En un plazo no mayor a treinta días, la Justicia Federal en lo Penal y Correccional de La Plata deberá decidir la elevación a juicio de la Causa N° 9, que investiga seis secuestros, cuatro de ellos seguidos de muerte, cometidos por el grupo de tareas parapolicial de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) platense comandado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio. En la causa están procesados, con prisión preventiva, el propio Castillo y uno de sus laderos, Juan José Pomares (a) Pipi, en tanto que otros integrantes de la banda que, tal como lo estableció la investigación de Miradas al Sur, participaron de esos hechos, todavía gozan de total impunidad. Por tratarse de hechos cometidos en el marco del terrorismo de Estado, esos secuestros y asesinatos son crímenes de lesa humanidad que, como tales, se consideran imprescriptibles.
La Causa N° 9 incluye el secuestro y posterior asesinato de Carlos Antonio Domínguez, presidente del Partido Justicialista de La Plata y dirigente gremial de los trabajadores del hipódromo de esa ciudad, cometido el 12 de febrero de 1976; el secuestro y asesinato de los militantes montoneros Graciela Martini y Néstor Hugo Di Notto, crimen perpetrado la madrugada del 4 de abril de 1976 y del que sobrevivieron milagrosamente otros dos integrantes de la tendencia revolucionaria del peronismo; y el secuestro y asesinato de Leonardo Miceli, integrante de la comisión interna de una empresa que prestaba servicios tercerizados en Propulsora Siderúrgica, cometido la noche del 19 al 20 de abril de 1976. Esa misma noche también fueron secuestrados y asesinados Carlos Satich, compañero de Miceli en la misma empresa, y el militante gremial peronista Horacio Urrera, crímenes que llamativamente no están incluidos en la causa. Como es evidente, el proceso judicial reúne delitos de lesa humanidad cometidos por la CNU antes y después del golpe del 24 de marzo de 1976.
La Causa N° 9 incluye el secuestro y posterior asesinato de Carlos Antonio Domínguez, presidente del Partido Justicialista de La Plata y dirigente gremial de los trabajadores del hipódromo de esa ciudad, cometido el 12 de febrero de 1976; el secuestro y asesinato de los militantes montoneros Graciela Martini y Néstor Hugo Di Notto, crimen perpetrado la madrugada del 4 de abril de 1976 y del que sobrevivieron milagrosamente otros dos integrantes de la tendencia revolucionaria del peronismo; y el secuestro y asesinato de Leonardo Miceli, integrante de la comisión interna de una empresa que prestaba servicios tercerizados en Propulsora Siderúrgica, cometido la noche del 19 al 20 de abril de 1976. Esa misma noche también fueron secuestrados y asesinados Carlos Satich, compañero de Miceli en la misma empresa, y el militante gremial peronista Horacio Urrera, crímenes que llamativamente no están incluidos en la causa. Como es evidente, el proceso judicial reúne delitos de lesa humanidad cometidos por la CNU antes y después del golpe del 24 de marzo de 1976.
Justicia desprolija. Hace unos días, la Fiscalía Federal platense envió un escrito al juez federal Manuel Humberto Blanco pidiendo la elevación a juicio de la causa, que está radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de La Plata. Este tribunal no tiene juez natural desde la renuncia de Arnaldo Corazza, y está actualmente subrogado por Blanco, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1. A raíz del pedido de la unidad fiscal, este magistrado corrió vistas a las defensas y a las querellas para que se expidieran. Los defensores, en una estrategia previsible, se pronunciaron negativamente, en tanto que las querellas, tanto las particulares como las de las Secretarías de Derechos Humanos de La Nación y de la Provincia de Buenos Aires, se pronunciaron de manera positiva, aunque en algún caso con cuestionamientos sobre la cantidad de crímenes incluidos en el proceso.
Para los autores de la investigación de Miradas al Sur –que hace más de tres años trabajan en el esclarecimiento del accionar criminal de la CNU platense–, la causa que se llevará a juicio está irremediablemente incompleta. La razón es evidente: se eleva el caso de secuestro seguido de muerte de Leonardo Miceli sin tener en cuenta que formó parte de una misma operación de terrorismo de Estado en la que también fueron secuestrados y asesinados Carlos Satich y Horacio Urrera. Los tres crímenes fueron cometidos la misma noche por el mismo grupo de tareas de la CNU, al mando de Carlos Ernesto Castillo (a)El Indio - reconocido por la mujer de Miceli -, con apoyo de personal del Ejército vestido de civil y zonas liberadas por la Jefatura del Área de Operaciones 113, al mando del coronel Roque Carlos Presti. Los cadáveres de Miceli, Satich y Urrera aparecieron juntos, con numerosos impactos de armas de guerra, en las aguas del arroyo Santo Domingo, en la localidad bonaerense de Sarandí. La exclusión de las muertes de Satich y Urrera de la causa –cuando ya ha sido presentada toda la prueba existente– lleva a preguntarse cuándo se investigarán y se juzgaran. Lo más probable es que queden como una causa residual, lo que obligará a juzgar dos veces, separando tres crímenes que por sus características forman parte de una sola operación criminal.
