Mientras surgen denuncias contra algunas empresas que se presentaron para quedarse con la explotación del puerto de la ciudad de Santa Fe, capital del segundo Estado argentino, el número de homicidios alcanzó su pico máximo y generó que el intendente suspendiera la venta de armas por tres meses. En forma paralela, en escuchas telefónicas entre personajes vinculados al narcotráfico, no solamente surgieron los planes para matar al juez provincial Juan Carlos Vienna y al fiscal Guillermo Camporini, sino también hipótesis y nombres en torno del atentado que casi le cuesta la vida al gobernador Antonio Bonfatti en la noche del 11 de octubre de 2013. Allí se menciona al jefe de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, y las especulaciones recientemente difundidas a nivel nacional del aporte narco a la campaña del oficialismo en la provincia. Lo llamativo es que los grandes medios de comunicación de Santa Fe solamente difundieron, masivamente, un fragmento de estas escuchas. El drama mayor, sin embargo, no está en la suerte de los dirigentes nombrados, sino en las víctimas, la mayoría de ellas menores de treinta años.
Las armas y la droga. “¿Es cierto o no es cierto que la policía vende las drogas en los barrios marginales?. Eso no lo invento yo. ¿Quién investiga eso?. ¿Es cierto o no es cierto que se utilizan a los niños de las calles para hacerlos punguistas para la venta al menudeo de la droga”, se preguntaba Edgardo Trucco, sacerdote por el Tercer Mundo en los años setenta a quien el Vaticano no quiso como obispo de Santa Fe y decidió que el sucesor de Vicente Zazpe fuera Edgardo Storni. La frase la dijo en el programa de televisión Entre Líneas, antes de morir en junio de 2002. Trucco advertía que en las calles santafesinas había muchas armas y drogas en la segunda mitad de los años noventa.
Ningún factor de poder lo escuchó.
Casi veinte años después de aquellas desesperadas advertencias del padre Trucco, uno de los primeros firmantes de los documentos de los sacerdotes por el Tercer Mundo en la Argentina, el intendente de la ciudad capital del segundo estado del país, el radical José Corral, pidió suspender por 90 días la venta de armas y municiones en la ciudad.
La razón está en los números de los homicidios sufridos en la cuna de la revolución de los siete jefes, 117 hasta el miércoles de esta semana, superando el triste récord de 2007, cuando las vidas arrancadas sumaron 116.
Decía con precisión el diario El Litoral, el vespertino que se ha convertido en la segunda sombra de los santafesinos, que la medida es “un tiro por elevación… porque la mayoría de los homicidios no se cometieron con armas registradas legalmente” y “porque es el Renar (Registro Nacional de Armas) el que habilita y debe controlar a los comercios del rubro, aunque lo hace con tres inspectores para todo el centro-norte provincial”.
Corral le pidió a “la Provincia y al Estado Nacional que, por medio de sus organismos con competencia en la materia, dicten los actos que fueren pertinentes para colaborar con esta medida” y añadió que cualquier medida “debe estar acompañada por un fuerte control del mercado ilegal de venta de armas y municiones, para disminuir la presencia y circulación de armas”, indicó.
–Todos tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para minimizar y controlar la presencia de armas y municiones. Nosotros queremos ayudar en ver si efectivamente se están cumpliendo estas normas y discutir nuevas e innovadoras ideas… El Estado tiene el derecho de fijar las normas y el municipio de dar y hacer cesar las habilitaciones. No estamos clausurando los negocios sino simplemente limitando la habilitación en lo que refiere a armas y municiones –dijo el intendente santafesino.
–¿Pero no están engordando un mercado negro con esta prohibición? –le preguntaron.
–De ninguna manera. Estamos controlando lo que podemos controlar. Los mercados ilegales tienen que controlarlos la Policía y la Justicia y nos parece que hay que sumar controles y cada uno tiene que hacer su parte, porque hay muchas armas denunciadas a la Policía como robadas y eso es una situación alarmante porque son armas que están en la calle.
