Máxima tensión Por Hernán Dearriba

La decisión del juez Ariel Lijo de procesar al vicepresidente Amado Boudou por cohecho en la causa Ciccone puso a la política en estado de máxima tensión. La economía ya estaba en esa misma situación desde que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decidiera no intervenir en el "juicio del siglo" entre los fondos buitre y la Argentina que se sustancia en los tribunales de Nueva York.

Lijo adoptó una decisión extrema: por primera vez en la historia procesó a un vicepresidente de la República en ejercicio. La determinación no causó sorpresa, se esperaba desde la lectura misma de la convocatoria a declaración indagatoria. 

Sí sorprendió, en cambio, el modo. El auto de procesamiento llegó en un horario inusual para el ejercicio habitual de los tribunales y el mismo día en el que el vicepresidente había pedido ampliar su declaración indagatoria para expresar su defensa política.

Quienes conocen el pensamiento del juez sostienen que aceleró el auto de procesamiento porque consideró que los imputados, entre ellos Boudou, intentaban embarrar la cancha y ganar tiempo para extender el proceso.

En cualquier caso, sería un error concentrar el análisis apenas en el trámite y soslayar que un juez de la Nación considera que tiene suficientes pruebas para acusar al vicepresidente de la República de cohecho. Las 333 páginas del procesamiento para el vicepresidente y el resto de los imputados recorrió el mismo camino que había esbozado el juez durante la convocatoria a indagatoria, aunque aparecieron algunos datos adicionales. El magistrado corrigió también el rumbo inicial de la causa que había ubicado a los Ciccone en situación de testigos. Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick también están procesados en la causa. 

Lijo no está obligado a ofrecer certezas en la etapa de instrucción, sino que debe construir un relato que se considere verosímil, ya que la verdad jurídica se demostrará recién en el juicio, en el caso de que en la segunda instancia se confirmen los procesamientos que dispuso el magistrado. 

Boudou anunció que apelará la decisión y denunció que el procesamiento no se sustenta con pruebas sino a partir de un relato fantasioso elaborado por el juez para perjudicarlo.

Ayer la oposición en pleno salió a reclamar que el vicepresidente, cuyo procesamiento aún no está firme, tome licencia o que se someta a un juicio político, aunque reconocieron que no cuentan con el número necesario para llevar adelante ese proceso.

Los más incómodos entre los opositores son los integrantes del PRO, que tienen a su principal referente, Mauricio Macri, con procesamiento confirmado en la causa por las escuchas ilegales, aunque recurren al argumento de haber habilitado el debate del juicio político en la Legislatura porteña. 

El oficialismo, en cambio, mantuvo silencio de radio. Más allá de que la justicia es la que va a tener que determinar la inocencia o culpabilidad de Boudou, es innegable el impacto político del procesamiento. Los primeros indicios descartan cualquier posibilidad de un pedido de licencia. 

El caso golpea directamente a la figura de la presidenta Cristina Fernández, que eligió personalmente a su compañero de fórmula más allá de la resistencia que Boudou tenía y todavía tiene en algunos sectores del peronismo. Es difícil pensar que el vicepresidente vaya a perder el favor político de la Casa Rosada frente a un proceso judicial que va para largo y en el que no habrá definiciones inmediatas. Sin embargo, su futuro es incierto.

Hasta el minuto mismo del procesamiento de Boudou, toda la atención estaba puesta en Nueva York. El juez Thomas Griesa apareció el viernes entrampado en el laberinto de sus propias decisiones. Es muy difícil encontrar semejante grado de consenso global sobre un fallo judicial que pone al sistema financiero mundial al borde de una crisis de sentido y a la Argentina a las puertas de un default que no buscó ni quiere.

El magistrado de 84 años podría haber embargado el último día de la semana los 539 millones de dólares que la Argentina depositó en una cuenta del Bank of New York Mellon, pero no lo hizo. Esa medida hubiera puesto a la Argentina en default. No hay dudas que sobre esa decisión pesó la catarata de expresiones críticas desde todos los sectores contra al accionar de la justicia estadounidense. 

