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martes, 30 de septiembre de 2014
TAMBIÉN EN LA BOLSA La Presidenta apuntó a bancos por maniobras especulativas con el dólar
Esas operaciones especulativas se hacen a través de la operatoria conocida como “contado con liqui”, y la venta anticipada de divisas.
"Vamos a trabajar duramente para que no se estafe al pueblo argentino”, dijo la jefa del Estado al referirse a la evolución de la cotización del dólar, durante un acto celebrado en la Casa de Gobierno en el que estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y el ministro de Economía, Axel Kicillof, entre otras autoridades.
En un discurso transmitido por cadena nacional, Fernández de Kirchner criticó a los grupos que especulan con la cotización la divisa.
“Mañana van a querer poner el dólar ilegal a ochenta pesos y no se cae nada. No hay problemas en la economía”, dijo Cristina respecto a la tensión existente en el mercado de divisas y las especulaciones echadas a correr sobre la cotización de la divisa estadounidense.
La Presidenta dijo que en lo que va del año se realizaron operaciones de “contado con liquidación” por 27.400 millones de dólares, en el caso de las casas de inversión, y de 10.000 millones por parte de los bancos.
Ante esto “la Comisión Nacional de Valores y la AFIP debe analizar qué negociados hacen estas sociedades” con esos fondos, dijo Cristina.
Apuntó al Banco Mariva, que a través de su casa de inversión concentró el 43% de las operaciones bajo la modalidad "contado con liqui" que se hacen en la Bolsa de Comercio porteña, y detalló que ese misma entidad, junto con los bancos Macro y Patagonia “concentran el 54% de las operaciones” que realizaron las entidades bancarias y que sumaron 10.000 millones de dólares.
Entre las sociedades de bolsa bajo observación también mencionó a Balanz Capital.
En su discurso, Cristina también señaló que instruyó al Ministerio de Economía para que investigue una presunta maniobra efectuada por un grupo de bancos que vendió sus tenencias en dólares antes de que el Gobierno anunciara la decisión de recortar la posición en moneda extranjera de las entidades bancarias, logrando importantes ganancias.
Entre estas últimas entidades señaló a los banco Patagonia, Superville, Itaú, Macro y Mariva.
"Vamos a trabajar duramente para que no se estafe al pueblo argentino”, dijo la jefa del Estado al referirse a la evolución de la cotización del dólar, durante un acto celebrado en la Casa de Gobierno en el que estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y el ministro de Economía, Axel Kicillof, entre otras autoridades.
En un discurso transmitido por cadena nacional, Fernández de Kirchner criticó a los grupos que especulan con la cotización la divisa.
“Mañana van a querer poner el dólar ilegal a ochenta pesos y no se cae nada. No hay problemas en la economía”, dijo Cristina respecto a la tensión existente en el mercado de divisas y las especulaciones echadas a correr sobre la cotización de la divisa estadounidense.
La Presidenta dijo que en lo que va del año se realizaron operaciones de “contado con liquidación” por 27.400 millones de dólares, en el caso de las casas de inversión, y de 10.000 millones por parte de los bancos.
Ante esto “la Comisión Nacional de Valores y la AFIP debe analizar qué negociados hacen estas sociedades” con esos fondos, dijo Cristina.
Apuntó al Banco Mariva, que a través de su casa de inversión concentró el 43% de las operaciones bajo la modalidad "contado con liqui" que se hacen en la Bolsa de Comercio porteña, y detalló que ese misma entidad, junto con los bancos Macro y Patagonia “concentran el 54% de las operaciones” que realizaron las entidades bancarias y que sumaron 10.000 millones de dólares.
Entre las sociedades de bolsa bajo observación también mencionó a Balanz Capital.
En su discurso, Cristina también señaló que instruyó al Ministerio de Economía para que investigue una presunta maniobra efectuada por un grupo de bancos que vendió sus tenencias en dólares antes de que el Gobierno anunciara la decisión de recortar la posición en moneda extranjera de las entidades bancarias, logrando importantes ganancias.
Entre estas últimas entidades señaló a los banco Patagonia, Superville, Itaú, Macro y Mariva.
CASA DE GOBIERNO Cristina, ante la militancia, aseguró que la bandera y la soberanía no serán negociadas
Cristina lo expresó de cara a la militancia que ocupó los tres patios de la Casa de Rosada, tras el acto encabezado esta tarde por la mandataria en el salón de las Mujeres Latinoamericanas.
Allí, la Presidenta insistió en convocar a los jóvenes a la unidad, al tiempo que advirtió sobre "los cantos de sirena y las divisiones que quieren sembrar entre los argentinos", señalando que algunos dirigentes "proponen el oro y el moro en caso de ganar las elecciones, aunque luego sea todo lo contrario".
Igualmente, dejó en claro que "con la bandera y la soberanía no se negocia" y agregó que "aún los que no me quieren saben que no miento y no traiciono", al mostrar su convencimiento de que "la razón está de nuestro lado" en el conflicto con los holdouts.
Previamente, al hablarle a los militantes reunidos en el tradicional patio de Las Palmeras, expresó: "Cuando cantan 'Patria sí colonia no', podría sonar a consigna de otros tiempos, pero no saben cuán actual y vigente es hoy para los argentinos".
"Las cosas que nos han tocado vivir son insólitas; pasamos por momentos difíciles que el mundo se venía abajo, sin trabajo, industrias. Teníamos una deuda de una vez y media de lo que producíamos. Sin embargo desde aquel 25 de mayo de 2003 hemos construido un país que hoy necesitamos cuidar entre todos", remarcó.
La Presidenta sostuvo que un país es soberano "cuando no deja que se pisotee su dignidad nacional", por lo que llamó a "mantener la bandera en alto frente a estos ataques con los que buscan envenenarle la cabeza a los argentinos".
"Esos que hablan tanto del futuro es porque no se quieren hacer cargo de lo que hicieron en el pasado. Yo no fui parte de ese pasado, ni del endeudamiento, ni del neoliberalismo, ni de la dictadura, por el contrario me hago cargo de lo que pasa en la Argentina", agregó ante los miles de jóvenes que la acompañaron tras el acto.
EN EL PENULTIMO DEBATE, LA PRESIDENTA DE BRASIL INTERPELO A SU ADVERSARIA Dilma arremetió contra Marina
Por Darío Pignotti
Desde Brasilia
Dilma Rousseff lució segura ante las cámaras del mayor canal de televisión evangélico de Brasil y su adversaria Marina Silva se mostró vacilante en el debate concluido en la madrugada de ayer, el penúltimo antes de los comicios presidenciales del domingo próximo. “Candidata Marina, usted cambió de partido cuatro veces en los últimos tres años... dice una cosa un día y al día siguiente dice otra. Un país no se gobierna con alguien con posturas distintas a cada momento”, dijo Dilma, de tailleur rojo, dirigiéndose a su adversaria.
Marina, vistiendo saco verde, blusa crema y collar de motivos indígenas, la observaba con la mirada cansada antes de responderle que cada vez que abandonó una agrupación lo hizo para defender “ideas” y para mantener en alto “mis posiciones”. Y retomó su propuesta de construir una “nueva política... junto a la sociedad civil y sin los viejos dogmatismos”, un defecto que padecen por igual “la izquierda y la derecha”, postuló la ex ministra de medio ambiente durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, del PT, igual que Dilma Rousseff.
Así Marina insistió en un guión desgastado que supo ser eficaz hace un mes y medio, cuando alcanzó el 50 por ciento de intenciones de voto para el ballottage poco después de lanzar su candidatura por el Partido Socialista Brasileño en reemplazo de Eduardo Campos, fallecido en un accidente aéreo.
Durante el debate realizado en la TV Record, la candidata ambientalista se enredó nuevamente en sus explicaciones retóricas cada vez que fue indagada por Dilma.
La aspirante a la reelección aseveró que si su adversaria fuera electa favorecerá a la banca privada y desmontará los programas sociales sostenidos con recursos del Estado. “Candidata Marina, la verdad es que usted ni siquiera sabe” cuánto dinero prestan los bancos estatales para impulsar proyectos de viviendas populares, como el programa Mi Casa, Mi Vida que construyó más de 2 millones de unidades.
“Gobernar un país es algo serio... no se puede improvisar”, continuó Dilma, para quien un gobierno de Marina sería una “amenaza” para la banca pública y destacó que durante su mandato se fortaleció al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, “que es el tercer mayor banco de desarrollo del mundo”, subrayó.
Rousseff buscó diferenciarse de su rival al decir que si continúa en el gobierno no va a reformar las leyes laborales “ni que la vaca tosa”, una frase que el fin de semana había sido coreada por sindicalistas y militantes del PT en actos realizados en varias capitales brasileñas.
Luego de más de dos horas de confrontación televisiva, Dilma se afirma en su condición de favorita a vencer en el primer turno, que se disputará el próximo domingo, ante una Marina que pareció afectada por su tendencia a la baja en las recientes encuestas.
La última consulta de Datafo-lha, publicada el viernes pasado a la noche, indicó que Rousseff subió al 40 por ciento de las intenciones de voto para la primera ronda, Marina bajó al 27 y Aécio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, suma el 18 por ciento con tendencia positiva.
Si hubiera ballottage, Dilma se impondría con el 47 por ciento frente al 43 de la evangélica Marina Silva.
De todos modos, el escenario de una campaña marcada por los cambios, continúa abierto: nada está decidido, ni siquiera si habrá segunda vuelta el 26 de octubre, porque no se descarta que la presidenta venza con más del 50 por ciento este domingo.
A partir de hoy, candidatos, asesores de imagen, medios de comunicación (ninguno de los grandes es afín al gobierno) moverán sus piezas con un objetivo excluyente: definir la suerte de cerca del 5 por ciento de los electores, de un universo de más de 142 millones.
Si Dilma logra cautivar a ese segmento de los votantes (tanto indecisos como emigrados de Marina o Aécio) saltaría al 45 por ciento del total y podría ser electa en la primera ronda. Esto porque en Brasil el conteo toma como base sólo los votos válidos, excluidos los nulos y blancos, por lo que el 45 por ciento de las boletas representa, grosso modo, más del 50 por ciento de los que valen.
Imperaba el optimismo el domingo por la noche en el equipo de Dilma en el estudio de la TV Record, donde alguien mencionó que las encuestas comienzan a adoptar la forma de la “boca abierta de un yacaré”.
