Daniel Scioli, Sergio Massa, Mauricio Macri, Hermes Binner o Julio Cobos. Ahí
está el núcleo de quienes están posicionados en este tan temprano escenario
electoral. En un segundo plano, al menos por ahora, hay un grupo de
precandidatos entre los cuales hay bastantes más kirchneristas que opositores.
La última reunión del Consejo Nacional del Justicialismo consagró un espacio
para el pelotón de aspirantes a la Casa Rosada, quienes tendrán tiempo
suficiente de aquí al sábado 15 junio de 2015 –cuando venza el plazo para
oficializar listas que compitan en las PASO– como para bajarse, aliarse entre sí
o bien hacer suficientes méritos para ser contendientes naturales de Scioli,
quien ya tiene asegurado un lugar en esta carrera a la Casa Rosada. Ahí están
Florencio Randazzo, Agustín Rossi, Sergio Urribarri, Julián Domínguez, Aníbal
Fernández y Juan Manuel Urtubey.
Lo primero que cualquiera puede preguntarse, ya que estamos en la Argentina y no
en Noruega, es si puede haber turbulencias de acá a las elecciones de octubre.
La política siempre tiene imponderables pero habría dos frentes en los que
podrían imaginarse problemas. El de los conflictos gremiales y sociales, por un
lado, y el de la economía, por el otro. El parate productivo en varios sectores
que provocó suspensiones es una advertencia pero, de momento, no amenaza en
convertirse en despidos continuos. Hay retracción en el consumo pero también el
Gobierno toma medidas para la inclusión social que a su vez estimulan la
demanda. Esta semana pudo verse que la convocatoria de Hugo Moyano y Luis
Barrionuevo tuvo más que ver con la política que con las demandas sindicales
concretas. De allí que hayan sumado a Juan Carlos Blumberg y no a sectores de la
CTA de Pablo Micheli. Por otra parte, no lograron una concurrencia nutrida como
esperaban. Al rato, la Presidenta anunció una adecuación de las asignaciones
familiares que, en el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es del 40%,
por encima de cualquier pronóstico de la inflación del año en curso (ver la nota
de Roxana Mazzola). Y, si bien todavía hay paritarias en curso, no parece haber
motivos como para creer que habrá cortocircuitos a un nivel tal que afecten la
vida institucional. En cuanto al conflicto de la línea Sarmiento, es un golpe a
la sensibilidad social de muchos militantes gremiales ver a Rubén el Pollo
Sobrero desfilando por los canales de televisión mientras los usuarios,
trabajadores, viajan colgados peor que en un camión jaula. Flaco favor a quienes
integran comisiones gremiales de izquierda y combativas. Desgraciadamente, la
insensibilidad social no sólo es de los privilegiados económicos, de las
minorías de poder, sino que también se puede registrar la desconsideración y la
violencia verbal y física en infinidad de sectores. El desamparo social es
grande. Las políticas inclusivas son condición necesaria pero no suficiente.
Como nota al margen, el documento de la Conferencia Episcopal respecto de la
violencia, podría haberse diseccionado hacia otro lado por parte del Gobierno.
En vez de hacer consideraciones sobre las dictaduras, la respuesta podría haber
sido pedir oficios de mediación, por qué no, en temas como el del Sarmiento y en
tantos otros donde los obispos pueden poner los pies en el barro, como los ponen
el Padre Pepe y tantísimos otros curas y seguramente obispos. El estilo de la
Presidenta y de quienes aparecen como sus principales voceros es de marcar la
cancha entre propios y ajenos en vez de involucrar, entreverar y hacer
partícipes a otros. Y eso, en este último tramo de gestión no parece dar
resultados positivos. El escenario de los anuncios de Estado, como lo de la AUH,
es de tenor partidario, tanto por quienes son invitados a escucharlo como por la
nutrida y entusiasta barra juvenil que luego escucha las palabras de Cristina
desde el jardín interior de la Casa Rosada.
