NUEVOS PROTOCOLOS PARA INVESTIGAR LA COMPLICIDAD EMPRESARIA CON LA DICTADURA “La motivación económica de la represión ilegal”

Por Alejandra Dandan

“Acá lo que se estudia es la motivación económica de la represión ilegal. En general, esto es información pública, así que buscamos en la Bolsa de Comercio, la Inspección General de Justicia y, además, en algunos casos se solicitan medidas para conseguir información contable. Y esto es lo que está estandarizado en los protocolos. Lo que pretendemos es poder evaluar la participación que tuvieron en la represión ilegal tanto los directivos de las empresas como el beneficio económico obtenido”, dice Judith Köing, contadora y directora de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero de la Procuración (Ofinec). La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Ofinec crearon un protocolo destinado a fiscales de todo el país para investigar la responsabilidad empresaria en los crímenes de la dictadura. Una de las novedades es que las investigaciones que hasta ahora hacían los abogados sumarán la mirada de especialistas en libros contables. Dos equipos ya están trabajando. Uno por la Procuración y otro por la Ofinec. Carolina Varsky, que coordina el primer espacio, y Köing explican las hipótesis con que están avanzando y adelantan algunos resultados en casos como los de Loma Negra y La Nueva Provincia.

“Cuando empezamos a cruzar el trabajo de la Procuraduría con las necesidades que surgían en las causas de lesa humanidad en las que había empresas denunciadas, nos dijimos: tiene que haber alguna forma distinta de trabajar –dice Varsky–. En ese momento, nos dividimos el trabajo con la Ofinec, que empezó a hacer el aporte en materia contable. Por otro lado, noso-tros ya avanzábamos desde el punto de vista más tradicional. Muchas de las declaraciones ocurridas durante el Juicio a las Juntas, por ejemplo, ya hablaban de las empresas, sin embargo, esto estaba más invisibilizado porque se ponía el eje en visibilizar a represores de las Fuerzas Armadas o de Seguridad o las víctimas. Y no se prestaba atención a que las personas contaban que era delegado sindical de una empresa. O que esa empresa tenía a su vez otras tantas víctimas desa-parecidas. Nuestro aporte en este momento es darle una segunda mirada a lo ya recolectado y seguir buscando en otros archivos que todavía no fueron consultados.”

–¿Como por ejemplo?

Varsky: –Los archivos de los sindicatos, el Archivo General de la Nación, las causas 20.840 (los expedientes de actividades subversivas realizados por la dictadura), testimonios brindados en los ’80 ya sea ante Conadep, en el Juicio a las Juntas o los que derivaron después.

–Puede decirse que plantean dos abordajes: por un lado el análisis de los “hechos de sangre”, y por otro el análisis contable.

Varsky: –Lo que tiene de novedoso esto es que existe un área poco explorada en las causas de lesa humanidad por los fiscales que integran generalmente las unidades de derechos humanos. Estaban acostumbrados a investigar delitos “de sangre”: es decir, el secuestro, la desaparición, la tortura, la reducción a la servidumbre, los homicidios, la sustracción de menores. Todo tiene que ver con delitos de sangre. Y no miraban la parte contable. Esa es la idea del protocolo: frente a esa situación, vimos que se está dando un patrón común que muestra que en varias jurisdicciones hubo empresas que podrían tener alguna responsabilidad en las desapariciones, en la apropiación de bienes, en los homicidios. Ante esa situación, el fiscal, además de pedir el legajo Conadep de tal víctima, tiene que pedir diversas medidas para que las pueda analizar el contador.

Köing: –Y a nivel empresarial lo que buscamos son los balances. Pero las dos cosas son penales. Acá lo que se estudia es la motivación económica de la represión ilegal. En estos casos, se busca qué reflejan esos estados contables. En general, esto es información pública así que buscamos en la Bolsa de Comercio, la IGJ y, además, en algunos casos, se solicitan medidas para conseguir información contable. Y esto es lo que está estandarizado en el protocolo: lo que pretendemos es que los fiscales conozcan todas las medidas que se pueden llevar a cabo y las fuentes de información que existen para conseguir los datos y poder evaluar la participación que tuvieron tanto los directivos de las empresas como el beneficio económico obtenido.

–¿Cuál es la hipótesis con la que trabajan?

