El alcance de las nuevas medidas aprobadas esta semana por el Congreso. El rechazo de las grandes cámaras empresariales y de la oposicion y el aporte de las asociaciones de consumidores y de las pequeñas y medianas empresas.
Si tuviera que definir el objetivo central al que apuntan las leyes recientemente aprobadas, ¿cuál sería?
–El único actor relevante en toda esta situación es el consumidor y hacia allí apunta este paquete de leyes. Dicho esto, lo que mandamos al Congreso es un paquete integral de iniciativas que supone novedades que nosotros calificamos de históricas, revolucionarias. Estamos creando una nueva Justicia para el consumidor, orientada a la resolución de los conflictos habituales en las relaciones de consumo a las que cualquier consumidor se enfrenta todos los días. Sobre todo, a los abusos de las grandes empresas proveedoras de servicios y de bienes ante las cuales cada uno experimenta indefensión ante la situación actual. Con esta nueva Justicia, estos nuevos procedimientos para llevar adelante los reclamos y obtener las reparaciones, creemos que estamos transformando la vida de todos los consumidores y por lo tanto de todos los argentinos. En todas las discusiones se comenta mucho la relevancia de este nuevo fuero judicial que se equipara, incluso, con lo que fue la creación del fuero laboral para los derechos de los trabajadores a partir de la base de que estamos hablando siempre de relaciones desiguales: la del trabajador con el empresario, la del consumidor con la empresa. Mientras por un lado tenemos a ese actor, que es el consumidor desprotegido, en relaciones desiguales, por el otro lado tenemos a otros actores, que son las asociaciones de consumidores que, al relacionarse con los consumidores y representar sus intereses, levantaron muy rápidamente el guante de todo el paquete de medidas, comprendiendo que son reivindicaciones históricas de las asociaciones de consumidores a las que el Gobierno responde de manera integral. También, dentro de lo que son los actores relevantes de todo este debate, destacaría a las asociaciones de consumidores porque son fundamentales. Hicieron muchos aportes, participaron de discusiones, y aunque algunos no pudieron ser incorporados en los proyectos que se aprobaron, van a ser parte de las reglamentaciones. Fue un diálogo muy interesante.
–Algo, sin duda, muy distinto a lo instalado por las grandes cámaras y los medios hegemónicos…
–Bueno, ahí surge la gran diferencia sobre cómo pensó el Gobierno estas iniciativas, y cómo lo hizo la corporación empresarial y mediática. Ahí aparecen los representantes de las grandes corporaciones, quienes, al momento que se presentó el paquete de leyes, rápidamente distorsionaron la discusión. Quitaron lo que es la verdadera esencia, que es otorgarles más poder a los consumidores y, a la vez, más herramientas para que el Estado defienda los intereses de los consumidores. Un empresario no puede decir “no, yo quiero seguir estafando a la gente cuando hace un reclamo, no le quiero dar ninguna respuesta como hasta ahora” como, por ejemplo, cuando un usuario del cable quería darse de baja, y le imponían trabas de todo tipo y nadie atendía sus reclamos. Entonces como no pueden decir que están en contra de algo que beneficia a los consumidores, de algo que habla de lealtad comercial, se agarraron de que el Gobierno quería avanzar sobre la iniciativa privada, que se quería estatizar el mercado. La ley vigente faculta a la Secretaría de Comercio como autoridad de competencia. Y eso es lo que a los representantes de las grandes corporaciones y a los actores dominantes de los mercados nunca les gustó. No les gusta ningún tipo de límite a sus abusos.
–¿Cómo se imponen esos límites?
–Ante situaciones claras de abuso, la ley le permite a la Secretaría intervenir rápidamente para evitar perjuicios a los consumidores o para los actores más débiles de la escala de valor: los pequeños productores, las pequeñas empresas, los pequeños comercios. La estrategia mediática de las grandes corporaciones fue desnaturalizar la discusión, desvirtuar los objetivos de las iniciativas y transformar todo en un avance del Estado sobre la iniciativa privada, sobre la empresa y, sobre todo, darle a la discusión una impronta de coyuntura como si estuviésemos discutiendo algo para aplicar mañana, cuando lo que estamos dejando es un paquete de leyes que van a usar todos los gobiernos que vengan de aquí en adelante y que van a ayudar a todos los consumidores. Por eso digo que disfrazaron un paquete de iniciativa pro consumidor como si fuese un planteo antiempresarial. Así se planteó la discusión, esa fue la estrategia de las grandes corporaciones, mientras que lo que hicieron las pequeñas empresas fue, a partir de sus representaciones gremiales, salir en general a defender la necesidad de que el Estado dispusiera de instrumentos para protegerlos ante los casos de abuso por parte de las grandes empresas.
