Era la cifra “bonita” para los especuladores. Finalmente, el dólar paralelo llegó a los 15 pesos, en una escalada que, como las anteriores, obedeció tanto a cuestiones económicas como políticas, aunque nadie pueda asegurar en qué medida influye cada una de ellas. Desde el Gobierno remarcaron el aspecto político, dando cuenta de acciones coordinadas por los fondos buitre para agudizar el clima de inestabilidad, mencionando las declaraciones de Kevin Sullivan, el encargado de negocios de la embajada norteamericana, quien hizo referencia al término default (cesación de pagos de la deuda) para lo que en rigor es una inédita situación en la historia de las deudas externas, o de parte de la empresa American Airlines, que afirmó restringir la venta de sus pasajes por supuestas dificultades para adquirir dólares. Según el ministro de Economía Axel Kicillof, el ex secretario de Comercio de los Estados Unidos Carlos Gutiérrez había dejado trascender meses atrás un plan en contra de la Argentina por parte de los buitres, señalando que “no es casual el aumento del blue, los buitres y las declaraciones de la embajada de Estados Unidos”.
En efecto, tal como lo denunciaran en su momento investigadores como Mark Weisbrot, columnista del periódico ingles The Guardian, o Juan Hernández Vigueras, experto en finanzas, los fondos buitre poseen un enorme poder de lobby que operar sobre funcionarios públicos y empresas, por lo que puede haber existido una acción por parte de estos fondos en la actual disparada del dólar paralelo, como así también desde otros espacios que buscan desestabilizar al Gobierno. Pero, sin dudas, se tratan de cuestiones que corresponden al terreno de la especulación, a diferencia de otras variables sobre las que resulta más claro dar cuenta.
Tal es el caso de lo que está sucediendo en el Banco Central, el canal por donde entran y salen el grueso de los dólares, y que está sufriendo por su boca de ingreso. Un fenómeno similar al sucedido durante comienzos de año, donde la principal fuente de divisas, los dólares provenientes del complejo exportador de granos, llegaban a cuentagotas debido a las fuertes maniobras especulativas, con las que intentan esperar y presionar al mismo tiempo por una nueva devaluación (que lograron en enero) en la se que transfirieran ingresos de la clase trabajadora a este sector concentrado de la economía.
El pasado miércoles, se supo que este sector liquidó en la semana anterior un 15% menos que en los siete días previos, un total de 241 millones de dólares que representan el menor monto semanal desde comienzos de año. De hecho, se calcula que los agroexportadores mantienen en silos bolsas cerca de 27 millones de toneladas de soja, que suman más de 10 mil millones de dólares. Ello, pese a que su cotización internacional descendió de 500 dólares la tonelada a principios de año, a 360 en la actualidad, el valor más bajo desde 2010. En un reciente informe del Centro Cifra de la CTA, se señaló que “los exportadores de soja enfrentan el dilema de especular reteniendo el producto, arriesgándose a enfrentar una caída significativa en el precio internacional de la soja, en un contexto en que las expectativas de su cotización no son favorables, dada la cosecha récord en Estados Unidos y la desaceleración del consumo de China”. Desde este organismo de estudios, plantean incluso que “este error ya lo cometieron en 2008, donde sus dirigentes privilegiaron el aspecto político sobre económico”, dando a entender así que no sólo cuestiones de rentabilidad juegan en la decisión de los agroexportadores.
También se calcula que existen cerca de 1.500 millones de dólares ya exportados pero que aún no se han liquidado en el Banco Central. Para ello, este organismo dispuso la circular “A” 5.630, que entrará en vigencia el próximo 26 de septiembre, por medio de la cual dispone que los exportadores que no liquiden a tiempo sus ventas desde la fecha de los embarques, deberán cobrarlas al tipo de cambio del día en el que vencía el plazo, o el de la fecha de liquidación efectiva para el caso de que en ese momento el tipo de cambio sea más bajo.
