Un 3 de julio, hace 81 años, fallecía Don Hipólito Yrigoyen (foto), dos veces presidente constitucional y mandatario del primer gobierno popular depuesto por un golpe cívico militar.
Tres años antes de su fallecimiento, el 6 de septiembre de 1930, este presidente que en 1928 había arrasado en elecciones libres y democráticas, fue removido de su cargo por un golpe comandado por el General José Félix Uriburu (foto). Detrás, se encontraban grupos económicos y políticos que decidieron poner fin al avance de sectores medios y populares y a su voluntad de participación en el esplendor de un país floreciente.
La etapa de protagonismo popular conducida por el yrigoyenismo fue posible gracias a la transformación institucional y política que significó la plena vigencia de la Ley Sáenz Peña.
El ejercicio democrático acorraló las viejas prácticas de vetustas camarillas de prohombres que se repartían los cargos en mitines del Jockey Club o de la Sociedad Rural. La Unión Cívica Radical inaugura una nueva etapa de funcionamiento político que alcanzó al Poder Ejecutivo y Legislativo, no así al Poder Judicial donde se refugió la vieja oligarquía.
Así es como, una vez tomado el poder por la fuerza en 1930, Uriburu comunica por oficio esa asunción a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la cual, con inusitada celeridad, resuelve el día 10 de septiembre del mismo año. Sin que produzca sorpresa alguna, las firmas de todos los integrantes convalidan, en una acordada, la ruptura del orden constitucional y permiten la instalación de un régimen de facto. Suscribieron esa nefasta acordada los jueces: José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle, Antonio Sagarna; y el procurador general Horacio Rodríguez Larreta.
Esta acordada, que tuvo vigencia hasta la Reforma Constitucional de 1994, es un elemento trascendental de nuestra historia política ya que inauguró la doctrina de facto que da legalidad a los actos normativos de todas las dictaduras. Es decir, esta tradición jurídica plantea que a partir de "razones de policía y necesidad", son válidos los actos de quien sea que ocupe el Poder sin importar "el vicio o deficiencia de sus nombramientos o de su elección".
Esta nefasta Corte Suprema, que mantuvo en gran parte su integración durante el transcurso de toda la Década Infame encuentra su juicio histórico al asumir la primera presidencia el General Juan Domingo Perón, quien propicia la apertura de un juicio político a sus miembros.
En este marco, Roberto Repetto, integrante de la Corte del 30 y presidente de la misma entre 1932 y 1946, debe dar explicaciones por la Acordada del 10 de septiembre de 1930.
Como paradoja de la historia, estos procesos iniciados contra los miembros de una justicia que no dudó en avalar el Golpe del 30, tuvieron como reacción la inexplicable elevación a la figura de mártir de jueces como Repetto que, tras las nueva interrupción constitucional de 1955, sería merecedor de un busto en la Plaza Lavalle, justo frente al Palacio de Tribunales, sede de la Corte Suprema de Justicia. Este monumento fue oportunamente cedido por el conservador Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, ente que nuclea a los grandes estudios jurídicos.
Nuestra Ciudad ha sido y será un escenario de debate permanente; sus plazas, sus calles y sus edificios conservan las huellas de una historia convulsionada. El ejercicio del oficio histórico nos permite renovar y revisar permanentemente el panteón de nuestra patria, obligándonos a reflexionar sobre la trayectoria completa de los hombres que fueron parte de nuestro pasado.
El busto de Repetto implica, en los hechos, una reivindicación de su figura como magistrado y de la lamentable Acordada del 10 de septiembre. Es decir, el aval a la doctrina de facto y el repudio al orden constitucional.
Por ello, hace más de un año hemos presentado un proyecto en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a fin de agregar junto a dicho busto una placa que refiera sucintamente la verdadera historia sobre Roberto Repetto; es decir, la del golpe del año '30, la del aval de la Corte Suprema y la del juicio político por el cual fuera destituido en 1947.
Como era de esperar, algunos sectores políticos de la Ciudad han reaccionado oponiéndose al proyecto ya que pretenden dejar el pasado tal como está, sin revisiones molestas que obligan a asumir responsabilidades históricas actuales, como la pendiente democratización de la justicia.
Nuestra historia es compleja. Sin embargo, una lectura completa de los procesos que atravesamos pone en evidencia cómo una y otra vez algunos hechos se repiten. No en vano, Yrigoyen y Perón encontraron los mismos obstáculos, la misma violencia, la misma infamia. Ambos fueron derrocados por los mismos personajes que encontraron en los distintos poderes judiciales de turno una generosa representación legal de sus intereses.
De esa historia hay que hacerse cargo y poner en su lugar las responsabilidades. Es necesario que nuestro pueblo, que tanto ha avanzado durante estos últimos años, pueda encontrar una justicia que represente sus intereses. Es preciso refundar el Poder Judicial para que no sea un obstáculo para el camino que falta recorrer.
