Pese a
la reaparición de las presiones cambiarias en las últimas dos semanas,
en el más alto nivel de gobierno –Presidencia de la Nación, Jefatura de
Gabinete y conducción económica– se mantiene firme la decisión de seguir
poniendo en marcha diversas políticas activas para reimpulsar la
actividad económica. Los créditos a la inversión productiva de las
micro, pequeñas y medianas empresas a tasa subsidiada (17,5 por ciento,
contra 35 por ciento de piso en el promedio del sistema), un
financiamiento similar para la cobertura de descubiertos en cuenta
corriente y la autorización automática de importaciones para las pymes
forman parte de esa batería de medidas. El salto en el tipo de cambio
(devaluación del 18 por ciento en un solo día), la aceleración de las
subas de precios y la fuerte trepada de las tasas de interés que
caracterizaron la política de emergencia aplicada en enero generaron un
clima de incertidumbre e inestabilidad que se reflejó en la caída del
nivel de actividad a lo largo del primer trimestre, en particular en los
rubros industriales. Pasada esa etapa, las políticas en favor de los
sectores productivos, junto al impacto sobre los ingresos que se espera
de los acuerdos paritarios, serán los impulsores del repunte económico
desde mitad del año en adelante, retomando en el segundo semestre un
ritmo de crecimiento anual más acorde con las proyecciones
presupuestarias.
La línea de créditos para la inversión productiva a tasa subsidiada,
destinada a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), por un monto
mínimo global de 23.500 millones de pesos, se mantendrá vigente,
reforzada además por una financiación adicional para capital de trabajo
asociado a proyectos de inversión y para descuento de cheques diferidos
(cobertura de descubiertos en cuenta), en todos los casos a la misma
tasa del 17,5 por ciento anual. “No sólo se financia la inversión, sino
también lo necesario para mantener la cadena de pagos de las mipymes”,
sostienen desde el equipo económico. De la mano de la ratificación de
estas medidas va la decisión de reforzar el control sobre el destino de
los recursos prestados, para evitar una “filtración” hacia el mercado
paralelo de divisas. “En un contexto de expectativas fuertes de
devaluación, alimentada por algunos sectores claramente identificados,
prestar al 17,5 por ciento anual puede ser muy tentador para los
especuladores, pero eso hay que manejarlo con un mayor control de las
políticas de aliento a la producción, no renunciando a ellas”, subrayó
una alta fuente. Las medidas de emergencia, tales como una brusca
devaluación, la restricción a las importaciones o la fuerte suba de las
tasas de interés, que priorizan la recuperación de la estabilidad
financiera y cambiaria, quedaron atrás, afirman en el más alto nivel de
Gobierno.Las decisiones adoptadas por el Gobierno en enero en materia económica –decisiones políticas con instrumentación económica, vale recordar– significaron un fuerte golpe de escena. El salto del dólar a 8 pesos, con la intención de mantenerlo después en ese valor “bajo control” del Banco Central, representó abandonar la anterior política de ir corrigiendo de a pocos centavos por semana el tipo de cambio, pero corriendo por detrás del marginal, que se convirtió así en la variable de presión de los lobbies financieros sobre la política económica. Estos grupos de presión lograron generar el clima de inestabilidad que buscaban, hacia el fin de 2013 e inicios del año actual, prácticamente teniendo bajo su control el valor del dólar y provocando una remarcación de precios que aceleró el proceso inflacionario. La política de precios (régimen de Precios Cuidados), la cambiaria y la monetaria respondieron, en enero, como brazos de una misma estrategia de estabilización. Pero no fue gratuito. Los costos se reflejaron en la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y en la caída del nivel de actividad (consumo y producción).
Tres meses después de esas medidas para atender la emergencia, a fines de abril, la evaluación de la situación señalaba que, tanto por la desaceleración de precios como por la estabilidad cambiaria, las variables monetarias habían vuelto a una relativa normalidad. Las altas tasas de interés evitaron la fuga de los ahorristas en pesos, lo cual permitió mantener el monto global de préstamos en un nivel de crecimiento anual del orden del 30 por ciento. Ahora llegaba el momento de abonar el terreno para apuntar a una recuperación económica. Justo en ese momento, primera quincena de mayo, reaparecen las presiones especulativas en el mercado marginal de divisas.
Así como las medidas económicas tienen una previa decisión política, las presiones especulativas financieras suelen tener también una previa motivación política. Junto a la habitual forma de presión inflando el valor del blue, surgieron las especulaciones acerca de que se acentuarían las restricciones sobre la autorización de importaciones por falta de divisas y que el Banco Central no podría sostener el programa de tasas subsidiadas a la inversión por temor a la fuga hacia el blue, dadas las expectativas de devaluación. A ello se agregó la versión de una supuesta pelea entre el ministro de Economía y el titular del BCRA, e incluso sobre la renuncia de este último.
Puertas adentro de los despachos oficiales, se analizó la situación, principalmente respecto de los riesgos que podría suponer un nuevo ataque especulativo. En esa instancia se habría concluido que, si bien la “amenaza de fuga hacia el dólar” sigue latente, será seguida de cerca a través de un control estricto del uso de los recursos destinados a promover la actividad productiva, pero sin renunciar a estas herramientas. Las autorizaciones de divisas para la importación tenderán a ser automáticas para las pymes, pero merecerán un seguimiento puntual en el caso de grandes empresas, monitoreando que los requerimientos sean compatibles con los niveles de actividad interna declarados. La línea de créditos para la Inversión Productiva del Banco Central, que obliga a las entidades financieras a prestar a las pymes “como mínimo” un monto equivalente al 5 por ciento de los depósitos de ahorristas privados (no financieros) que poseían al fin de noviembre de 2013, se mantiene plenamente vigente. Dicha disposición supone un monto global de 23.500 millones de pesos en créditos para inversión que deberán ser destinados íntegramente a micro, pequeñas y medianas empresas este año (“adquisición de bienes de capital y/o construcción de instalaciones necesarias para la producción y/o comercialización de bienes y servicios”). La tasa de interés a cobrar por el banco no puede superar el 17,5 por ciento anual.
Además, a partir de marzo, los bancos quedaron habilitados a asignar parte del cupo (hasta el 10 por ciento en ese mes, 10 por ciento adicional en abril y otro 10 por ciento en mayo) a financiar, con la misma tasa, el descuento de cheques de pago diferido a las mipymes que así lo requieran. Es un modo de extender el beneficio a la cobertura de saldos en descubierto: además de la inversión productiva, se busca generar una red que proteja la cadena de pagos en las que, se sabe, las pymes son piezas fundamentales y, a la vez, el eslabón más débil.
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