Cristina Fernández llegó anoche a Nueva York con el objetivo de profundizar la estrategia política de la Argentina en su disputa con los fondos buitre en el contexto de lo que los tribunales de esta ciudad calificaron como el Juicio del Siglo.
La mandataria argentina ofreció ayer en Roma un aperitivo de lo que será su postura en el principal foro político global. Se descuenta que, como cada año, Cristina Fernández reforzará el histórico reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y mantendrá su postura respecto de la necesidad de alcanzar la verdad sobre el atentado perpetrado contra la sede de la AMIA.
Sin embargo, la participación de la mandataria en la 69 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas –la anteúltima que la tendrá al frente del Estado argentino– estará signada por la defensa de los intereses nacionales en la pelea de fondo con los holdouts.
La presidenta tendrá su primera aparición en el edificio de la avenida Primera y la calle 43 el miércoles por la mañana, cuando ofrezca su discurso ante la Asamblea General. Pero por la tarde volverá a hacer uso de la palabra, esta vez en el ámbito más restringido del Consejo de Seguridad que será presidido por su par de los Estados Unidos, Barack Obama. Los procesos de reestructuración de la deuda y la crítica situación internacional serán seguramente los ejes del debate.
La Argentina acumuló no pocas señales políticas de respaldo en la previa de la Asamblea. Ayer, la presidencia recibió del propio Papa Francisco un nuevo envión. No hay ninguna posibilidad de subestimar el tono político de la iniciativa de Jorge Bergoglio de invitar a la presidenta antes de su asistencia a la ONU. Durante el cálido almuerzo, el Pontífice celebró que la Argentina haya sido el disparador para el debate global en torno del rol de la deuda en la crisis de los países en desarrollo y la búsqueda de límites para el accionar de los fondos especulativos.
Precisamente ese será el otro galardón que podrá exhibir Cristina Fernández: por primera vez la ONU discutirá una normativa para regular los procesos de reestructuración de deuda a nivel global. La misión argentina ante la ONU, que conduce Marita Perceval y reporta al canciller Héctor Timerman, obtuvo un triunfo diplomático de relevancia luego de bajar significativamente la cantidad de votos negativos a la propuesta argentina que al final sumaron sólo once. En cambio, se anotó el firme respaldo del G77 más China y de Rusia.
Entre los votos negativos, claro, estuvo el de los Estados Unidos. En fuentes diplomáticas argentinas señalaban que los funcionarios estadounidenses buscaban justificar esa decisión en la consideración de que las Naciones Unidas no es el lugar para regular estas operaciones. Desde una perspectiva ideológica, Washington considera que el mercado debe autorregularse. Sin embargo, ese argumento podría esconder la histórica decisión de los Estados Unidos de evitar someterse a cualquier disposición de organismos supranacionales.
De hecho, la Argentina todavía espera la respuesta formal al pedido de dirimir el impacto del fallo del juez Thomas Griesa en los tribunales internacionales de La Haya. Hasta ahora, la única respuesta, de rechazo, llegó en dos oportunidades a través de comentarios de voceros a la prensa.
A ese escenario tenso, se sumó la convocatoria que el propio Timerman efectuó al encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, Kevin Sullivan. El gobierno argentino atribuyó a declaraciones del diplomático estadounidense una intencionalidad que vinculó a la suba del dólar marginal en las últimas jornadas.
Antes de disertar en la ONU, Cristina Fernández tiene en agenda dos encuentros relevantes. El primero será con el financista húngaro estadounidense George Soros, quien respaldó la posición argentina frente a los fondos buitre. El fondo de inversiones que maneja Soros, efectuó una presentación en los tribunales de Nueva York contra el fallo de Griesa. El argumento es que la decisión del octogenario magistrado afecta intereses de terceros, en este caso de inversores que pretenden cobrar pero no pueden porque el dinero está retenido en el Bank of New York.
La presidenta también se entrevistará junto al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, con la conducción de la Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 176 millones de trabajadores en 161 países.
