A las protestas por los despidos que se habían realizado en la autopartista Gestamp a principios del mes de junio, se sumaron esta semana los reclamos de trabajadores de otras empresas del sector. El caso de la multinacional LEAR, ubicada en la Zona Norte del Gran Buenos Aires, donde los empleados cortaron el tránsito de la Panamericana por el despido de 100 trabajadores y otras 100 suspensiones sin goce de sueldo, medidas que los trabajadores consideran ilegales. Mientras que, por otro lado, las empresas argumentan que es un ajuste necesario por la caída de las ventas. El factor decisivo estará dado por la posición que adopte el poder político, entre la opción por tentar inversiones y la defensa del legítimo trabajo.
El Lic. Juan Cantarella es gerente general de la Asociaciòn de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), desde hace 14 años. En diálogo con Miradas al Sur consideró importante identificar dos temas: “Por un lado, la situación que se origina con la caída de la actividad específica del sector automotor que genera, indefectiblemente, que las empresas tengan que realizar ajustes. Como cualquier empresa normal en cualquier sector, en cualquier país, si se le cae la facturación un 20% y le aumentaron los costos salariales y otros por un valor cercano al 30%, se hace imposible la sustentabilidad si no se lleva cabo algún tipo de ajuste”. Reconoce que la baja es heterogénea pero que en la generalidad ronda el 23% e interpreta que “si no recurre a estas medidas, puede prolongarse la situación uno o dos meses más, pero se termina cavando su propio pozo y, finalmente, el 100% de los empleados perdería su trabajo”. Consideró que “estos números obligan a hacer ajustes” y que los únicos caminos que puede identificar son “mantener la misma dotación con menos costos salariales o reducir la dotación manteniendo los mismos salarios per cápita. Esto es tan simple como ajustar o por cantidad o por salario”. Consideró que no era para el sector autopartista sino para el automotor la advertencia de la Presidenta cuando reclamó que no despidieran gente ante la primera baja en las ventas frente a “los 10 años que tuvieron de ganancias que fue por las políticas públicas aplicadas”.
Así, Cantarella identifica que el impacto en el empleo “originado en la coyuntura donde hay una caída en el nivel de actividad del sector” debía ser separado del segundo punto sobre el que hizo recaer la responsabilidad de los reclamos: “Los casos que tomaron trascendencia mediática, que no superan los 3 o 4 casos, veremos que no hay más nombres de empresas en los diarios, se deben a conflictos originados en la existencia de grupos de izquierda en esas empresas”. Agrupaciones en las que identifica que “desde hace tiempo, hacen de los conflictos su razón de ser”. Consideró que van más allá del derecho que todos los empleados tienen de ejercer su protesta o de hacer huelgas; y no dudó en calificar sus protestas de “acciones directas ilegales, como bloquear empresas, agreden a los compañeros que quieren ir a trabajar, amenazan a otros, en algunos casos han afectado máquinas, por lo cual, cuando la empresa quiso volver a trabajar tuvo que esperar varios días hasta que se la puso en condiciones nuevamente”. Remarcó que “estos grupos” no son representativos de la mayoría y pidió que se tenga en cuenta que se trata de 3 o 4 empresas de un total de 400, “donde no hay ese tipo de conflictos en el resto de las empresas”.
Respecto de la incidencia en las relaciones comerciales del sector con Brasil, Cantarella indicó también dos aspectos: “Uno es el impacto en la balanza que genera un déficit; pero la otra cuestión es que un menor déficit implicaría más trabajo para la Argentina con lo cual podría haber mucho más empleo generado del que hay”.
