Inquilinos alquilados: cuando regula el mercado

Por Enrique de la Calle
El déficit habitacional en Argentina tiene varias caras, una de ellas se hizo visible la semana pasada con el desalojo de mil familias en Lugano. El Estado cumplió una orden judicial y mostró su faceta represiva. Sin embargo, hace años que el Ejecutivo macrista incumple una ley que lo insta a urbanizar las villas porteñas. Dime qué órdenes obedeces…
El siguiente dossier, por su parte, aborda uno de los rostros menos visibles de la problemática de la vivienda: los alquileres. En el país incluye al 16% de los hogares. En Ciudad Autónoma, el número llega al 30%, uno de cada tres. En Neuquén, al 19%. Por motivos diferentes, en los dos distritos tuvo lugar en el último tiempo un boom inmobiliario que presiona sobre el mercado inmobiliario, encareciendo los costos.
El caso neuquino fue abordado en entrevista con Guillermo Torres, de la Unión de Inquilinos de esa provincia. “Después de Vaca Muerta, un departamento con un dormitorio puede costar hasta 5000 pesos”, aseguró. La contracara del fenómeno: “A principios de año dijimos que los inquilinos iban a ocupar propiedades. El sábado pasado hubo una toma muy importante”, describió.
Los alquileres ponen en juego un doble mercado. Por un lado, el formal está dominado por las inmobiliarias y tiene por destino a los sectores medios y altos. Por el otro, un sistema informal se pone en juego en los barrios más pobres. En ambos es la arbitrariedad de los propietarios la que se impone. Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, analiza las peculiaridades de esas lógicas.
La ley y el orden
Rige a nivel nacional una ley de 1984, la 23.091, de “locaciones urbanas”. Es el marco general: después cada provincia o ciudad tienen normas locales que se ocupan de aspectos específicos. En general, prima el principio de que se trata de un contrato entre privados. Así las cosas, el Estado debería hacerse a un costado.
El abogado de la ONG “Unión de Inquilinos Argentinos”, Ricardo Botana, analizó en diálogo con AGENCIA PACO URONDO las debilidades de la normativa actual. “El inquilino tiene pocos derechos. Es muy complicado que pueda defender sus intereses”, aseveró. El obstáculo de siempre son las inmobiliarias: “La posición de la Cámara es la de no cambiar nada. Siempre plantean escenarios catastróficos”.
En casi todas las provincias la sociedad civil se moviliza con la pretensión de hacer visible la necesidad de regulación. La estrategia es doble. Por un lado está la discusión de una nueva ley nacional; por el otro, está la disputa en el pago chico: en esa cancha se apunta a aprovechar los grises de la normativa para introducir cambios favorables a los inquilinos.

Los reclamos son variados: van desde topes a los precios, cláusulas más favorables a los que alquilan (contratos más largos, más tiempo de preaviso), hasta la creación de un organismo público de control. En algunas jurisdicciones se pide el castigo impositivo a las propiedades ociosas, de modo de incrementar la oferta de inmuebles. De fondo, lo que se sigue discutiendo es el modo en que se accede a una vivienda