El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) denunció penalmente a los dueños de la estancias Los Hoyitos y Las Margaritas, que forman parte de Las Margaritas SA, del Grupo Etchevehere, por tener trabajadores no registrados, viviendo en condiciones precarias. El organismo también inició acciones legales ante “el presunto delito de reducción a la servidumbre”. La denuncia quedó radicada en la Fiscalía de Primera Instancia Nº 2 de la ciudad de Paraná, a cargo de Sandra del Milagro Terreno. La principal imputación recaería sobre Leonor María Magdalena Barbero Marcial, la madre del presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, ya que ella es la que figura como propietaria principal de Los Hoyitos, estancia integrada a Las Margaritas SA. Los inspectores del Renatea constataron irregularidades en las condiciones de vivienda, alimentación, descansos semanales y en el salario mínimo. Según los testimonios recolectados por los funcionarios públicos, a dos trabajadores se les abonaba 450 pesos por mes. Etchevehere desmintió anoche las acusaciones. “Esta denuncia se trata de una persecusión política” aseguró en un comunicado.
Como reveló Página/12, Barbero Marcial ya fue denunciada penalmente, junto a sus hijos Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, por el presunto delito de defraudación a partir de manejos financieros realizados desde Las Margaritas SA (ver aparte).
La estancia La Hoyita está ubicada en la localidad entrerriana de Rosario del Tala. Cuenta con 2280 hectáreas destinadas a la agricultura y la ganadería. Este campo forma parte de Las Margaritas Sociedad Anónima, integrada además por las estancias Los Cachorros, Casa Nueva, El Supremo y Las Margaritas. En total, la empresa del Grupo Etchevehere totaliza 5 mil hectáreas. El campo Los Hoyitos pertenecía a la familia Barbero y fue heredado por la demandada, quien le transfirió el 42 por ciento de las acciones a la sociedad jurídica Las Margaritas.
El pasado 28 de mayo, el cuerpo de inspectores del Renatea realizó una inspección en Los Hoyitos. Entre los trabajadores allí presentes relevaron la presencia de dos peones mayores de cincuenta años, hermanos, que vivían en dos unidades habitacionales “desprovistas de energía eléctrica, agua potable y baños”. Según las actas del Renatea, los dos peones declararon que recibían la suma de 450 pesos mensuales por mes, cada uno.
Ambos hermanos comenzaron a trabajar en este campo, como así también en el resto de las propiedades de los Etchevehere, el 14 de junio de 1976. Según la denuncia, nunca recibieron un recibo de sueldo. Uno de los hermanos ya había realizado la denuncia ante el Ministerio de Trabajo provincial. Sin embargo, su situación laboral no cambió.
Otra de las situaciones detectadas por el Renatea involucró a un jubilado que seguía ejerciendo tareas como encargado, con un sueldo de 2 mil pesos por mes y el hijo de éste, de 18 años, que manifestó trabajar en el lugar desde 2009, cuando tenía 13 años. Según constató el organismo público, el adolescente tampoco está registrado y cobra 1050 pesos.
Otra de las estancias inspeccionadas fue Las Margaritas, que forma parte de la sociedad homónima, ubicada entre las localidades de General Racedo y Gobernador Etchevehere, en “honor” a quien fuera gobernador de Entre Ríos, Luis L. Etchevehere, entre 1931 y 1935, también fundador de El Diario de Paraná. Allí también se detectaron trabajadores no registrados que desempeñaban tareas desde hace más de 20 años. Todos reconocieron estar bajo las órdenes de “los Etchevehere”.
Puntualmente, el encargado de recorrer las estancias es Arturo Sebastián Etchevehere, uno de los directivos de El Diario de Paraná y miembro del directorio de Adepa. El fue el principal impulsor del bozal legal contra su hermana, en el marco de la demanda penal por defraudación.
“Independientemente de las acciones administrativas realizadas por Renatea contra el trabajo no registrado y la ausencia de libreta de trabajo agrario, las situaciones halladas configuran la presunción de reducción a la servidumbre, razón por la cual el organismo presentó la denuncia en la Fiscalía de Primera Instancia Nº 2 de la ciudad de Paraná”, sostuvo el organismo a través de un comunicado.
La inspección sobre las estancias que forman parte de Las Margaritas SA fue parte de un operativo mayor que involucró otras empresas, donde también fueron encontradas situaciones de precariedad. También fue inspeccionada Cerealera del Litoral SA, Establecimiento El Mirador SA, y la estancia de Juan Lisandro y Juan Manuel Bonzi. En total fueron siete inspecciones. La demanda penal por defraudación tramita en el Juzgado de Instrucción Nº 3. La misma fue realizada el 20 de diciembre del año pasado y ratificada en abril de este año.
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