En un intento por frenar la inflación y maniobras especulativas apela a uno de los mejores legados del último Perón. Las políticas regulatorias del Estado y el disciplinamiento del capital vuelven al centro de la escena, asegura el autor.
Por Horacio Bustingorry
Si bien la ley de Abastecimiento estuvo vigente hasta los´90 su aplicabilidad fue nula. En 1991, al declararse la Desregulación Económica por el Decreto 2.284, se suspendió casi todo su articulado, operación refrendada en 1993 por la Ley 24.307. Eran años de liberalismo económico y retroceso del Estado frente al capital, lo cual ameritaba desechar este instrumento.
Recién en 2006 el gobierno reflotó la normativa. El entonces Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, utilizó la ley para multar a Shell en reiteradas ocasiones porabastecimiento inadecuado de gasoil. El accionar coincidía con uno de los momentos de mayor profundización del modelo K. La réplica liberal se valió de artilugios técnicos para cuestionar la vigencia de la ley en pos de evitar que el Estado ejerciese funciones regulatorias. Con el tratamiento dado recientemente en el Congreso este argumento formal perdió sustento.
¿Qué atribuciones otorga al Estado la presente normativa? Al igual que en la original, permite establecer precios máximos y márgenes de utilidad, dictar normas regulatorias sobre comercialización, intermediación, distribución y/o producción y requerir documentación relativa al giro comercial de las empresas y los agentes económicos. Prevé también castigos a la elevación injustificada de precios, el acaparamiento de productos y la realización de intermediaciones innecesarias. Las sanciones contempladas ante estas infracciones van de multas y comiso de mercaderías hasta clausuras e inhabilitaciones temporarias.
Con todo, la normativa es más tenue que la sancionada por Perón. La ley de Abastecimiento actual deja fuera del ámbito de su aplicación las micros, pequeñas y medianas empresas, medida festejada por organizaciones del sector como CAME. Tampoco se contempla el congelamiento de precios ni la posibilidad de intervenir empresas para garantizar el abastecimiento como tampoco la clausura definitiva de las mismas. Más importante todavía es la eliminación de la pena de cárcel tanto para las infracciones especificadas como para los desacatos a las sanciones. Pueden mencionarse también algunas modificaciones menores en beneficio de los empresarios como el alargamiento de los plazos para la presentación de las defensas y los recursos de apelaciones. Más allá de todos estos ítems, el cambio más relevante es la eliminación del viejo artículo 26, que contemplaba “sujetos a expropiación todos los bienes destinados a la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, cultura e insumos para la industria, que satisfagan necesidades comunes o corrientes de la población.” Esto desmiente completamente los dichos alarmistas del titular de la SRA, Luis Etchvehere, quien en una actitud habitual de los integrantes de esta organización alertó sobre el fin de la propiedad privada en Argentina
Así y todo es indudable que la puesta en práctica de esta ley retoma lo mejor del modelo de control al capital del FreJuLi en los 70. Son frecuentes las voces que plantean que Perón echó a los Kirchner y a sus seguidores de la Plaza de Mayo en 1974. Tal vez porque el General los quería en la Rosada y en el Congreso garantizando la aplicación de la Ley de Abastecimiento que nos legara a todos los argentinos poco antes de morir.
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