Estas omisiones y otras desprolijidades judiciales –por llamarlas de alguna manera– encuentran una explicación en una repentina urgencia de elevación provocada por una imperdonable lentitud de la Justicia en llevar adelante la causa. Ahora, las prisiones preventivas dictadas a Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Juan José Pomares (a) Pipi están al borde de cumplir su plazo máximo, de tres años y un mes. En el caso de Castillo esto no implica problemas prácticos, ya que seguirá cómodamente alojado en el penal de Marcos Paz debido a que está procesado en otras causas. En cambio, en el caso de Pomares existe el riesgo cierto de que pueda quedar en libertad, aunque sin dejar de ser procesado.
Para los autores de la investigación de Miradas al Sur –que hace más de tres años trabajan en el esclarecimiento del accionar criminal de la CNU platense–, la causa que se llevará a juicio está irremediablemente incompleta. La razón es evidente: se eleva el caso de secuestro seguido de muerte de Leonardo Miceli sin tener en cuenta que formó parte de una misma operación de terrorismo de Estado en la que también fueron secuestrados y asesinados Carlos Satich y Horacio Urrera. Los tres crímenes fueron cometidos la misma noche por el mismo grupo de tareas de la CNU, al mando de Carlos Ernesto Castillo (a)El Indio - reconocido por la mujer de Miceli -, con apoyo de personal del Ejército vestido de civil y zonas liberadas por la Jefatura del Área de Operaciones 113, al mando del coronel Roque Carlos Presti. Los cadáveres de Miceli, Satich y Urrera aparecieron juntos, con numerosos impactos de armas de guerra, en las aguas del arroyo Santo Domingo, en la localidad bonaerense de Sarandí. La exclusión de las muertes de Satich y Urrera de la causa –cuando ya ha sido presentada toda la prueba existente– lleva a preguntarse cuándo se investigarán y se juzgaran. Lo más probable es que queden como una causa residual, lo que obligará a juzgar dos veces, separando tres crímenes que por sus características forman parte de una sola operación criminal.
Estas omisiones y otras desprolijidades judiciales –por llamarlas de alguna manera– encuentran una explicación en una repentina urgencia de elevación provocada por una imperdonable lentitud de la Justicia en llevar adelante la causa. Ahora, las prisiones preventivas dictadas a Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio y Juan José Pomares (a) Pipi están al borde de cumplir su plazo máximo, de tres años y un mes. En el caso de Castillo esto no implica problemas prácticos, ya que seguirá cómodamente alojado en el penal de Marcos Paz debido a que está procesado en otras causas. En cambio, en el caso de Pomares existe el riesgo cierto de que pueda quedar en libertad, aunque sin dejar de ser procesado.
Asesinos impunes. Sin embargo, lo más preocupante de la elevación a juicio de la Causa N° 9 es la cantidad de asesinos que deja fuera del accionar de la Justicia. La investigación de Miradas al Sur ha podido establecer que:
El secuestro y asesinato de Carlos Antonio Domínguez fue perpetrado por una orden directa del entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró, quien para febrero de 1976 ya colaboraba con los jefes militares en la preparación del golpe que derrocaría a María Estela Martínez de Perón. Sin embargo, Calabró no está imputado. La orden del gobernador fue transmitida al grupo de tareas de la CNU por uno de los principales laderos, Alberto Bujía (a) El Negro. Los autores materiales del crimen fueron, entre otros, Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, Dardo Omar Quinteros, Antonio Jesús (a) Tony, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, Juan José Pomares (a) Pipi, Alfredo Lozano (a) Boxer, Ricardo Calvo (a) Richard y Gerardo Blas (a) El Flaco. Salvo Castillo y Pomares, ninguno de los otros ha sido procesado.
El secuestro de los cuatro militantes de Montoneros y el asesinato de Graciela Martini y Néstor Hugo Di Notto fue una operación decidida y realizada por la propia CNU. Después del secuestro y un simulacro de fusilamiento, el grupo de tareas comandado por Castillo trasladó a las víctimas a una casa operativa ubicada en los fondos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata. Allí torturó, en una casa rodante, a Di Notto y Martini, antes de matarlos. Los otros dos militantes - un hombre y una mujer - salvaron su vida debido a la intervención de un integrante de la CNU, Patricio Errecarte Pueyrredón, quien conocía a la familia de la mujer e intercedió para que los liberaran. De esos crímenes participaron, entre otros, Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, Juan José Pomares (a)Pipi (ambos reconocidos por los sobrevivientes), Antonio Agustín Jesús (a) Tony, Alfredo Ricardo Lozano (a) Boxer, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho y Ricardo Calvo (a) Richard.
