Convengamos que puede parecer absurdo que un señor con una fortuna de más de 3500 millones de dólares contrate a dos personas con sueldos millonarios para que convenzan a jubilados y docentes que los representantes del país en el que habitan son muy malos ya que no aceptan recortar salarios y jubilaciones para cancelar una deuda cuanto menos ilegítima con el millonario de marras. Parece absurdo, pero es estrictamente así.
Paul Singer, dueño de NML Capital, uno de los fondos buitre que obtuvo el fallo favorable en la corte de Thomas Griesa, envió esta semana al país a Nancy Soderberg y Robert Shapiro de la American Task Force Argentina (ATFA) para intentar convencer que esa desviación del capitalismo que son los buitres en realidad son inversores ingenuos que apostaron por la Argentina y fueron defraudados por una serie de políticos corruptos que son capaces de transar hasta con el terrorismo iraní.
Para un lector desprevenido es fácil equivocarse –o hasta sentir empatía con los "acreedores" sólo por sus diferencias con el gobierno nacional–, pero son los mismos integrantes de la ATFA quienes la semana pasada hicieron una presentación en el Congreso de los Estados Unidos para presionar contra la importación de carne argentina a ese país, asesorando a los productores de carne bovina estadounidenses. Ese es su trabajo, cobran por eso. Claro que luego llegan a Buenos Aires y desmienten cualquier tipo de presión contra los intereses argentinos en la justicia o el Parlamento estadounidense y se presentan como representantes de jubilados o granjeros estadounidenses defraudados por gobiernos poco serios.
En cualquier caso, ese lobby no es nuevo. Ya durante el trabajoso proceso de reestructuración de la deuda, que ahora amenaza el fallo de Griesa, los bonistas contrataron una serie de lobistas –algunos de ellos eran incluso argentinos de apellidos reconocidos en el sistema financiero– para intentar convencer a la opinión pública de que lo mejor era destinar la mayor cantidad de dinero posible al pago de la deuda para que los acreedores aceptarán la oferta argentina y los mercados volvieran a creer en el país.
Tenían un objetivo y lo decían abiertamente: el país debía destinar el 6% de su producto bruto al pago de la deuda. Sólo así, argumentaban, los mercados volverían a creer en los argentinos y el país podría recuperar la senda del crecimiento económico. La discusión se trasladó incluso al interior del gobierno de Néstor Kirchner. El entonces presidente del Banco Central, Alfonso Prat-Gay, no escondía sus cuestionamientos al trabajo del equipo económico.
Fue entonces que el ex mandatario elaboró aquella argumentación que sostiene que los muertos no pagan sus deudas y decidió que la Argentina destinaría el 6% de su PBI, sí, pero a la inversión en educación y poco más del 3% anual al pago de la deuda. Aquel fue un cambio medular en la política argentina.
Este cronista todavía recuerda la explosión de malhumor de esos lobistas cuando el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna presentó la propuesta argentina para la reestructuración de la deuda allá por el 2005, en un salón del centro de convenciones de Dubai, y le dijo al mundo que iba a priorizar el crecimiento de su economía antes que el pago a los bonistas.
Esa misma disputa vuelve hoy. Si el Estado argentino no toma los recaudos del caso, los beneficios de esa reestructuración de la deuda se escurrirán como arena entre los dedos.
Una parte importante del incremento de las jubilaciones sufrirá este año el impacto de la inflación, mientras que los maestros ya estudian volver al paro luego de las vacaciones de invierno.
Aun así, tanto el aumento en el presupuesto educativo como la incorporación de más de 2 millones de jubilados al sistema previsional con mejor cobertura de América Latina son hijos en parte de esa reestructuración que liberó recursos que antes se utilizaban para afrontar una deuda asfixiante. Pero si el gobierno accede a las recomendaciones de algunos sectores de la oposición de pagar ya y sin rechistar la sentencia de Thomas Griesa, el impacto recaerá sin dudas sobre jubilaciones y salarios.
No hay nadie por estas horas que apueste a un escenario de estallido como podía preverse luego de que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos se negara a tomar el caso argentino. Hay confianza en que habrá un acuerdo, sólo resta saber qué características tendrá y cuándo se cerrará.
El índice de riesgo país, ese símbolo del estallido de 2001, se redujo significativamente en las últimas tres semanas, mientras que el Banco Central consiguió incrementar sus reservas gracias al flujo de los agrodólares.
En el encuentro del viernes, los funcionarios argentinos volvieron a plantear al juez que reestablezca la medida cautelar que suspende la aplicación de su sentencia como paso inicial para la negociación. Los buitres juegan también su partido; mientras mandan a sus lobistas, aceptan cobrar en bonos a partir del 2015 y hasta reconocen que le pedirían a Griesa que reponga el "stay" si avanza el acuerdo con la Argentina.
El juez guarda silencio, pese a los crecientes planteos de las distintas entidades financieras involucradas en el asunto que le reclaman cobertura legal por cumplir con esa sentencia inaplicable que firmó a favor de los buitres.