Volviendo a lo económico, que también es político, el Gobierno está tratando de
poner orden a las estadísticas y eso significa, en buena hora, hacer frente a
varios problemas. Uno es la deuda que queda en cuanto a la falta de datos
oficiales sobre pobreza e indigencia. Al respecto, un reciente informe del
instituto Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra),
de la CTA conducida por Hugo Yasky, afirma que en 2013 la pobreza afectó al
17,8% de la población mientras que la indigencia afectó al 4,2%. Lo interesante
es que el trabajo, dirigido por Eduardo Basualdo, toma como fuente la Encuesta
Permanente de Hogares del Indec y el Índice de Precios al Consumidor de nueve
provincias. Ahora bien, cuando el Indec haga el empalme de datos con los nuevos
criterios de medición, si es que los hace, seguramente los datos de pobreza van
a llevar a Cifra a adecuar sus propias mediciones. En cualquier caso, este
instituto ya parte de una cifra tres veces mayor que los índices ya publicados.
Desde ya que la cuestión no es perderse en el laberinto de las estadísticas.
Pero esa manipulación sostenida durante años indica también cuántas cosas hay
para corregir en la Argentina en materia de conductas. El espacio público son
los datos oficiales confiables y debería ser también que las oficinas públicas,
en especial la Casa de Gobierno, contemplen una apertura al arco de ideas,
pertenencias y también de representaciones.
Esta semana hubo distintas interpretaciones sobre la reunión entre Cristina
Fernández y Mauricio Macri, revelada por la Presidenta. Algunos pretenden que
Cristina preferiría ser sucedida por un gobierno de derecha o centro derecha
como para encontrar un terreno fértil en 2019. Parece ciencia ficción, pero es
cierto que muchos analistas y no pocos candidatos se alimentan de la pura
imaginación o de las series televisivas como House of cards, que debería
traducirse como castillo de naipes y no como casa de juego. Para casas de juego,
casinos y tragamonedas ya hay bastante en la Argentina y cuentan con sus propias
redes de televisión. Respecto de la reunión con Macri, no deja de sorprender la
historia de Pedro Robledo, un joven que saltó a la escena pública por un hecho
de violencia, precisamente. Robledo, cobró notoriedad porque estaba en San
Isidro en una fiesta, toda gente paqueta, y le pegaron porque estaba con otro
muchacho de la mano. Es interlocutor de Lanata, de 6-7-8, de Cristina, de
Facundo Moyano y de Macri, por supuesto, porque es militante del PRO. Esta
semana, en un programa de televisión salió a defender a los militantes de La
Cámpora que estuvieron en las inundaciones de La Plata y también habló de la
fórmula que le gustaría para 2015 (Macri-Michetti). De no haber sido por la
eventualidad de los puñetazos, este muchacho no hubiera saltado a la televisión.
Y es una muestra bastante palpable de algo que está por debajo de la escena que
buena parte de la dirigencia política se construye.
Quien escribe estas líneas cree que Scioli tuvo y tiene políticas de inseguridad
y no de seguridad en el territorio bonaerense. Sin perjuicio de eso, es el
dirigente político que por lejos construye el discurso menos confrontativo y más
eficaz. Nadie puede decir que sea progresista. Se subió a un avión para visitar
al colombiano Álvaro Uribe, una expresión de la derecha feroz latinoamericana.
Pero Scioli habla con todos y hasta debe tener un traje antiflama para las
críticas frontales.