Desde hace 15 días los sondeos de todas las consultoras indican que la popularidad de Dilma sube a ritmo constante, como la parte de la mandíbula superior del reptil, al tiempo que la aprobación de Marina va hacia abajo, en caída persistente.
El optimismo en el PT y el comportamiento apagado de Marina en el duelo televisivo fueron datos que no pasaron por alto en el mercado financiero, donde prefieren una victoria de la oposición para erradicar el “intervencionismo” de la presidenta.
Al igual que ocurrió cada vez que Silva retrocedió en los sondeos, ayer al mediodía la Bolsa de Valores de San Pablo negociaba con una baja del 5,23 por ciento, el dólar trepaba a 2,44 reales, su cotización más alta desde fines de 2008 y las acciones de Petrobras se replegaban el 9 por ciento al inicio de la ronda. “El dólar está operando en alta acentuada este lunes luego de que la encuesta de Datafolha (publicada el viernes por la noche) indicó que la presidenta Dilma Rousseff amplió su ventaja sobre Marina”, escribió ayer la agencia Globo.
“El mercado entró con todas sus fichas a favor de una victoria de la oposición y ahora está viendo la reversión del movimiento hacia arriba” de Marina, observó Reginaldo Galhardo, de la consultora Treviso. Para el mercado, la reelección de Dilma conduce a la continuidad de la actual política petrolera, “estatista y poco abierta a la inversión extranjera”.
En las primeras horas de ayer, la postulante del PT reivindicó lo hecho en materia petrolera por su gobierno y arremetió contra la gestión del ex mandatario Fernando Henrique Cardoso, cuando aseguró que intentó “privatizar” a Petrobras.
Para asfaltar el camino hacia la enajenación de la empresa “quisieron cambiarle el nombre Petrobras por Petrobrax... para atraer a los inversores extranjeros” abundó Rousseff, ex ministra de Minas y Energía, y mentora de la nueva legislación petrolera que concede más competencias a la compañía en la explotación de los gigantescos recursos descubiertos en aguas ultraprofundas.
RAJOY ACTIVO LA MAQUINARIA LEGAL EN CONTRA DEL REFERENDUM SOBERANISTA España suspende la consulta catalana
Por Flor Ragucci
Desde Barcelona
El tiempo de las amenazas acaba de dar paso al de los hechos. Con un Consejo Extraordinario de Ministros, el presidente Mariano Rajoy dio orden expresa al Tribunal Constitucional (TC) de adoptar los recursos legales necesarios para anular el decreto firmado el sábado por el gobierno de Cataluña para convocar su consulta independentista del 9 de noviembre. A las dos horas –un tiempo record para este tipo de procedimientos– el TC admitía a trámite el recurso de Rajoy y suspendía así por el lapso de cinco meses el sueño soberanista.
El pleno resolvió por unanimidad invalidar tanto el decreto de la convocatoria del referéndum y la ley de consultas que el Parlamento catalán aprobó la semana pasada para darle protección legal a la votación como “las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas con ella”, según figura en su providencia. Esta paralización impide al gobierno de Cataluña avanzar en los preparativos del referéndum por un tiempo máximo de cinco meses, aunque la Generalitat lleva semanas manteniendo en incógnita los pasos que seguiría tras la suspensión (que todos daban por segura).
En tono inflexible, Rajoy declaró tras el Consejo de Ministros que el referéndum no va a llevarse a cabo porque “va en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y perjudica a su bienestar”.
El jefe del Ejecutivo recordó ante la prensa que lleva desde diciembre advirtiendo que la consulta soberanista “no se va a celebrar”, ya que “ni por su objeto ni por su procedimiento es compatible con la Constitución” y en ese mismo sentido ratificó que el decreto que se firmó el sábado en el Palau de la Generalitat choca contra el artículo primero de la Carta Magna, que recoge que la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto y no en una parte. “Es falso que el derecho a votar y decidir se lo pueda atribuir unilateralmente una comunidad y negárselo al resto de la nación. Es demagógico y suena bien, pero quien esgrime ese derecho en realidad le está privando de él a quien realmente le corresponde, que es la nación española. El derecho que quiere darles a unos Artur Mas, se lo está sustrayendo al resto”, declaró Rajoy.
No obstante, el presidente de Gobierno quiso dejar entreabierta una puerta al diálogo con su homólogo catalán, consciente de que su habitual cerrazón es el blanco de buena parte de las críticas que recibe. “Aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, de superar una dialéctica estéril de confrontación, buscar un diálogo fructífero, siempre dentro del más escrupuloso respeto a la legalidad en una democracia seria y responsable como es la nuestra. Todo el diálogo dentro de la ley y ninguno fuera de la ley. Estoy abierto a todas las iniciativas pero siempre dentro de la legalidad”, recalcó Rajoy como mensaje final de su discurso.
Si Artur Mas acata la resolución del Constitucional y no saca las urnas a la calle, el jefe del Ejecutivo español asegura que se podrá –de forma conjunta– buscar soluciones a la larga lista de demandas que Cataluña tiene hacia el poder central. Sin embargo, cuando se le preguntó –aceptó tres preguntas de la prensa– si eso incluía la posibilidad de una reforma constitucional, tal como lo exige, por ejemplo, el Partido Socialista (PSOE), el presidente respondió: “Lo prioritario ahora es defender la Constitución. A partir de ahí, se puede reformar”.
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, cree que la vía socialista para “renovar el marco de convivencia común” pasa por la reforma de la Constitución de 1978 “desde una perspectiva federal, que nos permita una convivencia fructífera para todos. Hay que defender la Constitución, pero su mejor defensa es su renovación” advirtió en una rueda de prensa brindada tras el Consejo de Ministros de ayer. El principal partido de la oposición dejó bien claro desde el principio de la campaña independentista que apoya completamente al gobierno de Mariano Rajoy en sus acciones legales para bloquear el referéndum en Cataluña. “Como secretario general del PSOE, condeno la conducta del presidente de la Generalitat, que quiebra la legalidad y daña la democracia”, expresó Sánchez.
Pero mientras desde Madrid se activan todos los mecanismos legales al alcance para frenar la consulta del 9 de noviembre, en Barcelona se articula una considerable batería de acciones en el Parlamento, en los juzgados y en las calles para asegurar que haya urnas. El sábado por la mañana, un acto solemne entre los arcos góticos del Palau de la Generalitat sirvió como marco para la escritura de lo que en Cataluña muchos sienten como una nueva página de su historia. El presidente de la comunidad, Artur Mas, firmó el decreto que convoca el referéndum por la independencia bajo la garantía legal de la ley de consultas catalana aprobada la semana pasada. En el texto, el gobierno de Cataluña explicita como argumento a su favor que “entre los asuntos y materias que pueden ser consultados mediante una convocatoria se encuentran los de especial importancia colectiva para el país, sobre los que la Generalitat tiene la potestad de ejercer la iniciativa formal ante las instituciones del Estado, tal y como reconocen los artículos 87 y 166 de la Constitución”.
Al terminar el acto, Mas también aprovechó la oportunidad para dar un discurso a la altura de las circunstancias. De forma excepcional, la mayor parte de sus palabras fueron en castellano –no en catalán– y luego, incluso, repitió lo fundamental en inglés, para que el mensaje pudiera llegar sin intermediarios a la comunidad internacional. “Hemos necesitado muchas movilizaciones pero hoy, por fin, estamos ante la hora grande de Cataluña”, arrancó el president, recordando que para que la firma de la convocatoria de la consulta se haya hecho realidad “se han necesitado cuatro ingredientes: consenso político, diálogo, respeto a los marcos legales y amplias mayorías sociales”.
Artur Mas tampoco dejó pasar la comparación con el reciente caso de sus vecinos escoceses y remarcó que el “inmovilismo del gobierno español vestido de presunta legalidad” contrasta con “aquellos estados democráticos que pactan para dejar votar y no silencian a quienes quieren opinar libremente”.
Pero no todo se resuelve entre las paredes de los palacios gubernamentales. En las calles, miles de ciudadanos organizados en torno de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) –asociación que lidera el Movimiento Popular Independentista y que fue la principal impulsora de la “V” que atravesó Barcelona en la fiesta del 11 de septiembre– están dispuestos a demostrar que la consulta se va a hacer con o sin la autorización del Tribunal Constitucional. “Entendemos que la mejor respuesta es democracia, democracia y democracia”, dijo Carme Forcadell, presidenta de la ANC, y convocó concentraciones en las plazas de las municipalidades de toda Cataluña, tras la suspensión del Tribunal.
El colectivo, junto a los partidos políticos que apoyan el referéndum (todos excepto el PP, el PSOE y los conservadores Ciutadans), lanzó el mismo día de la firma de la convocatoria a las urnas la campaña en favor del 9-N y de la secesión, denominada Ara es l’hora (Ahora es la hora). El enorme movimiento ciudadano que en estos momentos apoya la consulta es imprescindible para que la misión independentista no muera con el veto del Constitucional. Artur Mas lo sabe mejor que nadie y por eso en los últimos días su imagen se reproduce en diversas entrevistas otorgadas a las principales cadenas televisivas, alentando al pueblo catalán: “Pido capacidad de resistencia. No puedo esconder que no será fácil, pero esto no funciona saliendo a la calle una vez al año; el futuro es una conquista no un regalo y nos lo tenemos que ganar”, aclamó el dirigente.
EL MUNDO › ES EL MAYOR DESAFIO PARA CHINA DESDE TIANANMEN Crece la protesta en Hong Kong
Por Andrew Johnson y Louise Watt *
Desde Hong Kong
Decenas de miles de manifestantes pro democracia permanecieron en las calles de Hong Kong por cuarta noche consecutiva, desafiando los llamados para que se dispersaran, mientras seguía creciendo el mayor reto a la autoridad de Beijing en 25 años. La enorme muestra de desa-fío es en respuesta a la decisión de China de permitir que sólo los candidatos investigados se presenten a las elecciones en 2017 después de haber prometido previamente “sufragio universal”.
Los activistas pro democracia dicen que tal decisión asegurará que sólo los que apoyan el gobierno de Beijing se puedan presentar. Anoche, las protestas se habían esparcido fuera del distrito financiero central de la isla de Hong Kong, uno de los centros comerciales más grandes del mundo, y en otras áreas clave. Algunos bancos suspendieron la cotización, las tiendas cerraron temprano y algunas escuelas permanecerán cerradas hoy.
