Anécdota 1. Eran los días de pizza y champán, la farra menemista. El titular de la Side, Hugo Anzorreguy, un histórico militante del peronismo, recibía en su despacho a M., viejo amigo de épocas de lucha antidictarorial. Café de por medio y luego de transitar por los obligados recuerdos de un pasado común, llegó el ofrecimiento: ¿Qué querés M.? ¿Ser juez federal? ¿Camarista? Lo que quieras. M. no aceptó el ofrecimiento y explicó su postura de oposición al gobierno y su militancia en un espacio que intentaba mantener en alto las banderas que alguna vez los habían unido. El poderoso señor 5 sonrió comprensivo y con un dejo de paternal admonición lo invitó a “dejar esas muchachadas de lado” y sumarse a una nueva etapa de grandes realizaciones. M. saludó y se fue. Otros, no solamente peronistas, se quedaron y fueron jueces, camaristas y funcionarios judiciales. Cruzando la Plaza de Mayo, el Ministro del Interior, Carlos Vladimiro Corach, dibujaba en una servilleta la estructura de un Poder Judicial amigable con los vientos del cambio de época. Y en los pasillos de “la casa” de 25 de mayo algunos viejos militantes se probaban el traje de espías y se cruzaban en los pasillos con las capas arqueológicas de dictaduras pasadas. El staff había sido diezmado considerablemente por el alfonsinismo. Más de 800 agentes de la Side habían sido dados de baja durante la gestión de Facundo Suárez que por otra parte mantuvo en la Secretaría a gente que había ingresado en épocas militares –como un tal Jaime Stiusso– y había sufrido además el escándalo de ignorar que un miembro de la custodia presidencial, Raúl Guglielminetti, había sido un destacado represor de la dictadura conocido como “el mayor Guastavino”.
Anécdota 2. A pocos días de iniciar la aventura –todo lanzamiento editorial tiene algo de aventura– de Miradas al Sur y para tener un cuadro un poco más completo de las reacciones en los ámbitos políticos, periodísticos y de inteligencia, dos miembros del staff de este dominical se reunieron con un integrante de uno de los tantos ámbitos de inteligencia ligados a la política y la gestión pública y empresaria. Los unía un fuerte vínculo personal por parentesco con compañeros de militancia de los setenta. Afable como siempre, irónico, agudo, P. aconsejó: “Está todo bien con ustedes, no hay problema, pero tengan cuidado con lo que hablan porque todos graban todo.” Con promesas de futuros asados y saludos a la familia, apuraron el último trago de cerveza y se fueron cada cual por su lado.
El problema. Los represores como Guglielminetti acechando en los pliegues mismos de la institución presidencial, los jueces serviles de Corach y Anzorregui, la permanencia de sujetos con pasado dictatorial en los organismos de inteligencia, las prácticas de espionaje y las escuchas ilegales durante un gobierno que se ha esforzado por promover los derechos humanos y el juicio a los represores de la dictadura no son hechos aislados ni casualidades sin relación entre sí. Son parte de un hilo conductor que atraviesa todos los gobiernos de la democracia. La persistencia de personajes, prácticas y doctrinas antidemocráticas y autoritarias en los organismos de inteligencia, en las fuerzas armadas y de seguridad, la violación sistemática del ordenamiento jurídico que norma las actividades de inteligencia, la existencia real de control y monitoreo de movimientos y dirigentes populares son parte de un mismo problema que ha hecho eclosión con la muerte del fiscal Nisman: el descontrol de la inteligencia por parte de las instituciones de la democracia. Discutibles sanciones legislativas como la llamada Ley Antiterrorista y el encumbramiento –por primera vez– de dos hombres de inteligencia en la cúpula del Ejército (los generales Milani y Carena) son manifestaciones concretas de que la persistencia de ciertos comportamientos y conductas se deben no sólo a descuidos o negligencias del poder político de turno, sino a la equivocada concepción de que es posible controlar a los organismo de inteligencia negociando con ellos y “aprovechándolos” en beneficio propio. Este criterio es compartido por los partidos mayoritarios siguiendo una larga tradición de utilización presidencial de los “servicios” de información para sus objetivos políticos inmediatos y no para su información estratégica en función del interés nacional y las necesidades de largo plazo de un país inmerso en una realidad mundial compleja, cambiante y plena de desafíos.
¿Soluciones? Como señala acertadamente en un trabajo reciente la Asociación por los Derechos Civiles: “Contar con inteligencia de calidad y análisis precisos es imprescindible para la adopción de innumerables políticas públicas fundamentales para un “Estado moderno. Desde la política exterior a la política criminal, servicios de inteligencia profesionalizados y con alta capacidad operativa permitirían prevenir o combatir amenazas internas como –por ejemplo– el narcotráfico, que en los últimos años parece haberse expandido sin control en la Argentina.” Garantizar el control ciudadano para que se respete la normativa vigente en la materia y se impida el uso discrecional de estructuras y recursos para otros fines que no sean los del interés nacional, la defensa y la seguridad interior es una tarea pendiente, una materia en la que el sistema político realmente existente viene siendo reprobado sin atenuantes.
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