El paso de comedia de Griesa, que incluyó la orden de no pagar a los bonistas, parece darle la razón a la Argentina que argumentó ya en varias oportunidades que era imposible cumplir con la sentencia del magistrado. Nadie está obligado a acatar un fallo que lo obliga a suicidarse, argumentaban en la Casa Rosada.

Se puede compartir o no, pero a estas horas ya es difícil seguir sosteniendo que el Estado argentino carece de una estrategia frente al "juicio del siglo" y sus consecuencias. Suponer que cada uno de los pasos que se están dando no han sido consensuados con el estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton es un infantilismo. En su exposición de esta semana en la Organización de las Naciones Unidas y también en la conferencia de prensa que ofreció después, el ministro de Economía, Axel Kicillof, siguió un estudiado libreto con el que evitó efectuar declaraciones que puedan afectar la situación legal del país. 

En esa línea se inscribe la advertencia del Estado sobre "abuso de autoridad" en el que habría incurrido el magistrado, cuando ordenó no pagar a los bonistas que aceptaron el canje los 539 millones de dólares que se habían depositado el jueves en la cuenta del Bank of New York Mellon.

No hay que descartar que en las próximas horas se efectúe entonces una presentación judicial que plantee el rechazo a la decisión de Griesa. El argumento es que el pago que se impide corresponde a los bonos emitidos luego del canje de la deuda, que no fueron objeto de discusión en la causa que tramita en ese juzgado. 

Economía recordó que en el tribunal del Segundo Circuito sólo están en consideración los bonos defaulteados que resultaron del Megacanje comprados por los fondos buitre a precio vil con el objeto de conseguir ganancias extraordinarias.

Mientras tanto, la Argentina advirtió al Bank of New York Mellon que en caso de no pagar a los bonistas los fondos que le entregó la República, podría denunciar el contrato que tiene con el país como agente pagador. De paso les dijo a quienes aceptaron el canje de la deuda que si hay un responsable legal por no haber cobrado lo que les corresponde tienen que buscarlo ya en el juzgado de Griesa ya en el BONY o entre los buitres que reclaman el embargo, pero no en Buenos Aires.

Griesa se escandalizó por la decisión del gobierno nacional de depositar los 539 millones de dólares, pero uno de los abogados que representan al país, Carmine Bocuzzi, le explicó al octogenario magistrado que, de no hacerlo, la Argentina no sólo incumplía sus propias leyes que impiden no pagar si cuenta con el dinero, sino que se exponía a una catarata de reclamos judiciales en su propia jurisdicción.

En el Palacio de Hacienda consideran que a partir de los pasos que se dieron el jueves, la Argentina esquivó el default y no puede ser objeto de reclamo ni legal ni financiero porque pagó su deuda a los bonistas en tiempo y forma. Además, ganó otros 30 días para seguir negociando un acuerdo de pago con los beneficiarios de la sentencia de Griesa.

Puertas adentro, la oposición naufragaba contra las dificultades del escenario económico que le obligaba a bordear el cipayismo (más allá de que algunos se sintieran cómodos en ese papel) para cuestionar la gestión del gobierno. Criticar la gestión kirchnerista es de una u otra manera adoptar como propia la causa de los buitres, algo difícil de tragar para fuerzas políticas que se presentan con aspiraciones a representar a los sectores nacionales. El procesamiento de Boudou puso a la política en máxima tensión y les dio una vía de escape para esa posición incómoda. 

El oficialismo no la tiene más fácil. Mientras gestiona el complicado frente externo, deberá enfrentar ahora la tormenta que promete la causa Ciccone. Lejos quedaron las expectativas de 30 días de exclusividad futbolera que prometía el tránsito de Messi y compañía por Brasil.

Infonews