Reforma al Código Procesal Penal

La comisión de Justicia y Asuntos Penales se reunió en la Cámara de Senadores para debatir los proyectos de reforma presentados por el senador del FpV, Pedro Guastavino, quien preside la comisión, como así también los proyectos de los senadores radicales, Artaza y Sanz.

Por redacción APU

A su vez, la comisión contó con la presencia de Julio Federik, autor de la reforma integral en Entre Ríos. Se abordó también, en este primer encuentro, la convocatoria a otros expertos en materia penal.

Los cambios más significativos propuestos giran en torno a la implementación de  un sistema oral de juicios, que busca transformarlos en procesos más ágiles, y la creación del juicio por jurados.

El Código Procesal Penal regula los procedimientos de la justicia penal en toda su totalidad. Es esta la codificación de normas que debe garantizar la imparcial administración de justicia desde el momento de la investigación hasta la sanción de los delitos, establece quiénes y cómo pueden acusar, investigar y juzgar un delito, qué derechos tienen las víctimas y los acusados, y cómo son todos los procedimientos judiciales que existen entre que alguien acusa a otro de haber delinquido hasta la condena o absolución.

El Código Procesal Penal actual está vigente desde 1991 y faculta a los jueces otorgándoles el que el mayor peso de la investigación, lo cual a partir de este proyecto de reforma cambiaría dando un nuevo y mas importante rol a los fiscales.

Este debate y su tratamiento se suma al que comenzó la semana anterior por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, donde ya se convocaron a audiencias públicas con especialistas.

Puntos principales del proyecto de reforma:

• Acentuar el principio acusatorio. Esto implica que la atribución la tendría el Ministerio Público Fiscal.
• Reservar la intervención de los jueces a lo estrictamente jurisdiccional y afianzar el principio de imparcialidad mediante el retiro de las funciones que pueden condicionar su pronunciamiento.
• Procurar una mayor eficacia global del sistema de justicia penal tanto en la relación a la persecución de los delitos, como en la tutela de los derechos y garantías individuales.
• Buscar un mayor acotamiento en los plazos de duración del proceso.
• Desarrollar una mayor capacidad de investigación especialmente en relación a delitos complejos o de alto impacto social.
• Extender la oralidad a todas las instancias del proceso, a fin de simplificar y flexibilizar el trámite.
• Procurar la participación del ciudadano en el juzgamiento del delito.