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Tres años antes de su fallecimiento, el 6 de septiembre de 1930, este presidente que en 1928 había arrasado en elecciones libres y democráticas, fue removido de su cargo por un golpe comandado por el General José Félix Uriburu (foto). Detrás, se encontraban grupos económicos y políticos que decidieron poner fin al avance de sectores medios y populares y a su voluntad de participación en el esplendor de un país floreciente.
La etapa de protagonismo popular conducida por el yrigoyenismo fue posible gracias a la transformación institucional y política que significó la plena vigencia de la Ley Sáenz Peña.
El ejercicio democrático acorraló las viejas prácticas de vetustas camarillas de prohombres que se repartían los cargos en mitines del Jockey Club o de la Sociedad Rural. La Unión Cívica Radical inaugura una nueva etapa de funcionamiento político que alcanzó al Poder Ejecutivo y Legislativo, no así al Poder Judicial donde se refugió la vieja oligarquía.
Así es como, una vez tomado el poder por la fuerza en 1930, Uriburu comunica por oficio esa asunción a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la cual, con inusitada celeridad, resuelve el día 10 de septiembre del mismo año. Sin que produzca sorpresa alguna, las firmas de todos los integrantes convalidan, en una acordada, la ruptura del orden constitucional y permiten la instalación de un régimen de facto. Suscribieron esa nefasta acordada los jueces: José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle, Antonio Sagarna; y el procurador general Horacio Rodríguez Larreta.
Esta acordada, que tuvo vigencia hasta la Reforma Constitucional de 1994, es un elemento trascendental de nuestra historia política ya que inauguró la doctrina de facto que da legalidad a los actos normativos de todas las dictaduras. Es decir, esta tradición jurídica plantea que a partir de "razones de policía y necesidad", son válidos los actos de quien sea que ocupe el Poder sin importar "el vicio o deficiencia de sus nombramientos o de su elección".
Esta nefasta Corte Suprema, que mantuvo en gran parte su integración durante el transcurso de toda la Década Infame encuentra su juicio histórico al asumir la primera presidencia el General Juan Domingo Perón, quien propicia la apertura de un juicio político a sus miembros.
En este marco, Roberto Repetto, integrante de la Corte del 30 y presidente de la misma entre 1932 y 1946, debe dar explicaciones por la Acordada del 10 de septiembre de 1930.
Como paradoja de la historia, estos procesos iniciados contra los miembros de una justicia que no dudó en avalar el Golpe del 30, tuvieron como reacción la inexplicable elevación a la figura de mártir de jueces como Repetto que, tras las nueva interrupción constitucional de 1955, sería merecedor de un busto en la Plaza Lavalle, justo frente al Palacio de Tribunales, sede de la Corte Suprema de Justicia. Este monumento fue oportunamente cedido por el conservador Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, ente que nuclea a los grandes estudios jurídicos.
Nuestra Ciudad ha sido y será un escenario de debate permanente; sus plazas, sus calles y sus edificios conservan las huellas de una historia convulsionada. El ejercicio del oficio histórico nos permite renovar y revisar permanentemente el panteón de nuestra patria, obligándonos a reflexionar sobre la trayectoria completa de los hombres que fueron parte de nuestro pasado.
El busto de Repetto implica, en los hechos, una reivindicación de su figura como magistrado y de la lamentable Acordada del 10 de septiembre. Es decir, el aval a la doctrina de facto y el repudio al orden constitucional.
Por ello, hace más de un año hemos presentado un proyecto en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a fin de agregar junto a dicho busto una placa que refiera sucintamente la verdadera historia sobre Roberto Repetto; es decir, la del golpe del año '30, la del aval de la Corte Suprema y la del juicio político por el cual fuera destituido en 1947.
Como era de esperar, algunos sectores políticos de la Ciudad han reaccionado oponiéndose al proyecto ya que pretenden dejar el pasado tal como está, sin revisiones molestas que obligan a asumir responsabilidades históricas actuales, como la pendiente democratización de la justicia.
Nuestra historia es compleja. Sin embargo, una lectura completa de los procesos que atravesamos pone en evidencia cómo una y otra vez algunos hechos se repiten. No en vano, Yrigoyen y Perón encontraron los mismos obstáculos, la misma violencia, la misma infamia. Ambos fueron derrocados por los mismos personajes que encontraron en los distintos poderes judiciales de turno una generosa representación legal de sus intereses.
De esa historia hay que hacerse cargo y poner en su lugar las responsabilidades. Es necesario que nuestro pueblo, que tanto ha avanzado durante estos últimos años, pueda encontrar una justicia que represente sus intereses. Es preciso refundar el Poder Judicial para que no sea un obstáculo para el camino que falta recorrer.
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