De acuerdo con una proyección de los homicidios, la tasa se elevaría a 27 cada cien mil habitantes, frente un promedio de 7, 2 cada cien mil a nivel nacional, según los datos del Ministerio de Salud del año 2012.
Según el diario La Nación, el asesinato de jóvenes entre los 15 y los 19 años “es uno de los mayores problemas en Santa Fe. El Ministerio de Salud de la Nación registró en esa provincia 165 homicidios en esa franja etaria entre 2010 y 2012, según un relevamiento realizado por la Asociación para Políticas Públicas, a cargo de Diego Fleitas Ortiz de Rosas”.
La triste y dolorosa realidad santafesina no solamente remarca aquella visión profética del padre Trucco de finales de los años noventa, sino también tomar conciencia de que la presencia de armas y drogas en la vida cotidiana no es más que la consecuencia de las cinco vías por las cuales el sistema capitalista se viene alimentando en los últimos cuarenta años: petróleo, armas, medicamentos, drogas y trata de personas.
Como si todo esto fuera poco, hay escuchas telefónicas desgrabadas por la justicia federal rosarina que expresan distintas complicidades y diferentes actores políticos detrás del atentado contra el gobernador Antonio Bonfatti, como también los supuestos aportes narcos a la campaña.
Ningún factor de poder lo escuchó.
Casi veinte años después de aquellas desesperadas advertencias del padre Trucco, uno de los primeros firmantes de los documentos de los sacerdotes por el Tercer Mundo en la Argentina, el intendente de la ciudad capital del segundo estado del país, el radical José Corral, pidió suspender por 90 días la venta de armas y municiones en la ciudad.
La razón está en los números de los homicidios sufridos en la cuna de la revolución de los siete jefes, 117 hasta el miércoles de esta semana, superando el triste récord de 2007, cuando las vidas arrancadas sumaron 116.
Decía con precisión el diario El Litoral, el vespertino que se ha convertido en la segunda sombra de los santafesinos, que la medida es “un tiro por elevación… porque la mayoría de los homicidios no se cometieron con armas registradas legalmente” y “porque es el Renar (Registro Nacional de Armas) el que habilita y debe controlar a los comercios del rubro, aunque lo hace con tres inspectores para todo el centro-norte provincial”.
Corral le pidió a “la Provincia y al Estado Nacional que, por medio de sus organismos con competencia en la materia, dicten los actos que fueren pertinentes para colaborar con esta medida” y añadió que cualquier medida “debe estar acompañada por un fuerte control del mercado ilegal de venta de armas y municiones, para disminuir la presencia y circulación de armas”, indicó.
–Todos tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para minimizar y controlar la presencia de armas y municiones. Nosotros queremos ayudar en ver si efectivamente se están cumpliendo estas normas y discutir nuevas e innovadoras ideas… El Estado tiene el derecho de fijar las normas y el municipio de dar y hacer cesar las habilitaciones. No estamos clausurando los negocios sino simplemente limitando la habilitación en lo que refiere a armas y municiones –dijo el intendente santafesino.
–¿Pero no están engordando un mercado negro con esta prohibición? –le preguntaron.
–De ninguna manera. Estamos controlando lo que podemos controlar. Los mercados ilegales tienen que controlarlos la Policía y la Justicia y nos parece que hay que sumar controles y cada uno tiene que hacer su parte, porque hay muchas armas denunciadas a la Policía como robadas y eso es una situación alarmante porque son armas que están en la calle.
De acuerdo con una proyección de los homicidios, la tasa se elevaría a 27 cada cien mil habitantes, frente un promedio de 7, 2 cada cien mil a nivel nacional, según los datos del Ministerio de Salud del año 2012.
