Últimas versiones de la guerra judicial que se libra a 48 horas del 7D
La política se trasladó a los tribunales como pocas veces ocurrió desde la recuperación democrática. La tensión de la pelea entre el Gobierno y Clarín se siente en casi todos los niveles del Poder Judicial y arrastra a jueces de primera instancia, camaristas y miembros de la Corte Suprema.
En ese marco, se despliega una guerra de nervios que quedó expresada hoy en el furibundo ataque del ministro de Justicia, Julio Alak, a los integrantes de la Cámara Civil y Comercial. La embestida responde a una información que por estas horas manejan en la Casa Rosada: Ese tribunal ya tendría resuelto concederle a Clarín una extensión de la cautelar.
No es casual que esa Cámara concentre la furia del kirchnerismo. Meses atrás, cuando la pelea con Clarín empezó a enfilar hacia ese tribunal, un integrante kirchnerista del Consejo de la Magistratura se sinceró: “Sino colonizamos la Cámara Civil estamos listos, Clarín viene trabajando hace años ese fuero”, y luego de un largo silencio, agregó apesadumbrado: “yo creo que no llegamos, no nos dan los tiempos”.
La Cámara Civil rechazó en las últimas horas todas las recusaciones contra sus miembros que había planteado el gobierno –que hoy las reiteró- y formó sala con los jueces Francisco de las Carreras y Susana Najurieta, para que resuelvan si conceden o no la extensión de la cautelar de Clarín que vence el 7 de Diciembre y que mantiene bloqueado el artículo 161 de la ley de medios, que obliga al grupo a realizar un downsizing compulsivo.
Si la Cámara Civil le concede a Clarín la continuidad de esta cautelar, al gobierno le queda la esperanza que el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial, Horacio Alfonso, dictamine sobre la cuestión de fondo, esto es la constitucionalidad del citado artículo 161.
Fuentes judiciales explicaron a LPO que de ninguna manera los plazos procesales le permitirían a Alfonso fallar antes del 7D. “Ayer recién dio vista de la causa al AFSCA y hoy al fiscal, no hay manera que pueda fallar antes del viernes”, explicaron las fuentes.
Se trata entonces de un rompecabezas judicial, que si se mantiene en estas previsiones lograría aguarle a Cristina Kirchner el festival popular que organizó para este fin de semana en el frente de la Casa Rosada –hoy a la tarde se podía ver a los obreros montando la estructura tubular del escenario- a modo de festejo por lo que considera el inicio de la jibarización de Clarín.
Es que a los efectos prácticos, si la Cámara decide extender la cautelar, esta se mantendría vigente al menos hasta que falle Alfonso. Porque seguramente el gobierno apelaría esa decisión a la Corte, pero sería la propia Cámara quien primero debería decidir si concede la apelación y luego la Corte lo más posible es que insista en negarse a tratar ese tema –como hizo la semana pasada- y vuelva a pedir que se resuelva la cuestión de fondo.
O sea, pasarían días, acaso semanas con la cautelar vigente y en ese lapso podría fallar Alfonso. Algunos opinan que para abreviar este trámite el gobierno podría apelar al per saltum, para llevar el caso directamente a la Corte. Difícil. Fue una mala ley que hasta la propia Cristina habría desechado.
De hecho, no parece casual que la Presidenta se haya negado a estampar su firma en el decreto que vuelve operativa esa polémica norma, que fue promulgada ayer “de hecho” por el cumplimiento de los plazos legales.
Fue una mala ley, entre otras cosas porque vino a "consagrar" un instituto que ya existe. La Corte siempre tuvo en los hechos la capacidad de abocarse a una causa cuando considera que hay riesgo institucional –lo hizo, por ejemplo, con la privatización de Aerolíneas en el gobierno de Carlos Menem cuando tomó la causa de un tribunal de primera instancia-. En esa época no existía la ley de per saltum y nada impidió que la Corte tomara esa causa.
Esta última creación del laboratorio kirchnerista lo único que logra es dejar en evidencia al Ejecutivo en sus intenciones. Es decir, su sanción le hizo pagar un alto costo político al Gobierno para casi nada, ya que aún si la aplican van a terminar en el mismo lugar: la Corte. Además, quienes conocen a los actuales integrantes del máximo tribunal, sostienen que seguramente si la Casa Rosada apela al per saltum, el pedido sería rechazado sin mayores contemplaciones y se ordenaría que las apelaciones sigan su curso habitual.
¿Esto significa que ganó Clarín? No esta claro. En tribunales hay opiniones divididas, pero experimentados abogados sostienen que ante un fallo de Alfonso sobre la cuestión de fondo la cautelar eventualmente prorrogada, caería de manera inmediata. Y casi no hay dudas que al final del camino, Alfonso se pronunciará a favor de la constitucionalidad del artículo 161.
Por supuesto, que en esa instancia Clarín también podría apelar ese fallo de Alfonso, pero le sería cada vez más difícil lograr que se reponga una cautelar que la Corte ya dijo –en dos ocasiones- que vence este viernes.
Es en esta compleja maraña procesal que se viene librando otra pelea acaso más interesante. Aquella que se vislumbra en las contorsiones de la Corte y buena parte del Poder Judicial para afianzar su rol en el sistema como un poder autónomo.