La policía dijo que usaron 87 bombas de gas lacrimógeno en la noche del domingo, en lo que dijeron era una respuesta necesaria pero restringida a los esfuerzos de los manifestantes por atravesar los cordones y barricadas. Informaron que 41 personas resultaron heridas, entre ellas 12 agentes de policía. También se utilizó gas pimienta y los manifestantes fueron golpeados con cachiporras.
Ayer por la noche, sin embargo, la policía antidisturbios se retiró cuando pareció que el uso de gases lacrimógenos había fracasado. Las multitudes crecieron cuando la gente salió del trabajo y se unió a los estudiantes de aspecto cansado acampados en las rutas principales cerca de la sede del gobierno de la ciudad y en varias otras partes de Hong Kong. “Los estudiantes están protegiendo el derecho al voto, por el futuro de Hong Kong. No estamos asustados, simplemente luchamos por ello”, dijo Carol Chan, un empleado de 55 años, quien se tomó dos días libres para unirse a las protestas después de haberse enojado por el uso de gases lacrimógenos por parte de la policía.
China llamó ilegales a las protestas y respaldó los esfuerzos del gobierno de Hong Kong para sofocarlas, diciendo que están minando la imagen de la ciudad como refugio financiero seguro. Beijing adoptó una línea dura contra las amenazas percibidas al monopolio del Partido Comunista en el poder. Este es el desafío más grande desde los episodios en la Plaza de Tiananmen en 1989, que terminaron en una masacre. Un resultado similar esta vez sería un desastre para la reputación de Hong Kong y Beijing. Pero si los manifestantes tienen éxito, se envalentonarían los activistas de la democracia en el continente.
El presidente ejecutivo de Hong Kong, Leung Chun-ying, se vio obligado a negar los rumores de ayer de que el ejército chino podría intervenir. “Espero que el público mantenga la calma. Que no se deje engañar por los rumores”, dijo. China también advirtió a otros países que no interfirieran, después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido dijo que estaba “preocupado” por la violencia en su antigua colonia.
En lugar de luz de velas anoche, los manifestantes organizaron protestas de “luz móvil”, sosteniendo sus teléfonos celulares con sus pantallas brillantes. El líder de la protesta, Benny Tai, uno de los fundadores de la campaña central Occupy, también llamó a Leung para que dimitiera. Dirigiéndose a las multitudes anoche, también condenó el uso de la fuerza el domingo. “La gente usa paz y esperanza, mientras que el gobierno utilizó gases lacrimógenos y gas pimienta”, dijo.
El domingo a la noche los manifestantes llevaban capas de lluvia, mascarillas quirúrgicas y antiparras y utilizaron sombrillas para protegerse del gas lacrimógeno y el gas pimienta. Mientras que muchos de los residentes apoyan los llamados a una mayor democracia –apodada la “revolución de los paraguas”– las multitudes están lejos de pedir una revolución y no todo el mundo apoya las protestas.
* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.
EL MUNDO › OPINION La especulación desenfrenada
Por Eric Nepomuceno
Desde Río de Janeiro
Tan pronto se supo que la presidenta Dilma Rousseff no sólo aseguró su ventaja sobre la evangélica y ambientalista Marina Silva, sino que también logró abrir una ventaja firme y cómoda, los agentes del mercado financiero se lanzaron a su deporte favorito, la especulación desenfrenada.
En una sola jornada, la de ayer lunes 29, los papeles en la Bolsa de Valores se desplomaron, mientras el dólar se valorizó hasta 2,57 por ciento. Luego hubo alguna reacción, y la Bolsa, cuyo índice llegó a caer más de 5 por ciento, estabilizó su pérdida en poco más de 3 por ciento. El dólar mantuvo una valorización, frente al real, de alrededor de 1,8 por ciento. El viernes anterior, el movimiento había sido a la inversa: creyendo que el sondeo electoral a ser divulgado al anochecer mostraría un empeoramiento en la situación de Dilma, la Bolsa experimentó alzas de hasta 2 por ciento. El juego es claro: sube Marina (foto), sube la Bolsa y cae el dólar. Sube Dilma, se da el revés.
Algunos analistas de los grandes diarios, donde se concentra la más furiosa y obstinada oposición a Dilma y a todo lo que se refiera al PT, trataron de matizar un poco el panorama, argumentando que también “factores externos” contribuyeron para el desplome de la Bolsa y la estampida del dólar.
Bueno, habrá quienes acepten esa visión. Pero hasta el más cauto de los cautos analistas admite que el principal motor de esa oscilación es que Dilma volvió a dar muestras de que será reelecta. Y ésta es la buena hora para fortalecer el terrorismo financiero y especular a lo grande. De nada sirve que los estudios realizados por la banca, y que circulan de manera restringida entre los grandes inversionistas, indiquen que la inflación, pese a seguir presionando, quedará este año dentro de la meta establecida por el gobierno.
Mientras, las proyecciones sobre el crecimiento de la economía siguen bajando en el sector privado. El gobierno lo admite, pero en niveles un poco más robustos. Está bien que el desacreditado ministro de Economía, Guido Mantega, trate de mantener su optimismo casi infantil. Pero cuando el Banco Central, más respetado, proyecta un crecimiento ínfimo para el PIB –0,7 por ciento– lo hace con argumentos fiables. Y en el mismo día, el mercado financiero reitera que el PIB no crecerá más que 0,29 por ciento, sin explicar exactamente cómo se llegó a esa previsión. Pero ayuda, y mucho, para reforzar el clima de pesimismo que invariablemente llega a los grandes noticieros de televisión y sirve de robusta munición para los adversarios de Dilma Rousseff.
Está bien que se desconfíe de proyecciones y previsiones demasiado optimistas cuando vienen de los equipos económicos en nuestras comarcas, pero hay límite para todo, inclusive para la desconfianza.
A lo largo de los días que anteceden a las elecciones del próximo domingo, más encuestas y sondeos serán divulgados, lo que significa que, más que alta volatilidad, el mercado financiero vivirá jornadas de fuerte turbulencia en Brasil. Ganan, claro, los especuladores, que disponen de gordos puñados para arriesgar. Pierde la economía del país, pero eso no importa: los especuladores tienen sus propias reglas y las respetan con fervor religioso.
En la Bolsa, los papeles “más sensibles” –así dicen los analistas y agentes del mercado: para ellos, los papeles tienen alma– son, por supuesto, los de las estatales. La principal crítica se refiere al exceso de intervencionismo del gobierno de Dilma en la economía. Ejercer cierto control de precios como forma de dar combate a la inflación y generar recursos para los programas sociales, a la vista del sacrosanto mercado es pecado capital, de esos que condenan quien lo practica a las hogueras eternas de todos los infiernos.
En un solo día –ayer– los papeles de la Petrobras perdieron casi 10 por ciento de su valor. Los del Banco do Brasil, que insiste en cometer el pecado absurdo de subsidiar créditos y no practicar los intereses extorsivos de la banca privada, bajaron casi 8 por ciento.
Es decir: a los ojos de los agentes financieros, es muy alto el riesgo de que Dilma y el PT permanezcan por cuatro años más en el poder.
Para el electorado, acorde a lo que indican los sondeos y encuestas, lo que importa es otra cosa: que se mantengan los empleos, los beneficios sociales, la inclusión de más de 40 millones de brasileños –una Argentina entera– en el mercado de consumo. Que por primera vez la ONU haya declarado que el país erradicó el hambre. Para esa gente, la perspectiva de reconducir Dilma a la presidencia significa seguir avanzando en la brutal pelea contra la desigualdad, en uno de los países más desiguales del mundo. Eso es, indican los sondeos, lo que importa a quien vota.
Para quien especula, el tema es otro. Al fin y al cabo, ellos siempre han sido iguales entre sí. E iguales se mantienen, ahora frente a la asustadora amenaza de que sus privilegios sigan relegados, mientras los ninguneados de siempre pasan a conocer beneficios antes siquiera imaginados.
LA ARGENTINA HIZO EL DEPOSITO PARA PAGAR A LOS BONISTAS A cobrar por casa
El depósito realizado hoy es el primero de servicios de deuda al amparo de la Ley de Pago Soberano, que cambió el lugar de cobro para que los acreedores puedan sortear el bloqueo de los fondos dispuesto por el juez Griesa en su fallo a favor de los fondos buitre.
"Al realizar dichos depósitos, la República Argentina ratifica una vez más su compromiso inquebrantable de cumplir todas sus obligaciones respecto de los Bonistas y contribuir mediante las medidas que estén a su alcance a preservar su derecho a cobrar las sumas que les corresponden bajo los Títulos de Deuda", sostuvo el Palacio de Hacienda en un comunicado.
El Ministerio reiteró que el pago anterior está "indebidamente obstaculizado por el incumplimiento de The Bank of New York Mellon de sus obligaciones como agente fiduciario del Trust Indenture de fecha 2 de junio de 2005, modificado el 30 de abril de 2010, entre la República Argentina y The Bank of New York Mellon".
De acuerdo al contrato de fideicomiso y a lo establecido en la Ley 24.441, al momento del depósito de los fondos en las cuentas fiduciarias éstos "dejan de ser propiedad de la República Argentina y constituyen bienes fideicomitidos". Los fondos sólo pueden aplicados por el fiduciario al pago de los servicios de los títulos de deuda de los bonistas.
El pago de los papeles en Buenos Aires tiene lugar un día después de que el juez estadounidense Thomas Griesa declaró a la Argentina "en desacato" por el supuesto incumplimiento de su fallo. Griesa consideró que la Argentina comete "actos ilegales para evadir la sentencia" y que "ha buscado casi ignorar sus obligaciones".
¡DESACATAO! CFK: "No necesitamos ningún monitor"
"Se es soberano cuando se tiene la dignidad de sostener la bandera en alto y no dejar que pisoteen la dignidad de los argentinos", insistió la Presidenta ante los militantes reunidos en uno de los patios de la Casa Rosada al hablar de las decisiones de la Justicia norteamericana.
"¿Cómo se sentiría cualquier ciudadano del mundo si quisiera pagar lo que debe y desde el enfrente, y del costado y de atrás, no se lo permiten?", completó la mandataria, quien apeló a "la unidad de todos los argentinos" frente al litigio con los fondos buitre.