Según el diario La Nación, el asesinato de jóvenes entre los 15 y los 19 años “es uno de los mayores problemas en Santa Fe. El Ministerio de Salud de la Nación registró en esa provincia 165 homicidios en esa franja etaria entre 2010 y 2012, según un relevamiento realizado por la Asociación para Políticas Públicas, a cargo de Diego Fleitas Ortiz de Rosas”.
La triste y dolorosa realidad santafesina no solamente remarca aquella visión profética del padre Trucco de finales de los años noventa, sino también tomar conciencia de que la presencia de armas y drogas en la vida cotidiana no es más que la consecuencia de las cinco vías por las cuales el sistema capitalista se viene alimentando en los últimos cuarenta años: petróleo, armas, medicamentos, drogas y trata de personas.
Como si todo esto fuera poco, hay escuchas telefónicas desgrabadas por la justicia federal rosarina que expresan distintas complicidades y diferentes actores políticos detrás del atentado contra el gobernador Antonio Bonfatti, como también los supuestos aportes narcos a la campaña.
Macri y los aportes a la campaña. El domingo 23 de marzo de este año, el diario La Capital, de la ciudad de Rosario, publicaba que “el plan que se proponía matar al juez de Instrucción Juan Carlos Vienna y al fiscal de Cámaras Guillermo Camporini, detectado en escuchas de la Justicia federal, también incluía la eliminación de un policía. El apuntado era el comisario Luis Quebertoque, de la Brigada Operativa de la División Judicial de la Unidad Regional II, una de las secciones con protagonismo en la persecución a los grupos acusados de delitos violentos y conectados al narcotráfico, entre ellos la banda de Los Monos”.
La existencia del complot “se desprende de una secuencia de escuchas entre dos presos. Uno es Germán Almirón, un suboficial de 32 años que está detenido en la Alcaidía Mayor de Jefatura, acusado de facilitar la fuga de Juan Domingo Ramírez, un sicario de Los Monos, el 16 de enero pasado. Su interlocutor era Arón Treves, de 29 años, preso alojado en Coronda por el asesinato de Gustavo Serra en un after de Maipú al 800, en noviembre de 2012, y por trasladar dos kilos de pasta base de cocaína en un auto en la zona sur rosarina, razón que motivó su captura en diciembre de ese año. La incipiente investigación establece que el policía Almirón y Treves se conocían hace años. Y que el primero, que trabajaba en la División Judicial, indujo al segundo a presentarse a declarar en la denominada Causa Monos, por la que Vienna procesó en febrero a 36 personas, entre ellas, 13 efectivos policiales en actividad”, sostenía el matutino.
Esos diálogos son del domingo 16 de marzo; llegaron al despacho del juez federal Carlos Vera Barros el miércoles 19. Ese mismo día el magistrado los remitió con un sello de urgente trámite al fiscal general de la provincia Julio de Olazábal por inferir que se preparaba un atentado contra la vida de un juez, un fiscal o funcionarios judiciales. El caso lo lleva el fiscal rosarino Aníbal Vescovo.
El miércoles 2 de abril de 2014, La Capital publicó un suplemento especial de cuatro páginas donde resumían secuencias de esas escuchas telefónicas. “Dos presos, 3 días de comunicaciones, 26 páginas de transcripciones, un plan para matar”, era la volanta con la que se presentaba la publicación.
Sin embargo, las desgrabaciones de las llamadas del 8 de marzo, entre la 1.43 y la 1.55, comienzan a revelar lo conversado entre Almirón y Treves acerca del atentado contra el gobernador Antonio Bonfatti, ocurrido en la noche del viernes 11 de octubre de 2013.