Los secuestros y asesinatos de Leonardo Miceli, Carlos Satich y Horacio Urrera fueron realizados por el mismo grupo operativo de la CNU platense integrado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio,Dardo Omar Quinteros, Marcelo López, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto, Ricardo Calvo (a) Richard, David Massota (a) Feiño, Néstor Causa (a) El Chino, y los policías Roberto Storni, Alfredo Ricardo Lozano (a) Boxer y Vicente Ernesto Álvarez. Un grupo de militares no identificados, de civil, actuó como apoyo. Los tripulantes de los tres autos que participaron de la operación se comunicaban entre sí y con quienes les daban las órdenes mediante handys militares.
La Causa N° 9 es la primera relacionada con la CNU platense que será elevada a juicio. La demora es escandalosa: se trata de crímenes de lesa humanidad cometidos hace más de 38 años y que todavía permanecen impunes. Recién ahora la Justicia, de manera desprolija e incompleta, juzgará a algunos de sus responsables. Muchos de sus autores –materiales e intelectuales– están muertos, otros siguen vivitos, libres y coleando sin haber sido siquiera imputados. Sólo dos de ellos –Castillo y Pomares– serán sentados en el banquillo de los acusados.
El secuestro y asesinato de Carlos Antonio Domínguez fue perpetrado por una orden directa del entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró, quien para febrero de 1976 ya colaboraba con los jefes militares en la preparación del golpe que derrocaría a María Estela Martínez de Perón. Sin embargo, Calabró no está imputado. La orden del gobernador fue transmitida al grupo de tareas de la CNU por uno de los principales laderos, Alberto Bujía (a) El Negro. Los autores materiales del crimen fueron, entre otros, Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, Dardo Omar Quinteros, Antonio Jesús (a) Tony, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, Juan José Pomares (a) Pipi, Alfredo Lozano (a) Boxer, Ricardo Calvo (a) Richard y Gerardo Blas (a) El Flaco. Salvo Castillo y Pomares, ninguno de los otros ha sido procesado.
El secuestro de los cuatro militantes de Montoneros y el asesinato de Graciela Martini y Néstor Hugo Di Notto fue una operación decidida y realizada por la propia CNU. Después del secuestro y un simulacro de fusilamiento, el grupo de tareas comandado por Castillo trasladó a las víctimas a una casa operativa ubicada en los fondos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata. Allí torturó, en una casa rodante, a Di Notto y Martini, antes de matarlos. Los otros dos militantes - un hombre y una mujer - salvaron su vida debido a la intervención de un integrante de la CNU, Patricio Errecarte Pueyrredón, quien conocía a la familia de la mujer e intercedió para que los liberaran. De esos crímenes participaron, entre otros, Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, Juan José Pomares (a)Pipi (ambos reconocidos por los sobrevivientes), Antonio Agustín Jesús (a) Tony, Alfredo Ricardo Lozano (a) Boxer, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho y Ricardo Calvo (a) Richard.
Los secuestros y asesinatos de Leonardo Miceli, Carlos Satich y Horacio Urrera fueron realizados por el mismo grupo operativo de la CNU platense integrado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio,Dardo Omar Quinteros, Marcelo López, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, Antonio Agustín Jesús (a) Tony, Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto, Ricardo Calvo (a) Richard, David Massota (a) Feiño, Néstor Causa (a) El Chino, y los policías Roberto Storni, Alfredo Ricardo Lozano (a) Boxer y Vicente Ernesto Álvarez. Un grupo de militares no identificados, de civil, actuó como apoyo. Los tripulantes de los tres autos que participaron de la operación se comunicaban entre sí y con quienes les daban las órdenes mediante handys militares.
La Causa N° 9 es la primera relacionada con la CNU platense que será elevada a juicio. La demora es escandalosa: se trata de crímenes de lesa humanidad cometidos hace más de 38 años y que todavía permanecen impunes. Recién ahora la Justicia, de manera desprolija e incompleta, juzgará a algunos de sus responsables. Muchos de sus autores –materiales e intelectuales– están muertos, otros siguen vivitos, libres y coleando sin haber sido siquiera imputados. Sólo dos de ellos –Castillo y Pomares– serán sentados en el banquillo de los acusados.
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