H.I.J.O.S. sobre el desalojo de Lugano: "Ni represión ni deportación"

La organización de Derechos Humanos H.I.J.O.S. se expresó de modo crítico respecto del violento desalojo y posterior represión en la villa de Lugano "Papa Francisco" por la policía Federal, Metropolitana y Gendarmería.

Por H.I.J.O.S. Capital
Los hechos de violencia institucional de los últimos días nos convocan a expresarnos públicamente en defensa de la garantía de los derechos humanos.
Como militantes, repudiamos categóricamente la represión y criminalización de la protesta social como respuesta a los reclamos de los sectores más vulnerados de nuestro pueblo, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires.
El pasado 7 de agosto, en Villa Lugano fueron asesinados Jonathan Mareco y Brian Ayaviri, en un "operativo" de la Policía Federal Argentina. El 22, en Zavaleta, fueron asesinados Gabriel Vaca y Mario Gustavo Ruíz, por dos policías de civil. El 23, en Lugano, la Gendarmería y la Policía Metropolitana desalojaron a las familias cuyo derecho a la vivienda digna es sistemáticamente vulnerado por el Gobierno de Mauricio Macri y reprimieron salvajemente a vecinos, militantes de derechos humanos y legisladores de la Ciudad de Buenos Aires que fueron al lugar a apoyar a los vecinos, quienes, desesperados, tuvieron que salir a defender la dignidad de sus barrios, ante la represión policial y mediática. En estos días vuelven a la carga las escuelas de periodismo que privilegian a la fuente policial.
Repudiamos enérgicamente los hechos de violencia institucional cometidos por la Gendarmería, Fuerza a cargo de Sergio Berni, Secretario de Seguridad de la Nación, y por la Policía Metropolitana, a cargo de Guillermo Montenegro, Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, rechazamos los discursos estigmatizadores de los migrantes, expresados por el Secretario de Seguridad de la Nación, que desconoce los avances de nuestro país en materia de integración de los pueblos, como la Ley de Migraciones (25.871), promulgada en el año 2004.
El conflicto habitacional no es una demanda exagerada de ningún vecino: es la deuda pendiente de una democracia de 30 años. Exigimos que el Gobierno de Mauricio Macri resuelva de una vez por todas la situación de miles de vecinos y garantice su derecho a una vivienda digna. Los sectores más vulnerados de nuestro pueblo son la palanca de cambio de los tiempos electorales. Por eso se reprime a quienes protestan: así se pretende sumar votos de quienes piden “mano dura” en nombre de una supuesta desigualdad de derechos.
Esta historia viene desde lejos. La impunidad para los genocidas, vigente durante décadas, fue la peor escuela para la violencia institucional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Por eso siempre dijimos que los casos como el de Luciano Arruga, Andrea Viera, Walter Bulacio, Alan Tapia, Facundo Rivera Alegre, Lautaro Bugatto, Sebastián Bordón y tantos otros están enmarcados en una práctica con órdenes y responsabilidades. Ninguno de ellos fue víctima de una bala policial perdida: fueron víctimas de la violencia institucional de la democracia.
No podemos permitir que se intente justificar la violencia de la Policía Metropolitana y la Gendarmería en el recorte reproducido por una parte la prensa, hecho por las fuentes oficiales de las Fuerzas represivas. Mientras hay un proyecto nacional de inclusión social que recupera y amplía derechos, y una convocatoria a la participación política, cuyo principal destinatario es la juventud, la Metropolitana y la Gendarmería tienen como principales víctimas a esos mismos jóvenes.

Basta de violencia institucional. Ni un paso atrás: ni deportación ni represión; derechos humanos para todos y todas.