La sociedad chilena atraviesa un momento de incertidumbre. Los años del boom económico de los ’90, signados por el crecimiento sin distribución y que insuflaban un sentido de seguridad y confianza en el progreso del país, han dado paso a un escenario de indecisiones, ambigüedades y vacilaciones. Frente a la estabilidad institucional, acecha el descontento y la necesidad de reformar el sistema político anclado en el binominalismo pinochetista, necesidad reconocida incluso por la derecha. En igual medida, la “paz social” pareciera amenazada por grupos de ciudadanos cada vez más politizados y conscientes de que sin protesta y organización popular, los políticos y los poderosos no son capaces (o no les interesa) cambiar la situación social del país. En el corazón de este descontento está el sistema educacional, convertido en máximo símbolo de la desigualdad imperante en materia socioeconómica.
Según la Fundación Sol, el 1% más rico de los chilenos controla un poco más del 30% del producto interno bruto de la nación. Y con el reconocimiento por parte de las nuevas autoridades gubernamentales de que este 2014 el crecimiento será menor del proyectado por la administración anterior, se vislumbran nubes negras sobre el actual escenario macroeconómico. La previsión a la baja hecha en días pasados por el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, de que el crecimiento no será superior al 3,4% y de que se contaría con US$ 2.000 millones menos, genera un escenario de incertidumbre sobre la real capacidad del gobierno de cumplir con las promesas de campaña y, por qué no, de contener al movimiento social.
En medio de este clima de descontento se dio inicio a la cuenta pública del 21 de mayo, máximo discurso de la nación, en el que el Presidente, como representante del poder político, da cuenta del estado del país. En poco más de dos horas, Michelle Bachelet habló de energía, desarrollo, comercio, transporte, minería, agricultura y salud. Hizo repaso de temas sensibles para el movimiento social, como la necesidad de gestar una nueva constitución política para el Estado sin mencionar una de las principales demandas de “los de abajo”, como es la instauración de la nueva Constitución mediante Asamblea Constituyente. En cuanto a política indígena, propuso la creación de un ministerio específico para estos asuntos, dejando de lado el grave problema de militarización que han debido sobrellevar muchas de estas comunidades. Repasó problemas relativos a la descentralización del Estado para el mejoramiento de las regiones, así como el asunto del mar para Bolivia, enmarcado en cuestiones de defensa. Igualmente, prometió avanzar en el fin del multirut, uno de los asuntos más candentes para las organizaciones gremiales, pues dicho aparato legal permitiría a las grandes empresas fraccionar a los sindicatos, debilitando a organizaciones como la CUT.
Sin embargo, fueron dos los aspectos más sensibles y destacados que repasó la presidenta en su discurso. El primero fue el asunto de la reforma educacional. Lo principal dijo es acabar con el lucro, el copago y la selección, destacando que “una educación de calidad es el mecanismo más eficaz para reducir la desigualdad”. Para ello, propuso la inmediata mejora del sistema público, partiendo por la educación parvularia. Además, destacó la necesidad de generar una nueva carrera docente, la creación de cinco centros de educación técnica en regiones, así como la instauración de una Superintendencia de Educación y la fundación de universidades en las regiones de Aysén y O’Higgins. A continuación, Bachelet se refirió a la reforma tributaria, pata imprescindible para financiar la reforma educacional y punto en extremo sensible para las clases dominantes. Con frases como “quienes más tienen más deben contribuir al bien común” y “gastos permanentes requieren de ingresos permanentes”, la presidenta enfatizó el hecho ineludible que se ha convertido en el ojo de la tormenta: la reforma educacional cuesta al menos US$ 8.000 millones y alguien debe financiarla.
Eso sí, el clima del discurso no fue refundacional. Claramente en el gobierno saben que navegan por aguas tumultuosas, aunque no de tormenta. Como buen capitán, Michelle Bachelet envió señales a derecha e izquierda intentando apagar todas las llamas o, al menos, contenerlas. Por ejemplo, se anunció la instauración del pase escolar para el sistema de transporte durante los 12 meses de año, desactivando una de las principales demandas del movimiento estudiantil.
Y con respecto a este sector, el más activo y luchador en el Chile del último tiempo, las cosas han seguido el rumbo que la “gran política” le dicta al movimiento social.
Días antes del discurso presidencial, Naschla Aburman, presidenta de la FEUC y vocera de la Confech, fue objeto de un exabrupto que no pasó desapercibido ni en la prensa ni en los medios políticos locales. La dirigente del NAU, sector de centroizquierda que preside la confederación de estudiantes de la Universidad Católica, se vio apretada en una importante reunión de la máxima mesa estudiantil, donde su sector se encuentra en minoría frente al llamado “bloque de conducción”. La gota que rebasó el vaso estuvo dada por la negativa de condenar “la violencia” en todas sus formas por parte de la Confesh, demanda que Aburman habría levantado después de recibir un panfleto bajo la puerta de su casa donde al lado de una A anarquista, se habría leído una leyenda que explicitaba “Melissa es del pueblo, tú no. Se va a acabar el imperio del NAU”.
Ciertamente, en el movimiento estudiantil saben de amenazas. Camila Vallejo, por ejemplo, cuando presidió la Confech, estuvo por largo tiempo viviendo en casas ajenas, debido a la cantidad de amenazas recibidas. Por otro lado, la infiltración de grupos de derecha y de la policía de investigaciones (y otras herencias de la dictadura) es asunto conocido por los dirigentes estudiantiles. Sin embargo, en este momento el NAU, que cuenta con cercanos en el gobierno, es visto como un “vocero” de Bachelet al interior de la Confech.
De esta manera, el “bloque de conducción” integrado por el frente de estudiantes libertarios, la Unión Estudiantil, la Izquierda Autónoma y el propio NAU de Aburman endureció sus propuestas ante los planteamientos del gobierno. Fundamentalmente reclaman que la reforma se ha realizado “entre cuatro paredes” y “de espalda al movimiento estudiantil”. “Frente a eso la única respuesta que podemos tener es la movilización, frente a una reforma que no satisface lo principal, que es la eliminación del lucro en la educación y la eliminación del mercado educativo”, declaró Melissa Sepúlveda.
De esta forma, la cuestión del lucro sigue manteniéndose como el principal escollo a la hora de generar mayores condiciones de igualdad. Ciertamente la incertidumbre en la mayoría de la población se vuelve compresible, en la constatación de que tanto en el movimiento estudiantil como en el gobierno hablan de suprimir el lucro. Sólo las realizaciones concretas dirimirán el actual gatillo que el bacheletismo mantiene con la Confech y que de fondo conllevan profundas demandas de justicia social e igualdad.
miradas al sur.
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