–¿Participaron del debate las grandes cámaras empresariales?
–Ante los planteos que se hacían en la discusión mediática, llamamos a todos los actores, desde las grandes corporaciones hasta las pequeñas empresas, para discutir cuál era el problema para que hicieran sus aportes y discutieran. Las grandes corporaciones no quisieron discutir.
–¿No participaron de ninguna discusión?
–Vinieron a la Secretaría de Comercio y dijeron “lo que queremos es que se derogue esta ley”. Mi pregunta fue si tenían problemas con la reforma o con la ley vigente. “Con la ley vigente”, fue la respuesta. Por eso volví a preguntar: si el problema no era con la reforma, qué era lo que querían. Se sinceraron aún más: “Que deroguen la ley, porque si ustedes están actualizando esta ley, es porque la van a usar”. Propusimos discutir la ley artículo por artículo. Y para eso, la respuesta fue: “Nosotros no discutimos”. Esa fue la respuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA), de la Cámara de la Construcción, de lo que se conoce como el Grupo de los 6. Dentro de ese grupo, la única entidad que accedió a sentarse a discutir fue la Cámara Argentina de Comercio.
–¿Qué plantearon?
–Dijeron que estaban en contra de esta ley, que avanzaba sobre la propiedad privada, que no era buena para la inversión ni para la seguridad jurídica, pero que si se iba a ir adelante con la reforma, preferían participar de la discusión. Hicieron varios planteos, introdujimos diez modificaciones a la ley a partir de las propuestas de la Cámara de Comercio. En el caso de la Cámara Argentina de la Media Empresa (CAME), luego de que inicialmente se mostraran en contra porque entendían que la ley que nosotros llamamos de Regulación de las Relaciones de Producción y de Consumo, que es la reforma de la Ley de Abastecimiento, las incluía a las pymes, cuando claramente la ley sólo protege a los actores más débiles. Pidieron, explícitamente, sacar al sector del alcance de la ley, por lo que incluimos un artículo que dice explícitamente “esta ley no alcanza a las pymes”, más allá de que nunca las hubiese alcanzado por la cuestión de quién es el que tiene posibilidad de tener posición dominante. Lamentablemente, hay experiencias históricas, sobre todo durante el menemismo, que aplicó la Ley de Abastecimiento contra pequeñas empresas, no contra grandes corporaciones.
–Entonces, contrariamente a lo que informan los medios hegemónicos, hubo debates y acuerdos con amplios sectores…
–Así es, dimos el debate, planteamos la necesidad de tener el mejor instrumento posible y el que quiso debatir, debatió; el que quiso aportar, aportó. Quien no quiso y se negó directamente a la discusión prefirió desvirtuar todo. Y, lamentablemente, hubo cierto sector de la opinión pública en donde esa prédica tuvo éxito, porque en realidad cuando uno se pone a preguntar qué es lo que trató el Congreso apuntan solamente a la Ley de Abastecimiento, que es una parte marginal. Para nosotros, la discusión y el debate que se dieron fueron muy interesantes: estamos muy conformes con el paquete de iniciativas que se aprobaron y apostamos a seguir trabajando con todas las cámaras para que al momento de la reglamentación se pueda también contar con sus aportes y que sea lo mejor posible.
–¿Cómo evalúa el rechazo de la oposición en el Congreso a estas medidas?
–Lamentablemente, lo que están haciendo es repetir acríticamente el discurso de las corporaciones y velar por sus derechos. De hecho, el día de la votación, uno de los diputados de la oposición, con los que estuvimos debatiendo en el Congreso junto al ministro de Economía y al secretario de Justicia dijo, explícitamente, que “un país se construye con grandes empresas”. Se le escapó así, y todos nos quedamos mirándolo hasta que después de un rato dijo “bueno, también tiene que haber pequeñas empresas”. Esa es la visión que tiene cierta parte de la oposición. Están repitiendo un discurso que claramente les imponen los sectores económicos dominantes, y utilizándolo políticamente para deslegitimar un paquete de medidas que, como dije antes, beneficia a los consumidores. Ante eso, ¿cuál es el planteo que nosotros hacemos?: que es una ley que se aplica excepcionalmente porque, históricamente, bajo ciertas condiciones, corresponde aplicarla cuando se perjudica a una porción importante de los consumidores o cuando corre riesgo el abastecimiento de los mercados de bienes sensibles.
–¿En qué casos se aplicó la ley en los últimos tiempos?