Por eso, el máximo tribunal rechazó de manera vehemente las recusaciones masivas que ensayó el gobierno en las últimas semanas. Y no sólo eso. Ayer la Casa Rosada tuvo su día negro en Tribunales. La Corte sacó tres fallos lapidarios para el Gobierno: Ratificó que debe otorgarle parte de la pauta oficial al diario Perfil; condenó al Pami por no cumplir con el derecho de acceso a la información y falló contra la Anses en los juicios de los jubilados.
Un mensaje demasiado claro, que no necesariamente significa que el tribunal esté más cerca de Clarín.
No es casual que esa Cámara concentre la furia del kirchnerismo. Meses atrás, cuando la pelea con Clarín empezó a enfilar hacia ese tribunal, un integrante kirchnerista del Consejo de la Magistratura se sinceró: “Sino colonizamos la Cámara Civil estamos listos, Clarín viene trabajando hace años ese fuero”, y luego de un largo silencio, agregó apesadumbrado: “yo creo que no llegamos, no nos dan los tiempos”.
La Cámara Civil rechazó en las últimas horas todas las recusaciones contra sus miembros que había planteado el gobierno –que hoy las reiteró- y formó sala con los jueces Francisco de las Carreras y Susana Najurieta, para que resuelvan si conceden o no la extensión de la cautelar de Clarín que vence el 7 de Diciembre y que mantiene bloqueado el artículo 161 de la ley de medios, que obliga al grupo a realizar un downsizing compulsivo.
Si la Cámara Civil le concede a Clarín la continuidad de esta cautelar, al gobierno le queda la esperanza que el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial, Horacio Alfonso, dictamine sobre la cuestión de fondo, esto es la constitucionalidad del citado artículo 161.
Fuentes judiciales explicaron a LPO que de ninguna manera los plazos procesales le permitirían a Alfonso fallar antes del 7D. “Ayer recién dio vista de la causa al AFSCA y hoy al fiscal, no hay manera que pueda fallar antes del viernes”, explicaron las fuentes.
Se trata entonces de un rompecabezas judicial, que si se mantiene en estas previsiones lograría aguarle a Cristina Kirchner el festival popular que organizó para este fin de semana en el frente de la Casa Rosada –hoy a la tarde se podía ver a los obreros montando la estructura tubular del escenario- a modo de festejo por lo que considera el inicio de la jibarización de Clarín.
Es que a los efectos prácticos, si la Cámara decide extender la cautelar, esta se mantendría vigente al menos hasta que falle Alfonso. Porque seguramente el gobierno apelaría esa decisión a la Corte, pero sería la propia Cámara quien primero debería decidir si concede la apelación y luego la Corte lo más posible es que insista en negarse a tratar ese tema –como hizo la semana pasada- y vuelva a pedir que se resuelva la cuestión de fondo.
O sea, pasarían días, acaso semanas con la cautelar vigente y en ese lapso podría fallar Alfonso. Algunos opinan que para abreviar este trámite el gobierno podría apelar al per saltum, para llevar el caso directamente a la Corte. Difícil. Fue una mala ley que hasta la propia Cristina habría desechado.
De hecho, no parece casual que la Presidenta se haya negado a estampar su firma en el decreto que vuelve operativa esa polémica norma, que fue promulgada ayer “de hecho” por el cumplimiento de los plazos legales.
Fue una mala ley, entre otras cosas porque vino a "consagrar" un instituto que ya existe. La Corte siempre tuvo en los hechos la capacidad de abocarse a una causa cuando considera que hay riesgo institucional –lo hizo, por ejemplo, con la privatización de Aerolíneas en el gobierno de Carlos Menem cuando tomó la causa de un tribunal de primera instancia-. En esa época no existía la ley de per saltum y nada impidió que la Corte tomara esa causa.
Esta última creación del laboratorio kirchnerista lo único que logra es dejar en evidencia al Ejecutivo en sus intenciones. Es decir, su sanción le hizo pagar un alto costo político al Gobierno para casi nada, ya que aún si la aplican van a terminar en el mismo lugar: la Corte. Además, quienes conocen a los actuales integrantes del máximo tribunal, sostienen que seguramente si la Casa Rosada apela al per saltum, el pedido sería rechazado sin mayores contemplaciones y se ordenaría que las apelaciones sigan su curso habitual.
¿Esto significa que ganó Clarín? No esta claro. En tribunales hay opiniones divididas, pero experimentados abogados sostienen que ante un fallo de Alfonso sobre la cuestión de fondo la cautelar eventualmente prorrogada, caería de manera inmediata. Y casi no hay dudas que al final del camino, Alfonso se pronunciará a favor de la constitucionalidad del artículo 161.
Por supuesto, que en esa instancia Clarín también podría apelar ese fallo de Alfonso, pero le sería cada vez más difícil lograr que se reponga una cautelar que la Corte ya dijo –en dos ocasiones- que vence este viernes.
Es en esta compleja maraña procesal que se viene librando otra pelea acaso más interesante. Aquella que se vislumbra en las contorsiones de la Corte y buena parte del Poder Judicial para afianzar su rol en el sistema como un poder autónomo.
Por eso, el máximo tribunal rechazó de manera vehemente las recusaciones masivas que ensayó el gobierno en las últimas semanas. Y no sólo eso. Ayer la Casa Rosada tuvo su día negro en Tribunales. La Corte sacó tres fallos lapidarios para el Gobierno: Ratificó que debe otorgarle parte de la pauta oficial al diario Perfil; condenó al Pami por no cumplir con el derecho de acceso a la información y falló contra la Anses en los juicios de los jubilados.
Un mensaje demasiado claro, que no necesariamente significa que el tribunal esté más cerca de Clarín.
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