Un oficial de inteligencia de la Policía Federal espió infiltrado en la comunidad judía entre 1986 y 2000, ocupando altos cargos en organizaciones comunitarias donde se ocupó de la seguridad, mientras informaba sobre sus actividades a la jefatura de la fuerza.
El oficial -que estuvo casado con la secretaria del cónsul de Israel en Buenos Aires- declaró que está convencido de que la información que proporcionó fue utilizada para realizar el atentado contra la AMIA, por lo que fue puesto bajo el programa de protección de testigos del Ministerio de Justicia.
La Justicia corroboró que el policía realizó las tareas de espionaje infiltrado en la comunidad judía argentina, según dijeron fuentes judiciales a LA NACION. Pero la fiscalía, la AMIA y la DAIA descreen de la posibilidad de que la Policía Federal sea parte de la conexión local.
El oficial es José Alberto Pérez y su identidad se hizo pública por primera vez en un libro recientemente publicado, La ley bajo los escombros, del periodista Gabriel Levinas, que lo entrevistó tiempo atrás y lo grabó en video.
Pérez dijo que declaró ante la Justicia cuando se enteró de que Levinas iba a publicar su nombre en el libro. Levinas dijo que lo hizo porque, a veinte años, el ataque está impune.
El oficial sostiene que un motor de una camioneta se plantó entre los escombros de la AMIA para simular el ataque de un coche bomba, sospecha que fue desacreditada por investigadores. "Su idea no está sostenida por evidencias", dijo a LA NACION el fiscal Alberto Nisman. Miguel Bronfman, abogado de la DAIA, consultado por este diario expresó: "Su declaración se relaciona con el atentado. El uso que se le quiere dar es una manipulación".
Las revelaciones de Pérez motivaron que se abriera una causa en la que se investiga la violación de la ley de inteligencia, que prohíbe el espionaje interno. La investiga el juez federal Sebastián Ramos. El fiscal Jorge Di Lello impulsó la investigación y pidió que Pérez vuelva a declarar. En esta causa se investiga a la actual representante ante la OEA, Nilda Garré, pues Pérez dijo que se reunió con ella cuando era ministra de Seguridad y le narró sus actividades. La funcionaria, sin embargo, no lo denunció.
José Pérez, que se hacía llamar Yossi, diminutivo hebreo de su nombre, relató que le ordenaron en 1986 infiltrarse en la comunidad con la hipótesis, heredada de la dictadura, de vínculos con grupos de izquierda de Medio Oriente y la creencia en el plan Andinia, una supuesta estrategia secreta del sionismo para dominar la Argentina.
Se preparó, estudió hebreo tres años, leyó y asistió a cursos como si fuera un judío que pretendía regresar a Israel para recuperar sus orígenes. Su contacto en la Policía Federal era una espía, Laura, tal su nombre de guerra, una mujer de 40 años que estaba encubierta como periodista, a quien le reportaba. Se encontraban en bares abiertos las 24 horas y el espía se enamoró de ella profundamente, según dijo.
En la comunidad conoció gente del movimiento universitario, de derecha, de izquierda, socializó e incluso novió con hasta tres chicas a la vez, lo que puso en riesgo su cobertura. Tomó cursos de contrapropaganda antisemita, cursos de seguridad con expertos israelíes y organizó actividades culturales comunitarias. Allí conoció a quien iba a ser su esposa, Alicia Letziki, con quien se casó en 1993.
En 1992 llegó a secretario de actas de la Organización Sionista Argentina y responsable de seguridad. En la AMIA tuvo esa responsabilidad, cuando el edificio estaba en la calle Ayacucho; entre 1995 y 1996 fue jefe de seguridad del colegio Hertzlia, y entre 1997 y 1998, en el centro comunitario Tzavta. Relató a la Justicia que entre 1992 y 1993 tuvo planos de la AMIA, por refacciones que se iban a hacer, y les remitió a sus superiores copias de esos croquis.
El oficial dijo que no sospecha de la institución, aunque sabe, por cursos antiterroristas que tomó, que con la información que proporcionó está dada la base para la realización de un atentado. E indicó que por comentarios supo que aún hoy se vende información de inteligencia en el edificio de Moreno 1417, donde funcionan las oficinas de inteligencia de la Policía Federal.
Hasta su declaración, Pérez estaba en la delegación Paraná de la Policía Federal, donde seguía informando a sus jefes sobre reuniones entre políticos locales y nacionales..
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