–Esta ley se aplicó ante los frigoríficos por cuestiones de abastecimiento de carne, que es un bien muy sensible para la vida de los argentinos. Ante maniobras de algunas empresas de combustibles. Ante empresas de televisión por cable, por ejemplo con Cablevisión, también por maniobras especulativas. Como secretario de Comercio, hace tres meses apliqué el abastecimiento en el sector medicamentos porque habíamos detectado conductas sospechosas por parte de los laboratorios que subieron, en el lapso de dos semanas, los precios de todos los medicamentos en proporciones similares sin ningún tipo de justificación. Ordenamos que respetaran los precios, que se congelaran por sesenta días, y establecimos todo un proceso de discusión con el sector que permitió, a partir del mes de septiembre, que se actualicen los precios de una manera razonable. En ese momento nadie salió a decir que esto era Venezuela, que era una locura, ni el propio sector en donde se aplicó la ley hizo una presentación ante la Justicia, más bien acató la resolución y se sentó a discutir. A partir de la aplicación de este tipo de instrumentos, pudimos generar una salida: cuando falla todo lo demás, está el instrumento, pero si hay racionabilidad, si hay discusión, si hay debate y, si no hay abusos, entonces no hace falta aplicarla.
–¿Cómo se aplicará el sistema de sanciones o multas?
–Tal como lo establecía la legislación previa a su modificación. Antes, un recurso planteado en la Justicia por parte de la empresa sancionada podía evitar el pago de la multa mediante una caución. Y la realidad es que nunca pagaron las multas porque la Justicia no se expedía. Por eso, en este paquete de leyes se invierte esa lógica y se establece el principio de “primero pague y después reclame”, como hacemos todos los consumidores.
–¿Permitirán estas medidas evitar el nivel de concentración que tuvieron sectores claves como el de alimentos, con aumentos de precios injustificados y retaceo de mercadería, o el del sector agropecuario exportador con el acopio de granos?
–Nosotros no estamos en contra de ningún sector, de ninguna empresa, ni del campo ni de la industria. Nosotros buscamos generar instrumentos para que cuando alguno de los formadores de precios que tiene capacidad de influir en el bienestar de los argentinos abuse de su posición, se generen los instrumentos para actuar. Eso brinda la garantía de que actores pequeños puedan competir y crecer en los mercados. Porque, por ejemplo, en el típico caso de los alimentos tenemos una concentración oligopólica en la provisión de los bienes. Es decir, pocas empresas producen los tomates, las galletitas, los panificados. Y también, por el lado de la venta minorista están lo que se denomina oligopsonio, porque hay cinco canales de supermercados que concentran las compras. Entonces, lo que no es una gran cadena de supermercado, y lo que no es una gran empresa proveedora de alimentos, está completamente sujeta a la arbitrariedad y discrecionalidad de las cadenas del supermercado y de los grandes proveedores. Por tal motivo, si no tenemos instrumentos para evitar esa discrecionalidad, esos pequeños comercios, esas pequeñas empresas productoras se van quedando fuera del mercado. Esto se ve no sólo en la Argentina, sino en todo el mundo.
–Una palabra, “discrecionalidad”, que se suele usar demasiado y de diversas maneras…
–Sí, hay muchos políticos y muchos referentes de la oposición muy preocupados por la discrecionalidad del Estado, y por la discrecionalidad y arbitrariedad que supuestamente le da este instrumento a un funcionario, pero no parecen estar preocupados por la discrecionalidad de un gerente de una empresa multinacional monopólica sobre lo que hace respecto al entramado productivo, al resto de los trabajadores, a los consumidores. Esa discrecionalidad no los preocupa, y, en contrapartida, a nosotros nos preocupa mucho.
–En términos generales, las grandes empresas y las pymes tuvieron en estos diez años altos niveles de rentabilidad, sin embargo el nivel de concentración no disminuyó…
–Nosotros promovimos el desarrollo de muchas pymes durante toda esta década. Y se pudieron desarrollar por el propio crecimiento, por la dinámica de crecimiento de la economía y, también, porque crecieron junto con las grandes y las medianas empresas. Obviamente que en ambos sectores creció la concentración, somos conscientes de eso. Por tal razón, justamente para evitar lo que es una dinámica natural del proceso económico (la tendencia mundial a la concertación que se profundiza al punto de impedir el desarrollo de otras empresas), nosotros contamos con instrumentos para, a partir de una visión de cadena de valor, sentarnos con diferentes actores y eslabones a establecer condiciones de competencia, de transparencia y de desarrollo armónico en relaciones que son contradictorias. Y esto es muy importante, porque parece ser que reina la armonía en el mercado y, obviamente, una empresa que es proveedora de un insumo, que es monopólica, tiene intereses contradictorios con la pequeña empresa: la pequeña empresa quiere pagar lo menos posible y la otra, venderlo más caro. Después, el supermercado tiene contradicción con el consumidor: el súper quiere vender lo más caro posible, y el consumidor quiere pagar lo menos posible. Quien logra quedarse con parte de ese ingreso del otro actor se apropia de parte de la renta de una cadena de valor, por su poder y capacidad de hacerlo. Entonces, en medio de todas esas contradicciones, y con el objetivo de darles la posibilidad de desarrollarse a los pequeños actores y proteger a los más débiles, entendemos que junto con toda la política macroeconómica, la de ingresos, la industrial que lleva adelante el Gobierno es importante contar con estas herramientas. Como lo discutíamos en la Cámara de Diputados, esta ley probablemente no sirva para otro modelo de política económica. Porque si viene otro modelo de política económica, con la apertura indiscriminada de la economía, el ajuste fiscal, el ajuste monetario y el ajuste salarial, el mercado terminará resolviendo todo.