Una última consideración respecto de los desafíos de fondo y no de forma o de
estilo. La Argentina tiene déficit fiscal y se debe un debate sobre cómo deben
repartirse los impuestos nacionales entre el Estado central y los estados
federales más la Ciudad de Buenos Aires. Sin perjuicio de eso, también las
provincias de la Pampa Húmeda se deben un debate sobre cómo gravan el impuesto
inmobiliario rural. Un reciente libro del investigador de la Universidad de
General Sarmiento Alejandro López Accotto, Finanzas provinciales e impuesto
inmobiliario en la Argentina, brinda datos sustantivos para entender el retraso
que existe en la actualización de los gravámenes a las propiedades rurales. La
provincia donde menos se actualizó en las últimas tres décadas es Córdoba. En
Buenos Aires, en 1983, el inmobiliario rural constituía el 36% de la recaudación
provincial, ahora es el 6%. Preguntado el autor cuánto incide la reforma
provincial que hizo que “los gringos tiraran las chatas en 7 y 51” (la expresión
de los estancieros, liderados por Hugo Biolcati, de cómo hicieron un piquete y
destrozos en la Legislatura hace exactamente dos años atrás), López Accotto dijo
algo así como que cuando se hace la plancha tantos años, cualquier avance
progresivo es tomado como un saqueo. El libro muestra que, inversamente a la
menor presión fiscal –a escala provincial– las unidades productivas de la Pampa
Húmeda tuvieron altísimos niveles de producción, de renta y, por supuesto, de
revaluación de precios de mercado. Volviendo al espacio público, sería
interesante que los debates no eludan estos temas, que son vitales para la
Nación, y que los alineamientos se hagan de la manera más ordenada posible. Hay
muchos empresarios rurales o de productos industriales vinculados al agro que no
se dedican a tirar las chatas en las legislaturas. Y hay varias entidades
rurales que tienen flor de contradicciones al interior. Al respecto, en la
Federación Agraria Argentina es un secreto a voces que Eduardo Buzzi tiene
diálogos frecuentes con el gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri. Entre
otras cosas para hablar de retenciones segmentadas, tal como se había hablado en
Diputados durante los ríspidos días de la Resolución 125. Algunos recuerdan que
las modificaciones que introdujo la Cámara baja y que finalmente no votó el
Senado por el voto no positivo de Cobos, tenía precisamente esas retenciones
segmentadas. Una lógica básica: niveles de productividad, dimensión de la unidad
productiva, distancia a puertos. En fin, un poco de lógica en medio de mucha
hojarasca. Aquella votación, impulsada por el entonces jefe de la bancada
oficialista, Agustín Rossi, tuvo también un abrazo suyo con Buzzi.
Abrazo, medalla y beso. Así se dice cuando falta poco para el Mundial. Pues
bien, la Argentina necesita equipos no sólo para Brasil, sino para la Argentina
misma. Y los equipos se hacen con gente distinta, con diferentes habilidades y
capacidades.
18/05/14 Miradas al Sur
Superando
todo pronóstico
Por Roxana Mazzola. Licenciada en Ciencia Política de la UBA. Directora
Ejecutiva del CEDEP.
argentina@miradasalsur.com
Frente a la fuerte disputa distributiva de los últimos meses, el aumento de la
AUH expresa la convicción del Gobierno Nacional de perseverar en continuar
promoviendo una justicia social a favor de los que menos tienen y de los
trabajadores de la Argentina.
Desde fines de 2009, cuando la Asignación Universal por Hijo (AUH) fuera creada,
al presente, el proceso seguido ha superado todo pronóstico en su contra,
demostrando que la medida es parte de un nuevo paradigma a favor de la infancia
y sus familias.
Contrariamente a los pronósticos que negaban que la asignación sea un programa
superador de los focalizados de los ’90, expreso en las dudas sobre las
posibilidades de continuidad de la medida o que su monto no se actualizaría como
sucedía con los planes sociales de los ’90, su monto se ha actualizado 5 veces
desde 2009, una vez por año, y es el más alto en medidas del tipo en América
latina y con la mayor inversión.