Cristina sostuvo que "nos quieren envenenar la cabeza" y lamentó que "algunos argentinos defiendan a los que atacan a la Argentina, a los que quieren tirar abajo la reestructuración de la deuda para volver a endeudar al país en cientos de miles de millones".
En ese sentido, la jefa de estado se calificó como "la última valla" frente a la pretensión de los fondos buitre y resaltó: "Qué fácil sería para esta presidenta firmar cualquier cosa... Me aplaudirían algunos, pero embargaría a nuevamente a la Argentina". "Hay algunos que hablan del futuro porque no se quieren hacer cargo de lo que hicieron en el pasado: yo no fui parte, del endeudamiento, del neoliberalismo ni de la dictadura", sentenció.
"A los argentinos nos están tocando ver cosas insólitas. Pasamos por momentos en que pensábamos que se venía el mundo abajo: no había recursos, trabajo, industria, una deuda inmensa. Sin embargo, desde 2003, hemos construido un país que yo espero --no ya como presidenta, ni siquiera como militante política sino como una ciudadana más-- que lo cuidamos entre todos porque es un país que ha crecido sobre tragedias, dolor, ausencias...", pidió la presidenta ante la militancia. "Che gorila, che gorila, no te lo decimos más... Si la tocan a Argentina, que quilombo se va a armar", se cantó en el patio de la Casa Rosada a pedido de la jefa de estado.
LA NUEVA CRUZADA Gran Bretaña comenzó a bombardear en Irak
"Puesto de artillería terrorista de Estado Islámico destruido por una bomba guiada Paveway IV cuando estaba atacando a tropas kurdas", dijo la cartera de Defensa británica a través de una publicación en las redes sociales. Los bombardeos se producen después de que el viernes el Parlamento británico dio permiso al gobierno para sumarse a la campaña aérea de una coalición internacional liderada por Estados Unidos.
El gobierno del primer ministro David Cameron pidió sólo participar en los bombardeos en Irak, cuyo gobierno solicitó ayuda a Londres, pero no en los de Siria que ya llevan a cabo Estados Unidos y varios aliados.
En tanto, las fuerzas militares de Estados Unidos participaron desde ayer en 11 ataques aéreos de la coalición internacional contra el EI en Siria y en otros 11 en Irak, informó el Pentágono. Tanto los ataques en Siria como los de Irak se produjeron desde aviones de combate y aeronaves no tripuladas, y contaron con la colaboración de la coalición, aunque no se precisaron los países implicados, indicó el Mando Central en un comunicado.
En Siria se llevaron a cabo dos ataques cerca de la ciudad oriental de Deir Ezzor en los que se destruyeron dos vehículos, uno de ellos acorazado, del EI; y cinco más en el noreste del país cerca de Sinjar, en los que se atacó una pieza de artillería, un puesto de vigilancia, y cuatro posiciones de combate de los jihadistas.
UNA PRESENTACION PARA LA PRENSA La Justicia rechazó el amparo de Carrió
La medida había sido solicitada por los diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando Sánchez, quienes argumentaron que hubo "graves violaciones reglamentarias" y no se cumplieron los trámites parlamentarios que habilitan el debate sobre el digesto jurídico.
El magistrado, sin pronunciarse sobre el fondo de la demanda, recordó que la Corte Suprema de la Nación "ha destacado que la misión más delicada de los jueces es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los demás poderes".
Carrió y Sánchez solicitaron que se ordene al presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, se abstenga de convocar el tratamiento ante el pleno de la Cámara del Proyecto de Ley sobre aprobación del nuevo Código Civil y Comercial, mientras tramitará la causa.
Los legisladores consideraron que el proyecto, con media sanción del Senado de la Nación, carece de despacho de comisión, pues el dictamen que alguna vez tuvo, caducó. El argumento presentado por Carrió ya había sido desestimado durante el debate en comisiones que se realizó la semana pasada.
Por su parte, Marinelli advirtió que "no se debe perder de vista que, en principio, con arreglo a la doctrina que emana de diversos precedentes del Alto Tribunal, se encuentra vedado al poder jurisdiccional interferir en el proceso de formación y sanción de las leyes".
Y agregó que "mediante el dictado del pronunciamiento cautelar que se solicita, se estaría impidiendo sesionar a la Cámara de Diputados de la Nación, afectando el funcionamiento de uno de los poderes del Estado" sin que se presente, en principio, una efectiva violación constitucional directa que justifique semejante medida.
Los efectos de la medida cautelar "alcanzarían también a todos los integrantes de la Cámara de Diputados, incluso aquellos que podrían tener un interés contrario a los diputados demandantes", evaluó Marinelli.
"NO SOY RANA Y SÉ NADAR" Cristina denunció una conspiración para "voltear al Gobierno"
La presidenta, Cristina Kirchner, recordó que la Argentina había depositado “161 millones de dólares, destinados al cien por cien de los acreedores”, en virtud de la Ley de pago soberano, calificó de “disparate” la figura del desacato decidida por Thomas Griesa, alertó que el verdadero propósito de los buitres es “tirar abajo la exitosa reestructuración de la deuda”, no descartó que "en 20 días quieran aplicar sanciones al país, inclusive detenerme durante mi próximo viaje”, consideró que las recomendaciones hechas por la embajada de Estados Unidos a sus conciudadanos que viajen a la Argentina era “una provocación”, y denunció que “lo que quieren es voltear al Gobierno”. Respecto de las denuncias acerca de una amenaza del grupo terrorista Estado Islámico, advirtió que si le pasara algo “no miren a Oriente, miren hacia el norte”. Por último denunció “un movimiento de pinzas” entre los exportadores y los empresarios, y acusó a los primeros de querer recuperar el dinero perdido por “pavotes”, al no liquidar la cosecha de granos antes de la caída del valor de la soja, y a los segundos de querer “licuar” los salarios de los trabajadores a través de una devaluación.
MACRI RENIEGA DE LAS RETENCIONES, PERO SE BENEFICIA DE ELLAS Promesas para la tribuna
Por Werner Pertot
“Retenciones cero”, fue la consigna que lanzó Mauricio Macri en la conferencia que dio ante la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El líder del PRO prometió que, cuando sea presidente, va a eliminar las retenciones para las economías regionales y bajar las retenciones de la soja 5 por ciento por año hasta eliminarlas. No obstante, el jefe de Gobierno adhirió voluntariamente a un fondo que proviene directamente de las retenciones a la soja y que fue creado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A partir de que se sumó a recibir dinero de las retenciones de la soja, se calcula que este año su gestión recibirá 320 millones de pesos. La legisladora kirchnerista María Rosa Muiños presentó un pedido de informes para que el gobierno porteño explique en qué se está utilizando ese dinero.
La conferencia de la CAME reunió a siete presidenciales del kirchnerismo, del Frente Amplio Unen (FA-Unen), del Frente Renovador y del PRO. Además de cuestionar la inversión en empresas satelitales, Macri remarcó que buscará eliminar las retenciones a los empresarios agrarios. “Retención cero a todas las exportaciones de las economías regionales y eliminación de cualquier impedimento para exportar”, prometió Macri, quien sobre la soja advirtió que no lo podrá eliminar de inmediato, pero se comprometió a ir bajándolo un 5 por ciento por año hasta que sea completamente eliminado. No dio detalles de cómo pensaba resolver el déficit fiscal que esto produciría ni tampoco el impacto sobre la distribución de los cultivos.
Días después de su diatriba contra las retenciones, Macri dio a conocer un nuevo impuesto a los consumos on line de películas, series, música, juegos (como Netflix, Amazon, Spotify, entre otros), por lo cual la oposición porteña salió a señalar una contradicción entre el decir y el hacer. Sin embargo, pese a sus diatribas contra las retenciones a la soja, Macri aceptó de buena gana el dinero que le ofreció el gobierno nacional de estas retenciones a partir de la creación de un fondo para las provincias.
Se trata del Fondo Federal Solidario, creado en 2009 por la Presidenta y que destina el 30 por ciento de las retenciones de la soja a obras de infraestructura social (sanitaria, educativa, de viviendas) en las provincias. Para poder cobrarlo, cada Estado provincial –o la Ciudad Autónoma– debía adherir voluntariamente. Macri lo hizo a través del decreto 255/2009, que en sus considerandos dice que “la Ciudad Autónoma ha propiciado, en similar sentido al ahora propuesto por el Ejecutivo nacional, medidas que permitan el desarrollo de la infraestructura social de la ciudad”. “Siendo indispensable para su aplicación la adhesión formal de cada Estado al fondo creado por decreto, se entiende prudente dictar la norma”, señala el decreto, que lleva la firma de Macri.
Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad, a fines de 2014 ese monto llegará a los 320.600.000 pesos. La legisladora del Frente para la Victoria, María Rosa Muiños, presentó un informe para que el gobierno porteño diga qué está haciendo con ese dinero. El pedido de Muiños reclama un “informe detallado de las obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial realizadas desde el año 2010 hasta la actualidad con los fondos del Fondo Federal Solidario”. Además pide que informe qué montos recibió la Ciudad en cada año y que dé detalles sobre el estado de cada obra realizada con ese dinero, “discriminando aquellas que se encuentren finalizadas de las que se encuentren en vías de ejecución”.
En la fundamentación de su proyecto –que todavía no fue votado en la Legislatura–, Muiños indica que la creación del Fondo Federal establecía causales específicas para que los gobiernos no reciban los fondos, y “entre ellas se destaca la utilización de dichos fondos para fines distintos que aquellos estipulados en la norma”. “Esto no resulta un dato menor, puesto que de verificarse un incumplimiento por parte de alguno de los Estados adherentes, esta circunstancia conlleva la suspensión del giro hasta tanto el Estado incumplidor regularice su situación.”
CURIOSAS COMPARACIONES Más críticas a los dichos de Méndez
"Las declaraciones son de Héctor. No sé en qué contexto las habrá hecho", indicó Urtubey, quien remarcó que en Argentina "las reglas están, en el Congreso se votan con determinadas mayorías, y a partir de ahí hay determinados productos legislativos que pueden ser objetados judicialmente". De esta manera volvió a responder a los dichos de Méndez, quien aseguró que "la tropa que levanta la mano en el Congreso me hace acordar a la dictadura".
Por su parte, Etchevehere, en declaraciones a radio América, afirmó que en la Argentina "están las herramientas institucionales y constitucionales, para que si uno entiende que se viola algún principio de la Constitución, ir a la Justicia y que determine si se lesiona o no un derecho".