–¿Cómo?
–Saca del medio a diez, veinte millones de argentinos. Con todo eso se resolvió la inflación, se resolvió todo. Nosotros apuntamos a una política completamente distinta, que viene desde hace años transformando a la Argentina y que, llegado cierto punto, para seguir avanzando, necesitamos también intervenir en la distribución del excedente en la cadena de valor con leyes como la de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo. Esto es lo que está detrás. Y el fantasma que están agitando en realidad es el miedo que tienen quienes ven que sus privilegios puedan verse reducidos.
–En el rubro alimentos hay productos que, en algunos casos, aumentaron en tres meses de manera desproporcionada. ¿Qué pasa con esos sectores y cómo son las negociaciones que llevan adelante para evitar esos aumentos?
–Nosotros siempre apostamos a los acuerdos voluntarios en materia de precios. De hecho, Precios Cuidados, que es el programa que lanzamos en el mes de diciembre, teniendo disponible la Ley de Abastecimiento, apostó a sentar a los productores, por un lado, los comercializadores, por el otro, y establecer una lista representativa de productos de consumo masivo, con precios y márgenes razonables para, a partir de ahí, ordenar los precios de la economía con referencias claras respecto de cuánto salen las cosas. Entonces, si el consumidor tiene un producto referenciado, y sabe cuánto sale, indirectamente se ordenan los precios. Por supuesto, no es lo mismo hacer una política general de fijación de precios que esta estrategia. Esta estrategia, al ser voluntaria y al estar transparentada, nos da la posibilidad de que haya compromiso por parte de quienes participan de Precios Cuidados y del acuerdo, y nos evita algo que es imposible, que es controlar todos los precios de la economía. Creemos en el mercado para resolver algunas soluciones, pero con una economía tan concentrada hay que generar referencias, sobre todo cuando uno de los problemas que detectamos al llegar a la Secretaría fue que había una pérdida total de referencias de precios por parte de los consumidores debido a maniobras especulativas de supermercados y también de las empresas proveedoras. Nosotros siempre vamos a apostar a organizar un esquema voluntario que permita dar respuestas a las necesidades de los consumidores. Y al sentar estas bases, uno puede después discutir el resto de los precios. Con todas las empresas que pasan por acá, todos los días, nos sentamos, vemos cómo van variando los precios, y si detectamos una suba desproporcionada o que consideramos no justificada, lo discutimos, escuchamos sus explicaciones sobre el aumento de los costos y llegamos a un equilibrio. Un equilibrio que siempre es peor de lo que le hubiera gustado a la empresa, y peor de lo que nos gustaría a nosotros, pero que es bueno para todos en su conjunto. Si eso sigue funcionando, esta ley va a estar muy bien guardada en un cajón porque no habrá que usarla. Ahora, si eso no funciona, dispondremos del instrumento.
–¿Cómo es el tono de la discusión con esos sectores?, ¿Llegan tan beligerantes como se los ve muchas veces en los medios de comunicación?
–Cuando nos sentamos a discutir sabemos muy bien quién es quién. Entonces vienen y tienen que ser lo que son porque no pueden esconder la realidad. Nosotros sabemos lo que hacen, cómo con sus maniobras, cómo estafan a la gente, cómo se apropian de la renta. Saben que lo sabemos, y eso es evidente. De todas maneras, hay muchísima asimetría de información, porque ellos saben bien cuánto ganan, cuánto se llevan, por dónde se la llevan. Lo saben, y nosotros los vamos sacando con las fuentes que tenemos, con lo cual se los va desenmascarando, pero siempre saben más que nosotros. Así y todo, sabemos bastante más de lo que ellos creen. Entonces, acá, las charlas son mucho más francas, entre gente que sabe lo que está haciendo. Ahí quedan afuera todas esas cantilenas y discursetes que salen a decir públicamente.