En noviembre de 2009 era 180 pesos por hijo pasando a ser en octubre de 2010 de
220 pesos (22,2 por ciento de suba), en octubre de 2011 se ubicó en 270 pesos
(22,7 de suba), en septiembre de 2012 pasó de 270 pesos a 340 pesos (25,9 por
ciento más), en mayo de 2013 pasó de 340 pesos a 460 pesos (35,3 por ciento de
incremento) y con el anuncio actual, en mayo de 2014, pasa de 460 pesos a 644
pesos (40 por ciento de suba). En este anuncio como en los previos se aumentaron
también los topes de asignaciones familiares. Recordemos también que el monto de
la AUH y por embarazo equivale al monto más alto que cobran quienes perciben
Asignaciones Familiares contributivas.
Cada uno de estos aumentos, que implica una inyección de recursos de gran
envergadura a nivel local y que expresa la recuperación del rol esencial del
Gobierno Nacional en la nivelación de inequidades en el marco de un país
federal, ha sido acompañado de un pedido de no generar conductas especulativas
en la fijación de precios para no esmerilar el poder adquisitivo de estos
aumentos.
Además debe recordarse también que ante los que decían que era un hecho positivo
pero aislado, esta medida en su ejecución en estos últimos 4 años se fue
articulando con un conjunto de otras acciones orientadas a la niñez y
adolescencia y sus familias. Desde las que refieren a los beneficios de
seguridad social, como las asignaciones familiares de los formales, hasta otras
como el Plan Nacer-Sumar garantizando cobertura de salud; la nueva ley educativa
nacional, el Conectar Igualdad, garantizando acceso a nuevas tecnologías; el
voto a los 16 y, más recientemente, el nuevo programa para jóvenes Progresar.
También frente a los que objetaban su universalización, ésta fue ampliando su
cobertura como por ejemplo a las embarazadas, a más niños, a más sectores de la
población, superando inequidades.
¿Esto basta? Claramente no, se abren nuevos desafíos y prioridades a nivel
nacional y sobre todo en los niveles subnacionales para incidir sobre la
desigualdad social aún presente. Estos desafíos involucran el compromiso no sólo
del Gobierno Nacional, sino también de las provincias, municipios y comunidades
en general. Entre ellos sobresale que hay que trabajar en:
Perfeccionar la AUH y continuar consolidando la concepción amplia de seguridad
social.
Promover la apropiación, el derecho a la participación e instancias de
representación y organización de la infancia y adolescencia, así como de otros
sectores de la población que son los más perjudicados por la desigualdad aún
presente, como las mujeres que trabajan y sectores informales.
Igualdad de hombres y mujeres en las relaciones familiares.
Acceso universal y calidad en la educación para la primera infancia.
Doble escolaridad, terminalidad y calidad del secundario.
Nuevas metodologías pedagógicas en la educación.
Cobertura de salud universal.
Urbanización de villas y asentamientos precarios.
Trabajo y economía del cuidados.
Reforma tributaria que promueva un impacto aún más progresivo.
Desafíos político- institucionales en articular las políticas con la familia
actual, como “unidad”, precisión del rol de los diversos niveles de Gobierno en
políticas a favor de la equidad, mejora de capacidades de gestión subnacionales
y mayor evaluación de las políticas públicas.
Más allá de estos desafíos que no pueden abordarse de forma aislada de un
contexto internacional más complejo y coyuntura local de fuerte disputa
distributiva, este anuncio expresa una decisión política que entiende que hay un
rol indelegable del Estado en sostener la transformación social y mejorar la
justicia distributiva. Los anuncios de aumento de las asignaciones familiares de
hoy, el aumento de las jubilaciones último, de la ayuda escolar, la creación del
Progresar, la política de precios cuidados son expresiones al respecto.
El libro Nuevo paradigma. La Asignación Universal por Hijo en la Argentina, que
fuera publicado por Editorial Prometeo, presentado en 2013 que agotara la 1ª
edición y saliera una 2ª, profundiza el análisis sobre estos aspectos,
destacando la importancia crucial de hacer frente al desafío de la justicia
social.
18/05/14 Miradas al Sur
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