domingo, 22 de junio de 2014

Elegancia, soberanía, pero buenos resultados

                     Año 7. Edición número 318. Domingo 22 de Junio de 2014
Tras el levantamiento del stay, está a la orden del día la posibilidad de que el juez Thomas Griesa ordene el embargo de alguna cuenta bancaria o bien físico del Estado argentino. Dado que la Corte Suprema no tomó en cuenta la apelación de los abogados de la Argentina, la Corte del Segundo Distrito de Nueva York dio por finalizado el efecto de la medida cautelar que impedía a los fondos Elliot y Aurelius capturar bienes patrimoniales argentinos tanto en Estados Unidos como en otras jurisdicciones nacionales. La decisión de la Justicia norteamericana tomada de inmediato una vez que el máximo tribunal de ese país desistió del reclamo argentino, deja un altísimo menú de opciones a los holdouts y un margen escaso a la Argentina. En primer lugar, porque, tal como advirtió Axel Kicillof, tras este fallo el resto de los bonistas que están en el 7,6% que no restructuraron sus bonos en 2005 y 2010, están habilitados para reclamar las mismas condiciones que quienes ganaron este juicio. Es decir, ya no serán 1.330 millones los que tenga que pagar la Argentina sino una cifra mucho mayor, quizás cercana a 15.000 millones. Y si esos pagos se realizan antes del 31 de diciembre de 2014, cuando vence la cláusula llamada RUFO, se abre un incierto panorama para el reclamo por parte del 92,4% de tenedores de títulos públicos reestructurados. En varios artículos de esta edición y de muchos otros medios este tema está profusamente tratado: dependerá de la interpretación de la Justicia de Estados Unidos que un eventual pago realizado antes de fin de 2014 sea tomado como una mejor oferta a bonistas por parte del Estado Argentino o que sea visto como una obligación no voluntaria y, en consecuencia, sin darle la chance al 92,4% de los bonistas a reclamar pagos adicionales.
Ante un escenario de fragilidad financiera y, sobre todo, de presión judicial, se escucha todo el tiempo que la Argentina tiene voluntad de negociar. Es un buen mensaje pero la cruda pregunta es: ¿qué puede negociar el país frente a una sentencia tan precisa como injusta? El laberinto en el que está la Argentina tiene por delante un calendario con márgenes estrechos y un menú de alternativas limitado. La única presión que se puede ejercer a los holdouts es que ellos quieren cobrar y que deben prestar ayuda a la Argentina que tiene pocos recursos pero voluntad de pago. Dicho en buen romance: si los fondos buitre atropellan se pueden empantanar y hacer más difícil su cometido. La pregunta que debe hacerse cualquiera es si esos fondos razonan de la misma manera que un acreedor común y corriente que quiere hacerse del dinero. Y sin necesidad de poner el acento en que este fallo está alineado con los intereses globales del capitalismo, del mainstream, y no de unas cuevas financieras. No son un fenómeno marginal, son una cara más del sistema financiero global, como lo son los refugios fiscales o los bancos de las principales avenidas de Londres o Milán. Un artículo publicado el viernes 20 en The Wall Street Journal citando fuentes del fondo Elliot, afirma que los holdouts están dispuestos a sentarse a la mesa para escuchar una oferta de bonos argentinos. Lo mismo, conviene ser prudentes. En Wall Street sobran los Gordon Gekko. Si finalmente el gobierno argentino manda una misión al juzgado de Griesa para sentarse con los abogados de los fondos buitre no se sabe qué pueden obtener. Porque, aunque sea duro, el peso de la iniciativa está en manos de esos fondos. Ahora bien, todo indica que el Gobierno Nacional y la dirigencia opositora coinciden en que es preciso mostrar buenos modales y tratar de tener una mesa de diálogo aun a sabiendas de que eso no garantiza nada. Sin embargo, más allá de los resultados, para el frente interno importan los caminos: porque un frente interno con espacios de consenso es bueno para tratar de evitar la cesación de pagos y también para hacer frente a un involuntario default. No es momento de futurología y es preciso estar preparados para asimilar las adversidades. Sería ingenuo creer que las inclemencias son un terreno fértil para la unidad de tantas y diversas banderías políticas, así como de intereses económicos y sociales en juego. Allí es donde juega un papel importante que tanto el oficialismo como la oposición así como las centrales de trabajadores y las entidades empresarias puedan estimularse y convocarse a un marco de unidad. Sería una manera de fijar límites al oportunismo de último momento y, por qué no decirle, a quienes buscan desestabilizar el curso institucional.

Día de la Bandera. Las palabras de la Presidenta el pasado viernes 20 desde el Monumento a la Bandera en Rosario fueron claramente en esa dirección. Cristina reafirmó la voluntad de pago y reclamó de parte de los bonistas una actitud equilibrada. Por supuesto, no dijo cuáles son los caminos que explora el Gobierno para efectivizarlo pero la señal política no da lugar para segundas interpretaciones. Remarcó que su mandato tiene un año y ocho meses más de vigencia pero que lo importante es pensar en la continuidad de la vida institucional. Fue enfática cuando convocó a dejar banderías partidarias y pensar en la República Argentina por encima de las parcialidades. Estaban presentes algunos de los mandatarios provinciales del justicialismo, como Juan Manuel Urtubey de Salta y Sergio Urribarri de Entre Ríos, además del socialista Antonio Bonfatti de Santa Fe, que es local en Rosario y es habitual su asistencia. No estaban algunos de los mandatarios del Frente para la Victoria y no había presencia de la dirigencia de otros partidos.
Es importante señalar que Cristina fue más que elocuente para despejar dudas acerca de cuál es la orientación de los pasos que dará. Sin embargo, ¿hay señales suficientes de vocación unitaria tanto desde el Gobierno como de los precandidatos surgidos tanto del Frente para la Victoria como de otros espacios políticos? En principio hay mucha prudencia y un hecho concreto: la comitiva multipartidaria que viajó a Washington y Nueva York la semana anterior a la decisión de la Corte Suprema. El asunto es que los alertas, ahora, son mucho mayores. Deberían moverse las piezas en el Congreso y también en algún organismo al estilo del Consejo Económico Social. Quizá, también en esto, las convocatorias no deben anticiparse a los hechos que sucedan en los tribunales y con los eventuales contactos con quienes ganaron el juicio.
El clima de ansiedad que desató este fallo es más que comprensible. Porque genera incertidumbres varias y una certeza: esta última es que mucho dinero que vendría bárbaro para las escuelas, los hospitales y los estímulos a la producción va a ir a parar a los bolsillos de un grupo de especuladores. Al respecto, y mientras los acontecimientos avanzan, también hay un debate necesario acerca de qué es la soberanía y cuál es el futuro que se merecen los habitantes de estas tierras. Hace unos años se hablaba del Banco del Sur como una necesidad para defender las fronteras geográficas y culturales de la Patria Grande. Ahora, eso es retórica. El discurso se trasladó al mercado voluntario de deuda para sostener los números de la macroeconomía. Se trata de un proceso de debilitamiento de aquellas expectativas que se vive en toda la región. Y un dato a tener presente a la hora de pensar en eventuales gestas de resistencia para resistir esta sentencia judicial.

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