Deudas y avances. La situación con el complejo agroexportador, y su fuerte peso en la actual volatilidad del dólar paralelo, son resultado del desmantelamiento en las capacidades regulatorias del Estado a partir de la etapa neoliberal iniciada en 1976. De hecho, previo a ese año, el Estado tenía una función central en la regulación del comercio exterior. Se trata de uno de los puntos sobre los que el actual gobierno no avanzó durante estos años, por impericia o falta de correlación de fuerzas, aunque no por razones ideológicas, ya que a lo largo de este tiempo dispuso una gran cantidad de medidas intervencionistas sobre la economía. El último capítulo lo protagonizó durante la última semana, mediante la sanción del proyecto oficial de ley de “Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo”, a través de la cual se buscan otorgar herramientas de defensa tanto a consumidores como a los eslabones más débiles de la cadena productiva. Concretamente, el proyecto actualiza las sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento de 1974, que penalizaba remarcaciones de precio injustificadas y la retención especulativa de mercadería, habilitando al Ejecutivo a imponer multas efectivas de hasta 10 millones de pesos y clausuras por 90 días o inhabilitación por dos años, en este caso bajo autorización judicial. Al mismo tiempo, deja sin efectos las penas de prisión, tal como se contemplaban en la ley original de 1974. Como la iniciativa apunta a favorecer no sólo a los consumidores finales sino también a las pequeñas y medianas empresas (pymes) frente a las arbitrariedades de las grandes compañías a las que proveen o son proveídas, la ley deja sin efecto las regulaciones para estas pymes “siempre que no detecten posición dominante”. También, fue sancionado el servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec) dentro del ámbito del Poder Judicial, para que usuarios y consumidores agilicen la presentación de sus reclamos, los cuales deberían ser resueltos en un mes como máximo, y se creó el Observatorio de Precios para relevar, monitorear, y sistematizar precios y disponibilidades de insumos.
Las iniciativas oficiales fueron también otra demostración sobre la inconsistencia de la acusación de “giro ortodoxo” con la que gran parte de la oposición política, económica y mediática intentó desacreditar la gestión de política económica. Por el contrario, exhibió que el actual gobierno parece representar la única alternativa de poder que busca regular gran parte del funcionamiento económico. De hecho, el conglomerado Faunen, el Frente Renovador de Sergio Massa, el PRO y el Frente de Izquierda de los Trabajadores rechazaron esta iniciativa, en consonancia con el denominado G-6, integrado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Bolsa y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), que irá a la Justicia para intentar trabar la ley. La oposición tampoco apoyó el nuevo observatorio para monitorear y sistematizar precios, salvo en los casos de Unidad Popular y Proyecto Sur, aunque sí en cambio se manifestaron favorables a la creación del Coprec, con excepción del PRO y parte de Faunen.
En cualquier caso, estas iniciativas aparentan tener como uno de sus principales objetivos la contención del proceso inflacionario, algo que hasta el momento parece haber logrado cumplir, sosteniendo además el crecimiento en el gasto del público (se calcula que este año crecerá en más de un 50%). De acuerdo al último informe del Indec sobre la evolución de los precios, difundido el pasado miércoles, el índice de precios minorista se incrementó en un 1,3% en agosto en relación con el mes anterior, es decir en valores similares a los de julio (1,4%) junio (1,3%), mayo (1,4%) y por debajo de los promedio de abril (1,8%), marzo (2,6%), febrero (3,4%) y enero (3,7%). Asimismo, el índice de precios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –que a diferencia del Indec sólo mide la evolución en la capital–, también da cuenta de una suba sostenida pero sin aceleración, pues para este organismo público la suba fue del 2,3% en agosto, un valor similar a los de julio (2,2%), junio (2,3%) y mayo (2,5%), pero por debajo de abril (3,1%), marzo (3,6%), febrero (4,4%) y enero (4,8%).