Desde el punto de vista de los trabajadores, uno de los delegados de la Comisión Interna de la autopartista de LEAR, Silvio Fanti, identificó el conflicto actual en la forma que estimó como repetitiva en que los empresarios resuelven las crisis: “Haciéndolas recaer sobre los más débiles, que es el sector trabajador”. Entiende que esta problemática está atada a la especulación de los directivos de las empresas que para aumentar su rentabilidad, achican en los costos laborales. “En nuestro sector no hay crisis ahora. LEAR no está en crisis. No puede acusar bajas en las ventas ni tiene en el horizonte un escenario de crisis. La cuestión de fondo tiene que ver buscar descabezar una comisión interna que pelea por los derechos de los trabajadores, cosa que antes no se hacía”. Fanti subraya que LEAR es proveedora exclusiva de Ford, “una empresa a la que la crisis de la industria no le llegó” y, por eso, considera injustificable el argumento de los directivos de LEAR, empresa que además genera autopartes para otros países, como Brasil. “Mucho menos con los anuncios que ha hecho el Gobierno, donde planea impulsar mucho más las fabricaciones de autopartes nacionales. Debería estar agrandando la planta y tomando más gente, en lugar de despedirla”. Entiende como favorable la respuesta del Estado al dictar la cautelar que obliga a la empresa a permitir el reingreso de los delegados, pero advierte que la empresa todavía no cumple. “La empresa sigue manteniéndose en la absoluta ilegalidad desde el primer día, demostrando que no le interesa respetar las leyes argentinas”, remarca. El delegado considera que esta situación no es ajena a despidos que ha notado en otros rubros pero entiende este conflicto como sectorial cuestionando también los despidos en Volswagen y en Ford, “aunque allí no se hayan manifestado públicamente porque en el caso de LEAR hay una comisión interna que pelea contra eso”.
En línea con los dichos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que “después de una década donde ganaron fortunas, que en vez de reducir su rentabilidad, pretendan hacer recaer la diferencia de una ganancia menor sobre nosotros, es intolerable”. Reveló que el eje que no hay que perder de vista es que la empresa no quiere invertir, por ejemplo, en seguridad laboral. “Acá tenemos muchos problemas de insalubridad o tener líneas ergonómicas para que el trabajador no tenga que hacer esfuerzos tan grandes en perjuicio de su salud. Los empresarios no quieren invertir, sólo quieren capturar la ganancia. No les importa nada más”.
Francisco Barba Gutiérrez, intendente de Quilmes, que en la década del ’70 fue obrero y sindicalista metalúrgico, identifica como “raro” que en un momento en el que se promueven medidas de mayor participación de producción local de autopartes se anuncien despidos y hasta el cierre de una empresa, como ocurre en su municipio. “En particular en Quilmes tenemos la empresa norteamericana Visteon Corporation, una empresa multinacional que en estos días anunció que cerrará la planta.” Según el intendente, la empresa argumenta estar fuera de costos. Ya han iniciado conversaciones y mantendrán una nueva reunión mañana lunes. Gutiérrez destaca que “esta empresa se sostiene económicamente con fondos de inversión, a los que podríamos llamar perfectamente fondos buitre, que compraron la empresa hace 10 años. La marca trabajó con mucha intensidad al ritmo que creció la producción automotriz y autopartista. Pero en cuanto percibió una menor actividad, decidieron directamente cerrar la planta”. Reveló saber que por otro lado la empresa anunció la compra de otro grupo, fabricador de componentes electrónicos para autos, que es lo que le hace sospechar que pretenden reemplazar un producto mecánico por otro más electrónico y descargar esa inversión sobre los trabajadores. “Nosotros rechazamos que una empresa cierre una planta cuando ha sido beneficiada por las políticas del Gobierno Nacional, entre otros, con beneficios fiscales por haber radicado una planta en Tierra de Fuego”. Consideró que si la empresa tiene menos trabajo, tiene que absorber esos costos, y mucho menos tomar la directiva de cerrar. “Lo que hay que discutir acá es si una empresa de estas características, que tiene una inversión en la Argentina, puede sencillamente, de un día para el otro, cerrar y dejar en la calle a todos los trabajadores, sin ninguna perspectiva de continuar con al fuente de trabajo”, y advirtió: “Rechazamos el cierre como sindicato, como gobierno municipal y también desde el Ministerio de Industria y Trabajo; y esperamos que la empresa revea esta situación”. Respecto del futuro, Gutiérrez adelantó que van a seguir discutiendo porque le resulta inaceptable que una de las dos empresas del país que hacen aires acondicionados y calefacción para los automóviles de todas las marcas indique que tiene problemas de producción. “Vamos a trabajar con el gremio, las terminales y las autopartistas en un programa acorde con lo que indicó la Presidenta cuando dijo que quería que los autos llevaran más autopartes realizadas en nuestro país”, afirmó mientras evalúa la excusa de la empresa e intuye otra maniobra detrás. “Se tomarán las medidas sindicales que hagan falta. Rechazamos la maniobra de la empresa y queremos que continúen; pero si insisten, que dejen la planta en mano de los trabajadores y paguen las indemnizaciones que nosotros la vamos a hacer producir”.
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