La eventual resolución del litigio que enfrenta el país con los fondos buitre es el nuevo móvil vertiginoso por el que se desliza la Argentina desde hace una semana. Rápidamente arreciaron los análisis apresurados y destemplados y cierta fascinación por el habitual morbo que recorre el ADN de la Argentina. Cierta atracción para descubrir a cada vuelta de esquina un escenario catastrófico. Cierto regodeo que culmina con un “esto no da para más” como el lugar común por donde transita afanosamente el pronóstico apocalíptico.
No se trata de reducir la complejidad del conflicto que genera el fallo de los tribunales norteamericanos, sino de aprovechar la oportunidad que se presenta para observar cuál es el nivel de responsabilidad, compromiso y apoyos locales con los que cuenta el Gobierno Nacional para enfrentar el embate de la avanzada del capital especulativo internacional y de la demostración de poder que se reflejó en la decisión de la Justicia norteamericana de fallar en favor de los fondos buitre.
En su discurso del viernes pasado frente al Monumento a la Bandera, la presidenta de la Nación volvió a reafirmar la voluntad de negociación para arribar a un acuerdo con los fondos buitre. Para ello recordó el estricto cumplimiento de todos los compromisos asumidos a partir de las reestructuraciones de deuda llevadas a cabo en los años 2005 y 2010 (llegando en ambas negociaciones al 93% de los tenedores de bonos defaulteados en 2001) a la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, a las cancelaciones de litigios que enfrentaba el país ante el Ciadi, y a los recientes acuerdos con Repsol y el Club de París. La totalidad de lo descripto conforma la herencia acumulada desde la última dictadura hasta el estallido de la convertibilidad en 2001. El repaso de estos datos es contundente e incontrastable y demuestra que nunca antes la Argentina fue más previsible como en los últimos diez años cumpliendo con todos los compromisos asumidos.
En su discurso, la Presidenta volvió a convocar a la oposición a dejar de lado intereses particulares privilegiando el interés nacional. Esta es una clara prueba para observar cual es el compromiso opositor que hace del discurso del consenso y de la defensa de los intereses de la República el eje de todas sus consignas.
Ante la compleja situación que enfrenta el país, el manual de la corrección política dicta que amerita una actitud de prudencia por parte de la dirigencia opositora respecto de cómo y dónde pararse frente al conflicto planteado. Es de reconocer que mayoritariamente hay una clara expresión de deseo de que la Argentina supere esta instancia. Todos coinciden en la necesidad de sentarse a negociar y obtener un buen arreglo que no perjudique al país. Predomina, entre todos ellos, el inasible concepto de “negociación digna” aunque cuando se pretende avanzar en el cómo, la situación se complejiza, el terreno se torna viscoso, y nadie se atreve a decir, claramente, cuál sería el camino a tomar. En el peor de los casos, las opciones que surgieron, como en el caso de Mauricio Macri, es la de acatar sin más lo dictaminado por el juez Griesa, es decir pagar sin medir las posteriores consecuencias.
Sería deseable y a la vez un paso de enorme madurez (del que no existen registros en la historia del país) que, ante las dificultades que enfrenta un gobierno que se aproxima al final de su mandato, las fuerzas opositoras, dirigencia política, empresarial y sindical asumieran un compromiso que anteponga los intereses del país por sobre los propios, resguarde la gobernabilidad, y coopere democráticamente a fin de encontrar los consensos necesarios para salir de los conflictos que se planteen. Mucho más deseable sería que el comportamiento de la dirigencia opositora se abstraiga del proceso preelectoral en el que se encuentra inmersa y que involucra a todas las fuerzas y candidatos a suceder a Cristina Fernández de Kirchner a partir del 10 de diciembre del año próximo.
Lo que está a prueba en la Argentina es mucho más que un gobierno y su capacidad para enfrentar los poderosos intereses que están detrás del fallo de la Justicia norteamericana, sino el de determinar hasta dónde el país está por arriba o por debajo de intereses mezquinos y sectoriales.
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