucursal local del holding está a cargo de pagar la parte de los títulos con legislación argentina en moneda extranjera en manos de acreedores extranjeros. En dos ocasiones autorizó “por única vez” a la entidad a cursar los pagos depositados por la Argentina. El argumento del Citi que le abrió la puerta a cumplir con su obligación de pagarles a los bonistas fue que no podía discriminar entre vencimientos de Discount a tenedores de deuda reestructurada y los que se entregaron a Repsol en compensación por la estatización de YPF. Griesa convocó al Citi a una nueva audiencia para el próximo 9 de diciembre, luego de que el banco pidiera que se habilite el pago de los intereses a bonistas reestructurados que vencen el 31 de diciembre.

29/10/14 Página|12