–El único actor relevante en toda esta situación es el consumidor y hacia allí apunta este paquete de leyes. Dicho esto, lo que mandamos al Congreso es un paquete integral de iniciativas que supone novedades que nosotros calificamos de históricas, revolucionarias. Estamos creando una nueva Justicia para el consumidor, orientada a la resolución de los conflictos habituales en las relaciones de consumo a las que cualquier consumidor se enfrenta todos los días. Sobre todo, a los abusos de las grandes empresas proveedoras de servicios y de bienes ante las cuales cada uno experimenta indefensión ante la situación actual. Con esta nueva Justicia, estos nuevos procedimientos para llevar adelante los reclamos y obtener las reparaciones, creemos que estamos transformando la vida de todos los consumidores y por lo tanto de todos los argentinos. En todas las discusiones se comenta mucho la relevancia de este nuevo fuero judicial que se equipara, incluso, con lo que fue la creación del fuero laboral para los derechos de los trabajadores a partir de la base de que estamos hablando siempre de relaciones desiguales: la del trabajador con el empresario, la del consumidor con la empresa. Mientras por un lado tenemos a ese actor, que es el consumidor desprotegido, en relaciones desiguales, por el otro lado tenemos a otros actores, que son las asociaciones de consumidores que, al relacionarse con los consumidores y representar sus intereses, levantaron muy rápidamente el guante de todo el paquete de medidas, comprendiendo que son reivindicaciones históricas de las asociaciones de consumidores a las que el Gobierno responde de manera integral. También, dentro de lo que son los actores relevantes de todo este debate, destacaría a las asociaciones de consumidores porque son fundamentales. Hicieron muchos aportes, participaron de discusiones, y aunque algunos no pudieron ser incorporados en los proyectos que se aprobaron, van a ser parte de las reglamentaciones. Fue un diálogo muy interesante.
–Algo, sin duda, muy distinto a lo instalado por las grandes cámaras y los medios hegemónicos…
–Bueno, ahí surge la gran diferencia sobre cómo pensó el Gobierno estas iniciativas, y cómo lo hizo la corporación empresarial y mediática. Ahí aparecen los representantes de las grandes corporaciones, quienes, al momento que se presentó el paquete de leyes, rápidamente distorsionaron la discusión. Quitaron lo que es la verdadera esencia, que es otorgarles más poder a los consumidores y, a la vez, más herramientas para que el Estado defienda los intereses de los consumidores. Un empresario no puede decir “no, yo quiero seguir estafando a la gente cuando hace un reclamo, no le quiero dar ninguna respuesta como hasta ahora” como, por ejemplo, cuando un usuario del cable quería darse de baja, y le imponían trabas de todo tipo y nadie atendía sus reclamos. Entonces como no pueden decir que están en contra de algo que beneficia a los consumidores, de algo que habla de lealtad comercial, se agarraron de que el Gobierno quería avanzar sobre la iniciativa privada, que se quería estatizar el mercado. La ley vigente faculta a la Secretaría de Comercio como autoridad de competencia. Y eso es lo que a los representantes de las grandes corporaciones y a los actores dominantes de los mercados nunca les gustó. No les gusta ningún tipo de límite a sus abusos.
–¿Cómo se imponen esos límites?
–Ante situaciones claras de abuso, la ley le permite a la Secretaría intervenir rápidamente para evitar perjuicios a los consumidores o para los actores más débiles de la escala de valor: los pequeños productores, las pequeñas empresas, los pequeños comercios. La estrategia mediática de las grandes corporaciones fue desnaturalizar la discusión, desvirtuar los objetivos de las iniciativas y transformar todo en un avance del Estado sobre la iniciativa privada, sobre la empresa y, sobre todo, darle a la discusión una impronta de coyuntura como si estuviésemos discutiendo algo para aplicar mañana, cuando lo que estamos dejando es un paquete de leyes que van a usar todos los gobiernos que vengan de aquí en adelante y que van a ayudar a todos los consumidores. Por eso digo que disfrazaron un paquete de iniciativa pro consumidor como si fuese un planteo antiempresarial. Así se planteó la discusión, esa fue la estrategia de las grandes corporaciones, mientras que lo que hicieron las pequeñas empresas fue, a partir de sus representaciones gremiales, salir en general a defender la necesidad de que el Estado dispusiera de instrumentos para protegerlos ante los casos de abuso por parte de las grandes empresas.
–¿Participaron del debate las grandes cámaras empresariales?