“… El tema viene así… es así, hay gente de Buenos Aires… en la volteada está Macri, está metido, sé que una gente, una gente de Buenos Aires… que estos se quisieron hacer los Pablo Escobar, ¿me entendés?.. Esto es así, es sencillo… se quiso hacer el Escobar con el Luis Medina, es así. Los pibes estos tenían que ir y pegarle al gobernador, los pibes le dieron el bolso de plata y lo chorearon, cuando se rescataron el otro se les escapó, ¿me entendés?. Y no lo entregaron. Se fueron con la plata, es así nomás, y ahora a Luis lo boletean… y en La Granada están todos cagados”, dice ese fragmento de las escuchas que, hasta ahora, no tuvieron repercusión en los grandes medios de comunicación de la provincia de Santa Fe.
Resulta extraño que una porción de esas mismas escuchas haya servido para hacer un suplemento especial y estos diálogos que hablan de un actor fundamental en la política argentina como Mauricio Macri ni siquiera se hayan comentado.
Es decir, que había parte de esas escuchas que merecían conocerse y las otras no.
Algo que no se explica ni desde la política ni mucho menos desde el periodismo.
Pero había algo más en esas conversaciones del 8 de marzo.
Más adelante, las desgrabaciones corresponden a la comunicación iniciada ese mismo día a la 1.55 y terminada a las 2 de la madrugada.
En esa llamada aparece el diálogo ahora más conocido sobre los supuestos aportes narcos a la campaña del oficialismo.
“… Es así el tema, ellos le tenían que pegar al gobernador y no le pegaron… y la gente quiere que cuando salgan, uno de los dos termine el trabajo… (más adelante) eso por querer hacerse lo que no son, ¿sabés cuánto le sacaba el gobernador, boludo?. Un millón al Esteban y un millón al coso, al Luis, después un millón a un tal Francés, que creo que es el de Baigorria, si no me equivoco… y sé que los gordos habían puesto una moneda también, no se si un millón pero habían puesto una moneda… con todo este quilombo… el tipo los desconoce a todos y se abre”, dice el folio 16 de esas escuchas desgrabadas.
Esteban Lindor Alvarado es el supuesto narco que maneja el negocio en la zona centro de la ciudad de Rosario; el llamado Francés es el polaco Thierry André Polus; y los gordos no serían Los Monos, como apareció en varios medios de comunicación, sino la legendaria banda de Los Vázquez, un par de hermanos a los que se los vincula con las primeras cocinas que aparecieron en la zona sur de la Cuna de la Bandera.
Más allá de la veracidad judicial que puedan tener estas afirmaciones, lo llamativo es que no hayan resultado del interés periodístico de los grandes medios provinciales. Lo mismo que sucedió con Edgardo Trucco cuando, en la segunda mitad de los años noventa, decía que había que desarmar a la población civil santafesina al mismo tiempo que se preguntaba por qué era tan notoria la complicidad policial con los narcos. Esos silencios se pagan con la sangre joven derramada en los barrios. Es necesario contar lo que pasa para no ser cómplices de lo que pasa.
La existencia del complot “se desprende de una secuencia de escuchas entre dos presos. Uno es Germán Almirón, un suboficial de 32 años que está detenido en la Alcaidía Mayor de Jefatura, acusado de facilitar la fuga de Juan Domingo Ramírez, un sicario de Los Monos, el 16 de enero pasado. Su interlocutor era Arón Treves, de 29 años, preso alojado en Coronda por el asesinato de Gustavo Serra en un after de Maipú al 800, en noviembre de 2012, y por trasladar dos kilos de pasta base de cocaína en un auto en la zona sur rosarina, razón que motivó su captura en diciembre de ese año. La incipiente investigación establece que el policía Almirón y Treves se conocían hace años. Y que el primero, que trabajaba en la División Judicial, indujo al segundo a presentarse a declarar en la denominada Causa Monos, por la que Vienna procesó en febrero a 36 personas, entre ellas, 13 efectivos policiales en actividad”, sostenía el matutino.