"Como hicimos con muchísimos senadores, dirigentes de las diferentes jurisdicciones y provincias estamos hablando con los diputados para demostrarles porque sería a nuestro entender perjudicial que se sancione" el paquete de leyes de consumo que recibió media sanción del Senado, indicó el dirigente ruralista.
Confirmó que en caso de que se sancione, la Sociedad Rural acudirá "a la Justicia porque entendemos que viola tres principios constitucionales: el derecho a la propiedad, de asociarse para ejercer industria lícita y la delegación de facultades judiciales al Ejecutivo".
En el mismo sentido, Urtubey consideró "inconveniente e institucional" el paquete de leyes de consumo que obtuvo media sanción del Senado, y precisó que los dirigente industriales van "a accionar judicialmente" para evitar la puesta en vigencia de la legislación.
Respecto de la ley de pago soberano, el hombre de la UIA mostró otra posición: "Estoy de acuerdo que el Congreso debata alguna medida que posibilite que esos acreedores reestructurados acedan a sus créditos".
lunes, 29 de septiembre de 2014
Me reuní con Hugo Moyano, podría unificarse la CGT en 2015”
Lo dijo el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en declaraciones
radiales. “Cuando sacamos la agenda política de la sindical, realmente la agenda
es la misma".
“Nunca dejamos de hablar con la CGT Azopardo porque lo mejor es la unidad,
las diferencias políticas son transitorias. No hay que confundir lo político con
lo sindical", dijo Martínez en diálogo con Dady Brieva en Radio América. "Es
bueno decir, muchachos, unámonos y que el árbol no tape el bosque”, agregó.
“Sí, me reuní con Moyano por temas internacionales y también por la unidad. No fueron reuniones secretas, el diálogo es permanente en la representación internacional, nunca he dejado de mantener diálogo con las centrales sindicales, que los conflictos internos no se trasladen al ámbito internacional”.
Sobre la posibilidad de unificar las centrales, dijo no creer que "estén dadas las condiciones para la unidad antes de fin de año pero estamos en pasos firmes, concretos como para llegar a los primeros meses del año que viene a la unidad sindical. Veo un panorama muy positivo”.
“Cuando sacamos la agenda política de la sindical, realmente la agenda es la misma. Cuando empecemos a tener objetividad en la visión estratégica sindical vamos a privilegiar esa mirada por sobre cualquier sectarismo”, finalizó.
“Sí, me reuní con Moyano por temas internacionales y también por la unidad. No fueron reuniones secretas, el diálogo es permanente en la representación internacional, nunca he dejado de mantener diálogo con las centrales sindicales, que los conflictos internos no se trasladen al ámbito internacional”.
Sobre la posibilidad de unificar las centrales, dijo no creer que "estén dadas las condiciones para la unidad antes de fin de año pero estamos en pasos firmes, concretos como para llegar a los primeros meses del año que viene a la unidad sindical. Veo un panorama muy positivo”.
“Cuando sacamos la agenda política de la sindical, realmente la agenda es la misma. Cuando empecemos a tener objetividad en la visión estratégica sindical vamos a privilegiar esa mirada por sobre cualquier sectarismo”, finalizó.
Insólito: Facundo Moyano y el FIT votaron en sintonía con la Sociedad Rural y la UIA
El diputado que proviene del sindicalismo y el Frente de Izquierda rechazaron
los cambios en la ley de Abastecimiento, tal como lo reclamaron las cámaras
empresariales y el diario La Nación.
Por Enrique de la Calle
La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada tres proyectos oficialistas destinados a regular prácticas empresariales y proteger a los consumidores. El más cuestionado por las patronales fue el que modifica la actual ley de Abastecimiento. “Es el fin de la propiedad privada en Argentina”, exageró el titular de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere.
Además se sancionó la creación de un fuero especializado sobre consumo y de un Observatorio de precios.
El oficialismo debió apostar a su bloque para aprobar la modificación a la Ley de Abastecimiento por 130 votos contra 105 (y 5 abstenciones), en la que resultó la votación más ajustada. En el proyecto de creación del Observatorio de Precios el resultado fue de 136 a 104 y en la creación del fuero específico, 202 a 36.
En el primero de los textos el kirchnerismo contó con el apoyo de habituales aliados como el Frente Cívico de Santiago del Estero, Nuevo Encuentro, PJ La Pampa, Movimiento Solidario Fueguino y de ahora opositores como el sindicalista Omar Plaini.
Moyano, el FIT y la patronal
Hace unas semanas, el ahora massista Facundo Moyano aseguró en declaraciones radiales que los cambios en la ley de Abastecimiento “es algo que genera el rechazo de todo el sector (Frente Renovador), hay que analizarla con cuidado”. Sin embargo, agregó: “Yo no estaría en desacuerdo pero tengo que ver qué hace el bloque del Frente Renovador, que tuvo posturas contradictorias. Me parece que más control implica más orden y en actividades que están afectadas por el desempleo no estaría mal”.
Finalmente, Moyano decidió votar junto a otros diputados del FR y oponerse al proyecto oficialista. De este modo, coincidió en su postura con los rechazos de los empresarios más importantes del país y sus voceros, los medios hegemónicos. El otro legislador vinculado con Hugo Moyano, el canillita Plaini, acompañó todas las iniciativas oficialistas.
También sorprendió el bloque del Frente de Izquierda, que también votó en contra. De este modo, se expresaron en sintonía con el massismo, el PRO, UNEN y los radicales. El presidente de la Sociedad Rural habrá respirado aliviado al observar legisladores clasistas tan moderados.
Por su parte, los diputados de Unidad Popular (Claudio Lozano, Víctor De Gennaro y Antonio Riestra), decidieron abstenerse en el caso de la ley de Abastecimiento y acompañar la creación del Observatorio de Precios, que tuvo el rechazo del FIT y de Moyano, entre otros
La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada tres proyectos oficialistas destinados a regular prácticas empresariales y proteger a los consumidores. El más cuestionado por las patronales fue el que modifica la actual ley de Abastecimiento. “Es el fin de la propiedad privada en Argentina”, exageró el titular de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere.
Además se sancionó la creación de un fuero especializado sobre consumo y de un Observatorio de precios.
El oficialismo debió apostar a su bloque para aprobar la modificación a la Ley de Abastecimiento por 130 votos contra 105 (y 5 abstenciones), en la que resultó la votación más ajustada. En el proyecto de creación del Observatorio de Precios el resultado fue de 136 a 104 y en la creación del fuero específico, 202 a 36.
En el primero de los textos el kirchnerismo contó con el apoyo de habituales aliados como el Frente Cívico de Santiago del Estero, Nuevo Encuentro, PJ La Pampa, Movimiento Solidario Fueguino y de ahora opositores como el sindicalista Omar Plaini.
Moyano, el FIT y la patronal
Hace unas semanas, el ahora massista Facundo Moyano aseguró en declaraciones radiales que los cambios en la ley de Abastecimiento “es algo que genera el rechazo de todo el sector (Frente Renovador), hay que analizarla con cuidado”. Sin embargo, agregó: “Yo no estaría en desacuerdo pero tengo que ver qué hace el bloque del Frente Renovador, que tuvo posturas contradictorias. Me parece que más control implica más orden y en actividades que están afectadas por el desempleo no estaría mal”.
Finalmente, Moyano decidió votar junto a otros diputados del FR y oponerse al proyecto oficialista. De este modo, coincidió en su postura con los rechazos de los empresarios más importantes del país y sus voceros, los medios hegemónicos. El otro legislador vinculado con Hugo Moyano, el canillita Plaini, acompañó todas las iniciativas oficialistas.
También sorprendió el bloque del Frente de Izquierda, que también votó en contra. De este modo, se expresaron en sintonía con el massismo, el PRO, UNEN y los radicales. El presidente de la Sociedad Rural habrá respirado aliviado al observar legisladores clasistas tan moderados.
Por su parte, los diputados de Unidad Popular (Claudio Lozano, Víctor De Gennaro y Antonio Riestra), decidieron abstenerse en el caso de la ley de Abastecimiento y acompañar la creación del Observatorio de Precios, que tuvo el rechazo del FIT y de Moyano, entre otros
Está preso por represor, pero su agencia de seguridad está habilitada para operar
El represor Víctor Fogelman, actualmente sometido a
juicio oral por violaciones a los derechos humanos, es el titular registrado de
una de las empresas de seguridad privada habilitadas por cuenta del gobierno de
Daniel Scioli, que las toma como fuente de auxiliares para la Policía
Bonaerense.
Por Diego Kenis
Sentado en el banquillo de los acusados, frente a los jueces del Tribunal Oral Federal que en Bahía Blanca lo juzgan por su participación en delitos de lesa humanidad, el comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense Víctor Oscar Fogelman continúa siendo titular registrado de una de las empresas de seguridad privada parapoliciales habilitadas por el gobierno bonaerense de Daniel Scioli, que Horacio Verbitsky denunció en su columna dominical del 7 de septiembre último como fuentes de auxiliares de emergencia para la seguridad pública provincial.
Fogelman es copropietario de Sicurezza Argentina SRL, una firma dedicada a brindar “un excelente servicio de seguridad”, promesa que garantizan “sus directivos”, que son “destacados profesionales”, y “los organismos correspondientes”, que “certifican los antecedentes intachables de todos sus componentes”. Entre estos últimos se encuentran, según la página de la empresa en internet, cuyo dominio web sugestivamente dejó de existir esta semana, no sólo el gobierno bonaerense sino también el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio de Defensa y la Prefectura Naval.
Junto a miembros de esta última fuerza, el Ejército, el Servicio Penitenciario y la Armada, el intachable Víctor Fogelman demostró sus destrezas en materia de seguridad cuando el 28 de marzo de 1976 secuestró en Punta Alta al militante peronista Rubén Jara. A bordo de un automóvil sin patente, el represor llevó a su víctima encapuchada hasta el edificio de la Policía de Establecimientos Navales, uno de los Centros Clandestinos de Detención (CCD) que funcionaron en la ciudad portuaria durante la dictadura. Minutos más tarde, Jara fue trasladado al buque “9 de Julio”, que en 1955 bombardeó la ciudad de Mar del Plata al mando de Isaac Rojas y dos décadas más tarde sirvió como CCD a sus herederos navales. Durante su cautiverio, la víctima fue sometida a sesiones de tortura, interrogatorios bajo tormentos y simulacros de fusilamiento. Antes de dejarlo en libertad, sus captores lo obligaron a poner en venta parte de su patrimonio y a hacer pública la oferta a través del diario La Nueva Provincia.