–Ante los planteos que se hacían en la discusión mediática, llamamos a todos los actores, desde las grandes corporaciones hasta las pequeñas empresas, para discutir cuál era el problema para que hicieran sus aportes y discutieran. Las grandes corporaciones no quisieron discutir.
–¿No participaron de ninguna discusión?
–Vinieron a la Secretaría de Comercio y dijeron “lo que queremos es que se derogue esta ley”. Mi pregunta fue si tenían problemas con la reforma o con la ley vigente. “Con la ley vigente”, fue la respuesta. Por eso volví a preguntar: si el problema no era con la reforma, qué era lo que querían. Se sinceraron aún más: “Que deroguen la ley, porque si ustedes están actualizando esta ley, es porque la van a usar”. Propusimos discutir la ley artículo por artículo. Y para eso, la respuesta fue: “Nosotros no discutimos”. Esa fue la respuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA), de la Cámara de la Construcción, de lo que se conoce como el Grupo de los 6. Dentro de ese grupo, la única entidad que accedió a sentarse a discutir fue la Cámara Argentina de Comercio.
–¿Qué plantearon?
–Dijeron que estaban en contra de esta ley, que avanzaba sobre la propiedad privada, que no era buena para la inversión ni para la seguridad jurídica, pero que si se iba a ir adelante con la reforma, preferían participar de la discusión. Hicieron varios planteos, introdujimos diez modificaciones a la ley a partir de las propuestas de la Cámara de Comercio. En el caso de la Cámara Argentina de la Media Empresa (CAME), luego de que inicialmente se mostraran en contra porque entendían que la ley que nosotros llamamos de Regulación de las Relaciones de Producción y de Consumo, que es la reforma de la Ley de Abastecimiento, las incluía a las pymes, cuando claramente la ley sólo protege a los actores más débiles. Pidieron, explícitamente, sacar al sector del alcance de la ley, por lo que incluimos un artículo que dice explícitamente “esta ley no alcanza a las pymes”, más allá de que nunca las hubiese alcanzado por la cuestión de quién es el que tiene posibilidad de tener posición dominante. Lamentablemente, hay experiencias históricas, sobre todo durante el menemismo, que aplicó la Ley de Abastecimiento contra pequeñas empresas, no contra grandes corporaciones.
–Entonces, contrariamente a lo que informan los medios hegemónicos, hubo debates y acuerdos con amplios sectores…
–Así es, dimos el debate, planteamos la necesidad de tener el mejor instrumento posible y el que quiso debatir, debatió; el que quiso aportar, aportó. Quien no quiso y se negó directamente a la discusión prefirió desvirtuar todo. Y, lamentablemente, hubo cierto sector de la opinión pública en donde esa prédica tuvo éxito, porque en realidad cuando uno se pone a preguntar qué es lo que trató el Congreso apuntan solamente a la Ley de Abastecimiento, que es una parte marginal. Para nosotros, la discusión y el debate que se dieron fueron muy interesantes: estamos muy conformes con el paquete de iniciativas que se aprobaron y apostamos a seguir trabajando con todas las cámaras para que al momento de la reglamentación se pueda también contar con sus aportes y que sea lo mejor posible.
–¿Cómo evalúa el rechazo de la oposición en el Congreso a estas medidas?
–Lamentablemente, lo que están haciendo es repetir acríticamente el discurso de las corporaciones y velar por sus derechos. De hecho, el día de la votación, uno de los diputados de la oposición, con los que estuvimos debatiendo en el Congreso junto al ministro de Economía y al secretario de Justicia dijo, explícitamente, que “un país se construye con grandes empresas”. Se le escapó así, y todos nos quedamos mirándolo hasta que después de un rato dijo “bueno, también tiene que haber pequeñas empresas”. Esa es la visión que tiene cierta parte de la oposición. Están repitiendo un discurso que claramente les imponen los sectores económicos dominantes, y utilizándolo políticamente para deslegitimar un paquete de medidas que, como dije antes, beneficia a los consumidores. Ante eso, ¿cuál es el planteo que nosotros hacemos?: que es una ley que se aplica excepcionalmente porque, históricamente, bajo ciertas condiciones, corresponde aplicarla cuando se perjudica a una porción importante de los consumidores o cuando corre riesgo el abastecimiento de los mercados de bienes sensibles.
–¿En qué casos se aplicó la ley en los últimos tiempos?