Köing: –Estudiamos la evolución de las distintas variables económicas a nivel nacional. Específicamente, la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, que en 1974 y 1975 alcanzó el 45 por ciento, y luego, con la dictadura, se produjo una abrupta caída en el nivel salarial de los trabajadores en el ingreso nacional. El “fifty-fifty”, como dice la Presidenta, cayó abruptamente ya desde junio del ’75. Y fue cayendo. Y llegó al 22 por ciento. Luego lo que estudiamos es cómo ese comportamiento macroeconómico se refleja a nivel empresarial. Hay empresas con mano de obra intensiva, donde lo que más pesa en los costos es la mano de obra. Pero el peso de la mano de obra, sea el porcentaje que sea, cayó entre un 50 y un 20 por ciento, depende del caso. O sea, buscamos verificar la motivación económica de estos delitos: si se verifica o no se verifica en el caso de cada empresa. Y en qué medida. Eso, en general, se encuentra en las cifras de los balances.

–¿Cuáles fueron los primeros casos que analizaron?

Köing: –Loma Negra y ahora Molinos. En Loma Negra se consiguió la documentación porque en un principio la empresa la aportó (NdR: son otros propietarios), pero en Molinos los fiscales hicieron directamente un allanamiento. Fuimos con ellos a la sede administrativa principal de la empresa, junto con la policía y secuestramos los libros que vimos necesarios. Ahora estamos analizándolos de modo contable. Con Loma Negra ya hicimos ese análisis. Y se verificaron las hipótesis. Pero es importante señalar que en cada caso hacemos el estudio de aquellas cuentas contables que tienen que ver con el caso en particular: como no sólo damos una mirada contable, sino que trabajamos con los fiscales y estamos al tanto del hecho de represión, buscamos los datos específicos en las cuentas. En Loma Negra estuvo la particularidad del abogado (NdR: el secuestro y el asesinato de Carlos Alberto Moreno, abogado laboralista de los trabajadores) y la particularidad de una cuenta: un rubro contable en los libros de la empresa que se llama Previsión Ley 20.744, donde se agrupaban los importes que la empresa pensaba que iba a erogar en materia de indemnizaciones. No siempre tenemos una cuenta vinculada con el caso específico de represión ilegal, pero ahí lo tuvimos: vimos que hubo una caída de un 72 por ciento en esa previsión. La previsión se proyectaba con un año de anticipación. El hecho sucedió en el ’77, y para el año siguiente el importe bajaba. Eso está ubicado en Pasivos no Corrientes. Durante toda la dictadura, esa cuenta disminuyó. No se extinguió, pero disminuyó. Esto tuvo que ver también con las leyes laborales del período.

–¿Pero la enorme caída tuvo que ver con Moreno?

Köing: –Está más marcado con la extinción del factor litigante, digamos. En otros casos, estudiamos las variables que se dan en cada uno. Puede ocurrir que no tengamos desagregado lo contable como para desagregar el costo laboral. Depende del balance, sobre todo en esa época.

–¿Qué otros casos trabajaron?

Köing: –Estamos trabajando con los libros de La Nueva Provincia. Hicimos el estudio de la documentación que los fiscales secuestraron. Estamos buscando y analizando otra información, pero, por ejemplo, nos detuvimos en el nivel salarial y los sueldos de cada empleado. Comparamos la brecha entre los mejor remunerados y el peor remunerado, al comienzo y al final del período. Vimos que en 1976, el que menos ganaba recibía un 85 por ciento del que más ganaba. Al final del período, esa brecha era del 1400 por ciento.

–Parece un impacto directo del crimen: la desaparición de dos delegados gremiales.

Varsky: –Es que justamente es eso: los números van a importar de acuerdo con las víctimas. Porque hay empresas en las que hay víctimas desaparecidas. En Loma Negra hablamos de Moreno y allí está la reducción en el Fondo de Previsión. Distinto es el caso de víctimas secuestradas de la propia empresa. O cuando el imputado integra la empresa en lo cotidiano y no es un presidente al que no ve ningún empleado. Lo que se mide está vinculado con la causa penal. Todo ayuda a la causa penal, a establecer si existe o no responsabilidad o participación criminal de la empresa. Nosotros como abogados nos dedicamos a lo penal.

–¿Cuál es el peso de estos datos contables?

