Sentado en el banquillo de los acusados, frente a los jueces del Tribunal Oral Federal que en Bahía Blanca lo juzgan por su participación en delitos de lesa humanidad, el comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense Víctor Oscar Fogelman continúa siendo titular registrado de una de las empresas de seguridad privada parapoliciales habilitadas por el gobierno bonaerense de Daniel Scioli, que Horacio Verbitsky denunció en su columna dominical del 7 de septiembre último como fuentes de auxiliares de emergencia para la seguridad pública provincial.
Fogelman es copropietario de Sicurezza Argentina SRL, una firma dedicada a brindar “un excelente servicio de seguridad”, promesa que garantizan “sus directivos”, que son “destacados profesionales”, y “los organismos correspondientes”, que “certifican los antecedentes intachables de todos sus componentes”. Entre estos últimos se encuentran, según la página de la empresa en internet, cuyo dominio web sugestivamente dejó de existir esta semana, no sólo el gobierno bonaerense sino también el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio de Defensa y la Prefectura Naval.
Junto a miembros de esta última fuerza, el Ejército, el Servicio Penitenciario y la Armada, el intachable Víctor Fogelman demostró sus destrezas en materia de seguridad cuando el 28 de marzo de 1976 secuestró en Punta Alta al militante peronista Rubén Jara. A bordo de un automóvil sin patente, el represor llevó a su víctima encapuchada hasta el edificio de la Policía de Establecimientos Navales, uno de los Centros Clandestinos de Detención (CCD) que funcionaron en la ciudad portuaria durante la dictadura. Minutos más tarde, Jara fue trasladado al buque “9 de Julio”, que en 1955 bombardeó la ciudad de Mar del Plata al mando de Isaac Rojas y dos décadas más tarde sirvió como CCD a sus herederos navales. Durante su cautiverio, la víctima fue sometida a sesiones de tortura, interrogatorios bajo tormentos y simulacros de fusilamiento. Antes de dejarlo en libertad, sus captores lo obligaron a poner en venta parte de su patrimonio y a hacer pública la oferta a través del diario La Nueva Provincia.
Otros veinte años pasaron para que Fogelman cobrara notoriedad nacional: en 1997, el entonces gobernador Eduardo Duhalde lo puso al frente de la investigación por el homicidio del fotógrafo José Luis Cabezas, ocurrido en Pinamar el 25 de enero de ese año. Al cabo de algunos meses, las indagaciones periodísticas demostraron que la pesquisa liderada por el comisario mayor había procurado desviar la atención de la búsqueda de responsables hacia una banda de delincuentes comunes, en una maniobra que la Cámara Federal interviniente supo calificar más tarde como “siniestra, propia de la época de la dictadura militar”.
Para mediados de 1998, el represor ya estaba ocupado en negar sus vínculos con el terrorismo de Estado. Una ayuda para ello le prestó el propio Duhalde, quien aseguró que “Fogelman no tiene nada que ver con la dictadura”.
Caídas las leyes de impunidad, se reactivaron en Bahía Blanca las causas por delitos de lesa humanidad. El 25 de marzo de 2009, por pedido del entonces fiscal general bahiense Hugo Cañón, Fogelman fue detenido y seis días más tarde completó su primera declaración indagatoria. Ante el juez a cargo de la causa, Eduardo Tentoni, el policía retirado no recordó el periodo en que estuvo destinado a la Comisaría de Punta Alta, aunque pudo trazar a pedido del magistrado un croquis de los ambientes de la dependencia en 1976. En esa misma audiencia se lo autorizó a firmar un poder de administración en favor de su esposa e hijos para el cobro de haberes jubilatorios y la explotación de la empresa de seguridad Sicurezza Argentina de la que continúa siendo copropietario, porque en el mismo acto se le decretó la inhibición general sobre sus bienes.
Los riesgos y la incongruencia que suponen que un acusado por los peores delitos tipificados lidere como propietario una agencia de seguridad no requieren mayor explicitación. La discusión en torno a las habilitaciones cuenta con un antecedente que oficia como piso para una decisión política. Cuando al también represor Luis Patti le fue impedida la asunción de su banca de legislador nacional electo, en 2005, quedó establecido que la carencia de la idoneidad moral requerida para el acceso a lo público no se corroboraba recién con el procesamiento ni la condena judiciales, sino ya a partir de la “sospecha fundada” de participación en delitos contra el orden democrático y/o los derechos humanos. Fogelman se encuentra ya en instancia de juicio oral, y su pericia para ofrecer seguridad a la población volverá a quedar expuesta en pocas semanas, cuando los magistrados del Tribunal que lo juzga accedan a pruebas y testimonios sobre su accionar durante la dictadura.
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