Otros veinte años pasaron para que Fogelman cobrara notoriedad nacional: en 1997, el entonces gobernador Eduardo Duhalde lo puso al frente de la investigación por el homicidio del fotógrafo José Luis Cabezas, ocurrido en Pinamar el 25 de enero de ese año. Al cabo de algunos meses, las indagaciones periodísticas demostraron que la pesquisa liderada por el comisario mayor había procurado desviar la atención de la búsqueda de responsables hacia una banda de delincuentes comunes, en una maniobra que la Cámara Federal interviniente supo calificar más tarde como “siniestra, propia de la época de la dictadura militar”.
Para mediados de 1998, el represor ya estaba ocupado en negar sus vínculos con el terrorismo de Estado. Una ayuda para ello le prestó el propio Duhalde, quien aseguró que “Fogelman no tiene nada que ver con la dictadura”.
Caídas las leyes de impunidad, se reactivaron en Bahía Blanca las causas por delitos de lesa humanidad. El 25 de marzo de 2009, por pedido del entonces fiscal general bahiense Hugo Cañón, Fogelman fue detenido y seis días más tarde completó su primera declaración indagatoria. Ante el juez a cargo de la causa, Eduardo Tentoni, el policía retirado no recordó el periodo en que estuvo destinado a la Comisaría de Punta Alta, aunque pudo trazar a pedido del magistrado un croquis de los ambientes de la dependencia en 1976. En esa misma audiencia se lo autorizó a firmar un poder de administración en favor de su esposa e hijos para el cobro de haberes jubilatorios y la explotación de la empresa de seguridad Sicurezza Argentina de la que continúa siendo copropietario, porque en el mismo acto se le decretó la inhibición general sobre sus bienes.
Los riesgos y la incongruencia que suponen que un acusado por los peores delitos tipificados lidere como propietario una agencia de seguridad no requieren mayor explicitación. La discusión en torno a las habilitaciones cuenta con un antecedente que oficia como piso para una decisión política. Cuando al también represor Luis Patti le fue impedida la asunción de su banca de legislador nacional electo, en 2005, quedó establecido que la carencia de la idoneidad moral requerida para el acceso a lo público no se corroboraba recién con el procesamiento ni la condena judiciales, sino ya a partir de la “sospecha fundada” de participación en delitos contra el orden democrático y/o los derechos humanos. Fogelman se encuentra ya en instancia de juicio oral, y su pericia para ofrecer seguridad a la población volverá a quedar expuesta en pocas semanas, cuando los magistrados del Tribunal que lo juzga accedan a pruebas y testimonios sobre su accionar durante la dictadura.
Sentado en el banquillo de los acusados, frente a los jueces del Tribunal Oral Federal que en Bahía Blanca lo juzgan por su participación en delitos de lesa humanidad, el comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense Víctor Oscar Fogelman continúa siendo titular registrado de una de las empresas de seguridad privada parapoliciales habilitadas por el gobierno bonaerense de Daniel Scioli, que Horacio Verbitsky denunció en su columna dominical del 7 de septiembre último como fuentes de auxiliares de emergencia para la seguridad pública provincial.
Fogelman es copropietario de Sicurezza Argentina SRL, una firma dedicada a brindar “un excelente servicio de seguridad”, promesa que garantizan “sus directivos”, que son “destacados profesionales”, y “los organismos correspondientes”, que “certifican los antecedentes intachables de todos sus componentes”. Entre estos últimos se encuentran, según la página de la empresa en internet, cuyo dominio web sugestivamente dejó de existir esta semana, no sólo el gobierno bonaerense sino también el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio de Defensa y la Prefectura Naval.
Junto a miembros de esta última fuerza, el Ejército, el Servicio Penitenciario y la Armada, el intachable Víctor Fogelman demostró sus destrezas en materia de seguridad cuando el 28 de marzo de 1976 secuestró en Punta Alta al militante peronista Rubén Jara. A bordo de un automóvil sin patente, el represor llevó a su víctima encapuchada hasta el edificio de la Policía de Establecimientos Navales, uno de los Centros Clandestinos de Detención (CCD) que funcionaron en la ciudad portuaria durante la dictadura. Minutos más tarde, Jara fue trasladado al buque “9 de Julio”, que en 1955 bombardeó la ciudad de Mar del Plata al mando de Isaac Rojas y dos décadas más tarde sirvió como CCD a sus herederos navales. Durante su cautiverio, la víctima fue sometida a sesiones de tortura, interrogatorios bajo tormentos y simulacros de fusilamiento. Antes de dejarlo en libertad, sus captores lo obligaron a poner en venta parte de su patrimonio y a hacer pública la oferta a través del diario La Nueva Provincia.
Otros veinte años pasaron para que Fogelman cobrara notoriedad nacional: en 1997, el entonces gobernador Eduardo Duhalde lo puso al frente de la investigación por el homicidio del fotógrafo José Luis Cabezas, ocurrido en Pinamar el 25 de enero de ese año. Al cabo de algunos meses, las indagaciones periodísticas demostraron que la pesquisa liderada por el comisario mayor había procurado desviar la atención de la búsqueda de responsables hacia una banda de delincuentes comunes, en una maniobra que la Cámara Federal interviniente supo calificar más tarde como “siniestra, propia de la época de la dictadura militar”.
Para mediados de 1998, el represor ya estaba ocupado en negar sus vínculos con el terrorismo de Estado. Una ayuda para ello le prestó el propio Duhalde, quien aseguró que “Fogelman no tiene nada que ver con la dictadura”.
Caídas las leyes de impunidad, se reactivaron en Bahía Blanca las causas por delitos de lesa humanidad. El 25 de marzo de 2009, por pedido del entonces fiscal general bahiense Hugo Cañón, Fogelman fue detenido y seis días más tarde completó su primera declaración indagatoria. Ante el juez a cargo de la causa, Eduardo Tentoni, el policía retirado no recordó el periodo en que estuvo destinado a la Comisaría de Punta Alta, aunque pudo trazar a pedido del magistrado un croquis de los ambientes de la dependencia en 1976. En esa misma audiencia se lo autorizó a firmar un poder de administración en favor de su esposa e hijos para el cobro de haberes jubilatorios y la explotación de la empresa de seguridad Sicurezza Argentina de la que continúa siendo copropietario, porque en el mismo acto se le decretó la inhibición general sobre sus bienes.
Los riesgos y la incongruencia que suponen que un acusado por los peores delitos tipificados lidere como propietario una agencia de seguridad no requieren mayor explicitación. La discusión en torno a las habilitaciones cuenta con un antecedente que oficia como piso para una decisión política. Cuando al también represor Luis Patti le fue impedida la asunción de su banca de legislador nacional electo, en 2005, quedó establecido que la carencia de la idoneidad moral requerida para el acceso a lo público no se corroboraba recién con el procesamiento ni la condena judiciales, sino ya a partir de la “sospecha fundada” de participación en delitos contra el orden democrático y/o los derechos humanos. Fogelman se encuentra ya en instancia de juicio oral, y su pericia para ofrecer seguridad a la población volverá a quedar expuesta en pocas semanas, cuando los magistrados del Tribunal que lo juzga accedan a pruebas y testimonios sobre su accionar durante la dictadura.
"Hoy la Justicia no está investigando realmente a nadie"
El periodista Werner Pertot es el coautor del libro "Los días sin López" (que
escribió junto a Luciana Rosende). ¿Por qué nunca se siguieron las pistas que
podrían llevar al represor Miguel Etchecolatz?
Por Enrique de la Calle
APU: ¿Qué balance se hace de lo actuado por la Justicia en estos ocho años?
Werner Pertot: Al no haber imputados, procesados ni condenados a ocho años de la desaparición de Julio López el balance es muy negativo. No hay resultados. En gran parte eso se debe a que la Justicia le dejó a la (policía) Bonaerense que se hiciera cargo de la investigación durante el primer año y medio. En ese tiempo la Bonaerense hizo lo que quiso con la causa. En relación a la justicia, hubo mucha desidia, para decirlo de algún modo suave. Si se pudo saber algo fue gracias a los abogados querellantes, militantes de organismos de Derechos Humanos.
APU: ¿Cuál fue la línea de investigación que llevó adelante la policía Bonaerense en ese primer año y medio?
WP: Investigaron a la familia de López y a los organismos de Derechos Humanos. Esas fueron las únicas líneas que siguieron. Todo, menos a los represores. Después la causa pasó a Tribunales federales y comenzó a investigarse como una desaparición forzada. Después la Bonaerense puso todos los obstáculos posibles para que no se investigara a personas vinculadas con esa fuerza y a miembros del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires.
APU: ¿Cuáles son las hipótesis que habría que investigar?
WP: Son tres que podrían ser una. La primera es el entorno de Miguel Etchecolatz (represor detenido en Marcos Paz), la segunda son los policías que López menciona en su testimonio y la tercera es un grupo de penitenciarios bonaerenses que aparecen vinculados a Etchecolatz. Si se observa la causa se pueden ver relaciones entre las tres líneas. En el sitio Infojus Noticias realizamos un gráfico interactivo que establece relaciones entre las diferentes líneas de investigación.
APU: Habló del entorno de Etchecolatz: ¿Cuáles son las sospechas?
WP: Hay llamados de su entorno, de su mujer, que habla con un ex infante de Marina, que se llama Jorge Boynak, cuyo currículum aparece en la celda de Etchecolatz durante un allanamiento. También hay un ex médico policial, Carlos Falcone. Un familiar suyo declaró que él tenía un auto en el que habría sido trasladado López. El auto fue encontrado dos años después: estaba desmantelado, no se pudo encontrar ninguna prueba. Está procesado por el encubrimiento de ese auto, que era robado. Muchas veces los funcionarios dicen que no encontraron nada. No es así: pasa que no investigaron nada y cuando lo hacen pasó mucho tiempo.
APU: ¿La causa está archivada?
WP: No. Un funcionario que interviene en la causa nos dijo en off the record que la causa hubiera sido archivada si no fuera famosa. Está en una instancia donde se dan pasos burocráticos y no mucho más. No se investiga realmente a nadie. Ahora se volvió sobre la primera idea de la Bonaerense, la de investigar a la familia de López.
