Todos sabemos que los argentinos solemos creernos ser una especie única sobre la Tierra. Existen mitos y habladurías varias y a nosotros nos gusta replicarlas y hasta, creerlas. Se sabe que en Latinoamérica es conocido el cuento de que no hay mejor negocio que comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que él cree que vale.
Para seguir agigantando esta teoría, Paul Samuelson, premio Nobel de Economía 1970 llegó a decir que "existen 4 tipos de economías en el mundo: las naciones desarrolladas, las naciones en desarrollo, Japón y Argentina". A Samuelson le costaba entender cómo nuestro país no podría dar el salto hacia el desarrollo con los recursos humanos y materiales que teníamos. Don Pablo nunca fue muy estudioso de los países latinoamericanos, los veía desde su torre de marfil de Massachusetts, y quiso entender a toda nación del mundo con la misma teoría económica llamada de la "síntesis neoclásica", un engendro neoliberal con una cierta patina keynesiana.
Se dice que nuestro país inventó el dulce de leche, el colectivo y la birome, entre otras lindezas, pero lo que es poco conocido, es que también inventamos el Club de París. En efecto, su primera reunión se realizó el 16 de mayo de 1956 y fue convocada por nuestro país, gobernado por la autoproclamada Revolución Libertadora que había destituido por la fuerza al gobierno democrático de Perón un año antes. Ese mismo año, Argentina ingresa como socio al FMI y meses después les informa a los países deudores reunidos en París que no podrá pagarles en tiempo y forma la deuda soberana, entre ella los U$S 700 millones de dólares que la dictadura de Aramburu había pedido el año anterior: ¡pensar que ellos mismos hablaban del populismo y la irresponsabilidad del gobierno peronista!
El actual acuerdo con este grupo informal de deudores alcanzado cincuenta y ocho años después de ese primer encuentro, debe considerarse cono uno de los pasos más importantes para regularizar la compleja situación financiera externa con que se encontró el gobierno del presidente Néstor Kirchner en mayo de 2003. Con este compromiso, el gobierno argentino concluye una etapa más en el camino de cerrar definitivamente los problemas residuales del default de la deuda externa. Desde el punto de vista político, haber llevado a buen término esta negociación sin tener que acordar anteriormente con el FMI fue una premisa fundamental para los funcionarios argentinos, constituyendo un duro golpe a la oposición que veía imposible acordar sin esa instancia previa.
Acostumbrados a vivir de rodillas y a realizar por reflejo un relato apocalíptico de las acciones del gobierno nacional, los economistas del establishment pontificaron, cerrado el acuerdo, que con la venia previa del FMI se hubieran conseguido mejores condiciones de pago en cuanto a tasas y plazos. Imposible verificarlo. Hasta hace unos días afirmaban que Argentina nunca lograría el acuerdo y hasta jugaron a la desestabilización reforzando el alza de la cotización del dólar ilegal con el argumento que el ministro Kicillof volvería de Europa con las manos vacías. No sólo, la brecha con el oficial se mantuvo y hasta bajó, sino que al no tener ninguna condicionalidad para realizar soberanamente medidas económicas contracíclicas, el gobierno podrá atacar la actual desaceleración de la actividad económica reforzando la política fiscal expansiva con el objetivo de relanzar el mercado interno y de este modo recrear en el menor tiempo posible el clima inversor.
La negociación se realizó con cada uno de los países con que Argentina mantenía deudas impagas. La suma de estas deudas consolidaron U$S 9700 millones que se cancelarán en un plazo de entre cinco y siete años, con una tasa de interés efectiva del 3% al 3,8%, un pago inicial en concepto de capital de U$S 650 millones en julio de 2014 y de U$S 500 millones en mayo de 2015. Adicionalmente, el esquema incluye pagos mínimos por año, junto con pagos adicionales en función del nuevo flujo de inversión extranjera directa que reciba el país.
Es decir, el acuerdo incluye el compromiso que a mayores flujos de inversión hacia nuestro país, los acreedores recibirán mayores pagos de deuda. En el caso de no registrarse inversiones, Argentina pagará sólo los mínimos acordados. El acuerdo permite manejar el perfil de vencimientos de deuda de los próximos años con absoluta racionalidad.
De hecho, informó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se prevén menores esfuerzos financieros por parte del país en los años 2015 y 2017, años de fuertes vencimientos del resto de la deuda pública, exhibiendo una responsabilidad en las decisiones en materia de deuda soberana que no tuvieron anteriores gobiernos que, sin ningún plan de desarrollo, sobre-endeudaron al país. Constituyéndose en una política de Estado que, al igual que el programa de desendeudamiento argentino puesto en marcha en el año 2005, será de fundamental importancia para poder seguir resolviendo problemas todavía estructurales que tiene la economía argentina pero sin desviar la atención hacia esa espada de Damocles que fue la deuda externa argentina en los últimos 40 años.
Este es un buen punto inicial para que tanto el gobierno, pero especialmente las empresas privadas puedan volver en el corto plazo a poder financiarse en el exterior a tasas razonables. Contra la opinión de analistas económicos siempre dispuestos a menoscabar la voluntad negociadora del gobierno, se cerró un acuerdo más que favorable a la posición argentina y cuyos frutos en términos financieros se verán –seguramente– antes de fin de año.
A tal efecto, es imprescindible que el gobierno pueda armar una agenda conjunta con el sector privado y realizar junto a las embajadas argentinas, rondas de negocios en el exterior para atraer inversiones que incrementen la capacidad instalada del país y, al mismo tiempo, explicar la situación macroeconómica real de Argentina y poner en jaque la mirada de los bancos de inversión y de las calificadoras de riesgo siempre atentas a contar el cuento del país díscolo aislado del mundo.
Por último, cabe mencionar que el último peldaño de esta escalera hacia la regularización financiera del país, sería terminar el litigio con los fondos buitre donde la Argentina al igual que en el caso del Club de París ha demostrado que se puede llegar a acuerdos favorables sin necesidad de resignar las banderas de soberanía política e independencia económica.
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