Köing: –Cuando alguien comete un ilícito que implica un enriquecimiento, un robo, por ejemplo, y se demuestra que no era de él y que lo obtuvo mediante una violencia, se lo decomisa y se lo restituye. En el caso de los delitos de represión ilegal, cuando la motivación era económica y se logró un beneficio, hay que cuantificarlo y eventualmente tomar medidas judiciales.

–¿Podrían llegar a una restitución?

Köing: –Claro, por eso es importante cuantificar el beneficio económico adicional obtenido.

“Mejoró la escucha”

–¿Cómo llegamos hasta acá?

Varsky: –Hasta ahora tenías históricamente los casos de Mercedes Benz y Ford, una con la comisión interna desaparecida, otra con un centro clandestino adentro. Luego aparecen Blaquier y los casos de Salta y Jujuy, con Minera el Aguilar y La Veloz del Norte. Y ahora en distintas jurisdicciones puede haber alguna empresa frente a la que se dice: “Ah, mirá, acá también”. Esto es resultado, también, de cómo mejoró la escucha y estar más atento a lo que alguna vez se dijo. Porque la característica sindical laboral de muchas víctimas siempre estuvo. Sólo que uno ponía el ojo en otra cosa. Ahora que los juicios están avanzados, que los debates son muy ricos, los testimonios de las víctimas son completos en cuanto a que no sólo cuentan que fueron secuestrados tal día, sino que avanzan y dicen que militaban en tal lugar, eran delegados de tal empresa... Todo eso enriquece y permite dimensionar la condición laboral y sindical de muchas víctimas. Y el rol que cumplieron las empresas donde esas víctimas trabajaban.

Köing: –Y el beneficio económico que tuvieron. Lo llamativo es que todo está en los balances. Muchos son públicos y están disponibles y estuvieron disponibles siempre. Y creo que es una cuenta que nos debíamos. Que estaban ahí y nadie hizo esa cuenta. Esos balances fueron mirados desde otro punto de vista. A los fines bursátiles. O para saber qué rentabilidad tuvo la empresa. Pero no para ver cómo bajó el costo laboral en ese período.

–Hubo trabajos sobre el impacto de la represión entre los obreros.

Köing: –Pero hasta ahora no se hizo la cuenta en cada empresa y en el marco de cada causa penal. Un balance sirve para hacer correlaciones. En general, se analiza para ver si le dan un crédito a tal empresa o si conviene invertir o comprar acciones de esa compañía. Siempre la mirada fue otra. Es muy difícil que se mire desde el punto de vista del impacto social o de lo que pasó.

–¿Se hizo este trabajo en algún otro país en contextos represivos? ¿Alemania?

Köing: –En Alemania la cosa fue distinta, no ocurrió esto de hacer un estudio de los balances con este criterio.

Varsky: –En marzo hicimos una reunión sobre esta materia con fiscales de distintas jurisdicciones. Ahí surgió la necesidad de armar un protocolo; que el trabajo sea interdisciplinario y que haya un equipo como la Ofinec, porque se necesita una experticia.

–A la luz del protocolo, ¿puede decirse que ya hay un “patrón” sobre cómo fue esa relación entre empresas, Estado terrorista y crímenes?

Varsky: –Hay una constante sobre qué mirar en materia contable. Pero sobre la participación de las empresas en el plan sistemático de exterminio, no. Hay empresas en las que funcionó un centro clandestino dentro de la planta. En otras se ve la relación con las Fuerzas Armadas y de Seguridad porque custodiaban o prestaban elementos, como Mercedes Benz o Ledesma. En algunos casos hay trabajadores desaparecidos, en otros abogados o en un tercer caso sobrevivientes secuestrados en centros clandestinos que funcionaron dentro de las empresas. O víctimas sobre las que tenían conocimiento las empresas. Suponemos además cierta colaboración de las empresas en entregar un listado de víctimas que molestaban. Por algo fueron a buscar a determinadas personas. Ahora estamos en el momento de leer los procesamientos para poder identificar patrones comunes. Es difícil porque hasta ahora, en las causas, las víctimas no estaban agrupadas como integrantes de determinada empresa. Recién ahora se está reuniendo a las víctimas con esta mirada, para analizar si la empresa o funcionarios de la empresa, más bien, tuvieron o no responsabilidad en las desapariciones.