APU: ¿Por qué volvieron sobre esa hipótesis?
WP: Hay anexos completos en la causa dedicados a la familia de López. En un momento aparece un testimonio de un pibe de barrio que dice que escuchó una conversación entre el hijo de López y un profesor de karate, donde decían que tenían escondido a López. A partir de ese testimonio del chico, que era de una familia de policías bonaerenses, investigan esa pista que después se descartó porque no encontraron ninguna prueba. Ahora volvieron a citar a esta persona, que ya es mayor edad y es integrante de la Bonaerense, y ratifica todo lo que dijo.
APU: ¿El principal testigo para seguir la pista familiar es una persona que hoy es miembro de la Bonaerense?
WP: Claro. En eso se basa el fiscal para investigar nuevamente a la familia. Hoy estamos en esa situación. Creo que no va a llevar a ningún lado.
APU: ¿Las líneas que vinculan a Etchecolatz se investigaron en profundidad? ¿Por qué se descartaron?
WP: Se investigaron hasta ahí. La causa cambia de Juzgado y todo queda a medio camino. Ni tenemos pruebas para imputar a nadie ni tampoco un escenario para rechazar de plano esas líneas. Nunca se terminó de avanzar en esas hipótesis.
APU: En algún momento, la Justicia Federal separó a la Bonaerense por “negligencia manifiesta”. ¿Hay funcionarios de esa fuerza investigados por obstaculizar la investigación?
WP: No. No habla de connivencia, sino de negligencia. Son inútiles, sería la traducción. Pero no tuvieron mala intención. Una persona señalada por los organismos de Derechos Humanos por complicidad, es Hugo Matzkin, que es el actual Jefe de la Bonaerense, por decisión del gobernador Daniel Scioli.
APU: ¿Qué balance se hace de lo actuado por la Justicia en estos ocho años?
Werner Pertot: Al no haber imputados, procesados ni condenados a ocho años de la desaparición de Julio López el balance es muy negativo. No hay resultados. En gran parte eso se debe a que la Justicia le dejó a la (policía) Bonaerense que se hiciera cargo de la investigación durante el primer año y medio. En ese tiempo la Bonaerense hizo lo que quiso con la causa. En relación a la justicia, hubo mucha desidia, para decirlo de algún modo suave. Si se pudo saber algo fue gracias a los abogados querellantes, militantes de organismos de Derechos Humanos.
APU: ¿Cuál fue la línea de investigación que llevó adelante la policía Bonaerense en ese primer año y medio?
WP: Investigaron a la familia de López y a los organismos de Derechos Humanos. Esas fueron las únicas líneas que siguieron. Todo, menos a los represores. Después la causa pasó a Tribunales federales y comenzó a investigarse como una desaparición forzada. Después la Bonaerense puso todos los obstáculos posibles para que no se investigara a personas vinculadas con esa fuerza y a miembros del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires.
APU: ¿Cuáles son las hipótesis que habría que investigar?
WP: Son tres que podrían ser una. La primera es el entorno de Miguel Etchecolatz (represor detenido en Marcos Paz), la segunda son los policías que López menciona en su testimonio y la tercera es un grupo de penitenciarios bonaerenses que aparecen vinculados a Etchecolatz. Si se observa la causa se pueden ver relaciones entre las tres líneas. En el sitio Infojus Noticias realizamos un gráfico interactivo que establece relaciones entre las diferentes líneas de investigación.
APU: Habló del entorno de Etchecolatz: ¿Cuáles son las sospechas?
WP: Hay llamados de su entorno, de su mujer, que habla con un ex infante de Marina, que se llama Jorge Boynak, cuyo currículum aparece en la celda de Etchecolatz durante un allanamiento. También hay un ex médico policial, Carlos Falcone. Un familiar suyo declaró que él tenía un auto en el que habría sido trasladado López. El auto fue encontrado dos años después: estaba desmantelado, no se pudo encontrar ninguna prueba. Está procesado por el encubrimiento de ese auto, que era robado. Muchas veces los funcionarios dicen que no encontraron nada. No es así: pasa que no investigaron nada y cuando lo hacen pasó mucho tiempo.
APU: ¿La causa está archivada?
WP: No. Un funcionario que interviene en la causa nos dijo en off the record que la causa hubiera sido archivada si no fuera famosa. Está en una instancia donde se dan pasos burocráticos y no mucho más. No se investiga realmente a nadie. Ahora se volvió sobre la primera idea de la Bonaerense, la de investigar a la familia de López.
APU: ¿Por qué volvieron sobre esa hipótesis?
WP: Hay anexos completos en la causa dedicados a la familia de López. En un momento aparece un testimonio de un pibe de barrio que dice que escuchó una conversación entre el hijo de López y un profesor de karate, donde decían que tenían escondido a López. A partir de ese testimonio del chico, que era de una familia de policías bonaerenses, investigan esa pista que después se descartó porque no encontraron ninguna prueba. Ahora volvieron a citar a esta persona, que ya es mayor edad y es integrante de la Bonaerense, y ratifica todo lo que dijo.
APU: ¿El principal testigo para seguir la pista familiar es una persona que hoy es miembro de la Bonaerense?
WP: Claro. En eso se basa el fiscal para investigar nuevamente a la familia. Hoy estamos en esa situación. Creo que no va a llevar a ningún lado.
APU: ¿Las líneas que vinculan a Etchecolatz se investigaron en profundidad? ¿Por qué se descartaron?
WP: Se investigaron hasta ahí. La causa cambia de Juzgado y todo queda a medio camino. Ni tenemos pruebas para imputar a nadie ni tampoco un escenario para rechazar de plano esas líneas. Nunca se terminó de avanzar en esas hipótesis.
APU: En algún momento, la Justicia Federal separó a la Bonaerense por “negligencia manifiesta”. ¿Hay funcionarios de esa fuerza investigados por obstaculizar la investigación?
WP: No. No habla de connivencia, sino de negligencia. Son inútiles, sería la traducción. Pero no tuvieron mala intención. Una persona señalada por los organismos de Derechos Humanos por complicidad, es Hugo Matzkin, que es el actual Jefe de la Bonaerense, por decisión del gobernador Daniel Scioli.
AFSCA objetó el plan de adecuación de Clarín y no descarta actuar de oficio
El ente que conduce Martín Sabbatella notificó a la empresa sobre posibles
irregularidades en su presentación para cumplir con la ley de Medios.
Hoy al mediodía, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual notificó al Grupo Clarín sobre la presunta existencia de
vinculaciones societarias en dos de las seis unidades en las que propuso
dividirse para cumplir con la ley de Medios. De rechazar la propuesta de la
empresa, el AFSCA podría actuar de oficio.
De acuerdo al escrito presentado por AFSCA, “se observa que algunos de los fiduciarios de LRP Grupo Clarín New York Trust (con participación accionaria en la Unidad 1) y de HHM Grupo Clarín New York Trust y ELN Grupo Clarín New York Trust (ambos Trust con participación accionaria en la Unidad 2) son personas físicas vinculadas entre sí a través de sociedades, verificándose por ello vínculos entre las mismas que podrían generar prácticas de concentración indebida”.
Tras detallar las vinculaciones detectadas por los equipos de AFSCA que, junto a otras dependencias del Estado nacional, analizan las propuestas de adecuación, se expresa que “se notifica la presente para que en el plazo de 10 días alegue y acredite las circunstancias fácticas y jurídicas que desvirtúen la existencia de: vinculaciones societarias entre los distintos fiduciarios de los Trust propuestos en el proceso de adecuación en las unidades de servicios de comunicación audiovisual 1 y 2; gerenciamiento conjunto de los Trust que conforman las mismas; y, por consiguiente, violación a los principios antimonopólicos y de desconcentración de la ley n° 26.522”.
Las dos incompatibilidades sobre las que AFSCA pide explicaciones al grupo mediático, son las siguientes:
- David C. Camerini (fiduciario de LRP Grupo Clarín New York Trust en la Unidad 1), Ezequiel A. Camerini (fiduciario de HHM Grupo Clarín New York Trust en la Unidad 2) y Rafael A. Ginebra (fiduciario de HHM Grupo Clarín New York y ELHN Grupo Clarín New York en la Unidad 2) serían socios de la sociedad Fox Horan & Camerini LLP.
- José María Saenz Valiente (h) (fiduciario de LRP Grupo Clarín New York Trust en la Unidad 1) y Ignacio José María Saenz Valiente (fiduciario de HHM Grupo Clarín New York Trust y ELHN Grupo Clarín New York Trust en la Unidad 2) serían socios del Estudio Jurídico Sáenz Valiente y Asociados.
Finalmente, el escrito de AFSCA cita la resolución 2205/12 y señala que esta intimación “se realiza bajo apercibimiento de rechazo de la conformación societaria propuesta (por el Grupo Clarín), vulneratoria de la normativa vigente y de los términos de la propuesta de adecuación voluntaria aprobada, debiéndose aplicar la transferencia de oficio”.
De acuerdo al escrito presentado por AFSCA, “se observa que algunos de los fiduciarios de LRP Grupo Clarín New York Trust (con participación accionaria en la Unidad 1) y de HHM Grupo Clarín New York Trust y ELN Grupo Clarín New York Trust (ambos Trust con participación accionaria en la Unidad 2) son personas físicas vinculadas entre sí a través de sociedades, verificándose por ello vínculos entre las mismas que podrían generar prácticas de concentración indebida”.
Tras detallar las vinculaciones detectadas por los equipos de AFSCA que, junto a otras dependencias del Estado nacional, analizan las propuestas de adecuación, se expresa que “se notifica la presente para que en el plazo de 10 días alegue y acredite las circunstancias fácticas y jurídicas que desvirtúen la existencia de: vinculaciones societarias entre los distintos fiduciarios de los Trust propuestos en el proceso de adecuación en las unidades de servicios de comunicación audiovisual 1 y 2; gerenciamiento conjunto de los Trust que conforman las mismas; y, por consiguiente, violación a los principios antimonopólicos y de desconcentración de la ley n° 26.522”.