Cristina y Tomada recibirán al presidente de la CSI, el brasileño João Felício, y la secretaria de la entidad, la australiana Sharan Burrow. También serán de la partida Richard Trumka, presidente de la central obrera estadounidense AFL-CIO; el canadiense Hassan Hussef, de la CLC de Canadá, y el paraguayo Víctor Báez, secretario general de la Confederación Sindical de las Américas (CSA).
Nadie en el gobierno argentino considera que esa catarata de respaldos políticos que cosechó la Argentina sirvan para dejar sin efecto el fallo del juez Griesa. Si hacía falta algún recordatorio de que el nudo que dispuso el magistrado sigue vigente, el jueves la Cámara de Apelaciones de Nueva York desplegó una verónica de antología con la que desairó al toro y se negó a responder el planteo conjunto del Citibank y la Argentina sobre la imposibilidad de pagar a los bonistas producto del fallo de Griesa. Los tres camaristas recomendaron volver al tribunal de primera instancia para solicitar una definición al respecto.
Sin embargo, esa acumulación de capital simbólico ha sido importante para dejar clara la voluntad de pago de la Argentina en los principales foros mundiales, y desatar el debate sobre el rol de los fondos buitre en la futuras operaciones de reestructuración de deudas soberanas.
No es poca cosa, pero mientras tanto, el reloj sigue su curso y se aproxima el 30 de septiembre, cuando el país tenga que hacer frente a un nuevo vencimiento de la deuda. Con ese mismo ritmo se acerca también el 31 de diciembre, cuando vence la cláusula RUFO que impide negociar con los buitres como reclama Mauricio Macri cada vez que le ponen un micrófono delante.
Luego de una posición inicial favorable, el gobierno argentino no ha dado muestras respecto de la posibilidad de iniciar una negociación con los buitres a partir del primero de enero.
En cualquier caso, a poco más de tres meses del año nuevo, y transcurrido el mismo tiempo desde que la sentencia de Griesa quedara firme por la inacción de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el cataclismo mil veces pronosticado no se produjo, pero eso, a esta altura, ya no sorprende.
La mandataria argentina ofreció ayer en Roma un aperitivo de lo que será su postura en el principal foro político global. Se descuenta que, como cada año, Cristina Fernández reforzará el histórico reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y mantendrá su postura respecto de la necesidad de alcanzar la verdad sobre el atentado perpetrado contra la sede de la AMIA.
Sin embargo, la participación de la mandataria en la 69 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas –la anteúltima que la tendrá al frente del Estado argentino– estará signada por la defensa de los intereses nacionales en la pelea de fondo con los holdouts.
La presidenta tendrá su primera aparición en el edificio de la avenida Primera y la calle 43 el miércoles por la mañana, cuando ofrezca su discurso ante la Asamblea General. Pero por la tarde volverá a hacer uso de la palabra, esta vez en el ámbito más restringido del Consejo de Seguridad que será presidido por su par de los Estados Unidos, Barack Obama. Los procesos de reestructuración de la deuda y la crítica situación internacional serán seguramente los ejes del debate.
La Argentina acumuló no pocas señales políticas de respaldo en la previa de la Asamblea. Ayer, la presidencia recibió del propio Papa Francisco un nuevo envión. No hay ninguna posibilidad de subestimar el tono político de la iniciativa de Jorge Bergoglio de invitar a la presidenta antes de su asistencia a la ONU. Durante el cálido almuerzo, el Pontífice celebró que la Argentina haya sido el disparador para el debate global en torno del rol de la deuda en la crisis de los países en desarrollo y la búsqueda de límites para el accionar de los fondos especulativos.
Precisamente ese será el otro galardón que podrá exhibir Cristina Fernández: por primera vez la ONU discutirá una normativa para regular los procesos de reestructuración de deuda a nivel global. La misión argentina ante la ONU, que conduce Marita Perceval y reporta al canciller Héctor Timerman, obtuvo un triunfo diplomático de relevancia luego de bajar significativamente la cantidad de votos negativos a la propuesta argentina que al final sumaron sólo once. En cambio, se anotó el firme respaldo del G77 más China y de Rusia.
