ESPAÑA VOLVIO A RECHAZAR EXTRADITAR A LOS IMPUTADOS POR GENOCIDIO El gobierno de Rajoy, firme con la impunidad franquista

Ante una interpelación parlamentaria pedida por el partido Izquierda Plural, el ministro español de Justicia, Rafael Catalá, criticó duramente el intento de la Justicia argentina de investigar los crímenes del franquismo y opinó que países con "déficit democrático" no pueden pretender enjuiciar casos descartados por prescripción en España. Reiteró que no habrá extradición de los acusados reclamados por la jueza María Servini de Cubría.

"Aquí en España hemos acotado con razonabilidad cuáles son los casos que deben ser conocidos por los tribunales españoles", afirmó Catalá ante los diputados en Madrid, en referencia a una controvertida limitación de la denominada justicia universal aprobada en febrero de 2014 gracias a la mayoría absoluta del conservador partido gubernamental.

"Sería muy bueno que algunos otros países que tienen, en mi opinión, algún déficit democrático no pretendan enjuiciar lo que países democráticos, con funcionamiento del Estado de Derecho, llevan a cabo (...) con naturalidad", fustigó Catalá.

"La justicia argentina estableció que los delitos que se investigan constituyen crímenes de lesa humanidad. La tortura, señor ministro, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada ¿pueden constituir crímenes de lesa humanidad o no?", le espetó a Catalá el diputado de la Izquierda Plural Joan Josep Nuet, recordando que éstos nunca prescriben.

La jueza argentina María Servini de Cubría, amparándose en la justicia universal, investiga desde 2010 los crímenes cometidos durante la guerra civil española (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). El pasado 1 de noviembre pidió la extradición de una veintena de personas imputadas por genocidio y crímenes contra la humanidad.

El 13 de marzo, el gobierno español decidió denegar dicha extradición considerando que España es competente para juzgar estos casos, que los hechos cometidos en los años 1970 ya prescribieron y algunos de ellos como "haber firmado sentencias de penas de muerte" eran legales según el código penal de la época.

Las asociaciones de víctimas, que denunciaron la desaparición forzada de 114.000 personas y el robo de decenas de miles de bebés, acudieron a los tribunales argentinos por las dificultades para llevar el caso ante la justicia española debido a una ley de amnistía aprobada en 1977, durante la transición a la democracia.

"No somos una democracia normalizada, porque la democracia no puede construirse sobre el olvido y la impunidad", subrayó hoy Nuet ante Catalá, y agregó: "No vamos a parar (...) hasta que en este país tengamos justicia, verdad y reparación".