Las dos incompatibilidades sobre las que AFSCA pide explicaciones al grupo mediático, son las siguientes:
- David C. Camerini (fiduciario de LRP Grupo Clarín New York Trust en la Unidad 1), Ezequiel A. Camerini (fiduciario de HHM Grupo Clarín New York Trust en la Unidad 2) y Rafael A. Ginebra (fiduciario de HHM Grupo Clarín New York y ELHN Grupo Clarín New York en la Unidad 2) serían socios de la sociedad Fox Horan & Camerini LLP.
- José María Saenz Valiente (h) (fiduciario de LRP Grupo Clarín New York Trust en la Unidad 1) y Ignacio José María Saenz Valiente (fiduciario de HHM Grupo Clarín New York Trust y ELHN Grupo Clarín New York Trust en la Unidad 2) serían socios del Estudio Jurídico Sáenz Valiente y Asociados.
Finalmente, el escrito de AFSCA cita la resolución 2205/12 y señala que esta intimación “se realiza bajo apercibimiento de rechazo de la conformación societaria propuesta (por el Grupo Clarín), vulneratoria de la normativa vigente y de los términos de la propuesta de adecuación voluntaria aprobada, debiéndose aplicar la transferencia de oficio”.
Romero, el “especialista” en narcotráfico de Massa
Por Norberto Emmerich
Sobre la vinculación de Roberto Romero (padre) con el narcotráfico se ha escrito mucho. El libro “Mamá Coca”, del investigador estadounidense Anthony Henman, imputaba al ex gobernador con ese delito. En 1985 las revistas españolas Interview y Cambio 16 también lo involucraron en el tráfico de estupefacientes.
En febrero de 2007 la revista Le Monde, con la firma de Carlos Gabetta, publicó el artículo “Narcotráfico versus Democracia” haciendo referencia a investigaciones de Rafael Saralegui y Raúl Kollman. Lo mismo sucedió con otras publicaciones como “Cocaína, dólares y política”, de Eduardo de Miguel y Gabriel Pasquini o “Blanca y Radiante, mafias, poder y narcotráfico en la Argentina”, de los mismos autores. Lo propio hicieron Hernán López Echagüe en “El otro”, Jorge Winter en “Días extraños, primeras crónicas de Nimrod”, Miguel Bonasso en “Don Alfredo”, Jorge Lanata en “Argentinos II” y Christian Sanz y Franco Caviglia en “La Larga Sombra de Yabrán”. El apellido Romero y el narcotráfico ya son una marca registrada.
En consecuencia la idea de que el poder político en Salta está vinculado al tráfico de drogas no es caprichosa y ni siquiera es llamativa. Un largo historial de hechos da cuenta de ello. El primer indicio fue a mediados de los años 80, cuando un avión de Roberto Romero, entonces gobernador de Salta, se estrelló en la zona de San Antonio de los Cobres con 200 Kg. de cocaína. A partir de ahí el mandatario jamás pudo quitarse la etiqueta de "narco".
El periodista Sergio Poma afirma en “Salta. El narcopoder” que Romero (padre e hijo) aparecen desde hace años en los archivos de la DEA norteamericana por sus vínculos con el mundo de las drogas. En Mamá Coca, Anthony Henman menciona a Romero padre en la página 103: "es, no obstante, de la vecina Argentina de donde han provenido las más asombrosas revelaciones de implicaciones a alto nivel en el negocio de la cocaína, indudablemente, no con respecto a los actuales gobernantes militares, altamente paranoicos y ultra reservados, sino con relación a personajes que predominaron en el último periodo de la presidencia de Isabel Perón. La historia fue revelada por el Servicio de Informaciones del Ejército en las vísperas del golpe de 1976 e incluía a una serie de prominentes figuras del ala derechista del movimiento peronista, entre los que figuraban el ignominioso ministro de Bienestar Social, López Rega; el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Vignes, y una corte de figuras secundarias como el ministro Raúl Lastiri, el senador Cornejo Linares, el director del diario "El Tribuno", Roberto Romero… Operando una serie de bien equipados laboratorios de cocaína cerca de Salta, en la frontera con Bolivia, estas figuras controlaban una red de gran alcance que utilizaba la Policía Federal para la distribución interna en el país y la cobertura del servicio diplomático para la consolidación de una ruta segura para las exportaciones".
¿Qué busca Juan Carlos Romero al presentarse como el adalid de la lucha contra el narcotráfico? Nada nuevo en realidad, pero sí una eventualidad peligrosa. El 8 de marzo de 2001, acompañado del gobernador Julio Miranda de Tucumán, Juan Carlos Romero se reunió con el embajador norteamericano James Walsh “para pedirle una suerte de Plan Colombia para la región”.
Al salir de la reunión el salteño dijo que el diplomático se había comprometido a evaluar la creación de un programa de cooperación para el control del narcotráfico en la frontera con Bolivia. A pesar de su sobreactuación Romero estaba ofreciendo una cabecera de playa a Estados Unidos. Quedaba claro en aquel entonces que el viejo narcotraficante se había convertido en un rehén de la DEA.
El diario Hoy de España lo dijo con claridad el 27 de enero de 2013: “a Romero, senador enfrentado al Gobierno, se le ha vinculado con el narcotráfico o, al menos, de facilitar maniobras de tráfico aéreo con cocaína desde Bolivia a Salta. Las denuncias de la prensa argentina han topado siempre con la gran impunidad de la que goza este político”.
El periodista Rafael Saralegui se comunicó con Abel Reynoso (ex jefe de la DEA local) vía e-mail y le preguntó sobre las sospechas que vinculaban al Gobernador Juan Carlos Romero con el narcotráfico. El agente respondió: “si camina como un pato, tiene pico de pato, nada como un pato y tiene las plumas de un pato, entonces debe ser un pato”.
Mezclando con una audacia temeraria la problemática migratoria con las políticas sobre narcotráfico, el tándem Massa-Romero es una reactualización de aquella fracasada fórmula Menem-Romero. Estados Unidos va encontrando sus candidatos.
Sobre la vinculación de Roberto Romero (padre) con el narcotráfico se ha escrito mucho. El libro “Mamá Coca”, del investigador estadounidense Anthony Henman, imputaba al ex gobernador con ese delito. En 1985 las revistas españolas Interview y Cambio 16 también lo involucraron en el tráfico de estupefacientes.
En febrero de 2007 la revista Le Monde, con la firma de Carlos Gabetta, publicó el artículo “Narcotráfico versus Democracia” haciendo referencia a investigaciones de Rafael Saralegui y Raúl Kollman. Lo mismo sucedió con otras publicaciones como “Cocaína, dólares y política”, de Eduardo de Miguel y Gabriel Pasquini o “Blanca y Radiante, mafias, poder y narcotráfico en la Argentina”, de los mismos autores. Lo propio hicieron Hernán López Echagüe en “El otro”, Jorge Winter en “Días extraños, primeras crónicas de Nimrod”, Miguel Bonasso en “Don Alfredo”, Jorge Lanata en “Argentinos II” y Christian Sanz y Franco Caviglia en “La Larga Sombra de Yabrán”. El apellido Romero y el narcotráfico ya son una marca registrada.
En consecuencia la idea de que el poder político en Salta está vinculado al tráfico de drogas no es caprichosa y ni siquiera es llamativa. Un largo historial de hechos da cuenta de ello. El primer indicio fue a mediados de los años 80, cuando un avión de Roberto Romero, entonces gobernador de Salta, se estrelló en la zona de San Antonio de los Cobres con 200 Kg. de cocaína. A partir de ahí el mandatario jamás pudo quitarse la etiqueta de "narco".
El periodista Sergio Poma afirma en “Salta. El narcopoder” que Romero (padre e hijo) aparecen desde hace años en los archivos de la DEA norteamericana por sus vínculos con el mundo de las drogas. En Mamá Coca, Anthony Henman menciona a Romero padre en la página 103: "es, no obstante, de la vecina Argentina de donde han provenido las más asombrosas revelaciones de implicaciones a alto nivel en el negocio de la cocaína, indudablemente, no con respecto a los actuales gobernantes militares, altamente paranoicos y ultra reservados, sino con relación a personajes que predominaron en el último periodo de la presidencia de Isabel Perón. La historia fue revelada por el Servicio de Informaciones del Ejército en las vísperas del golpe de 1976 e incluía a una serie de prominentes figuras del ala derechista del movimiento peronista, entre los que figuraban el ignominioso ministro de Bienestar Social, López Rega; el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Vignes, y una corte de figuras secundarias como el ministro Raúl Lastiri, el senador Cornejo Linares, el director del diario "El Tribuno", Roberto Romero… Operando una serie de bien equipados laboratorios de cocaína cerca de Salta, en la frontera con Bolivia, estas figuras controlaban una red de gran alcance que utilizaba la Policía Federal para la distribución interna en el país y la cobertura del servicio diplomático para la consolidación de una ruta segura para las exportaciones".
¿Qué busca Juan Carlos Romero al presentarse como el adalid de la lucha contra el narcotráfico? Nada nuevo en realidad, pero sí una eventualidad peligrosa. El 8 de marzo de 2001, acompañado del gobernador Julio Miranda de Tucumán, Juan Carlos Romero se reunió con el embajador norteamericano James Walsh “para pedirle una suerte de Plan Colombia para la región”.
Al salir de la reunión el salteño dijo que el diplomático se había comprometido a evaluar la creación de un programa de cooperación para el control del narcotráfico en la frontera con Bolivia. A pesar de su sobreactuación Romero estaba ofreciendo una cabecera de playa a Estados Unidos. Quedaba claro en aquel entonces que el viejo narcotraficante se había convertido en un rehén de la DEA.
El diario Hoy de España lo dijo con claridad el 27 de enero de 2013: “a Romero, senador enfrentado al Gobierno, se le ha vinculado con el narcotráfico o, al menos, de facilitar maniobras de tráfico aéreo con cocaína desde Bolivia a Salta. Las denuncias de la prensa argentina han topado siempre con la gran impunidad de la que goza este político”.
El periodista Rafael Saralegui se comunicó con Abel Reynoso (ex jefe de la DEA local) vía e-mail y le preguntó sobre las sospechas que vinculaban al Gobernador Juan Carlos Romero con el narcotráfico. El agente respondió: “si camina como un pato, tiene pico de pato, nada como un pato y tiene las plumas de un pato, entonces debe ser un pato”.
Mezclando con una audacia temeraria la problemática migratoria con las políticas sobre narcotráfico, el tándem Massa-Romero es una reactualización de aquella fracasada fórmula Menem-Romero. Estados Unidos va encontrando sus candidatos.
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