Entre los votos negativos, claro, estuvo el de los Estados Unidos. En fuentes diplomáticas argentinas señalaban que los funcionarios estadounidenses buscaban justificar esa decisión en la consideración de que las Naciones Unidas no es el lugar para regular estas operaciones. Desde una perspectiva ideológica, Washington considera que el mercado debe autorregularse. Sin embargo, ese argumento podría esconder la histórica decisión de los Estados Unidos de evitar someterse a cualquier disposición de organismos supranacionales.
De hecho, la Argentina todavía espera la respuesta formal al pedido de dirimir el impacto del fallo del juez Thomas Griesa en los tribunales internacionales de La Haya. Hasta ahora, la única respuesta, de rechazo, llegó en dos oportunidades a través de comentarios de voceros a la prensa.
A ese escenario tenso, se sumó la convocatoria que el propio Timerman efectuó al encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, Kevin Sullivan. El gobierno argentino atribuyó a declaraciones del diplomático estadounidense una intencionalidad que vinculó a la suba del dólar marginal en las últimas jornadas.
Antes de disertar en la ONU, Cristina Fernández tiene en agenda dos encuentros relevantes. El primero será con el financista húngaro estadounidense George Soros, quien respaldó la posición argentina frente a los fondos buitre. El fondo de inversiones que maneja Soros, efectuó una presentación en los tribunales de Nueva York contra el fallo de Griesa. El argumento es que la decisión del octogenario magistrado afecta intereses de terceros, en este caso de inversores que pretenden cobrar pero no pueden porque el dinero está retenido en el Bank of New York.
La presidenta también se entrevistará junto al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, con la conducción de la Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 176 millones de trabajadores en 161 países.
Cristina y Tomada recibirán al presidente de la CSI, el brasileño João Felício, y la secretaria de la entidad, la australiana Sharan Burrow. También serán de la partida Richard Trumka, presidente de la central obrera estadounidense AFL-CIO; el canadiense Hassan Hussef, de la CLC de Canadá, y el paraguayo Víctor Báez, secretario general de la Confederación Sindical de las Américas (CSA).
Nadie en el gobierno argentino considera que esa catarata de respaldos políticos que cosechó la Argentina sirvan para dejar sin efecto el fallo del juez Griesa. Si hacía falta algún recordatorio de que el nudo que dispuso el magistrado sigue vigente, el jueves la Cámara de Apelaciones de Nueva York desplegó una verónica de antología con la que desairó al toro y se negó a responder el planteo conjunto del Citibank y la Argentina sobre la imposibilidad de pagar a los bonistas producto del fallo de Griesa. Los tres camaristas recomendaron volver al tribunal de primera instancia para solicitar una definición al respecto.
Sin embargo, esa acumulación de capital simbólico ha sido importante para dejar clara la voluntad de pago de la Argentina en los principales foros mundiales, y desatar el debate sobre el rol de los fondos buitre en la futuras operaciones de reestructuración de deudas soberanas.
No es poca cosa, pero mientras tanto, el reloj sigue su curso y se aproxima el 30 de septiembre, cuando el país tenga que hacer frente a un nuevo vencimiento de la deuda. Con ese mismo ritmo se acerca también el 31 de diciembre, cuando vence la cláusula RUFO que impide negociar con los buitres como reclama Mauricio Macri cada vez que le ponen un micrófono delante.
Luego de una posición inicial favorable, el gobierno argentino no ha dado muestras respecto de la posibilidad de iniciar una negociación con los buitres a partir del primero de enero.
En cualquier caso, a poco más de tres meses del año nuevo, y transcurrido el mismo tiempo desde que la sentencia de Griesa quedara firme por la inacción de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el cataclismo mil veces pronosticado no se produjo, pero eso, a esta altura, ya no sorprende.
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