Esos diálogos son del domingo 16 de marzo; llegaron al despacho del juez federal Carlos Vera Barros el miércoles 19. Ese mismo día el magistrado los remitió con un sello de urgente trámite al fiscal general de la provincia Julio de Olazábal por inferir que se preparaba un atentado contra la vida de un juez, un fiscal o funcionarios judiciales. El caso lo lleva el fiscal rosarino Aníbal Vescovo.
El miércoles 2 de abril de 2014, La Capital publicó un suplemento especial de cuatro páginas donde resumían secuencias de esas escuchas telefónicas. “Dos presos, 3 días de comunicaciones, 26 páginas de transcripciones, un plan para matar”, era la volanta con la que se presentaba la publicación.
Sin embargo, las desgrabaciones de las llamadas del 8 de marzo, entre la 1.43 y la 1.55, comienzan a revelar lo conversado entre Almirón y Treves acerca del atentado contra el gobernador Antonio Bonfatti, ocurrido en la noche del viernes 11 de octubre de 2013.
“… El tema viene así… es así, hay gente de Buenos Aires… en la volteada está Macri, está metido, sé que una gente, una gente de Buenos Aires… que estos se quisieron hacer los Pablo Escobar, ¿me entendés?.. Esto es así, es sencillo… se quiso hacer el Escobar con el Luis Medina, es así. Los pibes estos tenían que ir y pegarle al gobernador, los pibes le dieron el bolso de plata y lo chorearon, cuando se rescataron el otro se les escapó, ¿me entendés?. Y no lo entregaron. Se fueron con la plata, es así nomás, y ahora a Luis lo boletean… y en La Granada están todos cagados”, dice ese fragmento de las escuchas que, hasta ahora, no tuvieron repercusión en los grandes medios de comunicación de la provincia de Santa Fe.
Resulta extraño que una porción de esas mismas escuchas haya servido para hacer un suplemento especial y estos diálogos que hablan de un actor fundamental en la política argentina como Mauricio Macri ni siquiera se hayan comentado.
Es decir, que había parte de esas escuchas que merecían conocerse y las otras no.
Algo que no se explica ni desde la política ni mucho menos desde el periodismo.
Pero había algo más en esas conversaciones del 8 de marzo.
Más adelante, las desgrabaciones corresponden a la comunicación iniciada ese mismo día a la 1.55 y terminada a las 2 de la madrugada.
En esa llamada aparece el diálogo ahora más conocido sobre los supuestos aportes narcos a la campaña del oficialismo.
“… Es así el tema, ellos le tenían que pegar al gobernador y no le pegaron… y la gente quiere que cuando salgan, uno de los dos termine el trabajo… (más adelante) eso por querer hacerse lo que no son, ¿sabés cuánto le sacaba el gobernador, boludo?. Un millón al Esteban y un millón al coso, al Luis, después un millón a un tal Francés, que creo que es el de Baigorria, si no me equivoco… y sé que los gordos habían puesto una moneda también, no se si un millón pero habían puesto una moneda… con todo este quilombo… el tipo los desconoce a todos y se abre”, dice el folio 16 de esas escuchas desgrabadas.
Esteban Lindor Alvarado es el supuesto narco que maneja el negocio en la zona centro de la ciudad de Rosario; el llamado Francés es el polaco Thierry André Polus; y los gordos no serían Los Monos, como apareció en varios medios de comunicación, sino la legendaria banda de Los Vázquez, un par de hermanos a los que se los vincula con las primeras cocinas que aparecieron en la zona sur de la Cuna de la Bandera.
Más allá de la veracidad judicial que puedan tener estas afirmaciones, lo llamativo es que no hayan resultado del interés periodístico de los grandes medios provinciales. Lo mismo que sucedió con Edgardo Trucco cuando, en la segunda mitad de los años noventa, decía que había que desarmar a la población civil santafesina al mismo tiempo que se preguntaba por qué era tan notoria la complicidad policial con los narcos. Esos silencios se pagan con la sangre joven derramada en los barrios. Es necesario contar lo que pasa para no ser cómplices de lo que pasa.
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