Por cierto, se trata de una contención precaria, sostenida en un programa como “Precios Cuidados”, que como cualquier programa de control de precios sólo puede ser efectivo durante un lapso de tiempo, y también gracias a un ciclo económico recesivo que restringe el consumo y limita las subas de precios. Por eso, la nueva ley busca dotar al Estado de nuevas herramientas para limitar las subas de precio injustificadas, aunque también otros objetivos. Según señaló Kicillof, “el objetivo es defender y proteger a los consumidores argentinos de los innumerables abusos que sufrimos todos los días, por parte de los grupos concentrados con poder monopólico. Si una empresa incumple tiene que haber un Estado con capacidad regulatoria para defender a los más débiles que son los consumidores y las pequeñas y medianas empresas. A ellos está dirigido este paquete de leyes que establece mecanismos efectivos, eficientes y reales para que se cumplan esos derechos que hoy no se cumplen”.
En efecto, tal como lo denunciaran en su momento investigadores como Mark Weisbrot, columnista del periódico ingles The Guardian, o Juan Hernández Vigueras, experto en finanzas, los fondos buitre poseen un enorme poder de lobby que operar sobre funcionarios públicos y empresas, por lo que puede haber existido una acción por parte de estos fondos en la actual disparada del dólar paralelo, como así también desde otros espacios que buscan desestabilizar al Gobierno. Pero, sin dudas, se tratan de cuestiones que corresponden al terreno de la especulación, a diferencia de otras variables sobre las que resulta más claro dar cuenta.
Tal es el caso de lo que está sucediendo en el Banco Central, el canal por donde entran y salen el grueso de los dólares, y que está sufriendo por su boca de ingreso. Un fenómeno similar al sucedido durante comienzos de año, donde la principal fuente de divisas, los dólares provenientes del complejo exportador de granos, llegaban a cuentagotas debido a las fuertes maniobras especulativas, con las que intentan esperar y presionar al mismo tiempo por una nueva devaluación (que lograron en enero) en la se que transfirieran ingresos de la clase trabajadora a este sector concentrado de la economía.
El pasado miércoles, se supo que este sector liquidó en la semana anterior un 15% menos que en los siete días previos, un total de 241 millones de dólares que representan el menor monto semanal desde comienzos de año. De hecho, se calcula que los agroexportadores mantienen en silos bolsas cerca de 27 millones de toneladas de soja, que suman más de 10 mil millones de dólares. Ello, pese a que su cotización internacional descendió de 500 dólares la tonelada a principios de año, a 360 en la actualidad, el valor más bajo desde 2010. En un reciente informe del Centro Cifra de la CTA, se señaló que “los exportadores de soja enfrentan el dilema de especular reteniendo el producto, arriesgándose a enfrentar una caída significativa en el precio internacional de la soja, en un contexto en que las expectativas de su cotización no son favorables, dada la cosecha récord en Estados Unidos y la desaceleración del consumo de China”. Desde este organismo de estudios, plantean incluso que “este error ya lo cometieron en 2008, donde sus dirigentes privilegiaron el aspecto político sobre económico”, dando a entender así que no sólo cuestiones de rentabilidad juegan en la decisión de los agroexportadores.
También se calcula que existen cerca de 1.500 millones de dólares ya exportados pero que aún no se han liquidado en el Banco Central. Para ello, este organismo dispuso la circular “A” 5.630, que entrará en vigencia el próximo 26 de septiembre, por medio de la cual dispone que los exportadores que no liquiden a tiempo sus ventas desde la fecha de los embarques, deberán cobrarlas al tipo de cambio del día en el que vencía el plazo, o el de la fecha de liquidación efectiva para el caso de que en ese momento el tipo de cambio sea más bajo.