–Esta ley se aplicó ante los frigoríficos por cuestiones de abastecimiento de carne, que es un bien muy sensible para la vida de los argentinos. Ante maniobras de algunas empresas de combustibles. Ante empresas de televisión por cable, por ejemplo con Cablevisión, también por maniobras especulativas. Como secretario de Comercio, hace tres meses apliqué el abastecimiento en el sector medicamentos porque habíamos detectado conductas sospechosas por parte de los laboratorios que subieron, en el lapso de dos semanas, los precios de todos los medicamentos en proporciones similares sin ningún tipo de justificación. Ordenamos que respetaran los precios, que se congelaran por sesenta días, y establecimos todo un proceso de discusión con el sector que permitió, a partir del mes de septiembre, que se actualicen los precios de una manera razonable. En ese momento nadie salió a decir que esto era Venezuela, que era una locura, ni el propio sector en donde se aplicó la ley hizo una presentación ante la Justicia, más bien acató la resolución y se sentó a discutir. A partir de la aplicación de este tipo de instrumentos, pudimos generar una salida: cuando falla todo lo demás, está el instrumento, pero si hay racionabilidad, si hay discusión, si hay debate y, si no hay abusos, entonces no hace falta aplicarla.
–¿Cómo se aplicará el sistema de sanciones o multas?
–Tal como lo establecía la legislación previa a su modificación. Antes, un recurso planteado en la Justicia por parte de la empresa sancionada podía evitar el pago de la multa mediante una caución. Y la realidad es que nunca pagaron las multas porque la Justicia no se expedía. Por eso, en este paquete de leyes se invierte esa lógica y se establece el principio de “primero pague y después reclame”, como hacemos todos los consumidores.
–¿Permitirán estas medidas evitar el nivel de concentración que tuvieron sectores claves como el de alimentos, con aumentos de precios injustificados y retaceo de mercadería, o el del sector agropecuario exportador con el acopio de granos?
–Nosotros no estamos en contra de ningún sector, de ninguna empresa, ni del campo ni de la industria. Nosotros buscamos generar instrumentos para que cuando alguno de los formadores de precios que tiene capacidad de influir en el bienestar de los argentinos abuse de su posición, se generen los instrumentos para actuar. Eso brinda la garantía de que actores pequeños puedan competir y crecer en los mercados. Porque, por ejemplo, en el típico caso de los alimentos tenemos una concentración oligopólica en la provisión de los bienes. Es decir, pocas empresas producen los tomates, las galletitas, los panificados. Y también, por el lado de la venta minorista están lo que se denomina oligopsonio, porque hay cinco canales de supermercados que concentran las compras. Entonces, lo que no es una gran cadena de supermercado, y lo que no es una gran empresa proveedora de alimentos, está completamente sujeta a la arbitrariedad y discrecionalidad de las cadenas del supermercado y de los grandes proveedores. Por tal motivo, si no tenemos instrumentos para evitar esa discrecionalidad, esos pequeños comercios, esas pequeñas empresas productoras se van quedando fuera del mercado. Esto se ve no sólo en la Argentina, sino en todo el mundo.
–Una palabra, “discrecionalidad”, que se suele usar demasiado y de diversas maneras…
–Sí, hay muchos políticos y muchos referentes de la oposición muy preocupados por la discrecionalidad del Estado, y por la discrecionalidad y arbitrariedad que supuestamente le da este instrumento a un funcionario, pero no parecen estar preocupados por la discrecionalidad de un gerente de una empresa multinacional monopólica sobre lo que hace respecto al entramado productivo, al resto de los trabajadores, a los consumidores. Esa discrecionalidad no los preocupa, y, en contrapartida, a nosotros nos preocupa mucho.
–En términos generales, las grandes empresas y las pymes tuvieron en estos diez años altos niveles de rentabilidad, sin embargo el nivel de concentración no disminuyó…
–Nosotros promovimos el desarrollo de muchas pymes durante toda esta década. Y se pudieron desarrollar por el propio crecimiento, por la dinámica de crecimiento de la economía y, también, porque crecieron junto con las grandes y las medianas empresas. Obviamente que en ambos sectores creció la concentración, somos conscientes de eso. Por tal razón, justamente para evitar lo que es una dinámica natural del proceso económico (la tendencia mundial a la concertación que se profundiza al punto de impedir el desarrollo de otras empresas), nosotros contamos con instrumentos para, a partir de una visión de cadena de valor, sentarnos con diferentes actores y eslabones a establecer condiciones de competencia, de transparencia y de desarrollo armónico en relaciones que son contradictorias. Y esto es muy importante, porque parece ser que reina la armonía en el mercado y, obviamente, una empresa que es proveedora de un insumo, que es monopólica, tiene intereses contradictorios con la pequeña empresa: la pequeña empresa quiere pagar lo menos posible y la otra, venderlo más caro. Después, el supermercado tiene contradicción con el consumidor: el súper quiere vender lo más caro posible, y el consumidor quiere pagar lo menos posible. Quien logra quedarse con parte de ese ingreso del otro actor se apropia de parte de la renta de una cadena de valor, por su poder y capacidad de hacerlo. Entonces, en medio de todas esas contradicciones, y con el objetivo de darles la posibilidad de desarrollarse a los pequeños actores y proteger a los más débiles, entendemos que junto con toda la política macroeconómica, la de ingresos, la industrial que lleva adelante el Gobierno es importante contar con estas herramientas. Como lo discutíamos en la Cámara de Diputados, esta ley probablemente no sirva para otro modelo de política económica. Porque si viene otro modelo de política económica, con la apertura indiscriminada de la economía, el ajuste fiscal, el ajuste monetario y el ajuste salarial, el mercado terminará resolviendo todo.