Mientras tanto, el lunes empezará otro capítulo. La ventana que abrió en la política el mundial de fútbol de Brasil que termina hoy pondrá otra vez en el centro de la escena a las tensiones que quedaron en un segundo plano durante la fiebre mundialista. Las primeras señales sobre lo que vendrá la ofrecieron algunos sectores de la oposición que jugaron fuerte luego del procesamiento del vicepresidente Amado Boudou. No les alcanzó para impulsar el juicio político, pero esta semana marginaron al vice de la conducción de la sesión del Senado.
Antes, Boudou había remplazado a la presidenta Cristina Fernández en los actos por el aniversario del 9 de Julio. El vice llegó a Tucumán con buena parte del Gabinete, aunque las imágenes mostraron diferencias a la hora de los saludos. El más frío fue el ministro de Transporte, Florencio Randazzo.
El vicepresidente y el resto de los procesados apelaron entre el jueves y el viernes esa decisión del juez, aunque no habría que esperar una decisión veloz de la Cámara. El oficialismo accedió al planteo opositor de que Boudou no presidiera la sesión del Senado para destrabar el tratamiento de la ley para blindar los activos del Banco Central en el extranjero. Ese será el contexto en el que se desarrollará la previa de la campaña de 2015 que empieza con el pitazo final en el Maracaná.
Otra señal de la tesitura que prepara la oposición se dio ayer. La Casa Rosada invitó a los principales referentes de la oposición a participar de la cena en honor al presidente ruso Vladimir Putin. La respuesta fue un cerrado rechazo.
La única excepción fue la del alcalde porteño, Mauricio Macri, quien reafirmó las señales de acercamiento con el gobierno nacional que viene llevando adelante en los últimos meses.
La visita del premier ruso concluyó con la firma de acuerdos de cooperación y, desde lo político, la conferencia conjunta dejó señales interesantes. Putin destacó la condición de socio estratégico de la Argentina y además remarcó como elemento positivo que el país tenga una posición propia e independiente frente a la agenda internacional. Cristina Fernández reclamó por enésima vez un cambio en los organismos multilaterales. Más allá de la disputa con los buitres y las dificultades en el frente interno por la situación judicial del vicepresidente, Cristina Fernández redondeará una semana intensa. Luego de la visita de Putin viajará a Brasil para participar del encuentro del BRICS. Llega a la capital brasileña no sólo con el respaldo de Rusia, sino también con un gesto favorable de China a su posible incorporación a ese bloque.
Después del receso mundialista Macri es el que aparece como mejor plantado entre los referentes de la oposición. Abandonó su posición de crítica boba al oficialismo y, sin llegar a "caprilizar" su discurso, pretende ubicarse un escalón por encima de sus colegas opositores en un rol "institucionalista". Lejos del tremendismo apocalíptico de Elisa Carrió, sigue tratando de cerrar acuerdos en el interior del país con diferentes y se anima a expresar públicamente el deseo de que Gabriela Michetti sea su compañera de fórmula, desafiando la tradición de los binomios integrados por representantes de distintos distritos.
Sin embargo, hay algunos que sostienen que se trata de una movida del alcalde porteño para presionar al radicalismo y cerrar así cuanto antes un acuerdo de cara a 2015 y obtener así la pata nacional que el PRO no alcanzó a construir nunca.
Pese al esfuerzo de los distintos candidatos del panradicalismo por mostrarse –vale como ejemplo el polémico paso de Julio Cobos por Malvinas–, ninguna de esas figuras consigue mojar entre los que se acomodan en el pelotón de los líderes. Macri lo sabe y sigue especulando con la posibilidad de presentarse como el único candidato efectivamente opositor que puede llegar a la segunda vuelta para competir contra el postulante del oficialismo. En esa línea, en el macrismo intentan reafirmar la condición de ex funcionario del kirchnerismo de Sergio Massa. El ex intendente de Tigre tuvo una aparición tan fugaz como fallida en la última operación vinculada al caso del suspendido fiscal José María Campagnoli. Después de una denuncia que perduró apenas ocho horas, sobre un inexistente pedido de la Cancillería al gobierno de los Estados Unidos sobre tuiteros que amenazaron a la remplazante del fiscal Cristina Caamaño.
Massa cuestionó públicamente las "persecuciones" del gobierno nacional, pero cuando los propios ex colaboradores de Campagnoli reconocieron que el gobierno nacional nada tenía que ver en el asunto, y se supo que una fiscal de la Ciudad había pedido los informes, el líder del Frente Renovador volvió al silencio. Ayer viajó a Río de Janeiro para ver la final del Mundial
La segunda mitad del año arranca mañana. Está lejos del escenario que los más críticos anunciaron allá por enero, cuando la devaluación abría inmensos interrogantes sobre el futuro. Sin embargo, la economía enfrenta un momento complejo. La caída de la producción industrial golpea al empleo y acrecienta el ritmo y la tensión de las protestas gremiales.
A diferencia de la tradición manifiesta del kirchnerismo, las fuerzas de seguridad no esquivan el accionar represivo frente a las manifestaciones sociales. No está claro si es un cambio de política o una serie de episodios aislados.
Recesión económica y creciente conflicto gremial, tensión externa en la negociación con los buitres y las complicaciones judiciales del vicepresidente demandarán del oficialismo toda su capacidad de gestión para conseguir que los últimos 15 meses del mandato de Cristina Fernández no sean un mero tránsito hacia el cierre de un ciclo sino el punto de partida para una construcción política perdurable.
No hay comentarios:
Publicar un comentario