Deudas y avances. La situación con el complejo agroexportador, y su fuerte peso en la actual volatilidad del dólar paralelo, son resultado del desmantelamiento en las capacidades regulatorias del Estado a partir de la etapa neoliberal iniciada en 1976. De hecho, previo a ese año, el Estado tenía una función central en la regulación del comercio exterior. Se trata de uno de los puntos sobre los que el actual gobierno no avanzó durante estos años, por impericia o falta de correlación de fuerzas, aunque no por razones ideológicas, ya que a lo largo de este tiempo dispuso una gran cantidad de medidas intervencionistas sobre la economía. El último capítulo lo protagonizó durante la última semana, mediante la sanción del proyecto oficial de ley de “Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo”, a través de la cual se buscan otorgar herramientas de defensa tanto a consumidores como a los eslabones más débiles de la cadena productiva. Concretamente, el proyecto actualiza las sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento de 1974, que penalizaba remarcaciones de precio injustificadas y la retención especulativa de mercadería, habilitando al Ejecutivo a imponer multas efectivas de hasta 10 millones de pesos y clausuras por 90 días o inhabilitación por dos años, en este caso bajo autorización judicial. Al mismo tiempo, deja sin efectos las penas de prisión, tal como se contemplaban en la ley original de 1974. Como la iniciativa apunta a favorecer no sólo a los consumidores finales sino también a las pequeñas y medianas empresas (pymes) frente a las arbitrariedades de las grandes compañías a las que proveen o son proveídas, la ley deja sin efecto las regulaciones para estas pymes “siempre que no detecten posición dominante”. También, fue sancionado el servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec) dentro del ámbito del Poder Judicial, para que usuarios y consumidores agilicen la presentación de sus reclamos, los cuales deberían ser resueltos en un mes como máximo, y se creó el Observatorio de Precios para relevar, monitorear, y sistematizar precios y disponibilidades de insumos.
Las iniciativas oficiales fueron también otra demostración sobre la inconsistencia de la acusación de “giro ortodoxo” con la que gran parte de la oposición política, económica y mediática intentó desacreditar la gestión de política económica. Por el contrario, exhibió que el actual gobierno parece representar la única alternativa de poder que busca regular gran parte del funcionamiento económico. De hecho, el conglomerado Faunen, el Frente Renovador de Sergio Massa, el PRO y el Frente de Izquierda de los Trabajadores rechazaron esta iniciativa, en consonancia con el denominado G-6, integrado por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Bolsa y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), que irá a la Justicia para intentar trabar la ley. La oposición tampoco apoyó el nuevo observatorio para monitorear y sistematizar precios, salvo en los casos de Unidad Popular y Proyecto Sur, aunque sí en cambio se manifestaron favorables a la creación del Coprec, con excepción del PRO y parte de Faunen.
En cualquier caso, estas iniciativas aparentan tener como uno de sus principales objetivos la contención del proceso inflacionario, algo que hasta el momento parece haber logrado cumplir, sosteniendo además el crecimiento en el gasto del público (se calcula que este año crecerá en más de un 50%). De acuerdo al último informe del Indec sobre la evolución de los precios, difundido el pasado miércoles, el índice de precios minorista se incrementó en un 1,3% en agosto en relación con el mes anterior, es decir en valores similares a los de julio (1,4%) junio (1,3%), mayo (1,4%) y por debajo de los promedio de abril (1,8%), marzo (2,6%), febrero (3,4%) y enero (3,7%). Asimismo, el índice de precios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –que a diferencia del Indec sólo mide la evolución en la capital–, también da cuenta de una suba sostenida pero sin aceleración, pues para este organismo público la suba fue del 2,3% en agosto, un valor similar a los de julio (2,2%), junio (2,3%) y mayo (2,5%), pero por debajo de abril (3,1%), marzo (3,6%), febrero (4,4%) y enero (4,8%).
Por cierto, se trata de una contención precaria, sostenida en un programa como “Precios Cuidados”, que como cualquier programa de control de precios sólo puede ser efectivo durante un lapso de tiempo, y también gracias a un ciclo económico recesivo que restringe el consumo y limita las subas de precios. Por eso, la nueva ley busca dotar al Estado de nuevas herramientas para limitar las subas de precio injustificadas, aunque también otros objetivos. Según señaló Kicillof, “el objetivo es defender y proteger a los consumidores argentinos de los innumerables abusos que sufrimos todos los días, por parte de los grupos concentrados con poder monopólico. Si una empresa incumple tiene que haber un Estado con capacidad regulatoria para defender a los más débiles que son los consumidores y las pequeñas y medianas empresas. A ellos está dirigido este paquete de leyes que establece mecanismos efectivos, eficientes y reales para que se cumplan esos derechos que hoy no se cumplen”.
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