–¿Cómo?
–Saca del medio a diez, veinte millones de argentinos. Con todo eso se resolvió la inflación, se resolvió todo. Nosotros apuntamos a una política completamente distinta, que viene desde hace años transformando a la Argentina y que, llegado cierto punto, para seguir avanzando, necesitamos también intervenir en la distribución del excedente en la cadena de valor con leyes como la de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo. Esto es lo que está detrás. Y el fantasma que están agitando en realidad es el miedo que tienen quienes ven que sus privilegios puedan verse reducidos.
–En el rubro alimentos hay productos que, en algunos casos, aumentaron en tres meses de manera desproporcionada. ¿Qué pasa con esos sectores y cómo son las negociaciones que llevan adelante para evitar esos aumentos?
–Nosotros siempre apostamos a los acuerdos voluntarios en materia de precios. De hecho, Precios Cuidados, que es el programa que lanzamos en el mes de diciembre, teniendo disponible la Ley de Abastecimiento, apostó a sentar a los productores, por un lado, los comercializadores, por el otro, y establecer una lista representativa de productos de consumo masivo, con precios y márgenes razonables para, a partir de ahí, ordenar los precios de la economía con referencias claras respecto de cuánto salen las cosas. Entonces, si el consumidor tiene un producto referenciado, y sabe cuánto sale, indirectamente se ordenan los precios. Por supuesto, no es lo mismo hacer una política general de fijación de precios que esta estrategia. Esta estrategia, al ser voluntaria y al estar transparentada, nos da la posibilidad de que haya compromiso por parte de quienes participan de Precios Cuidados y del acuerdo, y nos evita algo que es imposible, que es controlar todos los precios de la economía. Creemos en el mercado para resolver algunas soluciones, pero con una economía tan concentrada hay que generar referencias, sobre todo cuando uno de los problemas que detectamos al llegar a la Secretaría fue que había una pérdida total de referencias de precios por parte de los consumidores debido a maniobras especulativas de supermercados y también de las empresas proveedoras. Nosotros siempre vamos a apostar a organizar un esquema voluntario que permita dar respuestas a las necesidades de los consumidores. Y al sentar estas bases, uno puede después discutir el resto de los precios. Con todas las empresas que pasan por acá, todos los días, nos sentamos, vemos cómo van variando los precios, y si detectamos una suba desproporcionada o que consideramos no justificada, lo discutimos, escuchamos sus explicaciones sobre el aumento de los costos y llegamos a un equilibrio. Un equilibrio que siempre es peor de lo que le hubiera gustado a la empresa, y peor de lo que nos gustaría a nosotros, pero que es bueno para todos en su conjunto. Si eso sigue funcionando, esta ley va a estar muy bien guardada en un cajón porque no habrá que usarla. Ahora, si eso no funciona, dispondremos del instrumento.
–¿Cómo es el tono de la discusión con esos sectores?, ¿Llegan tan beligerantes como se los ve muchas veces en los medios de comunicación?
–Cuando nos sentamos a discutir sabemos muy bien quién es quién. Entonces vienen y tienen que ser lo que son porque no pueden esconder la realidad. Nosotros sabemos lo que hacen, cómo con sus maniobras, cómo estafan a la gente, cómo se apropian de la renta. Saben que lo sabemos, y eso es evidente. De todas maneras, hay muchísima asimetría de información, porque ellos saben bien cuánto ganan, cuánto se llevan, por dónde se la llevan. Lo saben, y nosotros los vamos sacando con las fuentes que tenemos, con lo cual se los va desenmascarando, pero siempre saben más que nosotros. Así y todo, sabemos bastante más de lo que ellos creen. Entonces, acá, las charlas son mucho más francas, entre gente que sabe lo que está haciendo. Ahí quedan afuera todas esas cantilenas y discursetes que salen a decir públicamente.
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